Lucia Noyola Mayoral

Expediente 108/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
108/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
28/02/2017

Partes del expediente

  • Lucia Noyola Mayoral

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de veintisiete de enero del año en curso, en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos diversos documentos originales por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  2. Principal

    PREVIO AVISO...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de enero de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por LUCÍA NOYOLA MAYORAL y LEONSO LÓPEZ SANTIAGO, por su propio de derecho y en representación de su menor nieta, contra el acto reclamado al Secretario encargado por ministerio de Ley del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y otra autoridad; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 108/2017. La demanda de garantías debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, en el caso se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado este en sentido contrario, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Articulo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; .." De donde, conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos procesales de imposible reparación, entendiéndose por tales aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. En esas condiciones, es evidente que el acto de procedimiento que se pretende combatir en esta instancia constitucional sólo produce efectos meramente intraprocesales, mas no causa un perjuicio ni afectación material directa e inmediata a los derechos personales del inconforme (propiedades, posesiones o derechos). Esto es así, en virtud de que el acto reclamado en la presente instancia, se hace consistir en la determinación tomada por la responsable dentro de la audiencia de carácter familiar para dirimir la recuperación de un menor de fecha veintitrés de enero de dos mil diecisiete, dentro del expediente familiar 44/2017, en el apartado donde se desestimó el incidente de nulidad de actuaciones planteado por lo hoy quejosos, así como el de abstenerse de seguir conociendo de dicho asunto. Como se advierte, tal actuación no constituye un acto de imposible reparación, pues el mismo no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción V, de la ley de Amparo, en atención al concepto de irreparabilidad que ha quedado expuesto, siendo, en todo caso, impugnable como una violación a las leyes del procedimiento a través del juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia que ponga fin a la citada controversia familiar, en caso de ser desfavorable a los intereses de la parte quejosa, como así lo establece el artículo 172, fracciones V, y X, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; (.) X. Se continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o la autoridad impedida o recusada, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley expresamente la faculte para ello; ." Sirve de apoyo a lo anterior las jurisprudencias números 244 y 232, visibles a fojas 164 y 157 del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo respectivo rubro es: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." y "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." El criterio invocado, a pesar de haber sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, resulta aplicable al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se oponen a ésta, e interpreta un precepto similar al de la nueva legislación. Improcedencia que se hace extensiva al diverso acto reclamado consistente en la omisión por parte de la Representación Social adscrita al Juzgado responsable, al no oponerse a que se continúe con el procedimiento. En efecto, pues como se dijo en párrafos precedentes, al constituir una violación procesal el hecho de que se continúe con el conocimiento de un asunto no obstante haber solicitado la parte quejosa que el juez responsable se abstuviera de conocer de la controversia familiar, ello conlleva como consecuencia, la improcedencia del amparo por cuanto hace a la omisión reclamada, pues ésta no podría analizarse de manera aislada al acto de ordenamiento reclamado, que en la especie lo fue la desestimación a la petición formulada por la parte quejosa. En otro aspecto, por cuanto hace a los actos reclamados consistentes en el riesgo inminente que en la diligencia de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, les sea quitado de forma arbitraria el resguardo de su menor nieta, la cual les fue concedida por el Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en diverso asunto, así como la orden verbal o escrita de revocarles dicho resguardo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 217, de la Ley de Amparo; la jurisprudencia 23, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 45, publicada en el Apéndice de 1985, y la sustentada por la Primera Sala de la citada Corte Suprema, visible a página 1740, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XLI. Tales numerales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y Tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales .". Por su parte, las tesis invocadas, a la letra dicen: "ACTOS FUTUROS, Y ACTOS PROBABLES. No cabe conceder el amparo cuando la demanda se funda en actos de esa naturaleza." "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS: El amparo es improcedente contra esa clase de actos, y debe sobreseerse respecto de ellos." Lo anterior es así, pues el hecho de quitarles el resguardo de su menor nieta, no constituye un acto inminente, sino un acto futuro de realización incierta, pues todo depende de la conducta que al efecto asuma la responsable una vez que escuche tanto a los aquí quejosos como a la progenitora de la menor en la fecha señalada para la audiencia de carácter familiar. Ello es así, pues conforme a la copia que acompaña la parte quejosa a su demanda de amparo, consistente en la audiencia familiar de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, celebrada dentro del expediente familiar 44/2017, se advierte entre otras cosas, que el juez responsable después de señalar fecha y hora para la celebración de una audiencia de carácter familiar, requirió a los hoy quejosos para que presentaran a la menor, apercibiéndolos que de no hacerlo, determinaría lo conducente respecto a la guarda y custodia de dicha menor, tomando en cuenta solo las manifestaciones de su progenitora. Como se advierte, la circunstancia de que les sea quitado el reguardo provisional que hoy tienen de la menor, depende de que comparezcan ante la autoridad judicial requirente, y expongan las razones que estimen pertinentes a efecto de que siga bajo su resguardo, caso contrario, resolverá con base en las manifestaciones de su madre, lo cual, en modo alguno implica necesariamente que le sea otorgada a ésta la guarda y custodia provisional de la menor. En otras palabras, la sola existencia del apercibimiento dictado en contra de los quejosos, no tiene como consecuencia necesaria que se les quite el resguardo provisional que tienen respecto de la menor, y en caso de ser así, podrán impugnar la misma por la vía legal que a sus intereses convenga. Las causas de improcedencia invocadas se hacen extensivas a los actos reclamados consistentes en la violación al interés superior de la menor, al no respetarse la determinación del Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, así como al no otorgársele la seguridad jurídica necesaria. Ello es así, pues tales actos son una consecuencia de los primigenios, los cuales al ser improcedentes para su análisis en esta instancia constitucional, no pueden ser analizados de forma aislada. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las citadas causas de improcedencia, en términos del 113 de la invocada ley de la materia, se desecha de plano la demanda de garantías. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica, y para los mismos efectos, a las personas que se mencionada, hasta en tanto acrediten contar con cédula profesional de licenciado en derecho. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de enero de dos mil diecisiete. Agréguese el escrito de cuenta, suscrito por la Juez Mixto de Primera Instancia de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca; en atención a su contenido, téngasele informando que la diligencia de inspección judicial señalada para las nueve horas del día veintiséis de enero del año en curso, no se llevaría a cabo, toda vez que solicita se le remita copia del croquis de ubicación en donde se verificara dicha probanza; en tal circunstancia, envíese copia del mismo, no obstante que en el cuestionario que se le remitió y que contiene los puntos a certificar y los cuales este órgano jurisdiccional los calificó de legales, se precisa la ubicación del inmueble en que se practicará dicha prueba; por tanto, el mencionado juez del fuero común, deberá señalar día y hora hábil para su desahogo, y comunicarlo por vía telegráfica a este órgano jurisdiccional, con diez días de antelación para hacerlo del conocimiento de las partes en el juicio, con el objeto de que comparezcan a su diligenciación si a sus intereses conviene, y hagan las observaciones que estimen pertinentes, debiendo evitar el juez despachado en lo subsecuente pretextos y excusas para no llevarla a cabo, pues su proceder impide que se imparta una pronta y expedita administración de justicia, bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo establecido, se hará acreedor a una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA) en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo (publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha Unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), acorde con el artículo 237, fracción I, con el precepto 259 de la Ley de Amparo. Por otra parte, glósese el oficio signado por la Coordinadora Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; en su atención, téngase informando la imposibilidad que le asiste para dar cumplimiento al requerimiento formulado por auto de doce de enero del año en curso. En virtud a lo anterior, con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, requiérase al Delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), para que dentro del término de tres días, siguientes a su legal notificación, proporcione el nombre de una persona que pueda fungir como perito oficial por parte de este Juzgado, con conocimientos en topografía, bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo establecido, se hará acreedor a una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA) en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo (publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha Unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), acorde con el artículo 237, fracción I, con el precepto 259 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

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