Lucia Alonso Sereno
Expediente 315/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 315/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Lucia Alonso Sereno
- Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán.
Actuaciones
- Principal
por este medio se notifica a la quejosa el auto de tres de abril de dos mil dicienueve, que en sintensis dice: Morelia, Michoacán, tres de abril de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado en el presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se desechó la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Devolución de documentos. Ahora bien, en el expediente se encuentran documentos que anexó a su escrito inicial de demanda; por tanto, se requiere a la parte quejosa, para que acuda a este juzgado, dentro de un plazo de noventa días a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Josué Romero Mena, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de abril de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado en el presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se desechó la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Devolución de documentos. Ahora bien, en el expediente se encuentran documentos que anexó a su escrito inicial de demanda; por tanto, se requiere a la parte quejosa, para que acuda a este juzgado, dentro de un plazo de noventa días a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Josué Romero Mena, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Colegiado admite revisión. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual, hace del conocimiento a este órgano jurisdiccional que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, el cual dio origen al recurso de revisión civil 67/2019. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. Ampliación de demanda. Agréguese el escrito signado por los quejosos Jeanett Fabiola Pérez Tinoco, Angélica María Merino Cisneros, Haydé Hernández Rentería, Carmen Criceida González Magaña, Serafin Mora Castro, Daniel Sánchez Díaz Barriga, Justino Marín Rodríguez, Daniel Martínez Arenas, Jesús Alfredo Duarte Briz y Agustín González Vargas, mediante el cual amplían la demanda de amparo en relación a los actos reclamados consistentes en: a) El acuerdo por el que se autoriza la publicación del Manual que regula las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. b) El Acuerdo General del Comité Coordinador para homologar criterios en materia administrativa e interinstitucional del Poder Judicial de la Federación (PJF), que establece las medidas de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y modernización de la gestión del PJF para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. c) Omisiones materialmente legislativas, por no incluir en el indicado acuerdo general identificado con el inciso b), medidas con perspectiva de género (que se desarrollarán en los conceptos de violación). Lo anterior, a pesar del mandato expreso contenido en el considerando segundo del propio acuerdo, así como en los numerales 1°, párrafo segundo, 27, fracción III, 28, fracción V, 75, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 2°, 18 a 20 y sexto transitorio correspondiente a la emisión de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 7, inciso c) y e), 8, inciso c), f) y h), y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; y 2 a 6, 7, inciso b), 10, 11, 13, inciso a), de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. d) Criterios que regulan la Autorización y Pago a Personal a Cargo del Consejo de la Judicatura Federal que sustituye a otro que se separa temporalmente de su empleo. Actos atribuidos a las autoridades responsables: ? Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; y en su carácter del Presidente del Comité Coordinador para Homologar Criterios en Materia Administrativa e Interinstitucional del Poder Judicial de la Federación. ? Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Coordinador para Homologar Criterios en Materia Administrativa e Interinstitucional del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, tomando en consideración que en auto de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, el Titular de este órgano jurisdiccional se declaró impedido para conocer del juicio de amparo número 1007/2018, al que pertenece el cuaderno de antecedentes en que se actúa, mismo que fue remitido al Tribunal Colegiado correspondiente para su calificación, sin que a la fecha haya sido resuelto; en consecuencia, resérvese acordar lo que en derecho corresponda respecto de la citada ampliación de demanda, hasta en tanto sea resuelto el aludido impedimento; toda vez que si bien el titular de este órgano no promovió juicio de amparo por los referidos actos reclamados, también lo es que éstos sí se encuentran vinculados con los que originalmente se reclamaron tanto por los ahora quejosos como por el propio Juez de Distrito. Por otra parte, toda vez que del contenido del escrito de ampliación de demanda se advierte que la parte quejosa solicita la suspensión del acto por el cual la amplían, en términos de lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Amparo, resuélvase sobre tal medida cautelar solicitada, toda vez que el citado precepto legal establece, incluso, que el que se excuse deberá, en su caso, proveer sobre la suspensión de los actos reclamados, excepto cuando se aduzca tener interés personal en el asunto; sin embargo, como se expuso en auto de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, este juzgador estima que no se actualiza esta última hipótesis, toda vez que la hipótesis de impedimento planteada fue la contenida en la fracción VI del artículo 51 de la Ley de la materia, que de suyo no conlleva tal interés, sino, como se patentizó, esta última hipótesis tiene como fin no sentar un precedente que pudiera afectar la resolución del juicio de amparo en el que son parte. En consecuencia, ante la falta de actualización del interés personal de este juzgador en el caso, se debe proveer lo correspondiente en relación con la suspensión que del acto reclamado se solicita en el escrito de ampliación de demanda, al no existir obstáculo legal para tal efecto. Máxime que no debe perderse de vista que en nuestro sistema jurídico es inadmisible que un conflicto se quede sin solución, pues ello traería como consecuencia hacer nugatorio el contenido del artículo 17 constitucional. A lo que resulta importante precisar que al referir el citado artículo 53 a "interés personal, es claro que con base en el sistema de impedimentos de la Ley de Amparo, alude al propio interés personal a que se contrae la fracción II del precepto 51 del mismo ordenamiento legal en esa medida y alcance y no a cualquier otra fracción, como la VI, en razón de que al ser un supuesto de excepción no puede dársele, como se vio, una interpretación extensiva para aplicarse a otras hipótesis. Máxime que la literalidad de ese dispositivo 53, respecto al interés personal, no deja duda en cuanto a que se refiere a la causal de excusa de la referida fracción II, por lo que, ante ello, no está sujeta a interpretación alguna, menos de carácter extensivo. Por último, debe destacarse que tomando en consideración que el citado artículo 53 de la Ley de Amparo, establece que El que se excuse deberá, en su caso, proveer sobre la suspensión, sin mencionar expresamente si en el caso, de plantearse un impedimento, debe proveerse sobre la medida cautelar en una sola determinación o si debe abrirse y tramitarse un incidente de suspensión para tal efecto, se estima que es más acorde a los principios de imparcialidad y certeza jurídica de la partes, que lo relativo a la medida cautelar se provea en un sola determinación, pues de esa forma se evita que el juzgador que se declare impedido emita diversas resoluciones que necesariamente implicarían el trámite de un incidente. Medida Cautelar El análisis de procedencia de la medida cautelar solicitada y, en su caso, los alcances serán exclusivamente en relación con los efectos de los actos reclamados que se desprenden justamente del apartado de la ampliación de la demanda de amparo intitulado suspensión, mismos que consisten en: "a) Se permita a los hijos e hijas de los trabajadores y las trabajadoras que utilicen servicio de transporte de trabajo, el uso de éste. Con especial relevancia a quienes por su minoría de edad, deben asistir al CENDI. b) Se permita a los hijos e hijas de los trabajadores y las trabajadoras que utilicen el servicio de comedor existente en los edificios del PJF. c) Se autorice y paguen las sustituciones de las personas que tengan algún tipo de licencia autorizada por el ISSSTE, con especial referencia a aquellas que hayan sido otorgadas por cuestiones de maternidad. d) Se autoricen y paguen las licencias por paternidad. e) Se conceda el aumento de las remuneraciones de las suscritas, con base en el factor inflacionario del mes que corresponda". Lo anterior con apoyo, en la Jurisprudencia número 2a./J. 111/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 98, tomo XVIII, Diciembre de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos. Cabe precisar que de los anexos que los quejosos acompañaron a la demanda inicial, se advierte que todos ellos son: 1. Jeanett Fabiola Pérez Tinoco, secretaria de tribunal de base adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito; 2. Angélica María Merino Cisneros, secretaria de tribunal de base adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito; 3. Haydé Hernández Rentería, secretaria de tribunal de base adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito; 4. Carmen Criceida González Magaña, secretaria de tribunal de base adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito; 5. Serafín Mora Castro, secretario de tribunal de base adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito; 6. Daniel Sánchez Díaz Barriga, secretario de tribunal de base adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito; 7. Justino Marín Rodríguez, secretario de tribunal de base adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito; 8. Daniel Martínez Arenas, secretario de tribunal de base adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito; 9. Jesús Alfredo Duarte Briz, secretario de tribunal de base adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito; y 10. Agustín González Vargas, secretario particular de magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito. Ahora bien, en relación con la procedencia de la medida cautelar, el artículo 128 de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." Y que al proveer respecto de la medida cautelar solicitada, el juzgador atienda el contenido del siguiente precepto: Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente. Además de los requisitos señalados en el precepto que antecede, en diversos criterios emitidos por los tribunales que conforman el Poder Judicial de la Federación, se han establecido los siguientes criterios de procedencia para decretar la suspensión de los actos reclamados, en el orden que enseguida se citan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva se requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etcétera); 4. La parte quejosa debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la medida cautelar provisional y, en grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. Apoya lo anterior la jurisprudencia por reiteración XXVII.3o. J/2 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2007358, de rubro siguiente: SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Por otro lado, cabe destacar, que si bien es cierto no se ha establecido un criterio que defina concluyentemente lo que debe entenderse por interés social, también lo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido razonablemente que en términos generales, es aquél que de concederse la suspensión, se privaría a la colectividad de un beneficio que las leyes le otorgan. Al efecto, se invoca la jurisprudencia 8, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Informe 1973, Parte II, Séptima Época, registro: 805484, de rubro: SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. Del criterio precedente, se advierte que interés social es todo aquello que tienda a la protección del derecho subjetivo que la normatividad positiva (llámese ley constitucional o secundaria) otorga a la comunidad social como tal, siempre y cuando se contraponga con el derecho subjetivo de cada uno de los miembros en particular. No pasa desapercibido que el interés social se encuentra estrechamente vinculado al concepto de orden público, no obstante que resulte difícil su definición; así, el interés social es aquél que existe cuando, debido a la existencia y realización de algún acto, omisión u hecho, la sociedad, considerada como la comunidad de personas que integran una población determinada puede obtener un provecho o una ventaja previstos en la ley, ya sea mediante la satisfacción de una necesidad colectiva, o el rechazo de cualquier trastorno que resulte en un mal público, todo ello con el propósito de alcanzar el bienestar común. De ahí que, al valorarse cada caso en concreto, se debe ponderar en qué forma se logra el respeto al orden público y al interés social, lo que llevará a concluir si se debe o no conceder la medida cautelar, pues si bien, existen leyes que otorgan beneficios a la colectividad, de los que no debe privársele, por encima de esas leyes está la Constitución y es entonces cuando debe considerarse que el interés social y el orden público no se salvaguardan sólo con el respeto a las leyes, sino fundamentalmente, con la tutela de los derechos humanos, ya que la sociedad también se encuentra interesada en que no queden irremediablemente consumadas las violaciones a esos derechos. Por tanto, se sigue perjuicio al interés social cuando de concederse la suspensión se causen daños y perjuicios a la sociedad, se le prive un provecho concreto y generalizado con la ejecución del acto reclamado, o se obstaculice directamente la satisfacción de una necesidad pública. Por otra parte, se contravienen disposiciones de orden público al conceder la suspensión cundo dichas disposiciones tutelen auténticamente los derechos de la colectividad, tiendan a evitar un mal público o busquen satisfacer una necesidad pública, siempre que la suspensión afecte a ese orden público y, en su caso, se deben examinar los diversos grados de afectación que se causen al interés social y al orden público, así como los daños y perjuicios que pude sufrir la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones la tesis consultable en la página 185, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Séptima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, volumen 72, Sexta Parte, registro: 254979, de título: SUSPENSIÓN. INTERÉS SOCIAL O INTERÉS PÚBLICO. SU DEMOSTRACIÓN. Así como la tesis consultable en la página 187 del Semanario Judicial del Federación, Séptima Época, Tribunales Colegiados del Primer Circuito, volumen 72, Sexta Parte, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registro: 254980, de rubro: "SUSPENSIÓN. PRUEBA DEL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL." Establecido lo anterior, al encontrarse reunidos los requisitos establecidos en los artículos 125, 128, 129, y 131, de la Ley de Amparo, y dado que existe solicitud expresa de la parte quejosa, para decidir sobre la suspensión de los actos reclamados, en relación con sus consecuencias jurídicas, se procede realizar el siguiente análisis: Tratándose de medidas cautelares, como la que es solicitada por la parte quejosa, opera un principio fundamental, que a continuación se expone: Apariencia del buen derecho. El cual apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a tener una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso; y, Con la teoría de la apariencia del buen derecho, es factible que los Juzgadores de amparo realicen la comprobación de la existencia del derecho humano que debe ser protegido, lo que constituye la base y el sustento para decretar una medida cautelar, cuyo objeto es mantener las cosas en el estado en que se encuentran y, cuando así lo amerite el caso, hacer una restitución provisional con el fin de mantener viva la materia del juicio en lo principal; evitando con ello que los actos reclamados se consumen de tal forma que sea imposible o improbable la restitución a la parte quejosa en el goce pleno del derecho humano que se dice violado, volviendo con ello inocuo el juicio constitucional. Así, en uso de la atribución conferida al juzgador de amparo para que realice un asomo provisional a la constitucionalidad del acto -apariencia del buen derecho- y a efecto de evitar que se genere algún perjuicio en relación con la parte quejosa, de acuerdo con lo expuesto en la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corta de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, Diciembre de 2009, página 315, Novena Época, con número de registro 165659, de rubro y texto siguiente: SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTELA APARIENCIA DEL BUENDERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida. Por tanto, en uso de dicha atribución, a simple vista o en un asomo provisional no se advierte que las consecuencias de los actos reclamados resulten inconstitucionales, pues gozan de presunción de constitucionalidad, ya que a los aquí impetrantes les corresponde formular argumentos suficientes a fin de demostrar su inconstitucionalidad, los cuales únicamente son susceptibles de analizarse en la sentencia relativa al juicio principal, por lo que no se advierte la existencia algún derecho humano que deba ser protegido o restituido de manera provisional, con la finalidad de mantener viva la materia del juicio de amparo, ni que los actos puedan consumar de manera que sea imposible o improbable la restitución a la parte quejosa en el goce pleno del derecho humano que se dice violado. Lo anterior, aunado a que de momento no se advierte que los ahora quejosos se encuentren en las hipótesis o sean destinatarios de las consecuencias jurídicas de los actos por los cuales solicitan la medida cautelar, es decir, no se acredita que tengan hijos que utilicen transporte de trabajo y que éstos asistan al CENDI, que cuenten con algún tipo de licencia autorizada por el ISSSTE, o bien, que tengan relación directa con el pago de alguna licencia por paternidad, sino que ello se menciona de manera genérica. Asimismo, constituye hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que en el Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, no se cuenta con servicio de comedor comunitario para los trabajadores de los distintos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Decisión sobre la Medida Cautelar En consecuencia, sin prejuzgar respecto de la constitucionalidad o no de los actos reclamados y dado que existe solicitud expresa de la medida solicitada, con fundamento en los artículos 128, 130 y 138 de la Ley de Amparo, se niega a los quejosos la medida cautelar solicitada, en virtud de lo expuesto en párrafos precedentes. Colegiado acusa recibo. Por otro lado, téngase por recibido el oficio que remite la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual acusa recibo del oficio 5461/2019, el cual dio origen a la queja administrativa 38/2019; lo que se asienta para constancia y demás efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.
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