Lucas Solis Martinez
Expediente 55/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 55/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Lucas Solis Martinez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en virtud de que la certificación que antecede, asentada por el Secretario de este Juzgado Federal, se advierte que el quejoso Lucas Solís Martínez, no interpuso recurso de queja en contra del proveído de veintiséis de enero del dos mil dieciocho, de conformidad con el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, dentro del término concedido en el numeral 98 de la Ley en cita, proveído en el cual SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en relación con su numeral 2°, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, ARCHÍVESE el presente Juicio de Amparo, por tratarse de un asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Toda vez que en el presente juicio se desechó la demanda de amparo promovida, el mismo es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. En virtud de lo anterior, resulta innecesaria la retención del expediente original *** y una carpeta de media cautelar, que la autoridad responsable Magistrado Presidente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, acompañó en su oficio, al declarar su legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo promovida por ***; por tanto, devuélvanse el un tomo de prueba, respectivamente, a su lugar de origen, al Presidente de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, solicitando el acuse de recibo condigno.
- Principal
Visto el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en auto de once de enero del año en curso, en el que el Magistrado Presidente del órgano de su adscripción declaró su legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Lucas Solís Martínez, contra actos de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de esta ciudad, remite: la demanda de referencia en original y tres copias de la misma, los oficios 355/2018, 10-1-3-123327/17, el expediente original ***; y una carpeta de media cautelar, del índice de la responsable, dado el volumen del expediente y de la carpeta antes referidas, se ordena formar UN TOMO DE PRUEBA, se acuerda: a) Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 55/2018-VI.2, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. b) Tomando en consideración que el acto reclamado no es de aquellos que hace procedente el juicio de amparo directo, con apoyo en el artículo 45 de la Ley de Amparo, el suscrito se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese el recibo correspondiente. c) Una vez analizada la demanda promovida, de conformidad con lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, se obtiene que la misma resulta improcedente, por lo que procede desecharla. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del numeral 61, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." En principio, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal del País ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de su derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Las anteriores consideraciones fueron sustentadas en la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo XXIV, diciembre de 2006, Tesis: 2a./J. 181/2006, visible en la página 189 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Asimismo se cita la jurisprudencia P./J.90/97, localizable en la página 9, del Tomo VI, Diciembre de 1997, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Ahora bien, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene relatar los antecedentes del acto reclamado, siendo éstos los siguientes: 1.- El doce de diciembre de dos mil dieciséis, el Órgano de Control en el Servicio de Administración Tributaria, dependiente de la Función Pública, dictó sentencia en el expediente administrativo número *** instruido en contra del aquí quejoso y le impuso una sanción consistente en amonestación privada, al incumplir con las obligaciones derivadas de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, durante su gestión como Asesor Fiscal integral adscrito a la Administración Local de Servicios al Contribuyente de León, de la Administración General de Servicios al Contribuyente. 2.- Inconforme con lo anterior, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, presentó demanda de nulidad ante la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de esta ciudad. 3.- Previo desahogo de la prevención, el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, la responsable admitió a trámite la demanda en cita, quedando registrada bajo el número de expediente ***. 4.- Posteriormente, el aquí quejoso el diecisiete de julio de dos mil diecisiete, solicitó la medida cautelar consistente en la suspensión del registró en la página de Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Función Pública, por lo que se formó por separado un cuadernillo relativo a la medida cautelar solicitada, misma que se consideró negar, toda vez que de la misma fue inscrita el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, por lo que se trata de actos consumados. 5. En contra del auto relatado en el punto anterior, el impetrante promovió recurso de reclamación, resolviéndose mediante interlocutoria de diez de noviembre de dos mil diecisiete, en el que determinó confirmar el auto que negó la medida cautelar solicitada, argumentando que los actos que originaron la medida cautelar no son materia de suspensión, toda vez que se encuentran ejecutados. Resolución que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. 6.- Posteriormente, el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, la Sala Regional del Centro III, dictó sentencia definitiva en el juicio de nulidad de origen y declaró la nulidad de la resolución impugnada, ordenando la cancelación del registro de la sanción impuesta al aquí quejoso en el Registro de Servidores Públicos Sancionados, de la Secretaría de la Función Pública. 7.- Finalmente, mediante escrito presentado el veinticinco de enero del presente año, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad, el quejoso Lucas Solís Martínez, presentó demanda de amparo, la que por razón de turno le correspondió conocer a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado. En ese sentido, es de advertirse que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo en que se promueve, esto es, con fecha el cinco de diciembre de dos mil diecisiete se dictó sentencia definitiva en el juicio contencioso de origen. De ahí que, si la parte quejosa acudió al presente juicio de amparo doliéndose de la resolución interlocutoria que confirmó la negativa de la medida cautelar solicitada dentro del juicio de nulidad de origen, y dado que la responsable dictó sentencia definitiva el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, se considera que aún y cuando la resolución reclamada sigue subsistiendo, la materia u objeto del presente amparo dejó de existir debido a la circunstancia en comento. Lo anterior es así, habida cuenta que, aun y cuando la resolución reclamada subsiste, dado que no ha sido invalidada expresamente por la autoridad responsable, la misma no puede surtir efecto legal y material, en razón de que dejó de existir el objeto de la misma (consistente en la suspensión del registró en la página de Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la función pública), pues como ya se explicó mediante sentencia definitiva de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, se resolvió en definitiva y declaró la nulidad de la resolución impugnada, ordenando la cancelación del registro de la sanción impuesta al aquí quejoso en el Registro de Servidores Públicos Sancionados, de la Secretaría de la Función Pública. Bajo esa guisa, resulta incuestionable concluir que en virtud de la modificación del entorno en el cual se materializó la resolución reclamada, la concesión del amparo que en su caso se efectuara ningún efecto jurídico tendría, en atención de que a pesar de que aún subsiste el acto de autoridad, empero, debido a las condiciones y circunstancias que actualmente imperan en el presente asunto, el objeto de análisis constitucional dejó de existir materialmente, dado que, se insiste, se resolvió en definitiva el juicio de origen. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Tomando en consideración que la parte quejosa, señala los estrados para recibir notificaciones personales, siendo que éstos no constituyen un domicilio propiamente dicho (hasta en tanto se haga señalamiento al respecto como lo indica el artículo 27 fracción I, del cuerpo leyes en consulta) la notificación de este auto y las subsecuentes que tengan ese carácter, practíquense por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme a las reglas que al efecto establece el diverso numeral 29, de la Ley de Amparo; asimismo, por lo que hace al acceso al expediente electrónico en que se actúa, dígasele que ya se encuentra habilitado el mismo y podrá ingresar en el momento en que así lo desee. Se tiene como autorizados de su parte a los licenciados ***, en TÉRMINOS RESTRINGIDOS del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no tienen registrada su cédula profesional en la base de datos, instaurada en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio de dos mil cinco. Finalmente, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma protege el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 7,966 expedientes
- Lorenzo Chavez Zavala1116/2019
- Lorenzo Santoyo Vega946/2023
- Lorenzo Vera Silva190/2023
- Lourdez Martina Zamora Alvarez O Lourdes Zamora Alvarez101/2023
- Lucas Rico Llanos517/2016
- Lucas Rodriguez Mejia179/2017
- Lucia Aboytes Ramirez1024/2017
- Lucia Contreras Hernandez292/2015
- LUCIA HERNANDEZ MUÑOZ apoderada de SANDRA VILLAFUERTE MEDINA374/2018
- Lucia Morales Lopez37/2022
- Lucia Uribe Prieto296/2017
- Lucia Vazquez Bobadilla113/2019