Lucía Martínez López
Expediente 947/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 947/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 28/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Lucía Martínez López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, transcurrió el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes recurrieran la sentencia engrosada el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a Lucía Martínez López; por tanto; con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) (juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a).- No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, por lo que es susceptible de depuración. b).- Por lo que, transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. c).- Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Devuélvase al juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, el DVD que ofreció como prueba en este asunto. Finalmente, glósese el oficio suscrito por el Jefe del Centro de Atención al Público, Centro, Oaxaca, de Correos de México, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual informa que ya fue entregada la pieza postal solicitada. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de enero de dos mil veintidós. Agréguese el oficio remitido por el jefe del Centro de Atención al Público de Correos de México, con sede en Oaxaca de Juárez, mediante el cual informa los trámites que realiza para dar cumplimiento a lo ordenado en proveído de veinticuatro de diciembre del año pasado, en el que se le requirió remitiera el acuse de recibo de la pieza postal MN680123426MX, registrada en la factura de ocho de diciembre de dos mil veintiuno; asimismo, como lo solicita, se le concede una prórroga de diez días hábiles siguientes al en que quede notificado de este proveído, a efecto de remitir la citada pieza postal, subsistiendo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. De autos se advierte, no existe constancia que el Juez de Control del Distrito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, haya quedado legalmente notificado de la sentencia dictada en el presente juicio; por tanto, requiérase al Administrador de Correos de la Ciudad de Oaxaca, para que dentro del término de tres días siguientes al en que quede notificado del presente acuerdo, remita el acuse de recibo de la pieza postal número MN680123426MX, correspondiente a la factura de ocho de diciembre de dos mil veintiuno; apercibido que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional ($4, 481.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($89.62) por cincuenta (50), con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 238 y 259 del mismo ordenamiento. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 947/2021; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda de amparo. Lucía Martínez López, por derecho propio, mediante escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con sede en esta población, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto del Juez de Control del distrito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, y Agente del Ministerio Público encargado de la Fiscalía Investigadora de Asuntos Relevantes dependiente de la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos, Zona Centro de la Fiscalía General del Estado, consistente en: "ACTOS RECLAMADOS. De la ordenadora, la resolución en el cuaderno de antecedentes número 148/2021, al confirmar el acuerdo de no ejercicio de la acción penal, dictado por el Ministerio Público en las carpetas de investigación 466/DF/ZC/2017 y 728/DF/ZC/2017 acumuladas. Violaciones al derecho del debido proceso de acuerdo a lo establecidos al artículo 1° de la Constitución Federal de la República, la falta de fundamentación y motivación al resolver el cuaderno de antecedentes 148/2021, y por consiguiente confirmar el no ejercicio de la acción penal." Que estimó violatorio de los derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 6°, 8°, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo. En auto de uno de septiembre de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal admitió la demanda de amparo con el número de expediente 947/2021, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, otorgó intervención legal a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, ordenó emplazar en su carácter de tercero interesado al Fiscal General del Estado de Oaxaca, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Seguido el trámite respectivo, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo disponen los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6°, 37, 107, 108, 124 y relativos de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. Con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener "(.) La fijación clara y precisa del acto reclamado; (.)", es necesario delimitar los actos combatidos que se desprenden de la demanda. En ese sentido, se advierte Lucía Martínez López, reclama del Juez de Control del distrito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca: La resolución de nueve de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el cuaderno de antecedentes 148/2021, que confirma el acuerdo de no ejercicio de la acción penal, dictado por el Ministerio Público en las carpetas de investigación 466/DF/ZC/2017 y 728/DF/ZC/2017 acumuladas. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez de Control del Circuito Judicial de Valles centrales, sede Tanivet, Oaxaca, convino en la existencia del acto reclamado, precisó: "En este Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, se encuentra radicado el cuaderno de antecedentes 148/2021, formado con motivo del medio de impugnación interpuesto por la víctima Lucía Martínez López, en contra de la resolución de no ejercicio de la acción penal de nueve de marzo de dos mil veintiuno, dictado dentro de la carpeta de investigación 466/DF/ZC/2017 y 728/DF/ZC/2017 acumuladas, del índice de la Fiscalía de Asuntos Relevantes de la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado, siendo que en audiencia incidental celebrada el nueve de agosto del año en curso, escuchadas las argumentaciones de las partes, se determinó confirmar la resolución impugnada." Existencia que se corrobora con copia certificada del disco que contiene la videograbación de la audiencia incidental de nueve de agosto de dos mil veintiuno, de referencia; probanza a la que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. De igual forma, la Agente del Ministerio Público de la Fiscalía I, Investigadora de Asuntos Relevantes de la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos, de la Fiscalía General del Estado, convino en la existencia de la resolución de nueve de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el cuaderno de antecedentes 148/2021 del índice del Juzgado de Control de Circuito Judicial de Valles Centrales, San Francisco Tanivet, Oaxaca. Por lo que se tiene por cierto el acto reclamado. CUARTO. Análisis de fondo del asunto. Como ya quedó establecido, el acto reclamado consiste en la resolución de nueve de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el cuaderno de antecedentes 148/2021, que confirma el acuerdo de no ejercicio de la acción penal, dictado por el Ministerio Público en las carpetas de investigación 466/DF/ZC/2017 y 728/DF/ZC/2017 acumuladas, por el hecho que la ley señala como delito de daños. El Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, al emitir la resolución reclamada en el cuaderno de antecedentes 148/2021 de su índice, determinó lo siguiente: De conformidad con el artículo 6, del Código Penal del Estado de Oaxaca, el delito puede ser realizado por acción o por omisión. Cuando el tipo prevé una acción con resultado material, el autor de la actividad es también autor de tal resultado sólo cuando éste es un efecto necesariamente producido por dicha actividad. Acorde con lo dispuesto en el artículo 7 del Código Penal del Estado de Oaxaca, quien omita evitar un resultado material descrito en un tipo de acción, será considerado autor del mismo, solo si: a) es garante del bien jurídico; b) de acuerdo con las circunstancias podía evitarlo; y c) su inactividad es, en su eficacia, equivalente a la actividad prohibida en el tipo. Que en el caso concreto, atendiendo a la teoría del delito, se actualiza la hipótesis de exclusión del delito, prevista en el artículo 14, apartado A, fracción I, del Código Penal del Estado de Oaxaca, que establece que el delito se excluye cuando se actualiza alguna causa de atipicidad, como lo es la ausencia de voluntad o de conducta: la actividad o la inactividad se realice sin intervención de la voluntad del sujeto activo o por caso fortuito. Precisó que los daños que sufrió el vehículo de motor propiedad de Lucía Martínez López, que se encontraba en el encierro oficial denominado San Bartolo, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, fue con motivo del incendio acontecido el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, en el que derivado del fuego propagado en el mismo, se carbonizaron setecientos vehículos. Tomó como dato de prueba preponderante, el dictamen pericial en incendio y explosivos, de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, emitido por el perito oficial adscrito a la Fiscalía General del Estado, en el que se determinó que el origen del incendio se debió a los rayos del sol proyectados sobre el cristal o parabrisas de un vehículo de motor, causando un efecto lupa, que ocasionó calor directo sobre algún objeto incandescente, originando fuego, el cual se propagó a algún combustible, generalizando el fuego, ocasionando el efecto "salto de fuego", que incendió a setecientos vehículos resguardados en dicho encierro oficial. Que en dicho dictamen pericial se descartó la actividad humana en la incineración de los vehículos de motor encontrados en el encierro oficial. Que si bien, en el momento de los hechos, se encontraba un Agente Estatal de Investigaciones, con placa de identificación 351, encargado del encierro denominado San Bartolo, él se percató que del lado de la puerta uno, se veían llamas, y al asomarse observó llamas sobre algunos carros; que inmediatamente dio aviso a las autoridades de policía sobre lo acontecido. Por lo que de los datos de pruebas no se observó acto de voluntad humana, y la fuente de calor fue las condiciones climáticas que originaron efecto lupa sobre los cristales de los vehículos de motor. De acuerdo a las circunstancias, era imposible que una persona pudiera evitar que por los efectos de los rayos del sol, se elevara la temperatura al interior de los vehículos y produjera la incandescencia en ellos. Por lo que consideró actualizada como excluyente del delito, la atipicidad prevista en el artículo 14 del Código Penal del Estado de Oaxaca, por ausencia de conducta humana. Ratificando el no ejercicio de la acción penal determinado el nueve de marzo de dos mil veintiuno, en la carpeta de investigación 466/DF/ZC/2017 y 728/DF/ZC/2017 acumuladas del índice de la Fiscalía de Asuntos Relevantes de la Dirección de Averiguaciones Previas y procesos de la Fiscalía General del Estado. La parte quejosa aduce que en la audiencia incidental de nueve de agosto de dos mil veintiuno, en la que se emitió el acto reclamado; el juez de Control responsable transgredió en su perjuicio el derecho del debido proceso, pues la víctima no fue representada por la ministerio público, si bien fue asistida por un asesor jurídico, considera la parte quejosa, debió además ser representada por la ministerio público. Sin embargo, esta representación social defendió los derechos de la parte denunciada la Fiscalía General del Estado, por lo que debió excusarse de su intervención. Es infundado el sintetizado concepto de violación. Porque al iniciar la audiencia incidental de nueve de agosto de dos mil diecinueve, en la que se emitió la resolución reclamada, el Juez de Control identificó a las partes procesales, haciendo constar la presencia de la víctima Lucía Martínez López, quien en ese acto procesal, manifestó expresamente estar asistida legalmente por su asesor jurídico Carlos Alberto Ramírez Victoria, con cédula profesional 6467892, expedida por la Secretaría de Educación Pública, el once de mayo de dos mil diez, y dada de alta en el juzgado de referencia, quien aceptó tal desempeño. Por lo que no existió desequilibrio procesal, en dicha etapa del procedimiento penal. Si bien se asentó la presencia de la Ministerio Público que integró la carpeta de investigación de origen, su intervención se limitó a reproducir la determinación sobre el no ejercicio de la acción penal y las razones que la llevaron a resolver en tal sentido. Por su parte, las facultades del Juez de Control al evaluar la legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal, en la audiencia incidental prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se limitaron a validar las razones de dicha fiscal emitidas en su resolución de no ejercicio de la acción penal; por lo que era necesario dicha representación social expresara los argumentos que motivaron la emisión de la resolución de nueve marzo de dos mil veintiuno, en la carpeta de investigación 466/DF/ZC/2017 y 728/DF/ZC/2017 acumuladas del índice de la Fiscalía de Asuntos Relevantes de la Dirección de Averiguaciones Previas y procesos de la Fiscalía General del Estado. Es así, pues el Juez de Control al evaluar la legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal, en la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se rige en los principios de publicidad, oralidad y contradicción, del sistema acusatorio previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que, está impedido legalmente a revisar la carpeta de investigación e indagar si se actualiza alguna causa de exclusión del delito, que posiblemente ocasionaría variar aquella en que se basó el Ministerio Público; ya que al Juez de Control no le corresponde dirigir la investigación, pues esa facultad es propia de la representación social. Por lo que la resolución del órgano jurisdiccional, está acotada por las razones legales que emita el Agente del Ministerio Público al decretar el no ejercicio de la acción penal y los agravios de la víctima. Lo que justifica la intervención procesal de la representación social en la audiencia incidental prevista en el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin que ello implique, desequilibrio procesal, o violación al debido proceso, pues como ya se indicó la víctima estuvo legalmente asistida y representada por su asesor jurídico en dicha audiencia, quien hizo valer los agravios de la víctima, contra la determinación de no ejercicio de la acción penal, de nueve de marzo de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 23/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 1112, Libro 66, Mayo 2019, Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. CUANDO SE IMPUGNA ESA DETERMINACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LA VÍCTIMA U OFENDIDO O SU ASESOR JURÍDICO DEBE EXPONER ORALMENTE SUS AGRAVIOS EN LA AUDIENCIA Y EL JUEZ DE CONTROL, POR REGLA GENERAL, DEBE RESOLVER SIN CONSULTAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. Con base en los principios de publicidad, oralidad y contradicción que rigen el sistema acusatorio previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juez de control, al evaluar la legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal en la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no debe consultar la carpeta de investigación, sino resolver con base en las argumentaciones que formulen las partes en dicha audiencia, aunque excepcionalmente pueda consultar registros de la carpeta si su contenido o existencia es materia de controversia entre las partes, pues de otra manera no contará con elementos para corroborar si efectivamente el registro de la investigación existe y contiene la información que las partes aseveran, en la inteligencia de que la consulta debe limitarse al registro controvertido y no a la totalidad de la carpeta. Asimismo, la víctima u ofendido o su asesor jurídico debe exponer oralmente sus agravios en la audiencia, sin que sea factible que lo hagan por escrito. Lo anterior, porque en el sistema penal acusatorio corresponde al juez decidir a partir de los elementos argumentativos y probatorios que aporten las partes situadas en un plano de igualdad para hacer valer sus pretensiones. Porque este sistema es predominantemente oral y sólo por excepción se aceptan actuaciones escritas. Y porque conforme al artículo 20, fracción X, de la Constitución Federal, los principios de publicidad, oralidad y contradicción, entre otros, son aplicables a las audiencias previas a la etapa de juicio, y la audiencia a que se refiere el artículo 258 citado precede al juicio. Lo que se robustece con la regla prevista en dicho precepto que establece que la impugnación debe quedar sin materia si la víctima u ofendido, sin justificación, no asisten a la audiencia, lo que evidencia la plena aplicación de esos principios, pues sin la asistencia de la parte a quien corresponde justificar oralmente los méritos de la impugnación al exponer sus agravios, el juzgador carecería de materia sobre la cual pronunciarse." Es aplicable, en lo conducente, la tesis I.4o.P.28 P (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en página 2435, Tomo III, Noviembre 2019, Libro 72, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2020991, de rubro y texto: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. AL EVALUAR SU LEGALIDAD EN LA AUDIENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL JUEZ DE CONTROL NO PUEDE VARIAR LA CAUSA EN QUE SE APOYÓ EL MINISTERIO PÚBLICO PARA DECRETARLO. Las facultades del Juez de control al evaluar la legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal, en la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se limitan a validar o no las razones del fiscal emitidas en su resolución de no ejercicio de la acción penal, sin que ello implique una revisión oficiosa pues, por una parte, está limitado por los agravios que exponga la víctima u ofendido y, por otra, está impedido para revisar la carpeta de investigación e indagar si se actualiza una causa diversa para sustentar un no ejercicio de la acción penal, y variar aquella en que se apoyó el Ministerio Público. Esto último encuentra sentido, pues al Juez de control no le corresponde llevar ni dirigir la investigación, ya que esa facultad es propia de aquél; por eso, la resolución del órgano jurisdiccional está acotada por las razones de la representación social para decretar el no ejercicio de la acción y los agravios de la víctima u ofendido sin extenderse más allá, pues ello implicaría invadir las facultades procesales del Ministerio Público." Continúa diciendo la parte quejosa, que la resolución reclamada no se encuentra debidamente fundada y motivada, lo que transgrede en su perjuicio los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal; transcribe lo dispuesto en dichos preceptos constitucionales, sin embargo no realiza argumento en específico del porqué el Juez de Control responsable no fundó ni motivó debidamente la resolución reclamada. Es inoperante el sintetizado concepto de violación, y en suplencia de la deficiencia de la queja, no se advierte violación alguna que deba suplirse de oficio. Es así, porque, dicho concepto de violación que hace valer la quejosa, no es tendente a evidenciar lo incorrecto de la resolución del Juez de Control, esto es, que contrario a lo determinado por él, los hechos sí se originaron con motivo de una acción humana que ocasionó el incendio el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, en el corralón oficial denominado San Bartolo, y que derivado del fuego propagado, se ocasionaron daños a su vehículo de motor; que contrario a lo expresado por la representación social, sí existe datos de prueba incorporados en la carpeta de investigación, que desvirtúan la actualización de la excluyente de responsabilidad en que se basó la Ministerio Público para dictar no ejercicio de la acción penal. En efecto, la peticionaria de amparo se encuentra obligada a exponer a través de razonamientos claros y concretos en sus conceptos de violación que las consideraciones del Juez de Control responsable eran erróneas; lo cual no aconteció. Por tanto, si la quejosa no controvirtió eficazmente los razonamientos que sustentan la resolución reclamada que se analiza, como se adelantó, sus planteamientos se tornan inoperantes. Brinda apoyo a esta determinación, por identidad jurídica, la tesis XI.P.1 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, consultable en el Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, página 1816, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2000734, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI EL OFENDIDO O LA VÍCTIMA DEL DELITO OMITE IMPUGNAR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA RECLAMADA, AUNQUE NO HAYA SIDO EL APELANTE, SINO EL MINISTERIO PÚBLICO. Los conceptos de violación formulados por el ofendido o la víctima del delito contra las consideraciones que no sustentan la sentencia de segunda instancia reclamada en materia penal, deben desestimarse por inoperantes aunque no haya sido el apelante, sino el Ministerio Público, pues no están encaminados a desvirtuar las que la fundamentan, y porque es improcedente suplirle la deficiencia de la queja, al no actualizarse el supuesto del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo. De ahí que, en sustitución formal y procesal del Ministerio Público, quien recibió el revés jurídico de apelación por la inoperancia declarada por la Sala responsable, la víctima u ofendido debió atacar las razones que sostiene la resolución de segunda instancia que sustituyó a las del a quo, por ser la determinación que jurídicamente prevalece, es decir, tenía que atacar las consideraciones de inoperancia decretadas." Además, en cualquier estado del procedimiento, de oficio o a petición de parte, el órgano del Estado respectivo (agente del Ministerio Público u órganos jurisdiccionales), está facultado para realizar el análisis de las causas de exclusión del delito. Es así, porque cuando acontezca alguna de las hipótesis por virtud de las cuales la ley excluya una conducta humana considerada como típica, antijurídica y culpable, no es dable continuar con la actividad de investigación o jurisdiccional, según sea el caso, ya que aun de existir, de cualquier manera esa conducta constituirá un acto jurídico irrelevante para el derecho penal, porque ante la actualización de alguna de esas hipótesis, no se justifica ejercer el derecho penal, en la medida en que la facultad sancionadora del Estado queda abolida por la disposición legal que llegue a concretarse, dependiendo del caso concreto. De modo que, de darse alguna causa de atipicidad, cesa el derecho del Estado para proseguir con la investigación, ya sea en la fase judicial o ministerial, pues la propia norma sustantiva establece que ante el acaecimiento de alguna de éstas, el delito se excluye, lo cual justifica que en cualquier parte del procedimiento debe analizarse y estudiarse cuando sea invocada o se descubra de oficio. Es aplicable al caso, la tesis XV.3°.10P, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Décima Época, publicada el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, con número de registro digita 2015188, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PROCEDE SU ESTUDIO DE FONDO CUANDO EN ELLOS SE EXPRESA QUE LAS PRUEBAS DESAHOGADAS EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO EN QUE SE DISCUTE EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, DEMUESTRAN UNA CAUSA DE EXCLUSIÓN DEL DELITO. Tratándose de las hipótesis en las que la ley sustantiva considere que se excluye el delito, es necesario que en cualquier estado del procedimiento, de oficio o a petición de parte, el órgano del Estado respectivo (agente del Ministerio Público u órganos jurisdiccionales), emita un pronunciamiento. En efecto, desde el punto de vista de la dogmática jurídico penal las causas de exclusión constituyen el aspecto negativo del delito, de forma que cuando acontezca alguna de las hipótesis por virtud de las cuales la ley excluya una conducta humana considerada como típica, antijurídica y culpable, no es dable continuar con la actividad de investigación o jurisdiccional, según sea el caso, ya que aun de existir, de cualquier manera esa conducta constituirá un acto jurídico irrelevante para el derecho penal, porque ante la actualización de alguna de esas hipótesis, no se justifica ejercer el ius puniendi, en la medida en que la facultad sancionadora del Estado queda abolida por la disposición legal que llegue a concretarse, dependiendo del caso concreto. De modo que, de darse alguna causa de atipicidad, de justificación o de inculpabilidad, cesa el derecho del Estado para proseguir con la investigación, ya sea en la fase judicial o ministerial, pues la propia norma sustantiva establece que ante el acaecimiento de alguna de éstas, el delito se excluye, lo cual justifica que en cualquier parte del procedimiento debe analizarse y estudiarse cuando sea invocada o se descubra de oficio. Por lo que aun cuando para el dictado de un auto de vinculación a proceso, como requisitos de fondo, solamente se exige que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, la norma sustantiva obliga a verificar que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, ya que cuando se advierta una hipótesis por virtud de la cual se excluya, el Juez debe declararla de oficio en cualquier fase del procedimiento penal, lo que lógicamente incluye la audiencia inicial donde se discuta la vinculación a proceso. Por consiguiente, en el amparo indirecto no deben declararse inatendibles los conceptos de violación en los que se exprese que las pruebas desahogadas en esa audiencia del procedimiento penal acusatorio demuestran una causa de exclusión del delito, sino proceder a su examen de fondo." Por tanto, al ser ineficaces los conceptos de violación en estudio, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, lo que procede es negar la protección de la Justicia Federal solicitada. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Lucía Martínez López, contra el acto reclamado al Juez de Control del distrito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, consistente en la resolución de nueve de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el cuaderno de antecedentes 148/2021, que confirma el acuerdo de no ejercicio de la acción penal, dictado por el Ministerio Público en las carpetas de investigación 466/DF/ZC/2017 y 728/DF/ZC/2017 acumuladas; por las razones y fundamentos expuesto en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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