Lucía Alonso Sereno
Expediente 818/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 818/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 16/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Lucía Alonso Sereno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. 1. Llegada de autos. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta los autos del juicio de amparo 818/2022, así como testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión civil 326/2022, en sesión de tres de agosto de dos mil veintitrés, que contiene los puntos resolutivos siguientes: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Lucía Alonso Sereno, contra los actos reclamados y autoridades precisada en el resultando primero de esta ejecutoria." Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes; las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado y en el sistema integral de seguimiento de expedientes y acúsese recibo. Asimismo del cuaderno de antecedentes formado con motivo de la substanciación del recurso de referencia, extráiganse únicamente las constancias originales a fin de que sean glosadas a este sumario y el resto destrúyase por ser copias simples. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del año en curso, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Una vez que transcurran tres años de conservación, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del mencionado Acuerdo General. 2.2. Incidente de suspensión. En los autos del cuaderno incidental se negó la suspensión provisional y la suspensión definitiva de los actos reclamados. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 20, fracción III del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el original del incidente de suspensión ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 2.3. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 19, del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase siempre que exista el original. 3. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones del titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/4287/2023, suscrito por la secretaria técnica de comisión permanente, con autorización para actuar en términos de los Artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; dando fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Informa turno de recurso. Glósense a los autos el correo electrónico proveniente de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual informa a este órgano jurisdiccional, que el recurso de revisión interpuesto por la quejosa Lucia Alonso Sereno, fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad; circunstancia que acredita con una impresión de la boleta del sistema de turno; de lo que se toma conocimiento para los fines legales a que haya lugar. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. 1. Se requieren copias. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito signado por la quejosa Lucia Alonso Serrano, por medio del cual interpone de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Ahora, a fin de estar en condiciones de dar trámite a dicho recurso, con fundamento en el artículo 88 de la Ley de Amparo, requiérase a la quejosa para que, dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que al efecto se le practique, exhiba dos copias más de su escrito de agravios, toda vez que fue omisa en exhibir las copias para correr traslado a todas las partes. 1.1. Apercibimiento. Apercibida que de no hacerlo dentro del plazo indicado, se tendrá por no interpuesto dicho medio de impugnación, con fundamento en el artículo 88, último párrafo, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Janette Pérez García, quien da fe.
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 818/2022, promovido por Lucía Alonso Sereno, por alegada violación de los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán y al Director de Seguridad Publica y Tránsito Municipal de Tacámbaro; este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO. Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la quejosa reclama: El auto de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 216/2016, promovido por Óscar Díaz García en contra de la quejosa, proveído que ordenó la entrega real y material del bien inmueble ubicado en la calle Privada de Aldama, interior C, número ciento veintiuno, en el centro de Tacámbaro, Michoacán. La diligencia de entrega real y material del bien inmueble citado a favor de Óscar Díaz García, efectuada el seis de julio de dos mil veintidós. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución y fueron emitidos por autoridad residente dentro de la circunscripción territorial de este juzgado. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama a las autoridades responsables, ya que el Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Tacámbaro, Michoacán, lo reconoció expresamente; y por lo que respecta al Director de Seguridad Pública Municipal, sin bien es cierto que negó el acto que se le atribuye, lo cierto es que dicha negativa se ve desvirtuada con lo manifestado por la autoridad ordenadora, esto es, que en efecto a través del auto de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, autorizó el uso de la fuerza pública, intervención que sí tuvieron los elementos de seguridad pública durante el desahogo de la diligencia de entrega real y material del inmueble reclamada. Además, dicha certeza se corrobora con las constancias que la autoridad responsable remitió con el informe justificado, consistentes en el expediente original 216/2016, con valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Causal de improcedencia. La procedencia y el sobreseimiento del juicio de amparo constituyen presupuestos procesales que deben estudiarse aun de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Tacámbaro, Michoacán, en apoyo a su informe, se advierte de manera oficiosa la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Por su parte, los artículos 17 y 18 de la ley de la materia establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De lo transcrito se advierte que existen tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para iniciar el juicio de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal; de lo que se sigue, que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. De ahí que el cómputo para la promoción del juicio de amparo -en la vía indirecta-, comienza a correr a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis señaladas en líneas supra, las cuales son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Ahora bien, en el caso, la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado -auto de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, que ordenó la entrega real y material del bien inmueble rematado- desde el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. A fin de evidenciar lo anterior, es conveniente citar de manera sucinta las principales actuaciones desarrolladas durante la tramitación del juicio ejecutivo mercantil 216/2016, del índice del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. 1. El veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, el tercero interesado Oscar Díaz García interpuso demanda en la vía ejecutiva mercantil en contra de la aquí quejosa, la que dio origen al expediente 216/2016 del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia en Materia Civil de Tacámbaro, Michoacán. 2.- Por auto de treinta de marzo de ese mismo año, se admitió a trámite la demanda mercantil en la vía y forma propuestas, y al tomar en consideración que los pagarés base de la acción traen aparejada ejecución, despachó auto de ejecución en contra de la demandada -aquí quejosa-; diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento que se llevó a cabo el dieciocho de abril de dos mil dieciséis, en la cual, ante la falta de pago de las prestaciones reclamadas la propia demandada señaló para garantizar el cumplimiento de lo reclamado el siguiente bien raíz: -La totalidad de la finca urbana destinada para casa habitación, ubicada en la calle Privada de Aldama, número ciento veintiuno, del municipio de Tacámbaro, Michoacán. Y en uso de la voz de la parte actora, señaló para embargo el siguiente bien inmueble: -Local número tres, de la zona dos del centro comercial popular, ubicado en la calle Madero Oriente, número ochenta y siete de la calle Fray Alonso de la Veracruz, número ciento doce de la ciudad de Tacámbaro, Michoacán. Bienes inmuebles, que el actuario adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil de Tacámbaro, Michoacán, declaró bien y formalmente embargados. 3. Seguida la secuela procesal, el cinco de enero de dos mil diecisiete, en cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito al resolver el amparo directo civil 751/2016, la responsable dictó sentencia definitiva en la que condenó a Lucía Alonso Sereno, al pago de las prestaciones reclamadas; asimismo, ordenó hacer trance y remate de los bienes inmuebles embargados en autos, a fin de que con su producto se hiciera pago al acreedor de las prestaciones a que resultó condenada la enjuiciada. 4. Por auto de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, ordenó poner los autos en estado de ejecución. 5. Por escrito presentado ante el juez de origen el tres de noviembre de dos mil veinte, la parte actora solicitó la adjudicación directa de la totalidad de la finca urbana destinada para casa habitación ubicada en la calle Privada de Aldama, interior "C", número ciento veintiuno, del municipio de Tacámbaro, Michoacán. Petición a la cual recayó acuerdo dictado el seis de noviembre de dos mil veinte, en el que el juez de origen decretó la adjudicación directa de dicho bien inmueble en favor del actor, al cien por ciento del valor fijado en el avalúo emitido en los autos del sumario de origen. 6. El nueve de diciembre de dos mil veinte, ordenó remitir los autos que integran el juicio ejecutivo mercantil 216/2016, a la notaría pública número Treinta y Tres con ejercicio y residencia en Tacámbaro, Michoacán, para que realizara la escrituración correspondiente respecto del inmueble adjudicado. 7. Por auto de cuatro de febrero de la presente anualidad, se tuvo a la parte actora en aquél juicio, exhibiendo la escritura pública cuatro mil setecientos cuarenta y seis pasada ante la fe del notario Treinta y Tres con ejercicio y residencia en Tacámbaro, Michoacán, por lo que se ordenó requerir a la demandada aquí quejosa para que en el plazo de tres días hiciera la entrega real y material del bien inmueble adjudicado, proveído que fue notificado a aquélla el ocho de febrero siguiente. 8. Ante el incumplimiento de la demandada, por auto de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, a petición de la parte actora, el juez responsable señaló fecha y hora para la entrega real y material del bien inmueble adjudicado, lo que incluso autorizó con el uso de la fuerza pública de ser necesario; diligencia que se practicó el seis de julio del año actual. Determinación y diligencia que constituyen el acto reclamado en esta instancia constitucional. De la anterior reseña de actos procesales, se advierte que en efecto la quejosa Lucía Alonso Sereno, tuvo conocimiento completo del acuerdo que ordenó realizar la entrega real y material del bien inmueble afecto desde el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, porque en esa data surtió efectos la notificación practicada a las partes mediante lista de acuerdos de esa misma fecha, y no el seis de julio de dos mil veintidós en que se practicó la diligencia de entrega como lo pretende hacer creer la quejosa. Por tanto, si la impetrante de amparo tuvo conocimiento del acto reclamado desde el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, entonces, el plazo para promover el juicio de amparo le comenzó a contar del veinticinco de marzo al diecinueve de abril de ese año, de tal suerte que al veintisiete de julio de dos mil veintidós, fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, había transcurrido en exceso el plazo de quince días que indica el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que el acto reclamado, debe reputarse como consentido tácitamente, actualizándose así la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley reglamentaria. A manera ilustrativa se cita la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Resulta aplicable también por analogía, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Sin que este órgano jurisdiccional soslaye que la quejosa reclama también la diligencia de entrega de posesión real y material del bien inmueble adjudicado practicada el seis de julio de dos mil veintidós, pues se trata de una actuación posterior del procedimiento de ejecución que se encuentra vinculada a la eficacia de la orden de entrega del bien adjudicado, de manera que no procede su estudio de manera desvinculada del procedimiento del que pertenece, ya que es a partir de la orden de entrega al adjudicatario del bien rematado que debe plantearse el juicio de amparo indirecto. Cobra aplicación a lo anterior el criterio siguiente: "PROCEDIMIENTO DE REMATE. LA OPORTUNIDAD PARA ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES DESDE EL AUTO QUE ORDENA LA ENTREGA DE LA POSESIÓN DEL BIEN INMUEBLE REMATADO AL ADJUDICATARIO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. La fracción citada establece dos hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto distintas entre sí: la primera, si se trata de actos de ejecución de sentencia, en que sólo podrá promoverse contra la última resolución en el procedimiento de ejecución respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; la segunda, en los procedimientos de remate de bienes, procede contra la resolución que ordena otorgar la escritura de adjudicación, o bien, entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados; como también lo dispone la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), de título y subtítulo: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". Ahora bien, todas las actuaciones posteriores del procedimiento de ejecución de sentencia están vinculadas a la eficacia del remate y adjudicación del bien; de manera que el acto en el que se ordena turnar los autos al actuario para proceder a la ejecución del lanzamiento del inmueble rematado y entregarlo al adjudicatario, incluso, con uso de la fuerza pública, no es propiamente la resolución que ordena otorgar la escritura de adjudicación, o bien, entregar la posesión del bien rematado, porque es posterior a esa primera orden, por lo que no puede impugnarse aislada o desvinculada del procedimiento de remate al que pertenece, pues a partir de la orden de entrega al adjudicatario del bien rematado es que puede plantearse el juicio de amparo indirecto. En ese orden, la última resolución en la fase de remate, es la que ordena otorgar la escritura de adjudicación, o bien, entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados, para fines del juicio constitucional. De manera que cuando el acto procesalmente se ubica en el procedimiento de ejecución del remate, esto es, en las actuaciones para poner en posesión al adjudicatario sobre el bien raíz rematado, al ser contemporáneo a la orden para otorgar la escritura de adjudicación, o bien, a la orden para entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados, es evidente que no puede estar al margen del procedimiento de remate del que surge, pues la oportunidad para acudir al juicio de amparo es desde el auto que ordena esa entrega. Lo que no significa que pueda formularse demanda de amparo por cada orden de entrega de posesión que el Juez de instancia formule a favor del adjudicatario pues, de ser así, el juicio de amparo es improcedente, conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 217, ambos de la ley de la materia. En tales condiciones al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61 fracción XIV, en relación con el numeral 17 de la ley de la materia, respecto al acto reclamado a que se hace referencia en este apartado de consideraciones, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. Sirve de apoyo a la anterior determinación por las razones que la informan, la tesis I.4o.A.20 K, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. ES PROCEDENTE CUANDO LA DEMANDA FUE PRESENTADA EXTEMPORANEAMENTE, SIN IMPORTAR QUE INICIALMENTE EL JUEZ LA HUBIESE ADMITIDO. El hecho de que sea hasta la sentencia que se sobresea en el juicio de amparo, con fundamento en lo que establece la fracción XII, del artículo 73, de la Ley de Amparo, es decir, cuando el Juez al momento de dictar resolución, advierta que la demanda fue presentada extemporáneamente, no resulta incongruente con el hecho de haber sido admitida a trámite, pues en el auto admisorio sólo se establece el cumplimiento de determinados requisitos y si en aquél, el a quo no se percató o no señaló la extemporaneidad de la demanda, ello obedece a que las partes tienen hasta la audiencia constitucional la oportunidad de aportar las pruebas necesarias y de formular los alegatos convenientes a su favor, pues la manifestación del quejoso de haber conocido el acto reclamado en determinada fecha, pudo variar al exhibir las constancias de notificación relativas, de tal suerte que si el Juez al momento de dictar sentencia, se percató de que la demanda se presentó en forma extemporánea, de acuerdo al citado artículo, la resolución que sobreseyó fue correcta." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 818/2022 promovido por Lucía Alonso Sereno, contra los actos reclamados que quedaron precisados en el considerando primero y por las razones expuestas en el diverso considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales, con quien actúa y da fe.
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