Lourdez Martina Zamora Alvarez O Lourdes Zamora Alvarez
Expediente 101/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 101/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Lourdez Martina Zamora Alvarez O Lourdes Zamora Alvarez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, que envía la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en la ciudad de Guanajuato, mediante el cual remite copia certificada de la sentencia pronunciada por ese órgano colegiado, en el recurso de queja 48/2023, derivado del presente sumario, la cual, en lo que interesa dice: «ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja.» De lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes, acúsese recibo. Anotaciones y capturas. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Además, con el cuaderno de antecedentes que se formó, dado que son copias simples del expediente original, se ordena la destrucción de las mismas, previo desglose que se haga de aquellas constancias que sean originales y se agreguen al expediente principal. Se ordena archivo. En mérito de lo anterior, y toda vez que no existe actuación pendiente de practicarse, con apoyo en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Valoración documental. En términos de lo dispuesto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente no es de relevancia documental. Por tanto, atendiendo al numeral 21, inciso b), del referido acuerdo general, el presente juicio de amparo deberá ser destruido en el plazo de tres años. Hágase constar esta valoración en la carátula, en términos del ordinal 35 de dicho acuerdo general. Destino del expediente principal. En esa virtud, una vez cumplido el término señalado, dentro de los treinta días siguientes, el presente expediente se deberá destruir y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese en autos el oficio signado por la secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en la ciudad de Guanajuato, mediante el cual informa que el órgano jurisdiccional de su adscripción admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del acuerdo de desechamiento, mismo que fue radicado como recurso de queja ****. De lo que se toma nota para los fines legales conducentes.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por ******************** autorizada de la quejosa en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda: Se tiene por interpuesto recurso de queja contra el acuerdo de nueve de febrero dedos mil veintitrés. En razón de lo anterior, solicítese turno correspondiente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital; para lo cual, adjúntese el escrito de expresión de agravios para que cuente con los datos necesarios para su registro.Luego, infórmesele al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital al que haya sido turnado el recurso que nos ocupa, que se encuentra a disposición el expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que se encuentre en posibilidad de imponerse de las constancias que integran este sumario, para la substanciación y resolución del recurso de queja interpuesto, como se desprende de la siguiente captura: **********Además, solicítese respetuosamente al tribunal de alzada que, de estimar necesarias las constancias físicas para la sustanciación del medio de impugnación hecho valer, le serán remitidas. De igual manera, en vía de informe con justificación sobre la materia del recurso de queja interpuesto, hágase saber a la superioridad que es cierto que el nueve de febrero dedos mil veintitrés, se emitió el acuerdo que se impugna, en el cual constan los motivos y fundamentos legales que se tomaron en cuenta para emitirlo en el sentido en que se hizo, lo que sustenta su legalidad, por lo que se estima no se han violado derechos humanos de la parte quejosa.
- Principal
Demanda. Visto lo de cuenta, téngase recibida la demanda de amparo promovida por **** por derecho propio, mediante la cual solicita el amparo y protección de la justicia federal contra actos que atribuye a: Juez Único Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato. En ese contexto, se manda formar expediente, registrarlo en el libro de control bajo número 101/2023-III, en la inteligencia de que, en el presente juicio, de manera preliminar, los actos reclamados se hacen consistir en: La resolución de diecisiete de enero de dos mil veintitrés dictada en el recurso de revocación instado en el expediente ***, que confirma el acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintidós, en la que el juez de origen deja sin efectos el emplazamiento realizado a los codemandados y ordena la reposición de procedimiento. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. Actos de imposible reparación. Ahora, esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dichos preceptos establecen el sistema para la procedencia del juicio de amparo indirecto. En ese sentido, se tiene que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que se actualicen dentro o fuera de juicio o después de que éste ha concluido. Además, de la porción constitucional se advierte que la procedencia del amparo indirecto contra actos dentro de juicio está expresamente condicionada a que éstos tengan una ejecución de imposible reparación. Así, cuando se trata de actos dentro de juicio, el amparo en la vía indirecta procede cuando aquéllos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, los que consisten en afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio constitucional indirecto contra actos de imposible reparación, ya que, mediante una definición legal reiteró, su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables.***** Análisis del caso concreto. De lo reseñado evidencia que la resolución de diecisiete de enero de dos mil veintitrés dictada en el recurso de revocación instado en el expediente ****, que confirma el acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintidós, en la que el juez de origen deja sin efectos el emplazamiento realizado a los codemandados y ordena la reposición de procedimiento, no es un acto de imposible reparación ni afectan derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales del que el Estado Mexicano es parte, sino que solamente tiene efectos procesales y no afecta, lo que motiva la improcedencia del juicio de amparo indirecto. Lo anterior, pues a raíz de las últimas reformas constitucionales y a la Ley de Amparo, la jurisprudencia interna del país acotó o limitó dicha procedencia a aquellos actos que sean de imposible reparación, lo cual se actualiza cuando éstos cumplan las dos notas distintivas señaladas con antelación: afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo y esa afectación no desaparezca ni aun en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. En la especie, no se da la primera de las notas distintivas que hace que los actos tengan una ejecución de imposible reparación, esto es, que afecte de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, dado que la resolución reclamada constituye un acto inminentemente procesal y de posible reparación, ya que el citado acto su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas y la quejosa tendría la oportunidad de obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio, y si la resolución le fuera desfavorable, podría reclamar vía amparo directo. De ahí que no se considere irreparable para efectos de la procedencia de amparo indirecto. Por tanto, no se puede hablar de que el acto reclamado sea de imposible reparación, ya que al tratarse de una resolución en la que, esencialmente la responsable confirma la determinación donde ordena la reposición del procedimiento al dejar sin efectos el emplazamiento realizado a la parte demandada, solamente incide en derechos procesales pero no es un derecho sustantivo el que materialmente resulta afectado de modo directo e inmediato, con independencia del desenlace del proceso jurisdiccional. Lo anterior, porque el acto del que se duele constituye una lesión que podría quedar subsanada con posterioridad, al momento de emitirse la sentencia que decida el juicio de origen, la que puede ser a su favor y, aun cuando ello no fuera así, puede reclamarla a través del medio que tenga a su alcance. En esa tesitura, el acto no causa, por el momento, un agravio directo a los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues no tienen una naturaleza trascendental y grave que le cause un daño o perjuicio irreparable.*** Protesta de ley. Por otra parte, conviene destacar que esta juzgadora cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. *** Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No se inadvierte que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Domicilio y autorizados.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 7,966 expedientes
- Lorena Vazquez Arce439/2020
- LORENZA GOMEZ DE PARADA BRANIFF DE PREVOISIN y Otros.1158/2019
- Lorenzo Antonio Ramirez Peña63/2019
- Lorenzo Chavez Zavala1116/2019
- Lorenzo Santoyo Vega946/2023
- Lorenzo Vera Silva190/2023
- Lucas Rico Llanos517/2016
- Lucas Rodriguez Mejia179/2017
- Lucas Solis Martinez55/2018
- Lucia Aboytes Ramirez1024/2017
- Lucia Contreras Hernandez292/2015
- LUCIA HERNANDEZ MUÑOZ apoderada de SANDRA VILLAFUERTE MEDINA374/2018