Lourdes del Carmen Castellanos Lopez

Expediente 1727/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1727/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Lourdes del Carmen Castellanos Lopez

Actuaciones

  1. Principal

    interpone RECURSO DE QUEJA que hace valer en contra del proveído de quince de noviembre de dos mil veintitrés, en el que se DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Atento a su contenido, y con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a)1 , 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el RECURSO DE QUEJA hecho valer en contra del auto de quince de noviembre de dos mil veintitrés, en donde se desechó de plano la demanda de amparo.

  2. Principal

    TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. . Vista; la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número de expediente 1727/2022. DIGITALIZACIÓN De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual se reformó el diverso Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, todas las constancias y documentos del expediente físico deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico. Por tanto, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que se presenten de manera impresa y que no hayan sido digitalizadas, así como garantizar su gestión electrónica eficiente; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o, en su caso, se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos. En ese sentido, se instruye al Secretario, Actuario y Oficial Judicial respectivos, que permanentemente verifiquen que las constancias y documentos del expediente físico se digitalicen debidamente e incorporen al expediente electrónico. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto el numeral en comento estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto el artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente, o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia, e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Establecido lo anterior, del contenido integral de la demanda, se advierte que la parte peticionaria del amparo reclama el retardo en la búsqueda del expediente (extravío) del expediente laboral ********************, radicado en la extinta Junta número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas. De igual manera, expresa que en el año dos mil diecisiete, interpuso una demanda laboral que fue radicada bajo el número de expediente ********************en la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, ubicaba en el Municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas. Sin embargo, refiere que por decreto se extinguió la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado y por ello todos los expedientes se remitieron a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado y, ésta realizó la distribución de los expedientes entre las Juntas Especiales número Uno y Tres, que se encuentran en el mismo domicilio que la Junta Local, esto en cumplimiento al Acuerdo número 002/2022 del Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, de veintinueve de abril de dos mil veintidós. Asimismo, menciona que según la distribución su expediente fue radicado en la Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, por lo que, a su decir, al hacer una consulta en archivo le dicen que no está radicado en esa Junta Especial Tres, y que posiblemente esté en la Junta Especial número Uno; así como, que al consultar con el archivo de la Junta Especial número Uno, resulta que tampoco lo tienen radicado, indicando que posiblemente lo haya radicado la Junta Especial número Tres. De tal manera que, según su dicho, nadie sabe dónde está ese expediente y sus derechos laborales no pueden dirimirse porque las responsables solo saben decir que su expediente lo tiene la otra junta, causando agravios a la quejosa por retardo en el procedimiento. Ahora, con relación al citado acto reclamado, a criterio de este juzgador, se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" (.) "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo (.)." Ello tiene su origen en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción III, que recoge el principio de definitividad para el juicio de amparo, aplicable a la generalidad de los casos, conforme al cual sólo procede dicha acción constitucional una vez agotados los recursos o medios de defensa legal, que puedan conducir a la revocación, modificación o nulificación de los actos reclamados. Así, antes de acudir al juicio de garantías la parte quejosa debió interponer el incidente de reposición de autos, previsto en los artículos 725, 726 y 727 de la Ley Federal del Trabajo, y que constituye un medio de defensa legal por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto que reclama. Ello, pues del contenido de los numerales mencionados se advierte que cuando se extravíe o desaparezca alguna constancia que forme parte del expediente laboral, las Juntas están facultadas para tramitar un incidente de reposición de autos, de oficio o a petición de parte, procediendo a practicar las investigaciones del caso, al tiempo que deberán allegarse de todos los elementos, constancias y copias que las partes puedan aportar para reponer lo perdido. Tiene aplicación, por las razones que expone, la jurisprudencia I.6o.T.11 L (10a.) del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, página 1922, Décima Época registro 2000651, de rubro y texto siguientes: "REPOSICIÓN DE AUTOS EN MATERIA LABORAL. TÉRMINO Y FORMA PARA TRAMITAR EL INCIDENTE RELATIVO. Conforme al artículo 725 de la Ley Federal del Trabajo cuando se extravíe o desaparezca alguna constancia que forme parte del expediente laboral, las Juntas están facultadas para tramitar un incidente de reposición de autos, de oficio o a petición de parte, procediendo a practicar las investigaciones del caso, al tiempo que deberán allegarse de todos los elementos, constancias y copias que las partes puedan aportar para reponer lo perdido. Sin embargo, ante la ausencia de disposición expresa relativa al término para promover el referido incidente de reposición de autos, se acude al diverso numeral 17 de la citada ley, que establece que cuando no estén reguladas situaciones específicas se tomarán en consideración sus mismas disposiciones que normen casos semejantes, los principios generales del derecho y de justicia social, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad; de este modo, debe estarse al plazo genérico de tres días previsto en el artículo 735, término que deberá tomarse en cuenta para promover dicho incidente, a partir de que el afectado tenga conocimiento del extravío o desaparición del documento, pues no puede dejarse a la voluntad de las partes para que en cualquier momento lo hagan valer, omitiendo denunciar el extravío, porque ello sería contra los principios de seguridad jurídica y de expeditez en la administración de justicia. Luego, al tenor del artículo 726 del mencionado ordenamiento, una vez aperturado el incidente, la Junta señalará dentro de las setenta y dos horas siguientes día y hora para que tenga lugar una audiencia en la que las partes deberán aportar las constancias y copias que obren en su poder, a fin de reponer los autos faltantes, alcanzado así la finalidad del incidente". Asimismo, apoya la tesis VIII.1o.53 L, del Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, página 1390, Novena Época registro 174083, de rubro y texto siguientes: "INCIDENTE DE REPOSICIÓN DE AUTOS EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. DEBE PROMOVERSE DENTRO DEL PLAZO GENÉRICO DE TRES DÍAS CONTADO A PARTIR DE QUE EL AFECTADO TENGA CONOCIMIENTO DEL EXTRAVÍO O DESAPARICIÓN DEL DOCUMENTO. El artículo 725 de la Ley Federal del Trabajo no señala término alguno para promover incidentalmente la reposición de autos; sin embargo, del numeral 17 del citado ordenamiento, que establece que a falta de disposición expresa de la ley se tomarán en consideración sus disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales del derecho y de justicia social que derivan del artículo 123 constitucional, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad; se concluye que resulta aplicable lo previsto por el numeral 735 de la propia ley, que dice: "Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el de tres días hábiles."; plazo genérico que debe contarse a partir de que el afectado tenga conocimiento del extravío o desaparición del documento, pues dejar al libre albedrío de una de las partes que en cualquier momento haga valer el incidente de reposición de autos, omitiendo denunciar el extravío o desaparición de alguna constancia en un afán dilatorio, hasta que se hubiese desahogado la mayor parte de las actuaciones y diligencias del juicio laboral, implicaría franco detrimento del principio de seguridad procesal y de expeditez en la administración de justicia". Se afirma lo anterior, pues conforme a lo establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá, entre otros casos, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, pero una vez que se hayan agotado los recursos que en su caso procedan. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), Décima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, registro 2017117, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Por lo tanto, la falta de promoción oportuna del respectivo medio de defensa es imputable al peticionario de amparo y su omisión no puede ser reparada en el juicio de amparo, en el que se debe acatar el principio de definitividad, al existir un medio de defensa que la ley de la materia le concede para revocar o modificar la notificación reclamada, en virtud de que el Constituyente así lo estableció al crear el principio de definitividad, según lo dispone el artículo 107 de la Constitución Federal, con el fin de limitar los juicios constitucionales y obligar al promovente al agotamiento previo de los recursos, para dar a la autoridad la oportunidad de enmendar, a través de los recursos que señala la ley, las violaciones en que pudiera haber incurrido, por ser notorio que el Constituyente, al fundar el juicio de amparo, no tuvo el propósito de crear un recurso ordinario más, sino un verdadero juicio de carácter extraordinario, para el mantenimiento del orden constitucional. Tiene aplicación la jurisprudencia I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil en el Distrito Federal, publicada en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo texto es: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En tal virtud, se determina que el quejoso (parte en el procedimiento de origen), omitió agotar el principio de definitividad antes de acudir al presente juicio de amparo, al no haber interpuesto el recurso ordinario ante la Junta en la que se le informó que tendría que encontrarse radicado el expediente de origen, lo cual resulta un requisito indispensable para estar en posibilidad de ejercer la acción constitucional. Por lo que, al no haberse promovido el medio legal que concede la ley ordinaria aplicable contra el extravío del expediente de origen, y que no se actualiza ninguna excepción al principio correspondiente que el propio artículo señala; es evidente que en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse la referida causa de improcedencia en estudio, con fundamento en los artículos 112 y 113 del ordenamiento jurídico citado, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como autorizadosen los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa señaló dos domicilios para oír y recibir notificaciones, uno en esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y otro por medio del juicio en línea, por lo tanto, a efecto de evitar confusiones, así como, para dar celeridad a las notificaciones en el presente juicio de amparo, se tiene únicamente la vía electrónica como medio para oír y recibir notificaciones de la parte peticionaria del amparo. En tal virtud, se autoriza la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones que se dicten en el presente asunto al usuario ********************, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. De igual manera, se autoriza la consulta del expediente electrónico al referido usuario; por tanto, como lo dispone el numeral 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, realícese las gestiones conducentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que el usuario en cita pueda efectuar la consulta electrónica del expediente en que se actúa. En ese aspecto, se instruye al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, a efecto de que habilite la casilla electrónica del auto referido; asimismo, verifique que todas y cada una de las determinaciones que se lleguen a emitir a partir del presente auto en el expediente en que se actúa puedan ser consultadas vía electrónica, es decir, al momento de realizar la publicación del acuerdo deberá cerciorarse que la casilla correspondiente a la notificación electrónica o por lista se encuentren debidamente requisitadas, para efecto de que la parte quejosa pueda realizar la consulta del expediente electrónico. Ello, sin perjuicio de que, en caso de requerirse comunicación urgente con el promovente, pueda contactársele en los correos electrónicos que cita en la demanda, con el único propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con la parte interesada para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicársele resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. En el caso de notificaciones que deban practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. SE INSTRUYE AL ACTUARIO Por otro lado, se instruye al Actuario adscrito a este Juzgado para que a partir del presente auto, al listar este asunto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), realice lo siguiente: Requisite las casillas correspondientes con el tipo de notificación que proceda a realizar (Lista, Personalmente, Electrónicamente, Oficio, Despacho, Exhorto); Integre el expediente electrónico diariamente, esto es, con la emisión de cada proveído, suba el respectivo sello de "Lista de Publicación" que corresponda, el cual deberá contener su firma electrónica; Integre al expediente electrónico las notificaciones que se ordenen (Personales, Avisos, Citatorios), al día siguiente al en que se realicen; Una vez que se hayan llevado a cabo las notificaciones de los oficios expedidos en cada proveído, deberá integrar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes los acuses de recibo de los mismos, a más tardar al día siguiente al en que éstos sean entregados a la mesa que corresponda el trámite de cada asunto. Lo anterior con la finalidad de llevar un control adecuado de la integración del expediente electrónico a fin de que el mismo pueda ser consultado por las partes de manera correcta. MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes que, a fin de garantizar la adecuada defensa y preservar la eficacia de los derechos fundamentales de defensa efectiva y de oposición a la publicidad de datos personales, así como de los bienes constitucionales que justifican la reserva de información, garantizados en los artículos 6, apartado A, fracción I, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y derivado de una interpretación armónica de aquello derechos y bienes, se les autoriza desde este momento, para que hagan uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones existentes en el presente juicio de amparo, excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de una adecuada defensa y sólo tiene como finalidad brindar la oportunidad de defensa. En relación con lo anterior, se apercibe a las partes, que en caso de incumplimiento del deber de secrecía o del mal uso que puedan dar a la información que reproduzca por la utilización de los medios electrónicos autorizados, se procederá de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que dicho deber se incorporará a la esfera jurídica, tanto de la parte respectiva, como de la o de las personas que en su nombre tengan acceso a la información contenida en este expediente y sus constancias afectas, a través de los medios electrónicos cuyo uso se autoriza, aun cuando hubieran sido aportadas al medio de control de constitucionalidad sin indicar su naturaleza confidencial o reservada. Esto, de conformidad con los artículos 5 y 12 de la Ley de Amparo, así como 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deba realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES Con fundamento en los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias. NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA.

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