Lucía Isabel Roblero Pérez
Expediente 499/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 499/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 04/08/2017
Partes del expediente
- Lucía Isabel Roblero Pérez
- Secretario de Saliud del Estado de Chiapas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
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Tuxtla Gutiérrez, cuatro de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el numeral 81, fracción I, inciso d), de la ley en la materia, en contra del auto de trece de julio del año en curso, mediante el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia dentro de este juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado, y de conformidad con lo dispuesto en el precepto 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no haberse ordenado un hacer, no hacer o tolerar a la autoridad responsable, por lo que, no existe actuación pendiente por realizar. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se reitera, se trata de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo fracción I, Décimo Primero segundo párrafo, y Décimo tercero todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto del Capítulo Quinto del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese
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CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos la comunicación oficial de la autoridad responsable Director General del Hospital Chiapas nos Une "Doctor Jesús Gilberto Gómez Maza", con sede en esta ciudad, por el que remite el resumen clínico *********************** del expediente ************ de su índice. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES: A) La falta de supervisión para la atención e intervención quirúrgica, hospitalaria y suministro de medicamentos, ya que la quejosa sufrió un accidente que pone en riego mi vida y la autoridad responsable se niega a intervenirme quirúrgicamente, violando así mi derecho a la vida y a la protección de salud consagrada en los artículos 4". En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos,
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cuatro de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, se advierte que por acuerdo de quince de junio del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Director General del Hospital Chiapas nos Une "Doctor Jesús Gilberto Gómez Maza", con residencia en esta ciudad, en el que negó los actos aquí reclamados; y en virtud, que de las constancias remitidas por éste, que adjuntó en apoyo a su informe de suspensión de plano, respecto de la atención hospitalaria, suministro de medicamentos y la intervención quirúrgica, se advierte que la fecha de las últimas gestiones que realizó son de diecisiete de mayo del año en curso. Por tanto, y para efectos de mejor proveer y estar en aptitud de dictar una sentencia apegada a derecho; con fundamento en los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la autoridad responsable Director General del Hospital Chiapas nos Une "Doctor Jesús Gilberto Gómez Maza", con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de la recepción del oficio que al efecto se envíe, remita las constancias posteriores al día diecisiete de mayo del año en curso; asimismo deberá informa la situación actual de la hoy quejosa, la que tendrá que acreditar con las constancias respectivas. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior o no manifestar el impedimento que tenga para hacerlo, se hará acreedor a una multa de cincuenta unidades de medida y de actualización, la que asciende a la cantidad de 3,774.50 (tres mil setecientos setenta y cuatro pesos 50/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 moneda nacional), conforme lo dispone el artículo Segundo Transitorio, del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil diecisiete, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso concreto la Jurisprudencia , del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS DEL VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE. NOTIFÍQUESE.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quince de junio de dos mil diecisiete. Agréguese con vista a las partes en el juicio de amparo en que se actúa, el informe justificado rendido por la autoridad responsable Director General del Hospital Chiapas nos Une "Doctor Jesús Gilberto Gómez Maza", con residencia en esta ciudad; y dése nueva cuenta con el mismo en la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. De conformidad con el precepto 9 de la citada ley, se tienen como delegados a los profesionistas que cita y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Pedro Francisco Luna González, secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, encargado del despacho en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo de la licencia académica otorgada al titular de este juzgado, que actúa con la secretaria que autoriza, licenciada Claudia Iveth Gordillo Gómez, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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