Lucia Márquez Montenegro
Expediente 442/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 442/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Lucia Márquez Montenegro
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito presentado por el autorizado de la quejosa, y en atención lo manifestado, dígasele que mediante acuerdo de quince de febrero pasado, se agregó en autos la comunicación oficial por la cual se tuvo conocimiento de que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo que refiere. Notifíquese.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, quince de febrero de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio remitido por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, mediante el cual informa que acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del juicio de amparo 442/2020. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito presentado por la parte quejosa, en virtud de lo manifestado y del estado de los autos se advierte que treinta de septiembre del año en curso, por virtud de haberse declarado este órgano jurisdiccional incompetente por razón de territorio, remitió el juicio de amparo 442/2020 al juez de Distrito en el Estado de Baja California, en turno, con residencia en Mexicali. En consecuencia, gírese oficio recordatorio a la oficina de correspondencia común a los juzgados de Distrito con residencia en la ciudad mencionada, a fin de que turne el presente requerimiento al órgano jurisdiccional correspondiente para que informe a este juzgado sí aceptó la competencia declinada.
- Principal
Autorización electrónica. Agréguese a los presentes autos el escrito firmado por el autorizado de la parte quejosa, y en atención a su solicitud, con fundamento en el artículo 3, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza el acceso al expediente electrónico, al profesionista a través de su usuario "CARLOSHADAD", toda vez que se encuentra registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Manifestaciones. Por otra parte, incorpórese el diverso escrito presentado por el autorizado legal de la parte quejosa, mediante el cual hace manifestaciones en relación con la competencia territorial para conocer del presente asunto. Al respecto, como la competencia es un asunto que debe atender el juzgador aun de forma oficiosa desde la presentación de la demanda, o bien, durante la tramitación del procedimiento e incluso durante la celebración de la audiencia constitucional, antes de emitir sentencia; por tanto, se procede a analizar al respecto lo siguiente: Del estado procesal que guardan los presentes autos, quien resuelve determina que, efectivamente, como observa el promovente, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal en razón de territorio para conocer del asunto planteado en este sumario constitucional. Para sustento de lo afirmado, es pertinente traer a colación que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento del juicio de amparo, a saber: a) El último párrafo del precepto en comento establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora; y, c) La tercera previsión normativa, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la segunda regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. A este respecto, debe precisarse que el propósito del legislador al establecer las referidas reglas de competencia, fue facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que él pueda disponer de mejores posibilidades de defensa y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. En el caso que nos ocupa, se configura la segunda porción normativa analizada, toda vez que Lucía Márquez Montenegro reclama lo siguiente: Del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), la aplicación del artículo 25 de la Ley de la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por la inconstitucionalidad del citado artículo; Luego, con motivo de la aplicación del referido artículo la quejosa tiene un descuento mensual del 7% a su pensión como pensionada del referido instituto, por haber laborado en el magisterio de la Secretaría de Educación y Cultura, del Estado de Sonora. Ahora, de los datos existentes en autos se desprende que la impetrante manifestó desde la presentación de su demanda, que el domicilio en el que radica es el ubicado en Santo Domingo número 401, Colonia Aviación 1, de la Localidad del Golfo de Santa Clara; información que se corrobora con las documentales existentes en autos (copia simple de la credencial de jubilada expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, dictamen de pensión por jubilación), constancias a las cuales se les otorga plena validez probatoria en términos de lo establecido en los artículos 120 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y que además, ratifica en el escrito de cuenta el autorizado de la peticionaria. En tal medida, tenemos que la localidad del Golfo de Santa Clara, pertenece al Municipio de San Luis Río Colorado, en cuyo lugar recibe dicha pensión, es decir, que la ejecución de los actos se efectúa en aquella jurisdicción territorial, sobre la cual este juzgador no ejerce competencia. En esa tesitura, este juzgador no podría válidamente pronunciarse respecto de la legalidad o ilegalidad de los actos reclamados, toda vez que el domicilio de la peticionaria pensionada determina el lugar de ejecución del acto de aplicación y produce sus consecuencias, por ser en aquel lugar en donde cobra y disfruta su pensión la hoy quejosa y, por tanto, los efectos de la aplicación de la norma se materializan en el lugar de su residencia mencionado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, este juzgador se declara incompetente legalmente por razón de territorio para conocer de esta demanda y declina la competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Baja California, en turno, con residencia en Mexicali, a quien deberá remitirse el expediente para que resuelva dentro del plazo establecido en el primer párrafo del precitado artículo 48 de la Ley de Amparo, si acepta o no la competencia que se declina. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, emitida por la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." Así como por identidad de razón, la jurisprudencia PC.V. J/9 K (10a.), emitida por el Perno del Quinto Circuito, de rubro y texto siguiente: "PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE IMPUGNA EL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL MENCIONADO INSTITUTO, VIGENTE HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO PENSIONADO. El artículo citado, derogado mediante decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el 26 de noviembre de 2015, establece que quienes disfruten una pensión o jubilación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, aportarán mensualmente al Fondo de Pensiones el 10% de la cuantía de su pensión mensual. Ahora bien, si en el juicio de amparo se impugna ese precepto con motivo de su aplicación, consistente en el descuento a la pensión del quejoso por concepto de "fondo de pensiones", efectuado por el director general de dicho instituto, ese acto se traduce en el pago reducido en la pensión, ya que tiene como consecuencia privar a los pensionados del ejercicio del derecho de disfrutar de ésta de manera completa; es decir, la aplicación del descuento establecido en el artículo 60 Bis B reclamado, afecta la esfera jurídica del quejoso al recibir su pensión de manera disminuida; y esa afectación se materializa en el domicilio de éste, toda vez que, de la interpretación conjunta de los artículos 87 de la mencionada legislación; y 23 a 25, 67 y 72 del Reglamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se evidencia que aquél es el lugar donde los pensionados cobran y disfrutan su pensión. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio de amparo en el que se impugna la aplicación del citado artículo 60 Bis B, el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en la localidad en que se ubique el domicilio del quejoso pensionado. Tal criterio es acorde con la intención del Constituyente Permanente y del legislador ordinario de privilegiar el principio de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la indicada regla de competencia es la que permite tener mayor certeza en cuanto al cumplimiento del principio señalado, pues al atribuir competencia al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde se localiza el domicilio del quejoso, existe seguridad jurídica de que éste tendrá la facilidad de acudir a desahogar las diligencias necesarias, a fin de que se dilucide de manera expedita sobre la violación de sus derechos fundamentales violados." Por lo expuesto, se deja sin efecto la hora y fecha señalada para la audiencia constitucional. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y, en su momento, háganse las anotaciones respectivas en el libro uno de juzgado de registro de juicios de amparo.
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