Lubia Ríos Domínguez
Expediente 1486/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 23 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1486/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 01/08/2019
Partes del expediente
- Lubia Ríos Domínguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Visto; de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que las partes se inconformaran en contra del proveído en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, se tiene POR CONSENTIDO DICHO AUTO. Con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, archívese el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Presidente de ese Alto Tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN; toda vez que, encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo CONCEDIDO. En atención a lo anterior, es evidente que el presente juicio tiene valor jurídico, en términos del último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Ahora, toda vez que obra en autos documento original exhibido por la parte quejosa (fojas 8 a 11); en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, en día y hora hábil ante este Juzgado, a recogerlo, apercibida que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con las constancias que obren en el expediente. Por otro lado, tomando en consideración que en auto de dieciocho de junio del actual (foja 123), se reservó proveer lo conducente respecto al cobro de la multa impuesta a Víctor Abner Calderón Orantes, Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, hasta en tanto se tuviera por consentido el auto que declarara cumplida la ejecutoria de amparo y se ordenara el archivo del asunto, lo cual, como se advierte de párrafos precedentes, ya aconteció. En ese sentido, por única ocasión, se deja sin efectos la multa consistente en Cien Unidades de Medida y Actualización, aplicada a la autoridad referida, toda vez que dicha medida de apremio fue para lograr que la autoridad responsable acatara lo requerido por este juzgado, circunstancia que ya acaeció; pues, en proveído de ocho de julio del actual (fojas 139 a 142), se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada por este juzgado.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA QUEJOSO.- Visto; de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que las partes se inconformaran en contra del proveído en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, se tiene POR CONSENTIDO DICHO AUTO. Con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, archívese el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Presidente de ese Alto Tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN; toda vez que, encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo CONCEDIDO. En atención a lo anterior, es evidente que el presente juicio tiene valor jurídico, en términos del último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Ahora, toda vez que obra en autos documento original exhibido por la parte quejosa (fojas 8 a 11); en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, en día y hora hábil ante este Juzgado, a recogerlo, apercibida que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con las constancias que obren en el expediente. Por otro lado, tomando en consideración que en auto de dieciocho de junio del actual (foja 123), se reservó proveer lo conducente respecto al cobro de la multa impuesta a Víctor Abner Calderón Orantes, Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, hasta en tanto se tuviera por consentido el auto que declarara cumplida la ejecutoria de amparo y se ordenara el archivo del asunto, lo cual, como se advierte de párrafos precedentes, ya aconteció. En ese sentido, por única ocasión, se deja sin efectos la multa consistente en Cien Unidades de Medida y Actualización, aplicada a la autoridad referida, toda vez que dicha medida de apremio fue para lograr que la autoridad responsable acatara lo requerido por este juzgado, circunstancia que ya acaeció; pues, en proveído de ocho de julio del actual (fojas 139 a 142), se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada por este juzgado.
- Principal
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio de la Encargada del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite cédula de notificación realizada a la parte quejosa y oficio 007.300.302.2282/19, de su índice. Lo anterior, toda vez que en proveído de ocho de julio del actual (fojas 139 a 142), se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. Finalmente, en relación a los autorizados que señala, dígase que se esté a lo acordado en auto de veintiocho de junio del año en curso (foja 132).
- Principal
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; OCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese para que obre como corresponda el escrito de la quejosa Lubia Ríos Domínguez, mediante el cual, desahoga la vista formulada en auto de veintiocho de junio del actual (foja 132), con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por tanto, téngase por hechas sus manifestaciones, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, este Juzgado Federal se pronuncia sobre el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL En resolución constitucional de veinte de febrero de dos mil diecinueve (fojas 30 a 44), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Lubia Ríos Domínguez, para el efecto de que el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Chiapas, realizara lo siguiente: "Dé contestación congruente por escrito a la solicitud formulada por la quejosa mediante escrito presentado el ocho de junio de dos mil dieciocho (sic), así como hacerla de su conocimiento. Sin que la concesión del amparo implique que la responsable deba acceder a la solicitud de la quejosa, pues el derecho de petición no tiene el alcance de obligar a la autoridad a obrar en el sentido requerido por el gobernado, sino únicamente dar respuesta a la misma." INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO Posteriormente, el once de marzo del año en curso, dicha determinación causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector (fojas 51 y 52). En atención a ello, la autoridad responsable, remitió el oficio No. 007.300.302.2282/19, de veinticinco de junio del presente año (fojas 129 a 131). Así mismo, en auto de veintiocho de junio del año que transcurre, se dio vista a la parte quejosa con la constancia de referencia, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera (foja 132). PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. De la constancia aludida, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se advierte que la Encargada del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, acató sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada en el presente asunto. Lo anterior es así, pues la parte quejosa mediante escrito presentado el veinte de junio de dos mil dieciocho (fojas 8 a 11), solicitó de la autoridad responsable, lo siguiente: Ahora, la autoridad responsable, a través del comunicado en atención a ello, mediante oficio No. 007.300.302.2282/19, de veinticinco de junio del presente año (fojas 129 a 131), dio respuesta de manera escrita, coherente y exhaustiva a lo solicitado por la parte quejosa, hizo saber a la impetrante que la pensión por dependencia, relativa al fallecimiento de Óscar Ríos Flores, había sido concedida a la concubina del extinto, por lo que su solicitud, no encuadraba en el supuesto para tenerla como beneficiaria (fojas 129 a 131). Sin que obste lo anterior, el hecho de que la autoridad responsable no haya remitido la constancia de notificación a la inconforme del oficio 007.300.302.2282/19, toda vez que, en proveído de veintiocho de junio del actual (foja 132), este Juzgado ordenó dar vista a la quejosa con el contenido de dicha comunicación y correrle traslado con copia certificada de la misma, lo que se realizó oportunamente (foja 134), de lo que se advierte que fue notificada legalmente. En razón de lo expuesto, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento en su totalidad a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo al seguir los lineamientos establecidos en ella; de ahí que, debe tenerse por CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR. No pasan desapercibidas las manifestaciones realizadas por la quejosa en escrito presentado ante este Juzgado el cinco de julio del actual (fojas 135 a 138), en el sentido de que no se tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en razón de que, si bien la autoridad responsable brindó respuesta a su escrito presentado el veinte de junio de dos mil dieciocho, ésta fue emitida de manera infundada e improcedente, ya que aduce que la concubina no reúne los requisitos de ley; además, de que no le fue otorgada la garantía de audiencia prevista en el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para revocarle la pensión que ya le había sido otorgada. Al respecto, se precisa a la impetrante, que el efecto de la sentencia constitucional, consistió en que el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, diera contestación congruente por escrito a la solicitud formulada, lo cual ya aconteció, motivo por el cual las cuestiones atinentes a que la respuesta otorgada mediante oficio 007.300.302.2282/19, en cuanto a que no se encuentra fundada ni motivada, no fue materia del fondo del presente asunto, por ello no es dable analizarlo en esta etapa (cumplimiento). Tiene aplicación a lo expuesto, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2ª./J. 14/2016 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, tomo I, Febrero de dos mil dieciséis, página 717, que dispone: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces." Además, en el fallo constitucional dictado en el presente asunto, se hizo la precisión de que la concesión del amparo no implicaba que la responsable accediera a la solicitud de la quejosa, pues el derecho de petición no tiene el alcance de obligar a la autoridad a obrar en el sentido requerido por el gobernado, sino únicamente dar respuesta a la misma. Finalmente, en el momento procesal oportuno, provéase sobre el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.
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