Lucely Beatriz Varguez Quintal

Expediente 1119/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1119/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
21/09/2023

Partes del expediente

  • Lucely Beatriz Varguez Quintal
  • Secretaria de Seguridad Publica del Estado de Yucatan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MESA I. Agréguese a estos autos el oficio 9147/2023 del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que fue admitido el recurso de revisión interpuesto por la parte aquí quejosa ********************, en contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de fecha once de agosto de dos mil veintitrés, formándose por tal motivo, el toca número ******************** NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  2. Principal

    MESA I EXP.1119/2023 EXP.1119/2023-I OFICIO. 22126/2023 Asunto: se remite expediente Vía electrónica. AL H. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DECIMOCUARTO CIRCUITO, EN TURNO. PRESENTE. De conformidad con lo acordado en proveídos de treinta de agosto de dos mil veintitrés, dictado en los presentes autos del juicio de amparo al rubro citado, promovido por la parte quejosa Lucely Beatriz Varguez Quintal, contra actos que reclama de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad; me permito remitirle vía electrónica el presente expediente, con motivo del recurso de revisión interpuesto por la aquí quejosa Varguez Quintal, en contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de fecha once de agosto de dos mil veintitrés, junto con los escritos digitales de expresión de agravios respectivo, siendo innecesario el envío de la copia de éstos que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, ya que el traslado correspondiente podrá obtenerse digitalmente, cumpliendo de éste modo, lo ordenado en el artículo 89 de la Ley de Amparo. Sin perjuicio de lo anterior, se hace del conocimiento del Tribunal de Alzada, que éste Juzgado se encuentra en total disposición de remitir las constancias que la superioridad estime en su caso, ello, para la correcta substanciación del recurso de que se trata. Suplico a usted se sirva ordenar se acuse recibo a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán y aceptar las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. MÉRIDA, YUCATÁN, SIETE DE SEPTIEMBRE DE 2023. A T E N T A M E N T E. KARLA ALEXANDRA DOMÍNGUEZ AGUILAR. JUEZA TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. (FIRMA ELECTRÓNICA)

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el escrito suscrito por la aquí quejosa Lucely Beatriz Varguez Quintal, un escrito de agravios y una copia, mediante el cual interpone el recurso de revisión y formula agravios en contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio. Por ende, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo; entréguese copia del escrito de expresión de agravios a la autoridad responsable en el presente asunto. En tal virtud, a fin de acreditar la legalidad del auto recurrido, remítase el escrito original de interposición del recurso de mérito, en el que expresa sus agravios, al ********************, una vez notificadas las partes de la interposición del recurso de referencia. Sin perjuicio de lo anterior, toda vez que la actuación electrónica es el eje rector en la tramitación de expedientes en todas las materias e instancias, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal aludido, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar la legalidad del acto impugnado. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente asunto mediante el expediente electrónico. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, once de agosto de dos mil veintitrés. Vistos los presentes autos y nuevamente el informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, en representación del su Titular, con sede en esta ciudad, y un anexo que adjuntó, consistente en la constancia de veinticinco de julio pasado, de la que se advierte que ese día se entregó la liberación del vehículo marca Ford, modelo fiesta, tipo automóvil, color gris, placas de circulación ZBR-765-D del Estado de Yucatán, a la quejosa Lucely Beatriz Varguez Quintal. En ese sentido, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente lo constituye la retención del vehículo de la marca Ford, modelo fiesta, tipo automóvil, color gris, placas de circulación ZBR-765-D del Estado de Yucatán, a la quejosa Lucely Beatriz Varguez Quintal. Ahora bien, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Así, esta Juzgadora Federal de oficio advierte que en el presenta asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Es conveniente señalar que para la actualización de esta causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable anule o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, se deje sin efectos, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino el examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la retención del vehículo marca Ford, modelo fiesta, tipo automóvil, color gris, placas de circulación ZBR-765-D del Estado de Yucatán, a la quejosa Lucely Beatriz Varguez Quintal. Ahora bien, de las constancias que integran este juicio de amparo, se advierte que el veinticinco de julio de dos mil veintitrés, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, le fue devuelto a la quejosa, en definitiva, el vehículo del que se ostentó propietaria, así como los objetos reseñados en el inventario correspondiente; siendo que, incluso, en la constancia de esa propia data, en la que se precisó dicha entrega, la quejosa indicó que no tenía cosa ni cantidad alguna que reclamar, en el presente o en el futuro, a la Secretaría responsable. Por consiguiente, si el efecto jurídico de la sentencia de amparo es restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, en el caso, al haber cesado los efectos del acto que reclamó, resulta ocioso examinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, toda vez que ya no surte efectos, ni los surtirá y, por ende, no vulnera la esfera jurídica de la aquí peticionaria de amparo y, por tanto, no existe motivo para el análisis de la alegada violación constitucional que se reclamó de la autoridad responsable, en razón de que no puede alcanzarse el objetivo protector, dada la cesación total de los efectos del acto reclamado. Lo anterior, en virtud de que el automotor cuya retención y desposesión reclamó la parte quejosa, ya le fue entregado a ésta, siendo que, incluso, dicha quejosa indicó que no tenía cosa ni cantidad alguna que reclamar, en el presente o en el futuro, a la Secretaría responsable. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 del propio ordenamiento legal. Por otra parte, en relación al diverso acto que reclama en su demanda de garantías consistente en la multa impuesta en la boleta de infracción número 775657 de diez de junio de dos mil veintitrés, este juzgador federal considera que, en el caso, el juicio resulta improcedente al no demostrarse afectación a la esfera jurídica del gobernado, la cual se encuentra prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, Constitucional. Las referidas porciones normativas establecen el interés como un presupuesto procesal indispensable para la procedencia del juicio de amparo, de ahí que como lo establece el primer dispositivo si el acto reclamado no genera esa afectación directa al peticionario, no es viable la acción constitucional. En esencia, los preceptos en su conjunto, reconocen tres tipos de interés: simple, jurídico y legítimo. La existencia de cualquiera de los dos últimos constituye uno de los requisitos del juicio de amparo para efecto de su viabilidad, mientras que el interés simple no genera la procedencia de este medio excepcional. En efecto, se reconoce con carácter de quejoso a quien sostiene ser el titular de un derecho subjetivo (interés jurídico), o bien, al sujeto o colectividad que dada su especial posición frente a una norma, acto u omisión vulnere en forma real sus derechos protegidos en el artículo 1° Constitucional (interés legítimo). Por tanto, de no generarse ese tipo de afectaciones concretas, el interés que pudiera derivar es simple, el cual no es tutelado en el juicio de amparo. Conforme a esas premisas el interés simple es aquel jurídicamente irrelevante que tiene una persona en que la autoridad actúe en determinado sentido. Ahora, al hablar de interés jurídico, nos referimos tanto a un derecho real como objetivo derivado de la norma; por lo cual, la afectación de dicho derecho también debe evidenciar esas características: ser real y objetiva. Para acceder al sistema de impartición de justicia a través del juicio de amparo, la parte quejosa deberá demostrar plenamente que el derecho que alega ser afectado, existe en la norma, que la afectación a dicho derecho proviene de un acto de autoridad y, que sus efectos son reales y objetivos. Algunos de los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por tanto, el interés jurídico se identificará ante la existencia de un perjuicio directo a la esfera jurídica del quejoso a partir de la titularidad de un derecho público subjetivo, esto es, se requerirá una lesión directa e inmediata en la persona o patrimonio del quejoso, situación que debe ser susceptible de apreciación objetiva. Conforme con lo cual, tendrá interés jurídico quien sea titular de un derecho jurídico y el acto afecte en forma directa e inminente su esfera jurídica. Por su parte el interés legítimo no tiene un concepto jurídico determinado sino interpretativo, porque la metodología para aplicarlo requiere de un análisis de razonabilidad, una evaluación casuística de lo impugnado y la persona considerada a la luz de los derechos estimados vulnerados en contra partida a la finalidad protectora del juicio de amparo. Se entiende como una afectación intermedia entre el interés simple y el jurídico, pues no se exige acreditar la afectación de un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona puede promover la acción de amparo, pues se requiere de una afectación a la real esfera jurídica del individuo o colectividad entendida en un sentido amplio al derivar de la especial situación frente al acto de autoridad. El interés legítimo se concibe como una institución mediante la cual se faculta a todas las personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, tienen un interés cualificado en que el derecho les sea respetado o reparado porque su afectación es real. Los elementos del interés legítimo consisten en: a) acreditar la existencia de una norma constitucional en la que se establezca o proteja algún interés difuso en beneficio de colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. En ese orden de ideas, en la presente instancia constitucional, acude Lucely Beatriz Varguez Quintal, por propio derecho, a reclamar de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad, la multa impuesta en la boleta de infracción número 775657 de diez de junio de dos mil veintitrés. Sin embargo, tal acto no afecta su interés jurídico, pues la solicitante del amparo es ajena a esa imposición, atento a que dicha multa va dirigida a Brian Augusto Flores Montero, quien conducía el automotor con placas ZBR-765-D y se le impuso por conducir en estado de ebriedad. Así, los anteriores hechos evidencian que a la parte quejosa no se le ha dirigido mandamiento alguno que trascienda en su esfera de derechos. Por tal motivo, si la multa que reclama la quejosa no está dirigido a su persona ni se ordena ejecutar sobre sus bienes; es de concluirse, que no se afecta su esfera de derechos y, por ende, no hay agravio que vulnere su interés jurídico; lo cual era necesario para acudir a la instancia constitucional. Motivos por los cuales, se sobresee fueran de audiencia en el presente juicio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la causa de improcedencia que se actualizó. En tales circunstancias, encontrándose acreditada las causales de improcedencia previstas en la fracción XXI y fracción XII, de la Ley de Amparo, esta última en relación con el 5, fracción I, de la citada legislación y 107, fracción I, Constitucional, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por autorización otorgada en sesión de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/3650/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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