Lubia Adriana Escalante Mora
Expediente 146/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 38 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 146/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 02/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Lubia Adriana Escalante Mora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de octubre de dos mil veintitrés. ********************Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: se tiene por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el oficio 8364 de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, recibido vía electrónica en este Juzgado, mediante el uso de la FIREL; del que se advierte que en autos del toca 563/2023, dicha Superioridad admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el Director General de lo Contencioso de la Unidad de Inteligencia Financiera, con sede en la Ciudad de México, autoridad responsable en el presente asunto, en contra de la sentencia dictada el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés.********************Notifíquese y cúmplase
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el memorial presentado por la vía electrónica mediante el uso de la FIREL del Director General de lo Contencioso de la Unidad de Inteligencia Financiera, con sede en Ciudad de México, mediante el cual, en representación del titular de esa dependencia, autoridad responsable en este asunto, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional de veintitrés de agosto del año en curso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de la materia, glósese a los autos una copia del escrito de expresión de agravios, y distribúyanse sendas copias entre las demás partes, esto es, las autoridades responsables y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal. Una vez hecho lo anterior, envíese el original del escrito de expresión de agravios junto con este expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente acordar. Por otra parte, no ha lugar a formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa, y cúmplase.
- Incidental
Mérida, Yucatán, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a este expediente el sobre que contiene el oficio 19764/2023, de ocho de agosto del año en curso, dirigido a la autoridad responsable Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en Ciudad de México, el cual no fue entregado a su destinatario y cuenta con una leyenda que dice "rehusado". En atención a ello, reexpídase dicho oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México, a fin de que se le notifique la resolución interlocutoria de ocho de agosto del año en curso. Lo anterior, a través del correo institucional contencioso@cnbv.gob.mx; el cual se encuentra en el concentrado de correos electrónicos institucionales de las dependencias federales, para la práctica de notificaciones que puedan realizarse en términos de lo dispuesto en los artículos 28 y 30 de la Ley de Amparo, publicado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por último, a efecto de que el presente órgano jurisdiccional tenga constancia de la fecha en que se le notificó el aludido oficio a la citada autoridad responsable, se le requiere que de INMEDIATO acuse recibo por esa misma vía; con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, tal y como lo establece la fracción I, del artículo 237, en relación con el diverso 2********************9, ambos de la ley de la materia, equivalente a $********************,18********************.00 (cinco mil ciento ochenta y cinco pesos, con cero centavos, moneda nacional). Cúmplase.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 146/2023-VII-A, promovido por ****, y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el treinta siguiente a este Juzgado de Distrito, compareció LUBIA ADRIANA ESCALANTE MORA, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que atribuye a la Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de ordenadora, y como ejecutoras, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Inteligencia en Finanzas, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, Institución de Fondo de Pago Electrónico (ALBO) y Compropago, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Fondo de Pago Electrónico (SPIN BY OXXO) Neo Banco Digital, todos con sede en la Ciudad de México. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, la que se registró con el número 146/2023-VII-A; en tal virtud, se solicitó su informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal; y, se señaló día y hora para la audiencia constitucional. TERCERO. Se deja de tener como responsables a ciertas autoridades. Por acuerdo de fecha veintiuno de julio del 12/02/24 11:06:01 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.68.0e GUILLERMO BACAB PECH JUICIO DE AMPARO 146/2023-VII-A 3 año en curso, en cumplimiento al apercibimiento que se le hizo a la parte quejosa, se dejó de tener como autoridades en el presente asunto a Inteligencia en Finanzas, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, Institución de Fondo de Pago Electrónico (ALBO) y Compropago, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Fondo de Pago Electrónico (SPIN BY OXXO) Neo Banco Digital, y se ordenó resolver este asunto por las restantes autoridades señaladas en el escrito inicial de demanda. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, acorde a lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción XII, Constitucionales; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 49 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, procede precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio de amparo, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o 1 Visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época. 12/02/24 11:06:01 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.68.0e GUILLERMO BACAB PECH inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda, se desprende que la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en lo siguiente: 1. Del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se reclama: El Oficio 110/F/B/5355/2019, a través del cual se informó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la lista de personas bloqueadas, y a su vez solicitó entre otros puntos, suspender de forma inmediata la realización de cualquier acto, operación y servicio, así como imposibilitar tanto de abrir cuentas nuevas como la cancelación de las vigentes e impedir la disposición de los recursos, incluyendo los casos en que alguna de las personas designadas en esa lista aparezca como titular, cotitulares, fideicomitente, representante legal y/o apoderado. 2. De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: La suspensión para realizar actos, operaciones y servicios, derivado del bloqueo y/o restricción y/o privación de la disposición de los recursos monetarios que se encuentran depositados en las cuentas de fondos de pago electrónico a su nombre. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados por la parte quejosa a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En esas circunstancias, también son ciertos los actos reclamados por la quejosa a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, no obstante que el 12/02/24 11:06:01 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.68.0e GUILLERMO BACAB PECH JUICIO DE AMPARO 146/2023-VII-A 5 Director y la Subdirectora Contenciosos adscritos a la Dirección General Adjunta Jurídica de Procedimientos C, en su representación lo negaron, ya que dicha negativa quedó desvirtuada al haber aceptado la ordenadora la existencia de los actos. CUARTO. Inexistencia de causales de improcedencia. Al no advertirse la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, se procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 , que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Son fundados los conceptos de violación expuestos por la parte 2 Visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 12/02/24 11:06:01 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.68.0e GUILLERMO BACAB PECH quejosa, razón por la cual habrá de conceder el amparo y protección de la Justicia que solicita. La parte quejosa aduce que los actos trastocan el derecho de legalidad, al no provenir dicho mandamiento de una determinación dictada por autoridad competente en la que se funde y motive el bloqueo de cuentas controvertido. Resulta fundado el concepto de violación y suficiente para conceder la protección de la Justicia Federal -atendido en su causa de pedir3 -, toda vez que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la ejecutoria del amparo en revisión 806/2017, determinó que el bloqueo de cuentas bancarias realizado a partir del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, para cuestiones estrictamente nacionales, es contrario al principio de seguridad jurídica, porque en ese supuesto la medida cautelar no se encuentra relacionada con algún procedimiento administrativo o jurisdiccional específico y determinado. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la jurisprudencia 2a./J. 46/2018 (10a.)4 , concluyó que en el supuesto de que el bloqueo de cuentas realizado a partir del contenido del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, tenga como origen el cumplimiento de una resolución, pronunciamiento o solicitud de un organismo 3 Jurisprudencia 68/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, Agosto de 2000, página 38, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo". 4 Registro IUS: 2016903, de rublo: "ACTOS, OPERACIONES O SERVICIOS BANCARIOS. SU BLOQUEO ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE REALIZA PARA CUMPLIR COMPROMISOS INTERNACIONALES (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO)". 12/02/24 11:06:01 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.68.0e GUILLERMO BACAB PECH JUICIO DE AMPARO 146/2023-VII-A 7 internacional (tal y como lo es el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas), o bien, el cumplimiento de una obligación bilateral o multilateral asumida por nuestro país, no existiría una transgresión al principio de seguridad jurídica. Agregó, que las medidas cautelares deben encontrarse referidas o vinculadas a determinados procedimientos jurisdiccionales o administrativos, justamente debido a su carácter provisional y accesorio, cuyo objeto consiste en suplir interinamente la ausencia de una resolución definitiva de tales procedimientos. Así las cosas, para que una medida cautelar resulte válida en términos constitucionales, de su regulación habrá de advertirse respecto de qué tipo de procedimiento se implementa. Por lo expuesto, la atribución contenida en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, efectivamente opera como una medida cautelar, en tanto se trata de una medida provisional que responde justamente a un procedimiento específico: el cumplimiento de los compromisos internacionales que ha adquirido nuestro país. Indicó que dicha situación además es armónica con el contenido del artículo 133 constitucional, en el sentido de que los tratados internacionales celebrados por nuestro país y que estén de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, serán la Ley Suprema de la Unión, ante lo cual, la citada atribución de bloqueo de cuentas justamente se enmarca como una medida implementada por nuestro país para el cumplimiento de los compromisos internacionales que hemos asumido. No obstante, determinó que la citada conclusión, consistente en que el artículo reclamado es acorde con el principio de seguridad jurídica, no se satisface cuando el bloqueo de cuentas se realiza para cuestiones estrictamente nacionales, en tanto que, en estos supuestos, la medida cautelar no se impondría en 12/02/24 11:06:01 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.68.0e GUILLERMO BACAB PECH relación con un procedimiento específico y determinado, aspecto que trastoca su validez constitucional. Estimó que, en el supuesto de que el bloqueo de cuentas se realice por un motivo estrictamente nacional, es decir, que no se origine al amparo del cumplimiento de un compromiso de índole internacional y mediante una solicitud extranjera, la medida cautelar no se encontraría relacionada con procedimiento alguno, jurisdiccional o administrativo, aspecto que en última instancia, se traduce en una vulneración al principio de seguridad jurídica protegido por el texto Constitucional; sin embargo, lo anterior no implica que el marco normativo reclamado sea inconstitucional, pues a consideración de la Segunda Sala, es posible realizar una interpretación conforme del mismo. Al respecto, señaló que si bien los derechos fundamentales contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte, implican la posibilidad de llevar a cabo un análisis de regularidad normativa, lo cierto es que ello no debe conducir en todo momento a una declaración de invalidez de la disposición sometida a dicho estudio, pues es factible llevar a cabo una interpretación que haga compatible el artículo con el texto Constitucional y con los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales. En las relatadas condiciones, determinó que el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, a efecto de ser acorde con el principio constitucional de seguridad jurídica, debe interpretarse de la siguiente manera: a) La atribución de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consistente en el bloqueo de cuentas a los clientes y usuarios de servicios financieros, únicamente puede emplearse como medida cautelar relacionada con los procedimientos relativos al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos en nuestro país, lo cual se actualiza ante dos escenarios: 12/02/24 11:06:01 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.68.0e GUILLERMO BACAB PECH JUICIO DE AMPARO 146/2023-VII-A 9 I) Por el cumplimiento de una obligación de carácter bilateral o multilateral asumida por México, en la cual se establezca de manera expresa la obligación compartida de implementar este tipo de medidas ante solicitudes de autoridades extranjeras. II) Por el cumplimiento de una resolución o determinación adoptada por un organismo internacional o por una agrupación intergubernamental, que sea reconocida con tales atribuciones por nuestro país a la luz de algún tratado internacional (a manera de ejemplo, para el cumplimiento de las resoluciones que en materia de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva emite el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas). b) La citada atribución no puede emplearse cuando el motivo que genere el bloqueo de las cuentas tenga un origen estrictamente nacional; esto es, que no se realice para el cumplimiento de un compromiso internacional, pues en tales supuestos el bloqueo, al no encontrarse relacionado con algún procedimiento administrativo o jurisdiccional específico, sí resultaría contrario al principio de seguridad jurídica. En suma, el Tribunal Supremo concluyó que nuestro país ha asumido el compromiso internacional de adoptar medidas de acción rápida y eficiente, ante solicitudes extranjeras para identificar y congelar bienes relativos al lavado de activos, al financiamiento del terrorismo y al financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva. Finalmente, estableció que en el supuesto de que el bloqueo de cuentas realizado a partir del contenido del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, tenga como origen el cumplimiento de una resolución o pronunciamiento de un organismo internacional (tal y como lo es el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas), o bien, el cumplimiento de una obligación bilateral o multilateral asumida por nuestro país, no existiría una transgresión al principio de seguridad jurídica. 12/02/24 11:06:01 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.68.0e GUILLERMO BACAB PECH Dicho criterio está contenido en la jurisprudencia cuyo contenido es el siguiente: "ACTOS, OPERACIONES O SERVICIOS BANCARIOS. SU BLOQUEO ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE REALIZA PARA CUMPLIR COMPROMISOS INTERNACIONALES (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO). El precepto referido al prever que las instituciones de crédito deberán suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas, contiene una medida cautelar de índole administrativa, la cual, para ser válida en relación con el principio constitucional de seguridad jurídica, de su regulación habrá de advertirse respecto de qué tipo de procedimiento jurisdiccional o administrativo se implementa. En consecuencia, debe realizarse una interpretación conforme del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito a efecto de que sea acorde con el principio constitucional mencionado, de la siguiente manera: a) La atribución únicamente puede emplearse como medida cautelar relacionada con los procedimientos relativos al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por nuestro país, lo cual se actualiza ante dos escenarios: i) Por el cumplimiento de una obligación de carácter bilateral o multilateral asumida por México, en la cual se establezca de manera expresa la obligación compartida de implementar este tipo de medidas ante solicitudes de autoridades extranjeras; o ii) Por el cumplimiento de una resolución o determinación adoptada por un organismo internacional o por una agrupación intergubernamental, que sea reconocida con esas atribuciones por nuestro país a la luz de algún tratado internacional. b) Sin embargo, la atribución citada no puede emplearse válidamente cuando el motivo que genere el bloqueo de las cuentas tenga un origen estrictamente nacional, pues al no encontrarse relacionada con algún procedimiento administrativo o jurisdiccional específico, resultaría contraria al principio de seguridad jurídica."5 En el caso, los actos reclamados derivan del cumplimiento al acuerdo de bloqueo número 218/2019, emitido por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de nueve de octubre de dos mil diecinueve, en el que se determinó incluir a varias personas en la lista de personas bloqueadas por el tiempo estrictamente necesario para el ejercicio de las facultades de dicha autoridad. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ofreció prueba documental consistente en la copia certificada del mencionado acuerdo de bloqueo; tal medio de convicción tiene 5 Localización: Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 54, mayo de 2018, tomo II, página: 1270. 12/02/24 11:06:01 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.68.0e GUILLERMO BACAB PECH JUICIO DE AMPARO 146/2023-VII-A 11 pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al no encontrarse desvirtuado con distintas probanzas. Se observa que el bloqueo de las cuentas obedeció a que la potestad administrativa llevó a cabo sus facultades y atribuciones legales, así como distintas labores de investigación e inteligencia, estableciendo contar con indicios suficientes para determinar que los recursos operados por la quejosa LUBIA ADRIANA ESCALANTE MORA, proceden o representan el producto de actividades ilícitas y que tales recursos han ingresado al sistema financiero con el objetivo de ocultar su origen, por consiguiente, la urgencia de incluirla en la lista de personas bloqueadas. Bloqueo el cual alcanzó las cuentas bancarias de la nombrada quejosa, pues en el acuerdo respectivo se pidió a las autoridades financieras que suspendieran de manera inmediata la realización de actos, operaciones y servicios con los clientes o usuarios incluidos en esa lista, imposibilitando la disposición de los recursos que estas últimas contengan, incluyendo los casos en que las personas designadas aparecieran como titulares, cotitulares, firmantes, autorizados, fideicomitentes, representantes legales y/o apoderados, así como en los casos en los que aparecieran como beneficiario y/o fideicomisario. Ahora bien, de autos se advierte que el motivo que generó el bloqueo de las cuentas bancarias de LUBIA ADRIANA ESCALANTE MORA, tiene un origen estrictamente nacional pues -según se asentó en ese acto de autoridad- dicha persona moral efectuó operaciones dentro del Sistema Financiero [Nacional] con recursos que con un alto grado de probabilidad, tienen una fuente de financiación ilícita. Sin embargo, de las constancias que integran este juicio de amparo, no se advierte algún elemento del cual se pueda desprender que el ejercicio de la facultad contenida en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito se haya realizado para 12/02/24 11:06:01 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.68.0e GUILLERMO BACAB PECH el cumplimiento de un compromiso internacional adoptado por el Estado Mexicano, esto es, a petición de alguna autoridad extranjera. Dicho en otras palabras, no se demostró que acorde a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los actos impugnados deriven de una solicitud extranjera derivada del cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por nuestro país cuya finalidad sea identificar y congelar bienes relativos al lavado de activos, al financiamiento del terrorismo y al financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva, de ahí que sea evidente la trasgresión al principio de seguridad jurídica en los términos puntualizados. Por tanto, se concluye que el acuerdo del que emana el oficio impugnado no tiene sustento constitucional, pues dicha medida cautelar no fue impuesta a la parte aquí quejosa, en relación con procedimiento alguno, jurisdiccional o administrativo, lo cual vulnera el principio de seguridad jurídica. Máxime que el procedimiento que motivó la medida cautelar fue genérico, pues derivó de la revisión oficiosa a la base de información con la que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera, sin que estuviera precedida de un procedimiento en que se respetara dicha especificidad y cuya investigación motivara esa medida. De ahí lo fundado de los conceptos de violación que hizo valer la quejosa. En consecuencia, al resultar fundado el planteamiento sobre seguridad jurídica hecho valer por ésta, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que: a) La autoridad responsable, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no aplique en perjuicio de la parte quejosa, el acuerdo número 218/2019, de nueve de octubre de dos mil 12/02/24 11:06:01 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.68.0e GUILLERMO BACAB PECH JUICIO DE AMPARO 146/2023-VII-A 13 diecinueve, del que se generó el 110/F/B/5355/2019 reclamado. b) Asimismo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, deje sin efectos los actos de ejecución relacionados con el referido acuerdo 218/2019 y sus consecuencias legales; y. c) Por ende, la autoridad tanto ordenadora como ejecutora deberán realizar el desbloqueo de las cuentas bancarias de la impetrante, afectadas con motivo del acuerdo controvertido. SEXTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no 12/02/24 11:06:01 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.68.0e GUILLERMO BACAB PECH exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVA. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a LUBIA ADRIANA ESCALANTE MORA, contra los actos que 12/02/24 11:06:01 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.68.0e GUILLERMO BACAB PECH JUICIO DE AMPARO 146/2023-VII-A 15 reclamó del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ambas con sede la Ciudad de México; por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y cúmplase
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