Lubia Altamirano Marquez
Expediente 508/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 508/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Lubia Altamirano Marquez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de diez de enero de dos mil dieciocho (fojas 24-27), dentro del plazo de cinco días que para tal efecto establece el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo en vigor; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por Lubia Altamirano Márquez, queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente se desechó la demanda de amparo, y no existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; por consiguiente, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Capítulo V, del citado Acuerdo General 1/2009. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Por recibido el escrito que suscribe la quejosa Lubia Altamirano Márquez, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en proveído de veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete fojas 16-17. Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: . En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que disponen: . La interpretación de los preceptos transcritos revela que la improcedencia del juicio de amparo también resulta de alguna disposición tanto Constitucional, como de la propia ley, diversa de las veintidós fracciones del citado artículo 61; que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este punto cabe resaltar que la Ley de Amparo en su artículo 107, fracción V, es taxativa al señalar qué debe entenderse por actos cuyos efectos sean de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo indirecto. En esta virtud, son dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: a) que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, b) esos "derechos" afectados materialmente deben revestir la categoría de derechos "sustantivos"; expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De lo anterior se colige que la nueva normativa persigue una finalidad constitucionalmente válida, que es dar celeridad a la tramitación y conclusión de los juicios para que se decidan los derechos en conflicto, al eliminar la posibilidad de que las partes incurran en estrategias dilatorias en aras de un pronunciamiento federal sobre la violación a un derecho adjetivo, cuando lo cierto es que las normas procesales no deben verse como un fin en sí, sino como un medio para que la administración de justicia se aplique a las controversias, decidiendo los derechos en litigio. Lo anterior es trascendente en la medida que bajo la vigencia de la Ley de Amparo anterior (publicada el diez de enero de mil novecientos treinta y seis en el Diario Oficial de la Federación), los actos de imposible reparación comprendían además de afectación a derechos sustantivos, también los actos procesales o formales cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. Sin embargo, ya que la Ley de Amparo vigente limita la procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de los actos cuyos efectos sean de imposible reparación, precisando como ya se dijo, qué debe entenderse por éstos; entonces los actos procesales con las características referidas quedan excluidos de dicha categoría y, por ende, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclame un acto de naturaleza procesal o formal, ya que éste no tiene la característica de ser de "imposible reparación". En ese orden se concluye que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan derechos sustantivos, como la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, etcétera, tutelados por los derechos humanos, imposible de restituir incluso ni en el caso de que el interesado obtenga sentencia favorable en el procedimiento jurisdiccional de que se trate. En el caso, de la demanda de amparo, así como del escrito por el que la quejosa aclara la misma, en lo de interés se advierte: 1. El cuatro de marzo de dos mil dieciséis, la quejosa fue emplazada y notificada al incidente de cancelación de pensión alimenticia, anexo al expediente principal 38/2012, que promovió en su contra Oscar Díaz Ordóñez; 2. El nueve de marzo del citado año, la quejosa contestó la demanda y el veintiséis de septiembre siguiente, se mandó abrir el incidente a prueba por cinco días comunes a las partes; 3. El diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, el Juez Primero de lo Civil acordó un escrito a nombre de Alejandro Granel Jiménez, para señalar fecha para audiencia de alegatos, por lo cual interpuso recurso de revocación con fecha diez de noviembre del citado año, manifestando que el escrito de Alejandro Granel Jiménez debió ser desechado, pues no es parte dentro del expediente incidental 38/2012; además, el escrito presentado por Oscar Díaz Ordóñez, no fue firmado por el actor incidentista, sino por uno de sus autorizados; 4. El veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, el Juez Primero de lo Civil del Distrito de Tehuantepec resolvió el recurso de revocación omitiendo dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 667 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, es decir, sin realizar la audiencia a que se refiere el citado numeral, ordenando el juez dictar la resolución sic. Esta última determinación, constituye el acto reclamado en esta instancia, es decir, la determinación que resuelve el recurso de revocación planteado dentro del incidente de cancelación de pensión alimenticia. Por tanto, se advierte que la determinación reclamada en este juicio de amparo, no es de imposible reparación, pues se trata de violaciones al procedimiento (incluso la propia quejosa lo manifiesta en su demanda); además, todavía existe la posibilidad que la parte quejosa obtenga resolución favorable al momento de resolverse el incidente de cancelación de pensión alimenticia planteado por su contraparte, pero de no ser así, estará en aptitud de controvertir dicho acto a través del juicio de amparo que corresponda, sin que sea el caso en este asunto, verificar si contra la determinación que resuelva dicho incidente de cancelación procede el amparo directo o indirecto, porque lo que se está analizando aquí, es la improcedencia del juicio constitucional en la vía indirecta, a la luz del acto reclamado, por ser un acto intraprocesal que no lesiona derechos sustantivos. Así las cosas, se insiste, la parte quejosa podrá hacer valer lo que corresponda sólo hasta el momento en que se resuelva el incidente de cancelación de pensión alimenticia. Los criterios invocados, resultan aplicables al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se opone a ésta. Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de este último cuerpo normativo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO, la demanda de amparo. Finalmente, para los efectos de la publicidad de esta determinación, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, aun cuando las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en la misma, conforme lo requiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Asimismo, se ordena a la Secretaría de este Juzgado que elabore la correspondiente versión pública siguiendo los lineamientos que al efecto establece el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve y se envíe al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E); protocolo vigente atento a que en el mismo se establece que se aplicará a las resoluciones y sentencias a que hace referencia el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del Módulo de Captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y dicho Acuerdo no fue abrogado por el diverso Acuerdo General del Pleno del citado Consejo, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor el día siguiente.
- Principal
Vista la demanda de garantías que promueve Lubia Altamirano Márquez, contra actos de la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, y otras autoridades; fórmese y regístrese el expediente de amparo con el número que le corresponda. Como se advierten irregularidades en la demanda de amparo y a fin de proveer lo que conforme a derecho proceda, con fundamento en el artículo 114, en relación con el 108, fracciones IV y V, así como el diverso 110 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, por escrito que formará parte integrante de su demanda de amparo y bajo protesta de decir verdad, con el número de copias suficientes, una para cada una de las partes que integran el juicio (incidente de suspensión, autoridades responsables, tercero interesado y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito), manifieste bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 1. Informe de qué se trata el auto o decreto contra el cual promovió recurso de revocación en el expediente 38/2012, del índice del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca; así como el tema sobre el cual versa dicho recurso. 2. Manifieste cuándo tuvo conocimiento del acto reclamado. Apercíbase a la parte quejosa que de no cumplir con el requerimiento que en este auto se le formula, o de no exhibir las copias requeridas de su escrito aclaratorio, dentro del plazo que se le ha concedido, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 299744 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo CV Materia(s): Común Tesis: Página: 2044 DEMANDA DE AMPARO, ACLARACION DE LA. El artículo 146 de la Ley de Amparo prevé varios casos, en los cuales los Jueces de Distrito pueden mandar aclarar las demandas de garantías, a saber; a) Irregularidad de ésta; b) Omisión de los requisitos contenidos en el artículo 116 de esa ley; c) Falta de precisión en el acto reclamado; y d) Exhibición incompleta de copias de la demanda. La propia disposición ordena imperativamente, a los aludidos funcionarios judiciales, que, en su auto relativo, expresen las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el promovente pueda subsanarlas dentro del término de tres días. Consecuentemente, si el inferior estimó el caso del quejoso, comprendido dentro del extremo puntualizado bajo la letra a) y en tal virtud, en la determinación que se revisa, le hizo notar las irregularidades o deficiencias que debería llenar, dentro del lapso que le fijó, y esa resolución le fue notificada con toda oportunidad y legalmente, es indudable que estuvo en la posibilidad legal de acatar ese mandamiento o interponer contra él el recurso que procediere; pero si dejó transcurrir el plazo sin haber satisfecho las prevenciones relativas, a pesar del apercibimiento que le fue hecho, el Juez a quo estuvo en la obligación legal de hacer efectivo ese apercibimiento y tener por no interpuesta la demanda, puesto que no le era dable revocar su determinación anterior." En otro orden, como la parte quejosa señala los estrados de este Juzgado para recibir notificaciones, y los artículos 26 fracción III y 29, de la Ley de Amparo, regula las notificaciones por lista que se publican en los estrados del Juzgado, por consiguiente, como lo pide, las notificaciones que le correspondan en este asunto, aún las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdos. Se tienen por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Pedro Carlos Zamora y Martínez, y María Martínez García, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a Nicandro Cuevas Orozco, Cecilia Thanairy López Jiménez, Gabriel Santiago Hernández, Jorge de Jesús Varela López y Alma Delia López Matus, sin las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no acreditan contar con cédula profesional de la licenciatura en derecho, circunstancia a la cual estaban obligados en la medida que se trata de un juicio de amparo en materia familiar, aunado a que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no se encontró registro alguno a su nombre en el Módulo de Cédulas Profesionales de la Red Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, como tampoco en los Libros de Registros de Cédulas Profesionales que se llevan en este Juzgado. En cuanto a la solicitud de que se les autorice la toma de fotografías de los acuerdos y promociones que obran en el presente expediente, dígaseles que dicha autorización les es permitida, en el entendido que tal herramienta deberá ser utilizada con lealtad procesal y que no se deberán reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener una reproducción, previa solicitud verbal en cada acto, y por seguridad jurídica se deberá dejar constancia en autos por el Actuario Judicial. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada i.3º.C.725 C, visible a página 2847 del Tomo XXIX, Marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Novena Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA" Criterios jurisprudenciales aplicables al caso, conforme a lo estipulado en el artículo SEXTO Transitorio de la Ley de Amparo vigente.
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