Lucia Baltazar Miranda
Expediente 614/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 614/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Lucia Baltazar Miranda
Actuaciones
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, remite testimonio de la ejecutoria dictada en el conflicto competencial ... de la que se advierte que se declaró legalmente incompetente para conocer de dicho conflicto, por razón de materia, dado que el acto versa sobre materia penal. En atención a ello, remitió los autos originales del juicio de amparo 614/2023, de este Juzgado, para que el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de dichos tribunales, se avoque al conocimiento del referido conflicto competencial, y resuelva lo que en derecho proceda. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales consiguientes. Acúsese recibo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, mediante el cual transcribe el proveído dictado el diez del mes actual por la Magistrada Presidenta, del que se advierte se admitió a trámite el conflicto competencial 23/2023, suscitado entre este Órgano Jurisdiccional y el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en la Ciudad de Salina Cruz. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V ".. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta por el cual el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con sede en Salina Cruz, remite copia autorizada del proveído dictado el veintiséis de junio del año en curso, en el expediente de amparo 337/2023 de su índice, de cuya lectura se advierte que no aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, ya que esencialmente considera que: El acuerdo de desechamiento número STCA/AD/0089/2023, de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés (que constituye el acto reclamado en este asunto), fue dictado en ese sentido, al actualizarse la exclusión prevista en el artículo 2° de la Ley de Amnistía, por lo que no se llegó al estudio del fondo del asunto; es decir, primero debe determinarse si ese desechamiento es o no constitucional, por lo que de concederse el amparo, y dictarse nuevo acuerdo de admisión, esto no supondría la liberación inmediata de Lucía Baltazar Miranda, pues al resolverse en el fondo, éste podría ser negativo, no requiriendo así la intervención del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; máxime que la quejosa está a disposición de las autoridades administrativas. La ejecución del acto reclamado en su caso, debe verificarse considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste y en el caso, debe verificarse si el desechamiento de la petición de amnistía realizada por el defensor de la sentenciada, aquí quejosa, resulta o no constitucional. Por lo anterior, el homólogo federal no comparte el criterio de este juzgador en el sentido de que la ejecución del acto reclamado debe trasladarse a la causa penal de origen del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en Salina Cruz, por lo que debe conocer del asunto el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz. Acúsese recibo. SE PLANTEA CONFLICTO No obstante lo anterior, este Juzgador, respetuosamente insiste en declinar competencia a favor del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con sede en Salina Cruz, en atención a las siguientes consideraciones: La quejosa Lucía Baltazar Miranda -por conducto del licenciado Nelson Esteban Reyes, Defensor Público Federal de Lengua Indígena Náhuatl adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, quien bajo protesta de decir verdad, refiere tener tal carácter, en términos del artículo 14 de la Ley de Amparo, reclama lo siguiente: Autoridades responsables Actos reclamados Ordenadoras Secretaría Técnica de la Comisión de Amnistía. El acuerdo de desechamiento de petición de amnistía número STCA/AD/0089/2023, de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, al actualizarse la exclusión prevista en el artículo 2° de la Ley de Amnistía, por lo que se actualiza el impedimento de dicha Secretaría para pronunciarse respecto al fondo del asunto. Titular del Centro Penitenciario Femenil de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca. Privación de la libertad de la quejosa, como consecuencia de la sentencia dictada en el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, en la causa penal 131/2015. Bajo ese contexto, se insiste en que si bien, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, no fue señalado como autoridad responsable, al analizar el acuerdo de desechamiento de petición de amnistía reclamado, necesariamente se debe hacer una revisión de la causa penal en la que se sentenció a la aquí quejosa (131/2015 del índice de dicho Juzgado de Distrito); por ende, las consecuencias del estudio de la legalidad y constitucinalidad del desechamiento reclamado, en el sentido de confirmarlo o modificarlo, se trasladan al procedimiento penal de origen. Aunado a lo anterior, tomando en consideración que la quejosa Lucía Baltazar Miranda, se encuentra compurgando una sentencia dictada en un proceso penal del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en Salina Cruz, los efectos del acto reclamado deben trasladarse al proceso penal en donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, ante la potestad del juez de la causa en el que la quejosa se encuentra sometida. Máxime que de la autoridad ejecutora se reclama la privación de la libertad de la quejosa como consecuencia de esa sentencia, por considerar que el citado Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, fue omiso en determinar la calidad de persona indígena de la quejosa, no obstante que desde su primera intervención en la diligencia de declaración preparatoria, de veinte de octubre de dos mil veinte, la ahora quejosa puntualizó que en su comunidad de Ahuacuotzingo, Guerrero, se habla el dialecto Náhuatl. Bajo ese contexto, no debe perderse de vista que en la tesis jurisprudencial número 1a./J. 118/2011 (9a.), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió que el juez de distrito competente para conocer de la demanda, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal, es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso. Ello, porque aunque la ejecución material de la sentencia que motivó la petición de amnistía, se dé en el lugar de reclusión de la imputada, dicha ejecución tiene lugar simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde la inculpada estuviera recluida). Por lo que se reitera, los efectos del acuerdo de desechamiento de la petición de amnistía reclamado, si bien tienen una sede administrativa, al analizarse, necesariamente se trasladan directamente al proceso penal, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa en el que las partes, incluyendo la aquí quejosa están sometidas. Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 187/2011, publicada en la página dos mil ciento ochenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro III, diciembre de 2011, Tomo 3, décima época, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad.". Sin que obste que la jurisprudencia invocada interprete el artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, pues contiene el mismo supuesto que el numeral 37 de la ley vigente. De ahí que respetuosamente se difiere del criterio del homólogo federal, en el sentido de que para fincar la competencia se tiene que atender a si el desechamiento reclamado es o no constitucional. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 48, párrafo segundo de Ley de Amparo, remítase el presente expediente 614/2023 del índice de este Juzgado, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, para que dirima lo procedente respecto a este conflicto competencial. Se instruye a oficial SISE Instrúyase a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que una vez que se tenga conocimiento del Tribunal Colegiado a quien corresponda conocer del asunto, habilite los permisos correspondientes para la vinculación del expediente electrónico. NOTIFÍQUESE; VÍA ELECTRÓNICA A LA QUEJOSA
- Principal
MESA V "..San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 614/2023. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO Se hace del conocimiento de las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea, con el que intervengan las partes en un asunto, se adopta como eje rector la tramitación electrónica en el juicio de amparo. Por lo anterior, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener únicamente aquellos documentos recibidos por esta vía.1 Instrúyase al Secretario a cargo de este expediente y al personal correspondiente, para que verifiquen según sus atribuciones, la debida integración del expediente electrónico, así como del expediente físico con las constancias respectivas. 1 "Artículo 22. (.) Las constancias firmadas electrónicamente tienen validez legal suficiente y no deberán agregarse al expediente físico, el cual contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. Las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyen la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. En casos excepcionales que se requieran certificaciones de documentos electrónicos impresos, aplicará el proceso de certificación para documentos físicos, es decir, se deberá incorporar el texto de certificación y firma autógrafa correspondiente. (.) Todas las constancias y documentos del expediente físico deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico. Los documentos presentados en formato físico con los que se formen cuadernos auxiliares y que no se agreguen al expediente principal físico, tampoco deberán integrarse al expediente electrónico. Se trata de los siguientes: I. Copias de traslado. II. Hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan. III. Copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Los cuadernos auxiliares podrán consultarse físicamente por las partes en los órganos jurisdiccionales con las salvaguardas respectivas tratándose de la información reservada o confidencial. Asimismo, la digitalización de pruebas, poderes, valores y garantías diversas quedará al arbitrio de la juzgadora o juzgador, pudiéndose, en su caso, incluir una certificación en el expediente electrónico que dé cuenta de éstas e incluya una fotografía o imagen del objeto en cuestión (.) Artículo 23. En caso de que exista imposibilidad material para la digitalización de determinadas constancias aportadas por las partes, las y los titulares de los órganos jurisdiccionales acordarán lo conducente y valorarán si hacen del conocimiento de las partes tal situación mediante proveído y si las constancias se integran únicamente al expediente físico, o bien, ordenarán la integración de cuadernos auxiliares previstos en el artículo 22, último párrafo de este Acuerdo." Convalidación de actuaciones Comuníquese esta determinación a las partes e infórmese que se convalidan las actuaciones practicadas por el homólogo federal. Precisado lo anterior se provee: QUEJOSA Lucía Baltazar Miranda -por conducto del licenciado Nelson Esteban Reyes, Defensor Público Federal de Lengua Indígena Náhuatl adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, quien bajo protesta de decir verdad, refiere tener tal carácter, en términos del artículo 14 de la Ley de Amparo. AUTORIDADES RESPONSABLES Y ACTOS RECLAMADOS Autoridades responsables Actos reclamados Ordenadoras 1. Secretaría Técnica de la Comisión de Amnistía. - El acuerdo de desechamiento de petición de amnistía número STCA/AD/0089/2023, de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, al actualizarse la exclusión prevista en el artículo 2° de la Ley de Amnistía2 , por lo que se actualiza el impedimento de dicha Secretaría para pronunciarse respecto al fondo del asunto. 2. Titular del Centro Penitenciario Femenil de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca. - Privación de la libertad de la quejosa, como consecuencia de la sentencia dictada en el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, en la causa penal 131/2015. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS ... Ahora, como quedó precisado en párrafos que anteceden, el acuerdo de desechamiento de petición de amnistía reclamado, deriva de la sentencia dictada en la causa penal 131/2015 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, cuya ejecución, incide en la libertad de la quejosa Lucía Baltazar Miranda, al estar compurgando una sentencia dictada en un proceso penal del índice de ese Juzgado Federal. Asimismo, de la autoridad ejecutora se reclama la privación de la libertad de la quejosa como consecuencia de esa sentencia, por considerar que el citado Juzgado de Distrito con sede en Salina Cruz, fue omiso en determinar la calidad de persona indígena de la quejosa, no obstante que desde su primera intervención en la diligencia de declaración preparatoria, de veinte de octubre de dos mil veinte, la ahora quejosa puntualizó que en su comunidad de Ahuacuotzingo, Guerrero, se habla el dialecto Náhuatl. Bajo ese contexto, no debe perderse de vista que en la tesis jurisprudencial número 1a./J. 118/2011 (9a.), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió que el juez de distrito competente para conocer de la demanda, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal, es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso. Ello, porque aunque la ejecución material de la sentencia que motivó la petición de amnistía, se dé en el lugar de reclusión de la imputada, dicha ejecución tiene lugar simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde la inculpada estuviera recluida). Máxime que los efectos del acuerdo de desechamiento de la petición de amnistía reclamado, necesariamente se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa en el que las partes, incluyendo la aquí quejosa están sometidas. Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 187/2011, publicada en la página dos mil ciento ochenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro III, diciembre de 2011, Tomo 3, décima época, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad.". Sin que obste que la jurisprudencia invocada interprete el artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, pues contiene el mismo supuesto que el numeral 37 de la ley vigente. En virtud de lo anterior, se concluye que este juzgado carece de competencia legal por razón de territorio, por lo que RESULTA COMPETENTE para conocer de este asunto, EL JUEZ SEXTO DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN SALINA CRUZ, OAXACA, por ser quien ejerce competencia en la jurisdicción del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esa Ciudad, que conoce de la causa penal 131/2015, y que motivó la petición de amnistía de la aquí quejosa. Por lo que al ser el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien dictó la sentencia condenatoria en contra de la aquí quejosa, resulta evidente que se encuentra impedido para conocer del acuerdo de desechamiento de petición de amnistía y su ejecución, solicitado por la quejosa. Ello, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en su punto cuarto, fracción XIII, relativo al Decimotercer Circuito, que dispone: "Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo.". En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la ley de la materia, se ordena remitir la demanda de amparo al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Salina Cruz, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en dicha población, solicitándole atentamente el acuse de recibo respectivo. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. AUTORIZADOS Conforme a la certificación realizada por la Secretaria de este Juzgado, se tiene únicamente por autorizada sin las demás facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Karla Liliana Saavedra Luna, dado que su cédula no está registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, específicamente en el apartado de Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. ALTA DE USUARIO Por otra parte, con fundamento en los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y en la certificación de cuenta, se autoriza al promovente consulte el expediente electrónico de este asunto, con el usuario "N_ESTEBAN", mismo que fue proporcionado en la demanda de amparo. Para ello la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, deberá vincular el usuario que indica la promovente previa verificación de que los datos coincidan con el registro de la base que arroje el sistema. NOTIFICACION ELECTRÓNICA De conformidad con lo establecido en los artículos 26 fracción IV, 30 y 31, fracción III, de la Ley de Amparo; en relación con los diversos 39, 55, 60, 61, 62 y 63 del citado Acuerdo General 12/2020, como lo solicita se autoriza al usuario que proporciona la notificación electrónica de las resoluciones emitidas en este asunto; por lo que dígase a la promovente que para ser notificada de los acuerdos y determinaciones deberá ingresar con el nombre de usuario y contraseña, o bien a través de su firma electrónica, al módulo de consulta de notificaciones de Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Tome conocimiento el área de actuaria para los efectos legales consiguientes. Por tanto, en cuanto al domicilio convencional que señala la promovente únicamente se toma conocimiento y será considerado para el caso de que no se logren las notificaciones electrónicas. CORREO ELECTRÓNICO Por otra parte, se le tiene señalando el correo electrónico que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente; sin que se le tenga como medios para recibir notificaciones ya que no son de los autorizados en la ley de la materia para tal efecto, aunado a lo expuesto en líneas que anteceden. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Por último, se autoriza a la Secretaria encargada del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA.
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