Lucero Luna Estevez
Expediente 535/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 535/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 27/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Lucero Luna Estevez
- Director General de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero, Con Residencia En Chilpancingo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintisiete de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió el acuerdo por el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracciones II y IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; al igual que el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda de amparo, sentencia definitiva y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el citado cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir de este auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo antepuesto, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la carátula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.
- Incidental
Acapulco, Guerrero; tres de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Primero de Paz del Ramo Penal del Municipio de Acapulco, a través del cual informa que el treinta y uno de mayo anterior, compareció ante ese juzgado la incidentista Lucero Luna Estévez, a rendir su declaración preparatoria bajo los efectos de la suspensión provisional concedida en autos; por tanto, téngase por satisfecha una de las obligaciones impuestas a la mencionada quejosa, en términos de lo establecido en la resolución interlocutoria de treinta de mayo pasado. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero, treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos se advierte que mediante oficio recibido en auto de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, se tuvo a la autoridad judicial responsable informando el cumplimiento dado al fallo protector, con lo que se dio vista a la parte quejosa, quien por escrito recibido en proveído de tres de mayo actual la desahogó, sin que este juzgado de Distrito se haya pronunciado sobre el cumplimiento o no, a dicha ejecutoria, motivo por el cual se procede a dilucidar sobre el particular. Para estar en aptitud de resolver sobre lo anterior, es necesario recordar que en la ejecutoria relativa se otorgó la protección de la justicia federal para el efecto de que la responsable: "1. Deje insubsistente el acuerdo de veinte de enero de dos mil quince, dictado en la causa penal 6/2015-II. 2. Emita otro en el que, en relación con la cantidad que fije por concepto de obligaciones procesales parta de la base de que se debe fijar una cantidad por todo el proceso penal y no por cada delito imputado. 3. Respecto a las diversas sumas que señale para garantizar la sanción pecuniaria, así como la reparación del daño, en relación con la primera explique cómo arribó a la conclusión de que debe fijarse con base en la sanción pecuniaria mayor a la mínima, y por la segunda (reparación del daño) indique cuáles son los miembros que como consecuencia de las lesiones se afectaron y en qué consiste la incapacidad para desempeñar el trabajo, oficio o arte, asimismo, precise cuál es el proceso que siguió para determinar las cantidades que deben garantizar ese concepto. Y con plenitud de jurisdicción resuelva conforme con sus atribuciones". Ahora bien, mediante oficio de veintidós de abril del año en curso, el juez responsable remitió copia certificada del auto de veintidós de abril del año en curso, del que se advierte dejó insubsistentes diversos autos de veinte de enero, doce de agosto, once de septiembre, dos y diecinueve de octubre de dos mil quince, dictados en la causa penal 6/2015-II, por los que se le fijó caución al aquí quejoso Edmundo Olmedo Montealegre por los delitos de daños y lesiones culposos. Hecho lo cual, dicha responsable procedió a resolver sobre la caución solicitada por el inculpado por los injustos de referencia. Así, por lo que ve al concepto de obligaciones procesales, de forma conjunta y no por cada uno de los delitos, fijó al inculpado la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), por tal concepto, de lo que se sigue que este extremo sí se ajustó a los lineamientos señalados en la ejecutoria de mérito (punto número 2). Luego, por lo que ve al concepto de sanción pecuniaria por el delito de daños, la autoridad responsable tomó en consideración que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 249 del Código Penal del Estado de Guerrero vigente, dicho concepto se tasaba hasta por el monto total de los daños y perjuicios ocasionados. En ese orden de ideas, si se toma en consideración que la porción normativa provee a la autoridad judicial la facultad de que establecer el concepto de sanción pecuniaria dentro de un rango cuyo límite máximo se constituye por el valor del daño ocasionado, es inconcuso que se está frente a una facultad discrecional, la cual si bien no está exenta de ser fundada y motivada a efecto de que pueda exteriorizarse en la esfera jurídica del ciudadano, no menos verídico resulta que el estudio de su legalidad no tiene que ver necesariamente con parámetros rígidos contenidos en la norma, sino en las modalidades, naturaleza y demás particularidades especiales de cada asunto; es decir, la exigibilidad de los requisitos de fundamentación y motivación de aspectos como el destacado se analizan ya no bajo el prisma de medidas o cuantificaciones establecidas en un precepto legal, sino en la racionalidad -dentro del contexto personal, social, histórico, etcétera-, del acto emitido, a fin de establecer con cierto grado de certeza, sensatez y objetividad, si la decisión adoptada es proporcional a la magnitud que el caso representa. Por ende, si de la lectura del auto de veintidós de abril de dos mil dieciséis, se aprecia que la autoridad responsable tomó como referencia los datos generales que aportó el indiciado, y que los daños ocasionados por la comisión del delito de daños se encuentran pericialmente cuantificados en $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 m.n.), de ello se sigue que la suma de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.) por concepto de sanción pecuniaria sí se encuentra ajustada a los lineamientos contenidos en la ejecutoria de amparo, pues al no contenerse un parámetro mínimo, la información destacada se torna idónea para establecer aquella cantidad, que como se dijo, su quantum pende de la ponderación de su racionalidad en función de las circunstancias del caso; esto es, es el resultado de una apreciación personal del juzgador sobre las condiciones del procesado en relación con la magnitud del daño ocasionado que le permiten establecer su mayor o menor gravamen. Por otro lado, respecto a los conceptos de sanción pecuniaria por el delito de lesiones, la autoridad judicial estableció las cantidades relativas en función de cada una de las víctimas, las cuales corresponden al equivalente de la suma mínima prevista en la norma penal por dicho concepto basado en salarios mínimos, por lo que es factible concluir que sobre ese aspecto la autoridad judicial responsable sí acató los lineamientos previstos en la ejecutora de amparo ya que al haber tasado de esa manera dicho concepto no le era exigible que expresada fundada y motivadamente tal proceder. Es aplicable por identidad jurídica, la jurisprudencia número XIII.2o. J/4, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 1010, del Tomo VIII, Octubre de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "MULTA MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE RAZONE SU IMPOSICIÓN NO VIOLA GARANTÍAS. Cuando la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, estima justo imponer la multa mínima contemplada en la ley tributaria aplicable, ello determina que el incumplimiento de los elementos para la individualización de esa sanción pecuniaria, como lo son: la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste, etcétera, resulte irrelevante y no cause violación de garantías que amerite la concesión del amparo, toda vez que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor, pero no cuando se aplica la mínima, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una menor a ésta." Luego, para verificar si la determinación de la autoridad responsable de fijar las cantidades que estableció por concepto de reparación del daño por los delitos de daños y lesiones se ajustó a los lineamientos establecidos en el fallo protector, debe tenerse presente que esa garantía tiene como finalidad proteger o salvaguardar en el proceso penal los derechos de la parte ofendida y, por ende, sólo puede exigirse al inculpado que solicita su libertad provisional, tratándose de delitos que producen resultado de daño, para que en el supuesto de una eventual condena, el juez pueda decidir sobre el resarcimiento de los daños o perjuicios ocasionados al ofendido. En concatenación con lo anterior, es factible concluir que su quantum sí tiene elementos susceptibles de ser valorados objetivamente, pues en tratándose del delito de daños por ejemplo, es inconcuso que el deterioro provocado al patrimonio del pasivo servirá como referencia; de ese modo, si por tal concepto el juez de la causa acudió al valor pericialmente definido, del vehículo que resultó afectado con motivo de la conducta típica atribuida al quejoso, entonces resulta que la determinación de fijar $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 m.n.), por concepto de reparación de daño por el delito de daños, sí se ajustó a los lineamientos contenidos en el fallo protector. Sin embargo, lo anterior no se aprecia así por lo que ve a dicho concepto en lo que corresponde al delito de lesiones, ya que para fijar dichas sumas, la autoridad responsable se limitó a describir las lesiones provocadas otorgando un valor discrecional, pero conforme a lo señalado con anterioridad, el concepto de reparación del daño necesariamente debe comprender la indemnización del daño material, legal o moral causado, incluyendo el pago de los tratamientos curativos, que, como consecuencia de la comisión del delito, sean necesarios para recuperación de la salud de la víctima; que ante una eventual condena, tal importe efectivamente restablezca el orden jurídico alterado por la comisión del ilícito. Lo anterior adquiere relevancia porque aquella premisa inexorablemente excluye la posibilidad de que el concepto de reparación del daño sea susceptible de tasarse en función de alguna facultad discrecional sin atender a elementos objetivos para fijar la cantidad relativa, tan es así que en la sentencia amparadora se indicó lo siguiente: "En relación con esa garantía (reparación del daño), si bien el juez responsable señaló el tiempo en que las lesiones tardan en sanar, así como las consecuencias físicas que ocasionan; omitió exponer las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para arribar a las sumas destacadas, ya que solo se limitó a señalar esas cantidades y, en el caso de las lesiones que presenta Antonio García Calixto, indicó que debe ser valorado por traumatología, neurocirugía y urología, y determinó que ante eso es evidente que erogará gastos para su atención médica, además de que dichas lesiones lo incapacitan por el periodo en que tarden en sanar para trabajar en la profesión, arte y oficio de la víctima, sin dar mayor razón del por qué arribó a esa conclusión; que Elvia Teresa Manjarrez García soló refirió presentará dolor temporal en el sitio de las lesiones y por eso deberá ser valorada por traumatología, neurocirugía, y la toma de cráneo en un tiempo breve, lo que traería como resultado erogación de gastos por su atención médica; en relación con las que tienen Ana Karen y Nataly Bacilio Vinalay, solo refirió que esas lesiones afectan el normal funcionamiento de miembros, sin precisar cuál o a cuáles miembros se refiere, así como la capacidad para trabajar en la profesión, arte y oficio de la víctima. Así las cosas, lo reseñado en líneas que anteceden, pone de relieve el hecho de que el juez de la causa no ajustó su proceder a los extremos constitucionales antes destacados; en consecuencia, debido a que el acto reclamado es violatorio de garantías por deficiencias de carácter formal (.)." Mas aun, no puede soslayarse que sobre el particular el artículo 39 del Código Penal del Estado de Guerrero, establece precisamente las bases sobre las cuales debe calcularse el monto atinente a la reparación del daño, esto es, conforme a las pruebas allegadas específicamente para ese fin al proceso penal, y a falta de las mismas, tomar como referencia las bases de indemnización que fijen el Código Civil del Estado y la Ley Federal del Trabajo, así como el salario mínimo general vigente en el área geográfica que corresponda, más los intereses legales que resulten del pago desde que se hizo exigible dicha reparación. Por tanto, con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días contado a partir de aquel en que reciba el oficio respectivo, remita copia certificada de las constancias con las que acredite el cumplimiento dado al fallo amparador, esto es, para que deje insubsistente el auto de veintidós de abril de dos mil dieciséis dictado en la causa penal y reiterando los aspectos correspondientes a las sumas que fijó por conceptos de sanción pecuniaria y obligaciones procesales por los delitos de lesiones y daños; así como por concepto de reparación de daño respecto del delito de daños; atienda los lineamientos contenidos en la sentencia amparadora para fijar fundada y motivadamente la suma que corresponda a la reparación del daño por el delito de lesiones. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258 de la Ley de Amparo vigente y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; treinta de mayo de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado del Coordinador Regional y Coordinadores de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscritos a los Sectores Mozimba Garita y Costa Azul, todos con sede en esta ciudad, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional.
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