Lucia Maricela Hernández Rodríguez
Expediente 627/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 627/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 20/07/2018
Partes del expediente
- Lucia Maricela Hernández Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la sentencia en la cual se sobreseyó en este juicio de amparo ha causado ejecutoria, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio en el que se sobreseyó y negó el amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Se dejan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el cuaderno original de los incidentes de suspensión derivado de este juicio de amparo, y en su momento se ordena depurar éstos, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado y concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Transferir el expediente principal y original del incidente, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, veinte de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio en el que se sobreseyó y negó el amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Se dejan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el cuaderno original de los incidentes de suspensión derivado de este juicio de amparo, y en su momento se ordena depurar éstos, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado y concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Transferir el expediente principal y original del incidente, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
CON ESTA FECHA SE LE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADO, LA RESOLUCIÓN DE VEINTIOCHO DE JUNIO DE ESTA ANUALIDAD, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A ****, contra los actos reclamados al Juez Tercero del Ramo Civil y actuaria de su adscripción, ambos con residencia en esta ciudad; por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos quinto y sexto de la presente sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), acorde a lo ordenado en el considerando sexto del presente fallo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, tercero interesado y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado y cúmplase.
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que la parte quejosa, no exhibió la garantía que le fue fijada para que siguiera surtiendo sus efectos la suspensión definitiva concedida en interlocutoria de trece de junio de dos mil dieciocho (fojas 21 a 27); en tales condiciones, con fundamento en el artículo 136 párrafo segundo de la Ley de Amparo, la omisión en la que ha incurrido la parte quejosa únicamente permite que la autoridad responsable esté expedita para ejecutar el acto reclamado. Se debe destacar que si la ejecución no se ha llevado a cabo, no existe obstáculo para que pueda otorgarse la citada garantía, o llenarse los requisitos que se hubieran omitido con relación a aquélla, puesto que la parte quejosa se encuentra en aptitud de exhibir la garantía que le fue fijada hasta antes de que se ejecuten los actos reclamados o cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo, del que deriva de esta incidencia, de conformidad con los numerales 130 y 136 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, por analogía, la tesis clave XV.1º.13K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo VII, enero de 1998, publicada en la página 1182, que dice: "SUSPENSIÓN. NO DEBE DEJARSE SIN EFECTOS POR NO EXHIBIRSE LA GARANTÍA. El hecho de que la parte quejosa no exhiba la garantía que se le fije en la resolución respectiva para que surta efectos la suspensión de los actos reclamados, legalmente no trae como consecuencia que se declare que ésta dejó de surtir sus efectos, sino que en términos del artículo 139 de la Ley de Amparo, la citada omisión únicamente permite que la autoridad responsable, transcurrido el plazo concedido para la exhibición de la garantía, esté expedita para ejecutar el acto reclamado, debiéndose destacar que no tienen el mismo significado "dejar sin efectos la medida de suspensión decretada" y "que ésta deje de surtir efectos", pues al darse el primero de los casos, deja de tener vigencia la suspensión concedida, y en el segundo sigue vigente pero no surte efectos por no haberse cumplido con la condición que para ello se impuso; empero, tales efectos son susceptibles de volverse a surtir si se cumple con esa exigencia antes de que la ejecución de los actos se lleve a cabo; de tal manera que de acordarse que se deja sin efectos la suspensión decretada, de hecho se revocaría la resolución en que se había concedido". Y la tesis aislada sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava época, tomo XIII, mayo de 1994, publicada en la página 544, que expresa: "SUSPENSION. GARANTIA. LA OPORTUNIDAD DE EXHIBIRLA EXISTE HASTA ANTES DE QUE SE EJECUTEN LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que la peticionaria de amparo no haya exhibido la garantía que le fijó el juez de Distrito para que surtiera efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la interlocutoria en que se concedió la suspensión de mérito, no implica, como lo pretende el tercero perjudicado, que por el sólo transcurso del término aludido, pierda la quejosa el derecho de otorgar la caución de referencia, sino únicamente significa que la autoridad responsable, transcurrido ese plazo, tiene expedita su jurisdicción para ejecutar el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley de Amparo; pero si la ejecución no se ha llevado a cabo, no existe obstáculo para que pueda otorgarse la garantía, o llenarse los requisitos que se hubieren omitido con relación a aquélla. Consecuentemente, está ajustado a derecho el proveído del a quo en el que se negó a modificar o revocar la medida suspensional concedida a la quejosa, como lo pretende el recurrente, pues es incontrovertible que aquélla se encuentra en aptitud de exhibir la garantía que le fue fijada en la citada interlocutoria, hasta antes de que se ejecuten los actos reclamados." En tales condiciones, gírese oficio con transcripción de este proveído a las autoridades responsables, haciéndoles de su conocimiento que quedan expeditas para ejecutar el acto reclamado por la parte quejosa y acontecido en su caso, informen a este juzgado de distrito dentro del término de tres días contado a partir de que se realice el mismo, con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el tiempo establecido, se harán acreedoras a una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, que arroja la cantidad de $4,030.00 (cuatro mil treinta pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Notifíquese; y mediante oficio a las autoridades responsables.
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