Lucía Hernández García

Expediente 401/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 19 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
401/2020
Año
2020
Actuaciones
19
Última actuación
17/04/2023

Partes del expediente

  • Lucía Hernández García
  • Lucía Hernández García y Otros.
  • Héctor Sebastián García Guevara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos se advierte que mediante proveído dictado el trece de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente sumario. En consecuencia, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, trece de octubre de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión en contra del auto de veintidós de julio de dos mil veintiuno, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Valoración del expediente. Destruible. Se establece que el juicio de amparo, es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL JUICIO. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrucción de expediente. Destrúyanse el juicio principal, dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Plazo de conservación. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Incidente de suspensión Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, toda vez que en el incidente de suspensión fue concedida la medida suspensional, se establece que el original del incidente de suspensión es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo. Resguárdese el cuaderno original del incidente de suspensión por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depúrese el original del incidente de suspensión dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se establece que el cuaderno duplicado del incidente de suspensión es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, fracción II, inciso a), del citado acuerdo. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). No se ordena devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a la parte quejosa para la devolución de documentos originales, toda vez que los mismos no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Se ordena notificar quejoso. Visto los autos de los que se advierte que no obra la constancia de notificación electrónica a los quejosos Lucía Hernández García y Héctor Sebastián García Guevara, respecto del auto de veintidós de julio del año en curso, por el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia constitucional. Ahora, no obstante lo referido en el párrafo que antecede, se advierte que no obra razón de imposibilidad o constancia alguna con la que se acredite que efectivamente se llevó a cabo la notificación electrónica a los quejosos; en consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, conmínese de manera inmediata al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para que cumpla con la notificación ordenada en el proveído de veintidós de julio del presente año. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa el auto de veintidós de julio de dos mil veintiuno. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Jorge Arciniega Alcaraz, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintidós de julio de dos mil veintiuno. Autoridad remite constancias. Agréguese el oficio signado por el Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, en funciones de Juez de Despacho, mediante el cual remite copia certificada de las constancias que por escrito integran la causa judicial 272/2019 de su índice, documentales que serán relacionadas en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del contenido de las documentales remitidas por la autoridad oficiante se advierte que el veinticinco de junio del dos mil veintiuno, la Juez Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, dentro de la causa judicial 272/2019, en audiencia de procedimiento abreviado determinó condenar a los quejosos Lucía Hernández García y Héctor Sebastián García Guevara, a tres años seis meses de prisión, por plena responsabilidad en el injusto de robo calificado previsto y sancionado por los artículos 14, 16, fracción I, 17, fracción I, 18, párrafo primero; 21 fracciones I y III, 321, 322,323, fracción III, 328 fracciones I, III y 329, fracción VI, del Código Penal Para el Estado de Tlaxcala, cometido en agravio de Mitzi Mixel Ruiz Méndez; menor de edad de iniciales I.M.C.R; Brenda Camila Cano López, Leodagario Báez López y Ma. Obdulia Martínez Carmona, por lo que se estima se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XVII, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica; (.)". Conforme a la fracción transcrita, el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora, para que opere la causal de improcedencia del juicio de amparo referida se requiere necesariamente de la concurrencia de los elementos que se enuncian: a) Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto reclamado en el juicio constitucional; c) Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio de amparo, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en razón de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Lo anterior, se sustenta en los criterios que se citan: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente: "contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable". "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. Para que exista la causal que menciona la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que el cambio de situación jurídica se opere en el mismo procedimiento de que emanan los actos reclamados y que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en el juicio, sin afectar la nueva situación jurídica". En efecto, en atención a las constancias que remitió el Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del estado de Tlaxcala, en funciones de Juez de Despacho, consistentes en copia autentica de la sentencia emitida en audiencia de procedimiento abreviado en la causa judicial 272/2019 del índice del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala; se advierte que el veinticinco de junio del dos mil veintiuno, el juez responsable determinó condenar a los quejosos Lucía Hernández García y Héctor Sebastián García Guevara, a tres años seis meses de prisión. A dichas constancias se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 93, fracción II, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, por ser expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la Jurisprudencia número doscientos veintiséis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, señaló como actos reclamados y autoridades responsables a las siguientes: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE.- Jueza Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializada en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala (.) IV.- ACTOS RECLAMADOS: a) La ilegal resolución verbal emitida en audiencia privada de celebrada a las once horas con cero minutos del día cinco de agosto de dos mil veinte, dictada por la responsable (en funciones de Juez de Despacho) sobre la solicitud de sobreseimiento dentro de la causa judicial 272/2020 del índice de la responsable. b). La omisión de dictar por escrito la ilegal resolución verbal emitida en audiencia privada celebrada a las once horas con cero minutos de día cinco de agosto del dos mil veinte, dictada por la responsable (en funciones de juez de despacho) sobre la solicitud de sobreseimiento dentro de la causa judicial 272/2020 del índice de la responsable. c) La ilegal y perversa resolución dictada por la responsable el doce de agosto del año dos mil veinte que resuelve el recurso de revocación interpuesto por el suscrito en mi calidad de defensor particular de los imputados dentro de la causa judicial 272/2020 del índice de la responsable". Atento a lo anterior, resulta evidente que a la data en que se actúa ha operado un cambio de situación jurídica, pues como ya se destacó, el pasado veinticinco de junio de dos mil veintiuno, la Juez Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, dentro de la causa judicial 272/2019 de su índice, en audiencia de procedimiento abreviado determinó condenar a los quejosos Lucía Hernández García y Héctor Sebastián García Guevara, a tres años seis meses de prisión. De esta manera, la existencia de tal determinación, acaecida después de presentada la demanda de amparo (veinticinco de agosto de dos mil veinte) son datos suficientes para considerar que en el caso se originó un cambio de situación jurídica, por lo que se considera que las violaciones reclamadas a través de esta instancia constitucional han quedado irreparablemente consumadas, al acontecer un cambio de situación jurídica de los actos reclamados. Luego, es indudable que con tal actuar se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, porción normativa que fue interpretada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 95/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, de Agosto de 2007, Novena Época, Materia Penal, página 50, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR", en el sentido de que el cambio de situación jurídica tiene como consecuencia que las violaciones cometidas en el acto impugnado se consideren consumadas de modo irreparable, ello en virtud de que ya no es posible decidir sobre éstas, sin que se afecte la nueva situación jurídica de los quejosos. Asimismo, se cita por su contenido, la tesis III.2o.P.150 P, visible en la página 2575 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 2019, número de registro 2019590, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, Y DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO EN LA MISMA CAUSA SE DICTA SENTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO QUE EL QUEJOSO ELIGIÓ COMO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCEDIMIENTO". Con base en lo anterior, se llega a la determinación de que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, al operar el cambio de situación jurídica, ante la determinación en la audiencia inicial ya precisada. Se deja sin efectos fecha y hora para audiencia constitucional. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la data fijada para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las TRECE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sergio Alberto Avendaño Martínez, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí

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