Lucely Carolina Santoyo Arzapalo

Expediente 1262/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1262/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
14/10/2021

Partes del expediente

  • Lucely Carolina Santoyo Arzapalo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que señala la ley de la materia en su artículo 202, para que la parte quejosa se inconformara, con el proveído que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejerció ese derecho, téngase a la parte promovente del amparo conforme con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, por lo que, háganse las anotaciones en el libro respectivo. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, el mismo debe conservarse, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse, tal como lo establece el propio numeral antes invocado. Asimismo, y como lo dispone el segundo párrafo del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y en razón al sentido dictado en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y sentencia dictada en el presente asunto, mismos que deberán digitalizarse en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán; diez de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ya obra el oficio suscrito por la Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Yucatán, y en representación del Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Yucatán del ISSSTE, con sede en esta ciudad, con el que informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria concesoria de amparo; así como que mediante proveído de nueve de agosto de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con el oficio y anexo remitidos por la mencionada autoridad, para que en el término de tres días hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera; por lo que al haber fenecido dicho plazo, este juzgador determinará si está cumplido o no el fallo de amparo. Dado que el plazo señalado en el acuerdo de mérito ya feneció y la parte quejosa no hizo manifestación alguna al respecto, se procede a estudiar si de las constancias de autos, el fallo protector se encuentra cumplido o no. En ese sentido, debe decirse que por sentencia firmada el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, en su segundo punto resolutivo, se concedió a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, respecto del acto que reclamó del Encargado de la Subdelegación de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida; por lo que en proveído de tres de junio del año en curso, causó ejecutoria dicha sentencia y se requirió a la responsable su debido cumplimiento. De la sentencia emitida se aprecia que la responsable se encontraba obligada a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: .En consecuencia, dada la inconstitucional del precepto legal de que se trata, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a LUCELY CAROLINA SANTOYO ARZÁPALO, en cuanto a su aplicación presente y futura del artículo 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Al respecto, se cita la jurisprudencia 112/99 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19 del tomo X, noviembre de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." La protección federal se hace extensiva al acto de aplicación contenido en el oficio ISS.100.31.300.1.0619.12.2020, de dos de diciembre de dos mil veinte, emitido como se ha visto, por el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Delegación Estatal Yucatán. Por lo que, conforme a los artículos 77, fracción I y 78 de la Ley de Amparo, dicha autoridad deberá realizar lo siguiente: I. Dejar insubsistente la determinación contenida en el oficio ISS.100.31.300.1.0619.12.2020, de dos de diciembre de dos mil veinte. II. No aplicar a la quejosa Lucely Carolina Santoyo Arzápalo, el artículo 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de julio de dos mil nueve, en lo presente y en lo futuro; y III. Ordenar el pago de las cantidades que correspondan a la quejosa por la pensión de viudez a la que tiene derecho y que le hayan sido indebidamente retenidas por virtud de la aplicación del precepto declarado inconstitucional, a fin de restituirla en el pleno goce de sus derechos humanos violados. Asimismo, cabe precisarse que si bien la tutela protectora alcanza a la diversa autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, que concurrió en la expedición del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ello no implica por parte de éste la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. Así las cosas, de las constancias que obran en este sumario, se advierte el oficio sin número, de cinco de julio de dos mil veintiuno, con número de registro 10122, la Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Yucatán, y en representación del Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Yucatán del ISSSTE, con sede en esta ciudad, informó que mediante diverso oficio ISS100.31.300.1.361.06.2021 de fecha catorce de junio del año en curso, el Encargado de la Subdelegación Prestaciones de la Delegación Yucatán del ISSSTE, dejó insubsistente: la determinación contenida en el oficio ISS.100.31.300.1.0619.12.2020, de dos de diciembre de dos mil veinte, ordenó no aplicar a la quejosa Lucely Carolina Santoyo Arzápalo, el artículo 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de julio de dos mil nueve, en lo presente y en lo futuro; y ordenó el pago de las cantidades que correspondan a la quejosa por la pensión de viudez a la que tiene derecho y que le hayan sido indebidamente retenidas por virtud de la aplicación del precepto declarado inconstitucional, a fin de restituirla en el pleno goce de sus derechos humanos violados. Asimismo, por oficio sin número, de cinco de agosto de dos mil veintiuno, con número de registro 10811, la Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Yucatán, y en representación del Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Yucatán del ISSSTE, con sede en esta ciudad, adjuntó el formato de SP-11 de recibo de pago por la cantidad de $61, 503.40 (Son: sesenta y un mil quinientos tres pesos, con cuarenta centavos) siendo el beneficiario la quejosa Lucely Carolina Santoyo Arzapalo y la copia del cheque 0005027 del Banco HSBC, por la cantidad antes referida, entregado a la aquí quejosa el dieciséis de julio del año en curso, tal como se advierte de las constancias remitidas por la autoridad responsable. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DEL FALLO PROTECTOR DICTADO EN ESTE JUICIO, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Vista la cuenta que antecede, agréguense a estos autos el oficio y anexo remitidos por la Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y en representación del Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Yucatán del ISSSTE, con los que atiende el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional e informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con la documentación de cuenta, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido el plazo de referencia, dese cuenta con los autos para resolver si está cumplido o no la sentencia ejecutoria.

  4. Principal

    Vista la cuenta que antecede, agréguense a estos autos el oficio la Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y en representación del Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Yucatán del ISSSTE, con un anexo que adjunta, con el que atiende el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional e informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con la documentación de cuenta, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido el plazo de referencia, dese cuenta con los autos para resolver si está cumplido o no la sentencia ejecutoria.

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