Lucas Tacuepian Mancilla

Expediente 767/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
767/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
02/08/2023

Partes del expediente

  • Lucas Tacuepian Mancilla

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 767/2023-VII. Puebla, Puebla, dos de agosto de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Asunto concluido. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 - en adelante sólo Acuerdo General-; el presente expediente constituye un asunto concluido, pues el auto por el que se desechó la demanda, causó estado. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12, del Acuerdo General; se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del Acuerdo General. Además, en términos del ordinal 20, fracción IV, del Acuerdo General; se determina que este sumario constitucional es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo. Ello, porque se trata de un asunto donde se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. En consecuencia, este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá destruirse. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes cuya devolución sea necesaria 1Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. (originales irremplazables), se deja de proveer al respecto. Incidente de suspensión original. No ha lugar a emitir pronunciamiento alguno, pues como la demanda de amparo se desechó, no se abrió dicho incidente. Carátula del juicio de amparo. Se instruye al secretario encargado de la conclusión de este expediente que, a través de sus oficiales judiciales, realice las anotaciones correspondientes en la carátula del juicio de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A", realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto a la declaración de que causó estado el auto dictado y al archivo del presente asunto como concluido. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en el libro electrónico. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el auto que desechó la demanda de amparo. Aunado a que, si la parte quejosa deseará conocer el estado de este juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese; y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 767/2023-VII. Puebla, Puebla, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, suscrita por +, contra actos de la Fundación San Francisco de Asís asociación civil, también conocida como Fundación San Francisco de Asís de Estudio y Avance Contra las Adicciones "amor y servicio. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica- Se descarta urgencia. El promovente señaló como actos reclamados: En principio, pudiera deducirse que los actos reclamados se ubican en la hipótesis prevista en el artículo 15 de la Ley de Amparo, porque se hace referencia a una supuesta privación ilegal de la libertad e incomunicación. Luego, es relevante al caso que, dichos actos son atribuidos de manera exclusiva a moral denominada++. Bajo ese contexto, es evidente que no le asiste el carácter de autoridad responsable a la persona moral a la que se le pretende atribuir la privación de la libertad personal e incomunicación de +. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; 2) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; 3) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ese criterio quedó plasmado en la tesis jurisprudencial 2a./J. 164/2011, localizable en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089 (registro digital 161133), cuyo rubro dispone: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Así, en atención a esos parámetros, es evidente que una asociación civil no tiene el carácter de autoridad responsable; y, por ende, no puede atribuírsele una incomunicación o privación ilegal de la libertad -como lo pretende el promovente-. Ello, porque dicha asociación no se rige por una ley en particular, sino que su objeto y funciones derivan de un acuerdo de voluntades de los asociados que la forman e integran, es decir, dicha persona moral se rige por sus estatutos, lo cuales, conforme a los artículos 2671 y 2673 del Código Civil Federal constituyen un pacto de voluntades en un plano de igualdad entre sus asociados. De igual forma, en términos del artículo 2670 del Código Civil Federal, una asociación se constituye por un grupo de personas para realizar un fin común que, entre otras cosas, no esté prohibido por la ley. Entonces, si dicha asociación tiene por objeto el tratamiento de adicciones -según lo que puede advertirse de la demanda de amparo-, lo cierto es que, la relación de esta con +, no constituye una relación de supra a subordinación, sino que se trata de un acuerdo de voluntades; pues, se insiste, las funciones de la asociación civil no están determinadas en una norma general que le confiera atribuciones para actuar como un autoridad del Estado. Entonces, si para ejercer sus funciones requiere del consenso de voluntad del afectado, es decir, de +, es evidente que no le asiste el carácter de autoridad responsable. Es más, de los antecedentes de la demanda de amparo se advierte que, dicha persona moral ha reconocido tener bajo su cuidado al ahora quejoso; sin embargo, no permiten su egreso "hasta que lo consideren prudente"; entonces, como se ha señalado, dicha asociación brinda una asistencia contra las adicciones a+, lo cual invariablemente debe derivar de la voluntad de aquél. Y, en el supuesto sin conceder que dicha asociación civil no contara con el consenso de voluntad de aquél, no le asistiría el carácter de autoridad responsable; pues, aun y cuando pudiera actualizarse una conducta antijurídica, no sería materia de análisis del juicio de control constitucional. Al respecto, sirve de apoyo la tesis emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 84, marzo de 2021, Tomo IV, página 2747 (registro digital 2022873), cuyo rubro dispone: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA ASOCIACIÓN CIVIL NO TIENE ESE CARÁCTER, CUANDO SE RECLAMA LA VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES, EN PERJUICIO DE UN PARTICULAR." Por esas razones, debe descartase la urgencia del presente asunto; pues, aun y cuando el promovente alegue actos que, en principio, pudieran actualizar una de las hipótesis previstas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, lo cierto es que, esos actos no pueden ser atribuidos a particulares que actúan con el consenso de los particulares. Además, el auto de admisión es el estadio procesal para realizar ese análisis, porque es una cuestión que se advierte de manera manifesta e indudable. Sirve de apoyo la tesis emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, localizable en la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 66, mayo de 2019, tomo II, página 1641 (registro digital 2019934), cuyo rubro dispone: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI LA ASOCIACIÓN CIVIL SEÑALADA COMO RESPONSABLE, A QUIEN SE IMPUTA LA DETERMINACIÓN DE SUSPENDER EN DEFINITIVA LOS DERECHOS DE ASOCIADO DEL QUEJOSO, TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." Desechamiento. Una vez descartada la urgencia de la demanda de amparo, conforme lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Pues, en el caso, se tiene un escrito de demanda presentado de manera electrónica por +; sin embargo, al no actualizarse alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 de la Ley de Amparo - conforme a los razonamientos esgrimidos en el apartado precedente-, aquél carece de facultades para presentar la demanda de amparo en nombre del directo quejoso. Lo anterior implica que el promovente soslayó el principio de "instancia de parte agraviada", previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3º, 5º y 6º de la Ley de Amparo. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que una demanda de amparo requiere expresar la voluntad del agraviado, que debe manifestarse por medio de la suscripción del documento respectivo. Además, los mencionados preceptos legales, señalan que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como vía para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Luego, es necesario que las personas interesadas en promover por esa vía, tengan firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; máxime que el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal, y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Así, cada documento electrónico que se reciba, debe contener en la parte final, una evidencia criptográfica de la firma electrónica que, entre otros aspectos, mostrará el nombre del titular de la firma electrónica. Tales datos habrán de examinarlos tanto los juzgados de distrito como los tribunales de circuito, para acordar lo correspondiente. En esa tesitura, se colige que las personas físicas pueden instaurar el juicio de amparo vía electrónica, con el uso de su firma electrónica. Misma situación acontecería en caso de que el juicio se promoviera en representación de diversa persona, empero, previamente se debe tener reconocida capacidad procesal para tal fin, esto es, un supuesto que actualice la hipótesis jurídica de personalidad, para que el promovente pueda presentar promoción electrónica a favor de diversa persona, como lo establece el artículo 6 de la Ley de Amparo, que la letra refiere: "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. "El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". Por consiguiente, la demanda de amparo presentada vía electrónica por +, no cumple el principio de "instancia de parte agraviada", porque no ejerce una representación en favor de + y no se actualiza un supuesto de urgencia que permita que la demanda sea promovida por cualquier persona, razón por la cual procede desecharla. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada vía electrónica, cuando no tenga la firma electrónica del quejoso. Lo anterior, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el juicio de tutela constitucional, no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención regulada en el artículo 114 de la Ley de Amparo, dado que se trata del incumplimiento a uno de los principios rectores del juicio de amparo, que no amerita prevención. Así quedó plasmado en la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO." Por tanto, con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 3, 6, 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada. Domicilio procesal y autorizados. El promovente señaló un domicilio particular del directo quejoso; sin embargo, con independencia de que no manifestó su voluntad de recibir notificaciones en el mismo, lo cierto es que, ese inmueble se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito. De ahí que, toda vez que existe una manifestación expresa de la voluntad de recibir notificaciones electrónicas, se autoriza el nombre de usuario "msla1794"; ello, en términos del artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, en relación con el diverso 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Acceso a la información y protección de datos personales Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber al promovente y al quejoso el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa, a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes a lo determinado en este acuerdo. Habilitación de días y horas inhábiles. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de manera electrónica al promovente.

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