Lucas Kuyoc Rodriguez
Expediente 77/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 77/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 19/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- LUCAS KUYOC RODRIGUEZ y Otros.
- Lucas Kuyoc Rodriguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el veintinueve de abril del presente año, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 77/2021-V-B, promovido por Lucas Kuyoc Rodríguez, José Natividad Dzib, Miguel Ángel Pool Canul, Marcelino Pech Huchim, Jorge Reynaldo Tuz Pérez, José Antonio Poot Canul, Pedro López Suárez, José Roberto Quen Nah, José Teodolfo Be Balam, Armando Chablé Dzib, Sergio Andrés Hau Mex y José Jesús Pérez Peraza; en contra del acto que reclaman del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el quince de enero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado al día hábil siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, comparecieron Lucas Kuyoc Rodríguez, José Natividad Dzib, Miguel Ángel Pool Canul, Marcelino Pech Huchim, Jorge Reynaldo Tuz Pérez, José Antonio Poot Canul, Pedro López Suárez, José Roberto Quen Nah, José Teodolfo Be Balam, Armando Chablé Dzib, Sergio Andrés Hau Mex y José Jesús Pérez Peraza; a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Mediante proveído de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó emplazar al tercero interesado, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados lo hizo consistir la parte quejosa, fundamentalmente en: La omisión de ejecutar el laudo dictado el uno de diciembre de dos mil quince en autos del juicio laboral 260/2011 de su índice. TERCERO. No son ciertos los actos reclamados al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad; toda vez que así lo manifestó el Secretario de Acuerdos en Funciones de Magistrado Presidente del Tribunal al rendir su informe justificado. Pues de su lectura integral se advierte que manifestó: "Son falsos los actos reclamados por los quejosos en su demanda de garantías, ya que este Tribunal ha llevado el procedimiento de ejecución del presente expediente siguiendo los lineamientos de los artículos 160, 161y 162 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios; tal y como se acredita con las constancias necesarias que a manera de informe justificado se le envían en un legajo debidamente certificado, lo que hago de su conocimiento, para los fines legales que correspondan." En este contexto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al dirimir la contradicción de tesis 339/2011, expuso entre otras consideraciones, que de reclamarse en amparo indirecto, de forma genérica, la omisión de proveer lo conducente para la ejecución forzosa de un laudo, motiva el sobreseimiento del juicio de amparo, porque se estaría en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo y de realización incierta, ya que la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada una omisión genérica que se atribuyera al Tribunal ejecutor, porque se estima que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, como ahora se pretende. Ahora bien, con el objeto de ilustrar sobre la causa de sobreseimiento resulta pertinente destacar desde luego, que los artículos161 y 162 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, establecen: "ARTÍCULO 161.- El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio procedan." "ARTÍCULO 162.- Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola que, de no hacerlo, se emplearán los medios de apremio establecidos es esta propia Ley." De los preceptos transcritos se advierte que una vez dictado el laudo, el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, tiene la obligación de ejecutarlo, pero al señalar "cuando se pida", se estima necesaria la intervención de la parte actora, aunado a que la fracción III del artículo 124 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Estado de Yucatán, establece que las acciones para ejecutar las resoluciones del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Estado de Yucatán, lo que implica el consecuente impulso procesal del trabajador, con la sanción que de no hacerlo prescribirá la acción para ejecutarlo. En esa tesitura, debe destacarse que la continuación de la ejecución del laudo es siempre a petición de la parte titular del derecho, y que dicha solicitud debe hacerse cada vez que sea necesario, dentro de los límites establecidos por la propia ley, so pena de que inicie o reinicie el término prescriptivo de dos años, para ejecutar el laudo. Por su parte, es verdad que también en esa etapa el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 Constitucional de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, así con lo dispuesto en el artículo 25, numeral 2, inciso c) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en el que se establece la obligación de los Estados Partes de garantizar el pronto y efectivo cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso judicial. Sin embargo, también lo es, que la ejecución de laudo, requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones. Lo antes considerado se orienta en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011, anteriormente invocada, de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA." Por ello, no es factible tener como ciertos los actos reclamados relativos a la omisión de proveer a la eficaz e inmediata ejecución del laudo de uno de diciembre de dos mil quince dictado en el juicio laboral 260/2011 de su índice, así como de dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que procedan para lograr su cumplimiento, sin especificar una omisión o dilación en concreto. En razón a que, como se ha expuesto, para la ejecución forzosa del laudo se requiere la solicitud expresa de quien es titular del derecho a ejecutarlo, que la intervención de éste es necesaria para la continuación de la ejecución del laudo es siempre a petición de la parte titular del derecho, y que dicha solicitud debe hacerse cada vez que sea necesario, so pena de que inicie o reinicie el término prescriptivo para ejecutarlo. Por esas razones es que no podría constreñirse al Tribunal responsable para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo, en los términos que indican los artículos 161, 162 y demás relativos de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, así como de la Ley Federal del Trabajo. Porque una protección federal con ese alcance generaría confusión y la posterior necesidad de dilucidar casuísticamente cuándo la dilación del cumplimiento de la sentencia de amparo se debe a "causa imputable a las partes" o bien el retraso obedece a la actuación u omisión de "otras autoridades", lo que a la larga se traduciría precisamente en lo que se quiere evitar, que es la dilación en el cumplimiento del derecho fundamental de justicia completa y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio por falta de materia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la tesis jurisprudencial número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible con el número de registro 917818, mismo Apéndice, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, al resolver el recurso de revisión 161/2018, del índice del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en Mérida, Yucatán, relativo al cuaderno auxiliar 47/2019, derivado del juicio de amparo indirecto 460/2018-I-B, del índice de este Juzgado Segundo de Distrito, promovido por NELLY CECILIA PÉREZ AGUILAR, en contra de los actos reclamados al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y otras autoridades. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." CUARTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Lucas Kuyoc Rodríguez, José Natividad Dzib, Miguel Ángel Pool Canul, Marcelino Pech Huchim, Jorge Reynaldo Tuz Pérez, José Antonio Poot Canul, Pedro López Suárez, José Roberto Quen Nah, José Teodolfo Be Balam, Armando Chablé Dzib, Sergio Andrés Hau Mex y José Jesús Pérez Peraza; en contra del acto que reclaman del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad; por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por la Jefa de la Oficina de Servicios Directos "Poder Judicial" del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, por medio del cual comunica a este Juzgado Federal, que la tarjeta de acuse de recibo correspondiente al oficio 740/2021-V-B, ya fue entregada a la actuaria de la adscripción, el día veinticuatro de marzo del año en curso; por tanto, provéase lo conducente hasta en tanto obre en autos la citada pieza postal. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: toda vez que de una revisión de autos se advierte que hasta la presente fecha no obra en autos la tarjeta de acuse de recibo correspondiente al oficio 740/2021-V-B, de diecinueve de enero de los corrientes, por medio del cual se ordenó emplazar a la autoridad tercera interesada Ayuntamiento de Espita, Yucatán, con sede en dicha localidad. En mérito de lo anterior, requiérase a la Jefa de la Oficina de Servicios Directos "Poder Judicial", del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de cinco días siguientes al de la notificación del presente acuerdo, devuelva a este Juzgado Federal la aludida tarjeta de acuse de recibo correspondiente al oficio 740/2021-V-B. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, se le impondrá multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos, sin centavos, moneda nacional), conforme a lo dispuesto en los numerales 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Finalmente, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las once horas con nueve minutos del veintinueve de abril de dos mil veintiuno, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
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