Lucas Gutierrez Salinas
Expediente 1411/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1411/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Lucas Gutierrez Salinas
Actuaciones
- Principal
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; diecisiete de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del citado Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. PARTE QUEJOSA. Lucas Gutiérrez Salinas. PERSONALIDAD. La demanda la promueve Lucas Gutiérrez Salinas, por propio derecho. AUTORIDAD RESPONSABLE Agentes del Ministerio Publico de Villa Sola de Vega Oaxaca. DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en los artículos 1,8, 14, 16 y 17 constitucionales. ACTO RECLAMADO De la lectura de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como acto reclamado, la negativa de la responsable de darle acceso a la carpeta de investigación que se encuentra integrando en su contra. REGISTRO DE EXPEDIENTE. Fórmese expediente y regístrese en el libro de registro de juicios de amparo, con el número 1411/2021, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número de expediente electrónico en mención. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que se examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis aislada LXXI/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 186605 y rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. ... En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XII, en relación con los diversos artículos 5, fracción I y de la Ley de Amparo, y artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.].". La disposición imperativa de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, determina la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, entendiéndose como tales aquellos actos jurisdiccionales que no afectan de manera real, actual, personal y directamente los derechos subjetivos (intereses jurídicos) del promovente. En el entendido que, por derecho subjetivo, se entiende el conjunto de facultades concretas atribuidas a la persona cuya situación se subsuma en la hipótesis de una norma objetiva. Ahora bien, por tener relación con los actos que se estudian en este apartado, conviene destacar el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace referencia a las facultades de investigación que constitucionalmente se otorgan al Ministerio Público en la primera fase del procedimiento penal, el cual en su texto anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, disponía en la parte inicial de su primer párrafo lo siguiente: "La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato." La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar esa porción normativa en la ejecutoria de la que deriva la jurisprudencia 1a./J. 154/2005, consideró lo siguiente: a) Que el Ministerio Público puede definirse como aquella organización de funcionarios que tanto a nivel federal como local tienen la encomienda de representar los intereses sociales en diversos procesos y cuya actividad fundamental consiste en provocar el ejercicio de la jurisdicción para que se subsanen los daños que como consecuencia de diversas conductas haya resentido la sociedad. b) Que la averiguación previa constituye medularmente una investigación a través de la cual la fiscalía trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, que presentará ante el Juez con el fin de que éste tenga buenas posibilidades de éxito y tradicionalmente se ha considerado que uno de los principios que de manera medular rige a dicho procedimiento es el de "sigilo". c) Que el Alto Tribunal de Justicia en el País, ya ha sostenido el criterio que, por regla general, la integración de la averiguación previa no es susceptible de control constitucional, porque al desconocerse cuál será el resultado de ese procedimiento entonces su trámite, por lo general, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional, la cual se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; d) Que estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al representante social, anteponiendo el interés particular al de la sociedad, y e) Que siendo así, la omisión de esa autoridad de citar o hacer comparecer al probable o probables indiciados para que declaren dentro de la averiguación previa no constituye un acto de imposible reparación que pueda ser combatido a través del juicio de amparo indirecto, puesto que tal declaración no constituye un requisito indispensable para que se integre aquélla, ya que el artículo 21 de la Constitución Federal no lo dispone de tal forma y, en todo caso, constituye un elemento más de prueba que puede tener en cuenta el Ministerio Público para efectos de la integración de la averiguación previa correspondiente, en ejercicio de la facultad que le concede la propia Carta Magna. De las anteriores consideraciones se advierte que el motivo fundamental por el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que el juicio de amparo indirecto resultaba improcedente en contra de la omisión del fiscal de citar a un indiciado para que declare en la etapa de averiguación previa, consistió en que tal declaración no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo dispone así. Esas mismas razones, válidamente pueden trasladarse al caso en estudio, en el que se reclama en esencia la negativa de acceso y consulta de la carpeta de investigación que, en su caso, se inició en contra del quejoso, esto es, dentro de un asunto de corte acusatorio penal, pues el precepto constitucional analizado por nuestro Supremo Tribunal Constitucional -antes de las reformas en cita- no contemplaba la citación del indiciado, y tampoco lo hace después de las mismas, ya que en la actualidad sus primeros dos párrafos -relativos también a las facultades de investigador que se le siguen confiriendo al Ministerio Público-, disponen expresamente lo siguiente: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial." Además, no existe otro precepto constitucional que constriña al representante social a notificarle al indiciado la integración o existencia de alguna carpeta de investigación seguida en su contra, ni la obligación de hacerlo comparecer a la misma, para ofrecer pruebas, ni se advierte disposición en ese sentido contenida en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, acorde con los artículos transcritos, se colige que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y/o carpeta de investigación, así como respecto de la consignación y/o ejercicio de la acción penal de estas, ya que dicha fase procedimental no irroga a la persona contra quien se inicia perjuicio alguno, en razón que ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando sean considerados probables responsables, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Lo anterior, porque de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se advierte que uno de los principios rectores de la procedencia del juicio de amparo, en casos como el presente, lo constituye el interés jurídico de quien acude a solicitar la protección federal, el cual surge con la existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse y con un acto de autoridad que lo vulnere. De ahí que la negativa a tener acceso a la carpeta de investigación de la que se duele el quejoso, no causa un perjuicio real, actual, personal y directo a sus derechos subjetivos, razón por la cual no es impugnable en amparo indirecto. En efecto, la iniciación de la investigación ministerial o la carpeta respectiva, aun sin que el quejoso tenga conocimiento de su radicación y no se le haya dado intervención, así como su determinación, no afecta sus derechos subjetivos, ya que estos se verán afectados hasta en tanto la autoridad judicial que le corresponda conocer sobre el proceso penal resuelva procedente librar o no alguna orden que afecte la libertad del quejoso. En este sentido, es indudable la improcedencia del juicio de amparo indirecto promovido contra la negativa de acceso u determinación de la carpeta ministerial instaurada en su contra, ya que dicha fase procedimental no le irroga a la parte quejosa perjuicio alguno; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Es aplicable a lo anterior, la tesis I.1o.P.89 P (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con registro 2016068, de rubro y texto siguientes: "ACCESO DEL IMPUTADO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. HASTA EN TANTO EL MINISTERIO PÚBLICO LO ESTIME CONVENIENTE PARA EL ÉXITO DE SU INVESTIGACIÓN, QUIENES TENGAN O NO RECONOCIDO AQUEL CARÁCTER DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL, NO TIENEN DERECHO A QUE SE LES PERMITA SU CONSULTA Y, POR ENDE, QUE SEAN CITADOS PARA COMPARECER, AL EXISTIR UNA RESTRICCIÓN CONSTITUCIONAL AL RESPECTO. Conforme al artículo 20, apartado B, fracción VI, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un derecho fundamental que al imputado, por la posible comisión de un delito, le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso; empero, tocante a los registros de la investigación, es específico en constreñir su acceso a tres momentos: 1) Cuando el imputado se encuentre detenido; 2) Cuando pretenda recibírsele su declaración o entrevistarlo; y, 3) Antes de su primera comparecencia ante el Juez, con la oportunidad debida para preparar la defensa. Las tres hipótesis aluden a situaciones jurídicas distintas que ocurren en diferentes momentos del proceso penal, pues mientras los supuestos 1) y 2) se refieren a acontecimientos que son dables de suceder en la etapa de investigación inicial, el diverso 3) apunta a un acto que debe verificarse en la etapa de investigación complementaria, es decir, en la fase judicializada de la investigación durante la celebración de la audiencia inicial (en la que se formula la imputación). Sin embargo, de una interpretación sistemática a tales hipótesis, se colige que las tres son coincidentes en apuntar a los registros de investigación que integra el Ministerio Público en la fase inicial y que aporta para la investigación complementaria, ya que en esta última etapa, al hallarse judicializada, todos los antecedentes y registros deben ser oportunamente hechos del conocimiento del imputado para su debida defensa y para la continuación del proceso, como lo dispone el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esa guisa, tratándose del supuesto 2), éste se refiere a una posición pasiva por parte del imputado, en la medida en que para que pueda tener acceso a los registros contenidos en la carpeta de investigación, se encuentra supeditado a la voluntad de un tercero en la que desee llevar a cabo diligencias como la de recibir declaraciones o entrevistas, las que -por antonomasia- son las que -de estimarlas necesarias- realiza el órgano persecutor (Ministerio Público) durante la investigación inicial, para el correcto esclarecimiento de los hechos denunciados. Por tanto, existe una restricción de índole constitucional que impide que quien tenga reconocido el carácter de imputado -y más aún, quien no tenga reconocida esa calidad- durante la etapa de investigación inicial, pueda acudir de manera libre y espontánea, es decir, en el momento en que así lo desee, incluso, sin necesidad de ser citado, a imponerse de los registros que obran en la carpeta de investigación, es decir, a tener acceso a ésta y así encontrarse en posibilidad de ejercer sus derechos conforme a sus intereses legales convenga. Sino que lejos de esto, ni en la Constitución Federal ni en el código mencionado se observa que el imputado tenga derecho a lo contrario, hasta en tanto el Ministerio Público así lo estime conveniente para el éxito de su investigación, tal como se advierte de los artículos 113, fracción VIII y 216 de la legislación nacional invocada. Sin que sea óbice a lo anterior, que la única condición que tiene la autoridad ministerial es que una vez que le dé el acceso condigno a los registros de la investigación al imputado, éstos ya no se podrán tener bajo reserva, salvo las excepciones previstas en la ley, pero en todos los casos deberán hacerse del conocimiento oportuno de aquél, a fin de no afectar su derecho de defensa." ... Sin que se inadvierta que el artículo 107 de la Ley de Amparo, en su fracción VII, establezca que el amparo biinstancial procede en contra de las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos; sin embargo, esa procedencia está sujeta a que se haya observado previamente el principio de instancia de parte agraviada, lo que significa que sólo el titular de un derecho legítimamente protegible es quien puede acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo en demanda de que cese su transgresión, es decir, quien demuestre que el acto reclamado le ocasiona un agravio real, actual, inmediato y directo, lo que obviamente supone la existencia de dos requisitos: que el promovente sea el directamente agraviado con el acto de autoridad y que sea titular del derecho fundamental que alega como afectado. De lo que se sigue que, como en el particular no existe algún precepto legal que disponga que necesariamente tiene que citarse al indiciado a una averiguación previa en la que se le imputen hechos, no puede existir un derecho subjetivo vulnerado por la omisión o negativa del representante social de llevar a cabo esa citación, máxime que la parte quejosa únicamente refiere que se enteró que se inició una investigación en su contra. Sustenta lo anterior, la tesis II.2o.P.50 P (10a.), con registro 2015350 y rubro: "MINISTERIO PÚBLICO. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA EL HECHO DE QUE ESA REPRESENTACIÓN SOCIAL ACUERDE SOBRE LA CONSIGNACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA O CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EJERCITA LA ACCIÓN PENAL Y SOLICITA LA ORDEN DE APREHENSIÓN O AUDIENCIA PARA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 5, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Lucas Gutiérrez Salinas. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado y en atención a la certificación realizada por el Secretario de este Juzgado, téngase como autorizada para oír y recibir notificaciones a Brenda Natividad Ruiz García. EXHORTACION DEL JUICIO EN LINEA En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección ... HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Notifíquese personalmente y cúmplase. EL PRESENTE ACUERDO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO, EN TÈRMINOS DE LA LEY DE AMPARO
- Principal
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. PARTE QUEJOSA. Lucas Gutiérrez Salinas. PERSONALIDAD. La demanda la promueve Lucas Gutiérrez Salinas, por propio derecho. AUTORIDAD RESPONSABLE Agentes del Ministerio Publico de Villa Sola de Vega Oaxaca. DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en los artículos 1,8, 14, 16 y 17 constitucionales. ACTO RECLAMADO De la lectura de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como acto reclamado, la negativa de la responsable de darle acceso a la carpeta de investigación que se encuentra integrando en su contra. REGISTRO DE EXPEDIENTE. Fórmese expediente y regístrese en el libro de registro de juicios de amparo, con el número 1411/2021, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número de expediente electrónico en mención. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que se examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis aislada LXXI/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 186605 y rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. ... En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XII, en relación con los diversos artículos 5, fracción I y de la Ley de Amparo, y artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.].". La disposición imperativa de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, determina la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, entendiéndose como tales aquellos actos jurisdiccionales que no afectan de manera real, actual, personal y directamente los derechos subjetivos (intereses jurídicos) del promovente. En el entendido que, por derecho subjetivo, se entiende el conjunto de facultades concretas atribuidas a la persona cuya situación se subsuma en la hipótesis de una norma objetiva. Ahora bien, por tener relación con los actos que se estudian en este apartado, conviene destacar el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace referencia a las facultades de investigación que constitucionalmente se otorgan al Ministerio Público en la primera fase del procedimiento penal, el cual en su texto anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, disponía en la parte inicial de su primer párrafo lo siguiente: "La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato." La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar esa porción normativa en la ejecutoria de la que deriva la jurisprudencia 1a./J. 154/2005, consideró lo siguiente: a) Que el Ministerio Público puede definirse como aquella organización de funcionarios que tanto a nivel federal como local tienen la encomienda de representar los intereses sociales en diversos procesos y cuya actividad fundamental consiste en provocar el ejercicio de la jurisdicción para que se subsanen los daños que como consecuencia de diversas conductas haya resentido la sociedad. b) Que la averiguación previa constituye medularmente una investigación a través de la cual la fiscalía trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, que presentará ante el Juez con el fin de que éste tenga buenas posibilidades de éxito y tradicionalmente se ha considerado que uno de los principios que de manera medular rige a dicho procedimiento es el de "sigilo". c) Que el Alto Tribunal de Justicia en el País, ya ha sostenido el criterio que, por regla general, la integración de la averiguación previa no es susceptible de control constitucional, porque al desconocerse cuál será el resultado de ese procedimiento entonces su trámite, por lo general, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional, la cual se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; d) Que estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al representante social, anteponiendo el interés particular al de la sociedad, y e) Que siendo así, la omisión de esa autoridad de citar o hacer comparecer al probable o probables indiciados para que declaren dentro de la averiguación previa no constituye un acto de imposible reparación que pueda ser combatido a través del juicio de amparo indirecto, puesto que tal declaración no constituye un requisito indispensable para que se integre aquélla, ya que el artículo 21 de la Constitución Federal no lo dispone de tal forma y, en todo caso, constituye un elemento más de prueba que puede tener en cuenta el Ministerio Público para efectos de la integración de la averiguación previa correspondiente, en ejercicio de la facultad que le concede la propia Carta Magna. De las anteriores consideraciones se advierte que el motivo fundamental por el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que el juicio de amparo indirecto resultaba improcedente en contra de la omisión del fiscal de citar a un indiciado para que declare en la etapa de averiguación previa, consistió en que tal declaración no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo dispone así. Esas mismas razones, válidamente pueden trasladarse al caso en estudio, en el que se reclama en esencia la negativa de acceso y consulta de la carpeta de investigación que, en su caso, se inició en contra del quejoso, esto es, dentro de un asunto de corte acusatorio penal, pues el precepto constitucional analizado por nuestro Supremo Tribunal Constitucional -antes de las reformas en cita- no contemplaba la citación del indiciado, y tampoco lo hace después de las mismas, ya que en la actualidad sus primeros dos párrafos -relativos también a las facultades de investigador que se le siguen confiriendo al Ministerio Público-, disponen expresamente lo siguiente: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial." Además, no existe otro precepto constitucional que constriña al representante social a notificarle al indiciado la integración o existencia de alguna carpeta de investigación seguida en su contra, ni la obligación de hacerlo comparecer a la misma, para ofrecer pruebas, ni se advierte disposición en ese sentido contenida en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, acorde con los artículos transcritos, se colige que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y/o carpeta de investigación, así como respecto de la consignación y/o ejercicio de la acción penal de estas, ya que dicha fase procedimental no irroga a la persona contra quien se inicia perjuicio alguno, en razón que ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando sean considerados probables responsables, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Lo anterior, porque de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se advierte que uno de los principios rectores de la procedencia del juicio de amparo, en casos como el presente, lo constituye el interés jurídico de quien acude a solicitar la protección federal, el cual surge con la existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse y con un acto de autoridad que lo vulnere. De ahí que la negativa a tener acceso a la carpeta de investigación de la que se duele el quejoso, no causa un perjuicio real, actual, personal y directo a sus derechos subjetivos, razón por la cual no es impugnable en amparo indirecto. En efecto, la iniciación de la investigación ministerial o la carpeta respectiva, aun sin que el quejoso tenga conocimiento de su radicación y no se le haya dado intervención, así como su determinación, no afecta sus derechos subjetivos, ya que estos se verán afectados hasta en tanto la autoridad judicial que le corresponda conocer sobre el proceso penal resuelva procedente librar o no alguna orden que afecte la libertad del quejoso. En este sentido, es indudable la improcedencia del juicio de amparo indirecto promovido contra la negativa de acceso u determinación de la carpeta ministerial instaurada en su contra, ya que dicha fase procedimental no le irroga a la parte quejosa perjuicio alguno; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Es aplicable a lo anterior, la tesis I.1o.P.89 P (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con registro 2016068, de rubro y texto siguientes: "ACCESO DEL IMPUTADO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. HASTA EN TANTO EL MINISTERIO PÚBLICO LO ESTIME CONVENIENTE PARA EL ÉXITO DE SU INVESTIGACIÓN, QUIENES TENGAN O NO RECONOCIDO AQUEL CARÁCTER DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL, NO TIENEN DERECHO A QUE SE LES PERMITA SU CONSULTA Y, POR ENDE, QUE SEAN CITADOS PARA COMPARECER, AL EXISTIR UNA RESTRICCIÓN CONSTITUCIONAL AL RESPECTO. Conforme al artículo 20, apartado B, fracción VI, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un derecho fundamental que al imputado, por la posible comisión de un delito, le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso; empero, tocante a los registros de la investigación, es específico en constreñir su acceso a tres momentos: 1) Cuando el imputado se encuentre detenido; 2) Cuando pretenda recibírsele su declaración o entrevistarlo; y, 3) Antes de su primera comparecencia ante el Juez, con la oportunidad debida para preparar la defensa. Las tres hipótesis aluden a situaciones jurídicas distintas que ocurren en diferentes momentos del proceso penal, pues mientras los supuestos 1) y 2) se refieren a acontecimientos que son dables de suceder en la etapa de investigación inicial, el diverso 3) apunta a un acto que debe verificarse en la etapa de investigación complementaria, es decir, en la fase judicializada de la investigación durante la celebración de la audiencia inicial (en la que se formula la imputación). Sin embargo, de una interpretación sistemática a tales hipótesis, se colige que las tres son coincidentes en apuntar a los registros de investigación que integra el Ministerio Público en la fase inicial y que aporta para la investigación complementaria, ya que en esta última etapa, al hallarse judicializada, todos los antecedentes y registros deben ser oportunamente hechos del conocimiento del imputado para su debida defensa y para la continuación del proceso, como lo dispone el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esa guisa, tratándose del supuesto 2), éste se refiere a una posición pasiva por parte del imputado, en la medida en que para que pueda tener acceso a los registros contenidos en la carpeta de investigación, se encuentra supeditado a la voluntad de un tercero en la que desee llevar a cabo diligencias como la de recibir declaraciones o entrevistas, las que -por antonomasia- son las que -de estimarlas necesarias- realiza el órgano persecutor (Ministerio Público) durante la investigación inicial, para el correcto esclarecimiento de los hechos denunciados. Por tanto, existe una restricción de índole constitucional que impide que quien tenga reconocido el carácter de imputado -y más aún, quien no tenga reconocida esa calidad- durante la etapa de investigación inicial, pueda acudir de manera libre y espontánea, es decir, en el momento en que así lo desee, incluso, sin necesidad de ser citado, a imponerse de los registros que obran en la carpeta de investigación, es decir, a tener acceso a ésta y así encontrarse en posibilidad de ejercer sus derechos conforme a sus intereses legales convenga. Sino que lejos de esto, ni en la Constitución Federal ni en el código mencionado se observa que el imputado tenga derecho a lo contrario, hasta en tanto el Ministerio Público así lo estime conveniente para el éxito de su investigación, tal como se advierte de los artículos 113, fracción VIII y 216 de la legislación nacional invocada. Sin que sea óbice a lo anterior, que la única condición que tiene la autoridad ministerial es que una vez que le dé el acceso condigno a los registros de la investigación al imputado, éstos ya no se podrán tener bajo reserva, salvo las excepciones previstas en la ley, pero en todos los casos deberán hacerse del conocimiento oportuno de aquél, a fin de no afectar su derecho de defensa." ... Sin que se inadvierta que el artículo 107 de la Ley de Amparo, en su fracción VII, establezca que el amparo biinstancial procede en contra de las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos; sin embargo, esa procedencia está sujeta a que se haya observado previamente el principio de instancia de parte agraviada, lo que significa que sólo el titular de un derecho legítimamente protegible es quien puede acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo en demanda de que cese su transgresión, es decir, quien demuestre que el acto reclamado le ocasiona un agravio real, actual, inmediato y directo, lo que obviamente supone la existencia de dos requisitos: que el promovente sea el directamente agraviado con el acto de autoridad y que sea titular del derecho fundamental que alega como afectado. De lo que se sigue que, como en el particular no existe algún precepto legal que disponga que necesariamente tiene que citarse al indiciado a una averiguación previa en la que se le imputen hechos, no puede existir un derecho subjetivo vulnerado por la omisión o negativa del representante social de llevar a cabo esa citación, máxime que la parte quejosa únicamente refiere que se enteró que se inició una investigación en su contra. Sustenta lo anterior, la tesis II.2o.P.50 P (10a.), con registro 2015350 y rubro: "MINISTERIO PÚBLICO. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA EL HECHO DE QUE ESA REPRESENTACIÓN SOCIAL ACUERDE SOBRE LA CONSIGNACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA O CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EJERCITA LA ACCIÓN PENAL Y SOLICITA LA ORDEN DE APREHENSIÓN O AUDIENCIA PARA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 5, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Lucas Gutiérrez Salinas. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado y en atención a la certificación realizada por el Secretario de este Juzgado, téngase como autorizada para oír y recibir notificaciones a Brenda Natividad Ruiz García. EXHORTACION DEL JUICIO EN LINEA En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección ... HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Notifíquese personalmente y cúmplase.
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