Lucero de Jesús Morales Hernández

Expediente 680/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 21 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
680/2018
Año
2018
Actuaciones
21
Última actuación
06/03/2019

Partes del expediente

  • Lucero de Jesús Morales Hernández
  • Juez de Control Y Enjuiciamiento Penal del Estado de Guerrero, Con Adscripción, Jurisdicción Y Competencia En los Distritos Judiciales de Azueta Y Montes de Oca, Con Residencia En Zihuatanejo de Azueta, Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; seis de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracciones II y IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; al igual que el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda de amparo, sentencia definitiva y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el citado cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir de este auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo antepuesto, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la carátula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lorena Morales Saldierna, Secretaria adscrita a este juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

  3. Principal

    VISTOS; para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 680/2018. R E S U L T A N D O PRIMERO... se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Lucero de Jesús Morales Hernández, por los actos y autoridades existentes precisados en el resultando primero de esta sentencia, en términos de lo expuesto en el último de sus considerandos. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  4. Principal

    AVISO Y CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LUCERO DE JESUS MORALES HERNANDEZ, Y PARTE TERCERO PERJUDICADO D.T.R., RESPECTIVAMENTE LA SENTENCIA AUTORIZADA EL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE MISMA QUE DICE... VISTOS; para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 680/2018. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diez de agosto de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Lucero de Jesús Morales Hernández, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades (en sus denominaciones correctas, excepto las declaradas inexistentes) y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadoras 1) Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Azueta y Montes de Oca, con domicilio en Zihuatanejo, Guerrero. 2) Juez de Control y Enjuiciamiento de Uruapan en el Estado de Michoacán de Ocampo, con domicilio en Morelia, Michoacán (inexistente). Ejecutoras 3) Coordinador General de la Policía Ministerial del Estado, con domicilio en Chilpancingo, Guerrero. 4) Comandante de la Policía Investigadora Ministerial y los Elementos a su mando, con domicilio en Zihuatanejo, Guerrero (inexistente). 5) Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Fiscalía Especializada contra el delito de Secuestro, con domicilio en Chilpancingo, Guerrero. 6). Secretario de Seguridad Pública del Estado y los Elementos a su cargo, con domicilio en Zihuatanejo, Guerrero (inexistente). 7). Delegado Regional de la Procuraduría General de la República y sus elementos, con domicilio en Zihuatanejo, Guerrero (inexistente). ACTOS RECLAMADOS "a) De la Autoridad señalada como Ordenadora se reclama; La ORDEN DE APREHENSIÓN, decretada en mi contra. b) De la Autoridad señalada como Ejecutora se reclama: La Privación de mi libertad que pretende ejecutar en mi contra." SEGUNDO. Preceptos constitucionales violados. La quejosa señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 14, 16, 17, 20 y 21 de la Constitución General de la República. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de trece de agosto de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada bajo el número 680/2018, se solicitó sus informes justificados a las autoridades responsables, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse en varias ocasiones, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CUARTO. Autoridades Inexistentes. En proveídos de trece de septiembre y dos de octubre del año anterior, se tuvo por inexistentes a las autoridades responsables denominadas como Juez de Control y Enjuiciamiento de Uruapan en el Estado de Michoacán de Ocampo; Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y los Elementos a su cargo; Comandante de la Policía Investigadora Ministerial y los Elementos a su mando, y Delegado Regional de la Procuraduría General de la República y sus elementos, y se ordenó suspender toda comunicación con las mismas. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que el acto reclamado se hace consistir en un auto de privación de la libertad cuya ejecución material tiene lugar dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la quejosa Lucero de Jesús Morales Hernández reclama por esta instancia constitucional la orden de aprehensión librada en su contra el uno de junio de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta judicial C-35/2018, que se le instruye por el delito de secuestro agravado, en agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales D.T.R., aquí tercera interesada y su ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos que se atribuyen a la Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Azueta y Montes de Oca, con domicilio en Zihuatanejo, Guerrero, y a la Coordinadora de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrita a la Fiscalía Especializada contra el Delito de Secuestro, residente en Chilpancingo, Guerrero, en virtud de que así lo reconocieron expresamente al rendir sus informes con justificación, lo que constituye una confesión expresa en términos de lo que establecen los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. Certeza que se corrobora además, con la copia certificada de las constancias que integran la carpeta judicial número C-35/2018, que acompañó a su informe justificado la juez responsable, la cual adquiere pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del mencionado Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. De acuerdo con lo anterior, a pesar de que el Coordinador General de la Policía Ministerial del Estado, con domicilio en Chilpancingo, al rendir informe con justificación por conducto del Agente de la Policía Ministerial encargado de la Coordinación Regional de Zona Centro, negó el acto que se le atribuye, su negativa se desvirtúa y se tiene como cierto, ya que dado el carácter de autoridad ejecutora con el que fue señalado en el presente juicio e independientemente de que conozca o no la orden de captura combatida, es evidente que en ejercicio de las facultades legales que le son propias, se encuentra en posibilidad de ejecutar tal mandato, cuya certeza respecto de la autoridad ordenadora se verificó en párrafos que anteceden. CUARTO. Estudio de fondo del asunto. Las partes legitimadas en el presente juicio de amparo no alegan causas de improcedencia, ni se advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la quejosa mismos que no se transcribirán por no existir en la Ley de Amparo dispositivo legal que así lo ordene. Así tenemos que son infundados los conceptos de violación que hace valer la quejosa, sin que la obligación de suplir la deficiencia de la queja, conforme al artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, conduzca a una conclusión distinta, como se expone a continuación. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente destacar que a solicitud presentada por escrito vía correo electrónico por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Fiscalía Especializada contra el Secuestro de la Fiscalía General del Estado, la Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Azueta y Montes de Oca, por auto de uno de junio de dos mil dieciocho, ordenó la apertura de la carpeta judicial C-35/2018 y ordenó resolver dentro del término de veinticuatro horas a través del sistema informático con la debida secrecía la orden de aprehensión solicitada en contra de la aquí quejosa y otros, a quienes se les atribuía el hecho que la ley califica como delito de secuestro agravado, en agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales D.T.R., derivada de la carpeta de investigación 120211200024230218. En la misma fecha la juez responsable libró por escrito orden de aprehensión en contra de Luis Octavio Emigdio Chepe y/o Octavio Morales Emigdio alias "La Niña", "El Pepino" o "La Pepita", Juan Pablo Arizmendi García, Lucero Morales Hernández y/o Lucero de Jesús Morales Hernández (aquí quejosa), José Santos Morales Emigdio alias "El Tony", Ángel Ávila Serrato alias "El Ávila", Gamaliel Rosas Rodríguez alias "El Aquiles" y David Bernal Emigdio, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, cometido en agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales D.T.R. Ahora bien, conviene precisar que la implementación del nuevo sistema de justicia penal tiene por objeto abandonar las tendencias inquisitivas para adoptar un proceso con características acusatorias, resaltando la separación de las tareas de investigación, acusación y juzgamiento en distintos órganos, con base en los principios de publicidad, oralidad, inmediación, concentración, contradicción y continuidad. Razón por la cual, el análisis que se efectuará en la presente sentencia constitucional, será tomando en consideración los requisitos que ahora señala el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el libramiento de una orden de aprehensión, porción normativa que ya no exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, el estudio del acto reclamado se realizará conforme a los antecedentes y datos expuestos por el Ministerio Público al solicitar la orden de aprehensión y los que fueron ponderados por la Juez responsable, en razón de que el Ministerio Público puede solicitar el libramiento de la orden de aprehensión del imputado, por cualquier medio que garantice su autenticidad, en el que expondrá ante la autoridad judicial las razones que sustenten su pretensión y, en el caso, esto último fue en forma escrita vía correo electrónico. Así, tenemos que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su tercer párrafo, señala: "Artículo. 16. (.) (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.)." Por su parte, los artículos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión. En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que se considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." "Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas siguientes a que se haya recibido la solicitud de orden de aprehensión o de comparecencia, resolverá en audiencia exclusivamente con la presencia del Ministerio Público, o a través del sistema informático con la debida secrecía y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público." De la interpretación armónica y sistemática de dichos preceptos, se advierte que para emitir una orden de aprehensión se debe cumplir con los requisitos siguientes: Que sea librada por autoridad judicial competente. Que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito; Que el ilícito se encuentre sancionado con pena privativa de la libertad; Que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; La necesidad de cautela. El grado de ejecución del hecho, forma de intervención y naturaleza de la conducta (dolosa o culposa). Exigencias que en la resolución reclamada se advierten colmadas. Es así, pues el requisito señalado en el inciso a), se satisface plenamente, en la medida en que el mandato de captura de uno de junio de dos mil dieciocho emana de la Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Azueta y Montes de Oca. Asimismo, su competencia se surte en términos de los artículos 20, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales, 2, 32, 35 Bis fracción II, 40 Bis y 40 Quater de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, ya que los hechos ocurrieron en la ciudad de Zihuatanejo, Guerrero, en donde dicha resolutora ejerce jurisdicción. Continuando con el análisis del acto combatido acorde con los lineamientos reseñados, el requisito señalado en el inciso b) también se encuentra satisfecho, dado que al mandato de captura reclamado precede la entrevista y denuncia que ante la autoridad ministerial realizó la propia víctima de identidad reservada de iniciales D.T.R. iniciándose con ello la carpeta de investigación 120211200024230218. Asimismo, se cumple el requisito señalado en el inciso c), pues el hecho que se atribuye a la aquí quejosa, se encuentra tipificado como delito de secuestro agravado el cual se sanciona con pena privativa de libertad, de conformidad con los artículos 9, fracción I, inciso a) y 10, fracción I, incisos a), b) y c), ambos de la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, que a la letra dicen: "Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán: I. De cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: a) Obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio; (.)." "Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, se agravarán: I. De cincuenta a noventa años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa, si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes: a) Que se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario; b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas; c) Que se realice con violencia; (.)." Por lo que se refiere al requisito señalado en el inciso d), consistente en que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión se encuentra acreditado, pues en la carpeta judicial obran los siguientes datos de prueba: 1. La entrevista de la víctima de identidad reservada de iniciales D.T.R. realizada el dos de mayo de dos mil dieciocho. 2. La entrevista del testigo negociador y pagador de identidad reservada con iniciales F.T.R. realizada el dos de mayo de dos mil dieciocho. 3. El dictamen en materia de criminalística de campo y fotografía forense de fecha quince de mayo de dos mil dieciocho, emitido por Alberto Carmona Godínez, perito adscrito a la Coordinación Regional de los Servicios Periciales de Zihuatanejo, Guerrero dependiente de la Fiscalía General del Estado. 4. El informe de inspección de quince de mayo de dos mil dieciocho, realizado por Juan Carlos Asabay Castro Coordinador de Grupo de la Policía Ministerial del Estado y Oscar Morales Cortes y Rogelio Avelino Alvarado Agentes de la Policía Ministerial, todos adscritos a la Fiscalía Especializada contra el Secuestro. 5. Los informes de análisis de información red técnica y mapeo de uno y diecinueve de marzo, así como cinco de abril, todos de dos mil dieciocho, signados por Wendy Ruth Márquez Vargas, Agente de la Policía Ministerial adscrita a la Fiscalía Especializada contra el Secuestro. 6. El informe de investigación de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, realizado por Juan Carlos Asabay Castro Coordinador de Grupo de la Policía Ministerial del Estado y Oscar Morales Cortes y Rogelio Avelino Alvarado Agentes de la Policía Ministerial, todos adscritos a la Fiscalía Especializada contra el Secuestro. Luego, los elementos del hecho que la ley considera como delito de secuestro agravado precisó se conforman de la siguiente manera: 1. La privación de la libertad de una persona; 2. Que la privación de la libertad sea con el propósito de obtener rescate o cualquier beneficio para sí o para un tercero. Así, el primer elemento, el juez responsable indicó se establecía con la entrevista realizada por el Ministerio Público a la propia víctima de identidad reservada de iniciales D.T.R. quien en relación a los hechos manifestó en esencia manifestó que el catorce de febrero de dos mil dieciocho, alrededor de las trece treinta horas cuando se encontraba en el estacionamiento del campo de golf de la marina de Zihuatanejo, Guerrero, en su vehículo marca Nissan, tipo Xtrail, color gris, con placas HCM4920 y número de serie JN8BT27T4FW502659, se le acercaron dos hombres y una mujer, los cuales de forma violenta le dijeron que no se moviera, que los hombres traían pistolas con las que le apuntaron, que pudo reconocerlos porque también viven en la ciudad de Zihuatanejo, y responden a los nombres de Luis Octavio Emigdio Chepe y/o Octavio Morales Emigdio alias "La Niña", "El Pepino" o "La Pepita", y de Juan Pablo Arizmendi García alias "El Tati", que él primero le dijo que era el jefe de la plaza denominada "Los Viagras" o "Las Pastillas", mientras que el segundo lo bajo del carro y lo paso al asiento trasero en la parte de en medio y los dos sujetos se sentaron a lado de él, que la mujer que responde al nombre de Lucero Morales Hernández (aquí quejosa), es la novia de Luis Octavio Emigdio Chepe, misma que subió al asiento del conductor y empezó a conducir su camioneta dirigiéndose a la zona residencial de Ixtapa denominada Contramar, donde lo bajaron y le dijeron que el patrón quería hablar con él, que lo hicieron caminar entre la maleza con la cabeza agachada y lo sentaron en una piedra, después le dieron un celular donde hablo con un hombre quien le dijo que era el patrón de los muchachos y le pidió diez millones de pesos para que la pudiera librar, que le respondió que solo tenía ochenta mil pesos, no tenía esa cantidad de dinero, que después lo llevaron a una barranca donde había cuatro sujetos más del sexo masculino portando armas, a quienes conoce por los nombres de Gamaliel Rosas Rodríguez, José Santos Morales Emigdio alias "El Tony", Ángel Ávila Serrato y David Bernal Emigdio, a quienes pudo ver porque no le vendaron los ojos, que además le pidieron su celular y el número de sus familiares para poder llevar a cabo la negociación, proporcionándoles el número de su hermano 7555570347, que más arriba de donde lo tenían se encontraba un joven que al parecer es hijo de un tortillero al que también tenían secuestrado, pero a él le tenían tapada la cabeza, que como a las veinte treinta horas le dijeron que se tenían que mover y lo llevaron al Motel Caribe, donde escuchó que rentaron una habitación por doce horas, donde lo tuvieron y posteriormente el quince de febrero como a las veinte treinta horas, le dijeron que ya lo iban a liberar, que Gamaliel Rosas Rodríguez y Ángel Ávila Serrato lo subieron a un vehículo marca Seat, tipo Ibiza, color rojo y lo trasladaron a la cancha de futbol de la puerta, donde pudo ver a sus hermanos de iniciales F.T.R. e I.T.R. en una camioneta pick up, marca Dodge, tipo Ram 700, color gris, que su hermano I.T.R. conducía la unidad, que su hermano F.T.R. se bajó de la camioneta y camino hacia él y le entregó una bolsa negra con dinero, que después que el agraviado entregó el dinero a Ángel Ávila Serrato, lo dejaron en libertad y se dirigió a la camioneta con sus hermanos, que posteriormente ha seguido recibiendo llamadas de dichos sujetos a su celular quienes le han pedido más dinero., dato de prueba que resulta eficaz debido a que fue el ofendido quien resintió directamente la conducta de los sujetos activos, por lo que es evidente que conoció los hechos por sí mismo y no por inducciones ni referencias de terceras personas, lo que indudablemente arrojaba un indicio imputativo a los inculpados sobre la realización del acto delictivo. Lo que concatenó con la entrevista realizada al testigo negociador y pagador de identidad reservada con iniciales F.T.R. quien en esencia manifestó que el catorce de febrero de dos mil dieciocho alrededor de las catorce veinte horas recibió una llamada a su celular 7555570347 de una persona del sexo masculino quien le indicó que tenían secuestrado a su hermano y que para su liberación querían la cantidad de veinte millones de pesos ya que sabían que aquél había ganado un juicio por esa suma, que a las dieciséis treinta horas le volvieron a marcar y les informó que no tenía esa suma, que como a las veintiuna treinta horas le marcaron otra vez y le comunicaron a su hermano quien le dijo que se encontraba bien, que junto con su familia decidieron ofrecer la suma de quinientos ochenta mil pesos, que después de estar negociando con los secuestradores, el quince de febrero de dos mil dieciocho como a las diecinueve cincuenta y tres horas acodaron verse en el estacionamiento del campo de futbol la puerta, que al llegar les llamó para avisarles que ya estaba ahí, que lo acompaño su otro hermano de iniciales F.T.R. a bordo de una camioneta pick up, marca Dodge, tipo Ram 700, color gris, que estando ahí arribó un carro marca Seat, tipo Ibiza, color rojo, donde observó que venía su hermano con dos personas, que se bajó y le entregó a su hermano la cantidad de quinientos ochenta mil pesos junto con los papeles del libre gravamen de un terreno de éste, quien se los dio a los sujetos que venían en el vehículo marca Seat, y después lo dejaron libre y se dirigió hacia ellos, y de ahí se trasladaron a la casa de sus padres donde su hermano les narró lo que le había sucedido, testimonio que analizó en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que resulta eficaz y pertinente para acreditar como indicó la juez responsable que la victima de identidad reservada de iniciales D.T.R. fue privado de su libertad. Declaraciones que concatenó con el dictamen pericial en materia de criminalística de campo y fotografía forense emitido por el perito Alberto Carmona Godínez, así como con el informe de inspección de quince de mayo de dos mil dieciocho, realizado por Juan Carlos Asabay Castro, Oscar Morales Cortes y Rogelio Avelino Alvarado Coordinador de Grupo y Agentes de la Policía Ministerial, todos adscritos a la Fiscalía Especializada contra el Secuestro, en los que se identificaron y describieron los lugares en donde manifestó la victima ocurrieron los hechos, datos de prueba que valoró la juez responsable en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales e indicó generaban convicción para acreditar la existencia de cada uno de los lugares referidos por la víctima desde el momento en que fue privado de la libertad hasta que fue liberado por sus captores. Con los anteriores datos de prueba la juez responsable tuvo por concatenado una serie de indicios que demostraban sin lugar a dudas la existencia del primer elemento del hecho considerado como delito, consistente en la privación de la libertad de la víctima. Por otro lado, en relación al segundo elemento relativo a que la privación de la libertad sea con el propósito de obtener rescate o cualquier beneficio para sí o para un tercero, la juez consideró que se establecía con las entrevistas del propio agraviado y del testigo negociador y pagador a las que se hizo referencia con anterioridad, pues el primero refirió que el quince de febrero de dos mil dieciocho entregó a los imputados Gamaliel Rosas Rodríguez y Ángel Ávila Serrato la cantidad de quinientos ochenta mil pesos a cambio de su libertad, además expuso detalle a detalle, todo el proceso que vivió a partir de que fue interceptado por sus plagiarios, así como lo acontecido durante el tiempo en que lo mantuvieron en cautiverio en el que refiere le informaron que una vez que su familia pagara el rescate lo liberarían así como el momento en que lo pusieron en libertad, mientras que el segundo indicó en síntesis que recibió a su celular una llamada de una persona del sexo masculino, quien le dijo que tenían secuestrado a su hermano (victima) exigiéndole la suma inicial de veinte millones de pesos a cambio de su libertad y que después de llevar a cabo la negociación cerró la exigencia económica en la cantidad de quinientos ochenta mil pesos así como documentos del libre gravamen de un terreno propiedad de la víctima, los que fueron entregados en el tramo carretero ubicado entre la localidad del Posquelite y la unidad habitacional la Puerta en Zihuatanejo, Guerrero, justo a la altura de la cancha de futbol, es decir narró con claridad la forma mediante la cual tuvo conocimiento del secuestro de su hermano acaecido el catorce de febrero de dos mil dieciocho, así como el hecho de que recibió llamadas telefónicas a su celular por parte de los secuestradores, con el fin de concertar el pago del rescate y las condiciones de su entrega, con quienes negoció la cantidad de quinientos ochenta mil pesos, mismos que depositó en una bolsa negra la que llevó a la cancha de futbol de la unidad habitacional la puerta junto con otro hermano en donde se la entregaron a la víctima y ésta a los secuestradores. Lo que adminiculó con los informes de análisis de información red técnica y mapeo de uno y diecinueve de marzo, así como cinco de abril, todos de dos mil dieciocho, signados por Wendy Ruth Márquez Vargas, Agente de la Policía Ministerial adscrita a la Fiscalía Especializada contra el Secuestro, en los que se estableció la comunicación que existió el día de los hechos, así en el primero se indicó entre otras cosas: "Que el número 7551361029 con imei 356194067556500 el cual fue utilizado por el secuestrador para pedir el pago de rescate, de dicho numero estuvo realizando las llamadas al número 7555570347 propiedad del hermano de la victima de identidad reservada con iniciales F.T.R., así mismo también realizó llamadas a los números 4521090870 y 7551135699, estos dos números se encuentran relacionados con la carpeta de investigación 120211200021140218 por el delito de secuestro el día 14/02/2018 en Zihuatanejo, Gro. En agravio de la victima de identidad reservada con iniciales M.A.S.M., así mismo también tuvo comunicación con los números 7555598771, 7551366079, 7555570347, 7551025925 y 9993191695, esto fue antes y durante los hechos. En relación al número 7555570347 con imei 352978092231380 hermano de la víctima quien sus datos son de identidad reservada con iniciales F.T.R., quien fue el número que recibió las llamadas del secuestrador se corroboró que existió comunicación con el número que utilizó el secuestrador 7551361029. Se le informa que el número 7551361029 el cual fue utilizado por el secuestrador está relacionado en la carpeta de investigación 120211200021140218 donde también dicho numero fue utilizado por el secuestrador para exigir el pago de rescate de la víctima de identidad reservada M.A.S.M., hechos ocurridos el día 14 de febrero en la ciudad de Zihuatanejo, Gro." En el segundo: "El número 7555570098 con imei 358521071604660, 353041090749580 y 353047090441610 numero perteneciente a la víctima de identidad reservada con iniciales D.T.R., quien el día de los hechos 14/02/2018 su detalle de llamadas tenía el imei 353041090749580, así también dicho numero tiene comunicación después de ser liberado (15/02/2018) con un total de 7 llamadas entrantes, 10 mensajes entrantes y 3 mensajes salientes de fecha 18/02/2018 al 24/02/2018 con el número 7551042292 utilizado por el secuestrador (al informe policial 01741/2018 de fecha 20 de febrero del 2018, firmado por el Suboficial Morales Pérez Erick Damián, y el Policía Tercero Zepeda Castillo Abril Mireya). El número 7555598771 con imei 352764072004910 tiene solo una llamada entrante del número 7551361029 (secuestrador) el día 14/02/2018 a las 09:58 horas, antes de los hechos. Se le informa que los números 5531402146, 5582592327 y 9993191695, no proporciona datos relevantes para la investigación. El imei 356194067556500 solamente se le ha insertado una tarjeta sim (chip) la cual su número telefónico es el 7551361029 utilizado por el secuestrador quien exigía el pago de rescate para la liberación de la víctima D.T.R." En el último: "El número 7551042292 con imei 359459071694160 número utilizado por el secuestrador quien realiza 7 llamadas con fecha 18/02/2018 al 24/02/2018, así como el tráfico de mensajes a la víctima D.T.R. a su número 7555570098 donde le piden que haga un pago por el problema que tenía, así también dicho número tiene comunicación con los números 7551388790, 7551360933, 7421209092, así también dicho número está relacionado en la carpeta de investigación 120211200021140218 donde la suscrita realizo un informe de análisis de la información y red técnica de fecha 19 de febrero de 2018, con número de oficio 131, donde existe la triangulación del número 7551385392 (secuestrador) y este a su vez con los números 7551360933, y el número 4521756317 ambos números tienen comunicación con el número 7551042292. El imei 354597074034840 propiedad de la víctima se le ingresaron dos tarjetas sim (chip) el cual el número 7555570098 es el de la víctima D.T.R. y el número 7551407770 línea telefónica que se encuentra a nombre de Lucero Morales Hernández persona quien actualmente trae el aparato telefónico (imei) propiedad de la víctima D.T.R., dicho número tiene el whats app activo con la imagen de una mujer de edad aproximada de 18 años, complexión delgada, cabello largo y color negro, así como el Facebook "Lucero Morales" vinculado a ese número quien es la misma persona que aparece en la imagen del whats app, dicha línea telefónica fue insertada en el aparato telefónico (imei) a las 23:14 horas el día 14/02/2018 día que ocurrió el secuestro de la víctima D.T.R., y quien mantiene comunicación con los números telefónicos 7551146013, 7551156169, 7551440188 y 7551321848, teniendo llamadas entrantes y salientes así como mensajes en fechas a partir del 21/02/2018 al 19/03/2018." Datos de prueba de los que entre otras cosas la juez responsable refirió se acredita la existencia de llamadas telefónicas entre los números telefónicos 7551361029 con imei 356194067556500 el cual fue utilizado por el secuestrador para pedir el pago de rescate, con el número 7555570347 propiedad del hermano de la victima de identidad reservada con iniciales F.T.R. De los datos de prueba reseñados y valorados en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tal como lo consideró la juez responsable, queda de manifiesto que la voluntad de los sujetos activos para privar de manera ilegítima de la libertad personal al ofendido fue con el propósito de pedir un rescate. En relación a las agravantes precisadas en la fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, relativas a que quienes lleven a cabo el ilícito lo realicen en camino público o en lugar desprotegido o solitario, en grupo de dos o más personas y con violencia, las mismas se tienen por demostradas con plenitud. Así, por lo que hace a la primera, relativa a que la privación de la libertad se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario, refirió que de la entrevista de la víctima de identidad reservada de iniciales D.T.R. así como del dictamen en materia de criminalística de campo y fotografía forense de fecha quince de mayo de dos mil dieciocho, emitido por Alberto Carmona Godínez, perito adscrito a la Coordinación Regional de los Servicios Periciales de Zihuatanejo, Guerrero dependiente de la Fiscalía General del Estado y del informe de inspección de quince de mayo de dos mil dieciocho, realizado por Juan Carlos Asabay Castro Coordinador de Grupo de la Policía Ministerial del Estado y Oscar Morales Cortes y Rogelio Avelino Alvarado Agentes de la Policía Ministerial, todos adscritos a la Fiscalía Especializada contra el Secuestro, se advertía que aquél había sido privado de su libertad precisamente en el estacionamiento del campo de golf de la marina, en la ciudad de Zihuatanejo, Guerrero. La segunda hipótesis que se refiere a la pluralidad de sujetos en el acto delictivo que nos ocupa, es decir, de dos o más personas, la cual encuentra sustento en la peligrosidad demostrada por los autores que se saben respaldados entre sí, pudiendo centrar la atención en la indefensión de la persona ofendida ante la cantidad de sus atacantes. De esta forma, los agentes activos pueden realizar el delito de privación de la libertad, de una manera más fácil, pues es lógico que entre más personas intervienen para la consumación de un delito, menos dificultad tendrán al realizarlo, por existir entre los activos y el pasivo, una superioridad numérica, se comprueba como refirió la juez responsable con el propio dicho de la víctima al señalar que los secuestradores actuaron en un grupo de al menos tres personas quienes responden a los nombres de Luis Octavio Emigdio Chepe y/o Octavio Morales Emigdio alias "La Niña", "El Pepino" o "La Pepita", Juan Pablo Arizmendi García alias "El Tati", y Lucero Morales Hernández (aquí quejosa), quienes lo privaron de su libertad al momento de que se encontraba en el estacionamiento del campo de golf de la marina en la ciudad de Zihuatanejo, Guerrero, indicando además que durante su cautiverio intervinieron más personas quienes se encargaron de cuidarlo y cobrar el rescate, por lo que debe entenderse que los secuestradores actuaron conjunta y organizadamente. Asimismo de la entrevista de la víctima de identidad reservada de iniciales D.T.R. como refirió la juez responsable se advierte que la conducta desplegada por los activos no fue pacífica, sino que se realizó haciendo uso de violencia, pues se observa que para lograr privarlo de su libertad los sujetos de nombres Luis Octavio Emigdio Chepe y/o Octavio Morales Emigdio alias "La Niña", "El Pepino" o "La Pepita", Juan Pablo Arizmendi García alias "El Tati", lo amenazaron con armas de fuego, lo que hace suponer válidamente que la privación de la libertad fue realizada con violencia. En las narradas circunstancias fue correcta la determinación de la Juez responsable de tener por demostrado con los datos de prueba relacionados el hecho considerado como delito de secuestro agravado previsto y sancionado en los artículos 9, fracción I, inciso a) y 10, fracción I, incisos a), b) y c), ambos de la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, consistente en que el sujeto pasivo fue privado de su libertad por los sujetos activos con el propósito de obtener un lucro para sí o para un tercero a cambio de la libertad del secuestrado; con lo cual se lesionó el bien jurídico protegido por la norma penal que lo es, en el caso que nos ocupa la libertad. Por otro lado, la juez responsable estimó con base en los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, la probable participación de la aquí quejosa Lucero de Jesús Morales Hernández, en el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, principalmente con el señalamiento directo que le hizo la víctima de identidad reservada de iniciales D.T.R., como una de las personas que participó en la privación de la libertad de que fue objeto el día catorce de febrero de dos mil dieciocho, aproximadamente a las trece horas con treinta minutos cuando se encontraba en el estacionamiento del campo de golf de la marina de Zihuatanejo, Guerrero. Y con el informe de investigación de quince de mayo de dos mil dieciocho, rendido por Juan Carlos Asabay Castro Coordinador de Grupo de la Policía Ministerial del Estado y Oscar Morales Cortes y Rogelio Avelino Alvarado Agentes de la Policía Ministerial, todos adscritos a la Fiscalía Especializada contra el Secuestro. En consecuencia, dada la mecánica de cómo sucedieron los hechos se advierte que la quejosa Lucero de Jesús Morales Hernández, probablemente ha desplegado junto con otros una conducta de hechos señalados por la ley como delito de secuestro agravado en agravio de la victima de identidad reservada con iniciales D.T.R. Conviene señalar que los datos de prueba mencionados por la juez natural en la resolución reclamada son los únicos que tomó en cuenta el ministerio público para solicitar por escrito la orden de captura en contra de la aquí quejosa y otros, en términos de lo previsto por el artículo 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto al requisito señalado en el inciso e) para poder emitir la orden de aprehensión reclamada, la juez responsable precisó que de conformidad con el artículo 167, párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales, el delito de secuestro agravado amerita prisión preventiva oficiosa, por tanto, existía la presunción razonable de que si se citara a los investigados en libertad por la consecuencia de la medida cautelar no comparecieran de manera voluntaria, de ahí que resultaba evidente la necesidad de cautela, por haber evidencia de la posibilidad de que los inculpados se evadieran de la acción de la justicia. En atención a lo anterior, la juez responsable a petición de la fiscalía dictó orden de aprehensión en contra de la aquí quejosa y otros, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso a) y 10, fracción I, incisos a), b) y c), ambos de la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro cometido en agravio de la víctima de identidad reservada con iniciales D.T.R. Por último respecto del requisito precisado en el inciso f), también se encuentra colmado ya que se observa que la juez responsable en la resolución reclamada estableció que en el caso la naturaleza de la conducta fue dolosa de conformidad con el artículo 9, primer párrafo del Código Penal Federal, dado que los investigados conocían el hecho y los alcances de su conducta, pues es de conocimiento popular que el secuestro es un delito, asimismo que la forma de intervención de los investigados (entre ellos la quejosa) en el hecho es de coautoría de conformidad con el artículo 13, fracción III de la ley penal federal, y que el grado de ejecución del hecho es continuado, ya que con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas y unidad de sujeto pasivo, se viola el mismo precepto legal en términos del artículo 7, fracción III, del código sustantivo en cita. Por lo expuesto, como se indicó resulta infundado el concepto de violación consistente en que la orden de aprehensión reclamada vulnera lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional, por no estar debidamente fundada ni motivada, en razón de que no existen datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, en el caso el de secuestro agravado y que exista la probabilidad de que la quejosa lo cometió o participó en su comisión, pues en criterio de quien ahora resuelve son adecuados los fundamentos y razones que invocó la juez responsable en la orden de captura combatida, en virtud de que así lo evidencian los datos de pruebas integrantes de la carpeta judicial C-35/2018, a los cuales se refirió en la resolución reclamada. Ello es así porque el derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a todas las autoridades a expresar las razones y los motivos de hecho que justifican la emisión de un acto de molestia que afecte la esfera jurídica de los gobernados; tiene como propósito fundamental dar a conocer las razones de la decisión de la autoridad, para que así la persona agraviada tenga oportunidad de controvertir dichos razonamientos jurídicos. Esta obligación se satisface (desde el punto de vista formal), cuando, como en el caso, se citan los ordenamientos legales aplicables y los hechos que hacen que el caso actualice o sea subsumible en la hipótesis normativa, bastando que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse, formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que sustancialmente se comprenda el argumento expresado; esto es, que se den a conocer todas las circunstancias y condiciones que determinaron la voluntad del juzgador, de suerte que fuese clara y evidente para que el afectado pudiese cuestionar el mérito de la decisión y le permitiese una real y auténtica defensa, que es el propósito y la ratio del derecho humano de legalidad. Por tanto, si bien no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma, pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, tampoco es válido exigir a la autoridad una amplitud o abundancia superflua, pues basta la expresión de lo estrictamente necesario (explicar, justificar, posibilitar defensa y comunicar decisión), para que se considere debidamente fundada y motivada la actuación de la autoridad, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado. Así, en el acto reclamado se señalaron las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión de esa orden de aprehensión, se expusieron los datos de prueba que fueron referidos respecto a su idoneidad, pertinencia y suficiencia; sin que se advierta que corresponda una apreciación diversa a la establecida en el acto reclamado, además, existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Cobra especial relevancia el hecho de que conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, para librar una orden de aprehensión, no se requieren pruebas formalizadas, sino datos de prueba recabados en la carpeta de investigación y que sólo son reseñados por el agente ministerial y el único requisito es que tales datos de prueba resulten idóneos, pertinentes y, en su conjunto suficientes para establecer que se ha cometido un hecho delictuoso y la probabilidad de que el imputado haya participado en su comisión. De tal forma que la valoración que realiza la juez de control se limita a la idoneidad, pertinencia y suficiencia de los datos que le son referidos, por ello, basta con que el juzgador estime que los datos de prueba citados por el Ministerio Público, cumplen esas características y que en conjunto resultan suficientes para presumir que el inculpado participó en su comisión, para justificar la emisión de una orden de aprehensión. Del mismo modo, contrario a lo que alega la quejosa la orden de aprehensión reclama no transgrede en su perjuicio la garantía contemplada en el artículo 14 Constitucional, esto es así porque la garantía de audiencia y las formalidades esenciales del procedimiento a las que alude dicho precepto, solo son aplicables para actos privativos y no para actos de molestia, ya que cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, como en el particular acontece, debe tenerse en cuenta el artículo 16 Constitucional, que establece los requisitos que se deben satisfacer para la emisión de un mandamiento de esa naturaleza y que como se indicó en el caso sí se cumplen. Aunado a ello debe decirse que en el nuevo sistema de justicia penal, de conformidad con el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar no sólo la emisión de una orden de aprehensión, sino también de citación o de comparecencia. En efecto, una vez que el Ministerio Público recabe los datos que le indican probablemente la comisión de un hecho delictivo y considera que es oportuno formalizar la imputación, para el caso de que el imputado no se encuentre retenido, solicitará al Juez de control que lo cite para la audiencia inicial, en la cual, conforme a lo dispuesto por el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el imputado será informado de sus derechos constitucionales y legales, y se resolverá sobre la legalidad de su detención -de ser el caso-; se le formulará la imputación, se le dará oportunidad de declarar; asimismo, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares, y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. Sobre esto último, es importante destacar que hasta antes de la audiencia inicial, no existe precepto constitucional o legal alguno que imponga al Ministerio Público la obligación de citar al imputado para hacerle de su conocimiento sobre el inicio o integración de una investigación efectuada a su persona, ya que ello acontecerá precisamente con motivo de la citación a la diligencia a la que se refiere el invocado artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, para el caso de que el imputado no comparezca a dicha audiencia inicial, a pesar de encontrarse debidamente notificado, el Juez de control, a petición del Ministerio Público, girará orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública, cuya evasión podrá derivar en el dictado de una orden de aprehensión. Así, de la redacción del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales se destacan las dos hipótesis señaladas en líneas precedentes en las que el Juez de control está facultado para librar orden de aprehensión en contra del imputado: a) El primer supuesto deriva de la exposición que haga el Ministerio Público sobre la necesidad de cautela; es decir, que no sea viable ordenar la citación o comparecencia por medio de la fuerza pública del imputado, deduciéndose que ello pende de las características o circunstancias del hecho punible o del imputado. b) El segundo supuesto deriva de la resistencia o evasión de la orden de comparecencia judicial, siempre que el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. Esto es, cuando a pesar de haberse ordenado la comparecencia del imputado a través de la fuerza pública, el Juez de control determine que se ha evadido o resistido a dicho mandamiento, entonces podrá girar orden de aprehensión. Y en el caso, como se advirtió se actualizó el primer supuesto, al haberse justificado que existía necesidad de cautela por haber evidencia de la posibilidad de que la quejosa se evada a la acción de la justicia, de ahí que resultaba innecesario la existencia de cita previa u orden de comparecencia, lo que no contraviene los principios de oralidad e inmediación que rigen el nuevo sistema procesal penal acusatorio y oral. En consecuencia al no haberse desvirtuado la eficacia de los medios de prueba habidos en la carpeta judicial C-35/2018 y al no estar demostrada alguna violación a los derechos fundamentales de la quejosa Lucero de Jesús Morales Hernández, lo procedente es negarle el amparo y protección que de la Justicia de la Unión solicitó. Dicha negativa se hace extensiva al acto de ejecución reclamado a la Coordinadora de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrita a la Fiscalía Especializada contra el Delito de Secuestro, y al Coordinador General de la Policía Ministerial del Estado, residentes en Chilpancingo, Guerrero, al no reclamarse por vicios propios. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Lucero de Jesús Morales Hernández, por los actos y autoridades existentes precisados en el resultando primero de esta sentencia, en términos de lo expuesto en el último de sus considerandos. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

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