Lucero Mendoza Crisanto

Expediente 552/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
552/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
04/11/2020

Partes del expediente

  • Lucero Mendoza Crisanto

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 552/2020-II Puebla, Puebla, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Declaración de ejecutoria. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que las partes no recurrieron la sentencia donde se determinó sobreseer el presente juicio. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE LA REFERIDA SENTENCIA ALCANZÓ EL RANGO DE EJECUTORIA. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de ejecutoria y que el presente asunto constituye un asunto concluido, por lo que se ordena el archivo del mismo en los términos que enseguida se precisan. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte- el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Resguardo del expediente Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis o Depósito Documental que corresponda; ello después de realizada la depuración del expediente. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta emitir oficio para notificar este acuerdo a la autoridad tercera interesada, pues ningún derecho procesal está involucrado. Aunado a que si las responsables, el fiscal adscrito, el tercero interesado o el quejoso desearan conocer el estado de este juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar al resto de las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Incidente de suspensión. Por último, se deja establecido que en el presente asunto no se apertura incidente de suspensión porque la parte quejosa no lo solicitó. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    SE RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ***, respecto de los actos precisados en el punto considerativo segundo, dada su inexistencia. SEGUNDO. Publíquese la sentencia en los términos que se indican en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 552/2020-II. Puebla, Puebla, dos de octubre de dos mil veinte. Se agrega al expediente el escrito (y anexo) de la quejosa Lucero Mendoza Crisanto. En ese escrito, realiza manifestaciones a manera de alegatos respecto al informe justificado de las autoridades responsables y ofrece como prueba para desvirtuarlos (su negativa) la testimonial de José Mario Romero Aquino. En consecuencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, quedan expresadas las manifestaciones de la citada quejosa, para que se consideren en el momento procesal oportuno. Por otra parte, en relación a la prueba que ofrece, debe precisarse que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de confesional por posiciones. Sin embargo, no debe caerse en el error de pensar que la autoridad judicial está obligada, en todos los casos, a recabar las pruebas ofrecidas por las partes, porque para su admisión deben cumplir con los principios de pertinencia e idoneidad. Ahora, el primero de tales principios impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto. Por su parte, el segundo, regido, a su vez, por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar. De modo que admitir y desahogar una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio del justiciable y de la pronta y expedita impartición de justicia. En el caso, la quejosa ofrece como prueba la testimonial a cargo de ***, chofer del vehículo materia del juicio de amparo. Ello, refiere, para desvirtuar la negativa de la autoridad responsable ordenadora (Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Amozoc, Puebla). Ahora, de la demanda y escrito aclaratorio se advierte que la quejosa le reclama ".ordenar la detención del vehículo Versa.". Pero el testimonio ofrecido va encaminado a demostrar que el vehículo fue asegurado, más no que dicho aseguramiento haya sido ordenado por la referida responsable. Lo anterior se patentiza con el cuestionario que anexa a su escrito de ofrecimiento, porque se concentra a exponer si el testigo conoce a la quejosa, y las circunstancias en las cuales le fue detenido el vehículo. Bajo esa óptica, de advierte que la prueba ofrecida no guarda relación con la litis en este juicio, relativa a la orden de aseguramiento emitida por la agente responsable. Pues la misma fue ofrecida para acreditar la detención del vehículo (misma que pareciera no está sometida a debate por las partes) y no así para desvirtuar la negativa de la responsable. Por tanto, ante el incumplimiento de los principios de idoneidad y pertinencia, se desecha la prueba testimonial ofrecida por la quejosa. Notifíquese; de manera personal a la quejosa.

  4. Principal

    DADO QUE SE DEJÓ CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA SIN QUE COMPARECIERA A NOTIFICARSE DE FORMA PERSONAL DE LA RESOLUCIÓN DE DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA. JUICIO DE AMPARO 552/2020-II. Puebla, Puebla, dos de octubre de dos mil veinte. Se agrega al expediente el escrito (y anexo) de la quejosa Lucero Mendoza Crisanto. En ese escrito, realiza manifestaciones a manera de alegatos respecto al informe justificado de las autoridades responsables y ofrece como prueba para desvirtuarlos (su negativa) la testimonial de José Mario Romero Aquino. En consecuencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, quedan expresadas las manifestaciones de la citada quejosa, para que se consideren en el momento procesal oportuno. Por otra parte, en relación a la prueba que ofrece, debe precisarse que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de confesional por posiciones. Sin embargo, no debe caerse en el error de pensar que la autoridad judicial está obligada, en todos los casos, a recabar las pruebas ofrecidas por las partes, porque para su admisión deben cumplir con los principios de pertinencia e idoneidad. Ahora, el primero de tales principios impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto. Por su parte, el segundo, regido, a su vez, por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar. De modo que admitir y desahogar una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio del justiciable y de la pronta y expedita impartición de justicia. En el caso, la quejosa ofrece como prueba la testimonial a cargo de ***, chofer del vehículo materia del juicio de amparo. Ello, refiere, para desvirtuar la negativa de la autoridad responsable ordenadora (Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Amozoc, Puebla). Ahora, de la demanda y escrito aclaratorio se advierte que la quejosa le reclama ".ordenar la detención del vehículo Versa.". Pero el testimonio ofrecido va encaminado a demostrar que el vehículo fue asegurado, más no que dicho aseguramiento haya sido ordenado por la referida responsable. Lo anterior se patentiza con el cuestionario que anexa a su escrito de ofrecimiento, porque se concentra a exponer si el testigo conoce a la quejosa, y las circunstancias en las cuales le fue detenido el vehículo. Bajo esa óptica, de advierte que la prueba ofrecida no guarda relación con la litis en este juicio, relativa a la orden de aseguramiento emitida por la agente responsable. Pues la misma fue ofrecida para acreditar la detención del vehículo (misma que pareciera no está sometida a debate por las partes) y no así para desvirtuar la negativa de la responsable. Por tanto, ante el incumplimiento de los principios de idoneidad y pertinencia, se desecha la prueba testimonial ofrecida por la quejosa. Notifíquese; de manera personal a la quejosa.

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