Lucía Juárez Juárez

Expediente 929/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 16 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
929/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
25/05/2021

Partes del expediente

  • Lucía Juárez Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Parte quejosa solicita. Agréguese el escrito signado la parte quejosa Lucia Juárez Juárez, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2º de esta última, expídase a su costa las copias certificada que solicita, previa identificación y razón que por su recibo se asiente en autos. Ahora bien, para dar cumplimiento a lo anterior, en términos del artículo 5 del Capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de las copias que indica, el solicitante deberá comunicarse al teléfono 74 44 02 07 30 con la licenciada Sonia López Márquez, una vez que quede debidamente notificado del presente proveído. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.JFJM

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria sentencia y archivo. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Valoración del expediente. Destruible. Se establece que el juicio de amparo, es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL JUICIO. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrucción de expediente. Destrúyanse el juicio principal, dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Plazo de conservación. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Finalmente, realice las anotaciones correspondientes en la carátula de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Insértese este acuerdo en el cuaderno original. No se ordena devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a la parte quejosa para la devolución de documentos originales, toda vez que los mismos no obran en autos. Notifíquese.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de diciembre de dos mil veinte. S E N T E N C I A V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 929/2019-VII, promovido por Lucía Juárez Juárez; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de garantías. Por escrito presentado el quince de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, Lucía Juárez Juárez, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES.- Con el carácter de ORDENADORA: Señalo al Juez de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, con residencia en la Ciudad de Tlaxcala, actualmente Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, con domicilio en Santa Anita Huiloac, Apizaco, Tlaxcala; CON EL CARÁCTER DE EJECUTORAS.- Diligenciario encargado de los expedientes pares del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, actualmente Diligenciario del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala; Tesorero Municipal de Totolac, Tlaxcala, y Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, con domicilio bien conocido en la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala." "IV. ACTOS RECLAMADOS.- De las autoridades ordenadoras: A).- Del Juez de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, con residencia en la ciudad de Tlaxcala, actualmente Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, le reclamo: Todo lo actuado en el juicio de usucapión 552/981, promovido por el señor MANUEL JIMÉNEZ GUEVARA, Síndico Procurador del Ayuntamiento de Totolac, Tlaxcala, en contra de quien o quienes se crean con derecho respecto del terreno denominado "VEGA DEL RÍO" ubicado en los márgenes del Río Totolac y río Zahuapan, en la jurisdicción de San Juan Totolac, Tlaxcala, el cual mide por el NORTE.- setenta y cinco metros y linda con rivera o margen del río Zahuapan. SUR.- Mide ochenta metros y linda con zona rocosa; ORIENTE.- Trescientos ochenta metros y linda con margen del río Zahuapan; PONIENTE.- cuatrocientos veinte metros y linda con una parte con el canal de riego que va a Panotla y la restante con propiedad de particulares entre otros ANGEL CORTÉS PÉREZ, DOBAN MINOR, PEDRO CUAPIO PÉREZ, SALOMÓN VARELA, GILDARDO JUÁREA ROLDÁN Y PARCELA ESCOLAR; ya que este juicio se tramitó sin que se me haya emplazado a juicio y a escondidas sin llamar a todos los propietarios de los terrenos afectados, ya que este inmueble fue invento de las autoridades municipales de Totolac, Tlaxcala para adjudicarse muchos terrenos que no les corresponden. Pues dicho terreno "VEGA DEL RÍO" invade en su totalidad el predio de mi propiedad denominado "ATZINCO" ubicado en San Juan Totolac, Municipio del mismo nombre, Estado de Tlaxcala, del cual he tenido la propiedad y posesión ininterrumpida desde el día trece de junio de mil novecientos setenta y nueve. De las autoridades ejecutoras, reclamo el cumplimiento que han dado a los acatos señalados por las ordenadoras." SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El promovente del amparo manifestó que se violan en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relató los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve (fojas 12 a 14), este juzgado de Distrito registró la demanda de amparo con el número de juicio 929/2019-VII, y previno al quejoso en los términos señalado en el mismo. Posteriormente, mediante escrito de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, la parte quejosa desahogó la prevención formulada (fojas 15 y 16); en consecuencia, mediante acuerdo de veintiocho de octubre siguiente (fojas 17 a 19), se admitió a trámite la demanda, pidió a las autoridades responsables su informe justificado, ordenó dar la legal intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, el emplazamiento del tercero interesado y señaló fecha y hora para que se llevara a cabo la audiencia constitucional. CUARTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, toda vez que se reclaman actos a diversas autoridades que se encuentran dentro de la jurisdicción donde este Juzgado de Distrito ejerce su competencia. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda, su ampliación y a las constancias del presente juicio de amparo, se concluye que la parte quejosa reclama: La falta de emplazamiento al juicio de usucapión 552/1981, del índice del entonces Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, actualmente Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala; y, como consecuencia, todo lo actuado dentro del mismo. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados atribuidos a las autoridades Juez y Diligenciario adscritos al Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala (fojas 43 a 44 y 45 a 46, respectivamente); Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tlaxcala (fojas 119 a 120) y, Tesorero Municipal de Totolac, Tlaxcala (fojas 48 a 49), en el ámbito de sus respectivas atribuciones; pues así lo reconocieron al rendir sus respectivos informes con justificación. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Lo anterior se corrobora, con las documentales que allegaron las propias autoridades responsables como anexo a sus respectivos informes con justificación; a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en su numeral 2°, párrafo segundo. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. Para determinar si la demanda fue presentada oportunamente, se debe atender en primer lugar a los actos reclamados que dieron origen al presente juicio de amparo, los cuales en el presente caso consisten en: La falta de emplazamiento al juicio de usucapión 552/1981, del índice del entonces Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, actualmente Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala; y, como consecuencia, todo lo actuado dentro del mismo. Posteriormente, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que señala los plazos para la interposición del juicio de amparo atendiendo al acto que se reclama, según se advierte de su contenido: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". En ese orden de ideas, toda vez que el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I a IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, se debe estar al plazo general que es de quince días. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, existen tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del mismo. Cabe destacar que dichas hipótesis son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. En ese sentido, debe tomarse en consideración que la quejosa se ostentó como conocedor del acto reclamado el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, tal y como consta en su escrito aclaratorio de veintidós de octubre de dos mil diecinueve (fojas 15 a 16, del tomo de pruebas). Ahora bien, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, constituye para este juzgado un hecho notorio que la aquí quejosa tramitó diverso juicio de garantías 637/2016-I, del que conoció este órgano jurisdiccional, en el que señaló como acto reclamado y autoridades responsables a las siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. AUTORIDAD ORDENADORA: ERASMO ATONAL ORTIZ, Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Juan Totolac, Tlax. (.). IV. ACTO RECLAMADO: DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA. Reclamo la falta de acuerdo al escrito de fecha 9 -nueve- de mayo del 2016, recibido por la responsable ordenadora el mismo día, mes y año, sin que al efecto se haya cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento. Asimismo reclamo todas y cada una de las consecuencias jurídica que se pudieran derivar de la legalidad de dicho acto." El referido medio de defensa fue resuelto mediante sentencia de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo y, por la otra, fue negada la protección de la justicia federal. Así pues, dentro de los autos que integran el referido juicio constitucional, se advierte que al momento de rendir su informe justificado, la autoridad responsable Presidente Municipal de Totolac, Tlaxcala, fue omiso en remitir documentación que acreditara la certeza del acto manifestado; por lo que mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, se requirió a dicha autoridad remitiera copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el expediente catastral del inmueble denominado "Atzinco" que obra en la presidencia municipal de dicho ayuntamiento, identificado con el Municipio 36, localidad 01, clave 612, predio 629. Luego, por escrito de tres de octubre de dos mil dieciséis, Erasmo Atonal Ortiz, en su carácter de Presidente Municipal de Totolac, Tlaxcala, manifestó lo siguiente: "En cumplimiento del requerimiento formulado por su Señoría mediante auto de fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, el cual fue recibido en la oficina que ocupa la Presidencia Municipal de Totolac, Tlaxcala, el día veintiocho de septiembre del año que transcurre a través del oficio número 35106/2016 y en términos de lo dispuesto por el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, me permito remitir a Usted copia fotostática certificada de la documentación del inmueble propiedad del Municipio de Totolac, Tlaxcala, denominado "VEGA DEL RIO", dentro del cual se encuentra inmerso el predio denominado "ATZINCO", que se dice propiedad de la ahora quejosa. Ahora, de las documentales exhibidas por dicha autoridad responsable se desprende que, entre otras, acompañó copia certificada de la escritura pública número 93, volumen 238, que contiene la protocolización de la sentencia dictada en el expediente 552/1981, relativa al Juicio de Usucapión promovido por el Ayuntamiento del Municipio de Totolac, otorgada ante la fe del licenciado José Luis Macías Rivera, Notario Público del Distrito Judicial de Hidalgo. Posteriormente, con el contenido del informe y anexo de mérito, mediante acuerdo de seis de octubre de dos mil dieciséis, notificado por lista el siete posterior, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera. Derivado de lo anterior, mediante escrito presentado el once de octubre de dos mil dieciséis en la Oficialía de Partes de este Juzgado, la quejosa Lucía Juárez Juárez, manifestó objetar el contenido de los documentos públicos que adjuntó la autoridad responsable en atención al requerimiento formulado en autos; ofreciendo para tal efecto las pruebas que estimó pertinentes. Lo narrado hasta aquí permite establecer que, contrario a lo manifestado por la impetrante de garantías, tuvo conocimiento de la existencia del juicio de usucapión 552/1981, con fecha anterior a la que manifestó en su escrito de demanda -veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve-. Lo anterior es así, ya que a través de la vista ordenada por este Juzgado mediante proveído de seis de octubre de dos mil dieciséis dentro del juicio de amparo 637/2016-I, la quejosa se impuso del contenido de la documentación exhibida por el Presidente Municipal de Totolac, Tlaxcala, misma en la que se encuentra la escritura pública que derivó del juicio de usucapión aludido, tan es así, que la quejosa objetó el contenido del mismo como se advierte a continuación: Consecuentemente, si la vista ordenada mediante el proveído de seis de octubre de dos mil dieciséis, fue notificada por lista el siete siguiente; surtió sus efectos el diez de octubre del mismo año, por lo que la quejosa estuvo en posibilidad desde ese momento de acudir a la instancia constitucional a efecto de reclamar la falta de emplazamiento dentro del juicio de usucapión 552/1981, que constituye el acto reclamado en el presente asunto. De ahí que, si la quejosa tuvo conocimiento del juicio de usucapión 552/1981 el diez de octubre de dos mil dieciséis y la demanda se presentó hasta el quince de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, es de concluirse que fue presentada en forma extemporánea. No es óbice a lo anterior el hecho de que la parte quejosa manifestara en su libelo constitucional que tuvo conocimiento del acto reclamado el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve; pues, como ha quedado demostrado, tuvo conocimiento del acto desde el diez de octubre de dos mil dieciséis. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del arábigo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V, del numeral 63 del propio ordenamiento legal. Al actualizarse la causa de improcedencia aludida, no se entra al estudio de los conceptos de violación formulados por el quejoso; lo cual encuentra apoyo en la jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio".6 Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 63, fracción V, 73 a 76, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Lucía Juárez Juárez, en contra del acto reclamado precisado en el considerando segundo, atribuido a las autoridades descritas en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos indicados en el último considerando. Notifíquese; personalmente a las partes y por oficio a las autoridades, una vez que se reanuden los plazos y términos suspendidos, conforme al artículo 11, fracción I, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno el Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, así como la Circular CAP/3/2020, aprobada el veinte de diciembre de dos mil veinte, por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Olga Viviana López González, Secretaria de este Juzgado, hasta el día de hoy veintitrés de diciembre de dos mil veinte, en que las labores del juzgado lo permiten, quien autoriza y da fe.*

  4. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, once de noviembre de dos mil veinte. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte (foja 69 vuelta), se admitió la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa a cargo de Andrés Muñoz Hernández y Facundo Márquez Romero, asimismo, la quejosa solicitó encontrarse presente en la audiencia que se llevara a cabo en el presente juicio, por lo que en auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se proveyó lo conducente a fin de que ésta pudiera ingresar a este órgano jurisdiccional; sin embargo, también es necesario generar los códigos QR, a fin de que sus testigos estén en posibilidad de accesar al juzgado. Por tanto, en términos del artículo 6, fracción I, inciso b) del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, genérense los correspondientes códigos QR para que la quejosa y sus testigos ingresen a este órgano jurisdiccional a la audiencia constitucional, el cual deberá ser entregado con la anticipación debida a la celebración de dicha audiencia. Igualmente, gírese oficio a María Elvira García Luna, Administradora Regional en Tlaxcala del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Apizaco, Tlaxcala, con los códigos QR que se generen, a efecto de que por su conducto, le sean entregados los códigos de acceso y se les permita la entrada a las personas citadas. Atento a lo anterior se requiere a la parte quejosa, para que el día señalado para la celebración de la audiencia constitucional se presente acompañada por sus testigos Andrés Muñoz Hernández y Facundo Márquez Romero, todos con identificación oficial vigente, en la entrada de las instalaciones que albergan este órgano jurisdiccional, debiendo respetar las medidas de sanidad que se exigen para su permanencia e ingreso a estas instalaciones Diferimiento de audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a ello, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para su verificativo. Finalmente, se ordena agregar el escrito de cuenta, signado por la quejosa, Lucía Juárez Juárez, mediante el cual solicita el diferimiento de la audiencia constitucional, en tal virtud, dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden.

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