Lourdes Villalobos Jiménez
Expediente 360/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 360/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Lourdes Villalobos Jiménez
Actuaciones
- Principal
Visto el contenido de la certificación de cuenta, en atención a que la quejosa no interpuso recurso de revisión en contra de la resolución dictada en este expediente; con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución que sobreseyó en este juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, gírese oficio a las autoridades responsables, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que en el presente expediente no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
RESUELVE: PRIMERO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Lourdes Villalobos Jiménez, por los términos expuestos en el considerando segundo de este fallo. SEGUNDO. Por lo expuesto en el considerando tercero, al hacerse pública la sentencia dictada en ese asunto realícese con supresión de los datos sensibles de las partes, y envíese al sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE)la versión pública correspondiente, en términos de dicho considerando.
- Principal
Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos para que surta sus efectos legales procedentes, el informe justificado rendido por el Presidente Municipal Constitucional de Juchitán, Oaxaca, y sea tomado en consideración en su momento procesal oportuno, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional respectiva. Con su contenido dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho importe.
- Principal
Por recibida la demanda de amparo promovida por Lourdes Villalobos Jiménez, contra actos del Presidente Municipal Constitucional de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; en consecuencia, fórmese y regístrese el expediente de amparo con el número que le corresponda. Ahora, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, XII y XV de la Constitución Federal; 1, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo de que se trata Tramítese sin incidente de suspensión, en razón de no haber sido solicitado. Pídase a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, el que deberá rendir sin falta dentro de los quince días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se pide dicho informe. Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, la intervención que legalmente le corresponde; lo anterior con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la citada ley. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75, párrafo tercero, y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que al rendir su informe justificado: a). Acompañe las constancias que guardan relación con los actos reclamados, siendo necesarias para la resolución del presente asunto; b). Que las copias que anexe sean íntegras y legibles, y c). Queda obligada a comunicar si han ocurrido causas notorias de sobreseimiento del juicio. Con el apercibimiento que de 1) no rendir su informe, de no acompañar las constancias relativas, y se advierta mala fe en su omisión, o 2) no comunique la existencia de alguna causa de sobreseimiento, se le impondrá multa al dictarse sentencia en este juicio de amparo, por cantidades comprendidas, en su orden, en el primer caso, entre cien y mil unidades de medida y actualización vigente al momento de realizar la conducta sancionada, y en el segundo, de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, en términos del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en concordancia con lo determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de veintiocho de enero siguiente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 117, 238, 251 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Por otro lado, infórmese a la responsable que en caso de exhibir documentación o Información con el carácter de reservada o confidencial, deberá enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, expresando las razones que lo justifiquen, y formulando, de ser el caso, adicionalmente a la versión original, la versión pública de las constancias que tomaron en cuenta para emitir los actos reclamados, considerando que el artículo 30 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, dispone que cuando un documento contiene partes o secciones reservadas, se deberá entregar una versión en la que se omitan estas últimas y que en términos del artículo 40 del mismo ordenamiento, se debe dar acceso a las versiones públicas de los documentos en las que se excluyan las partes o secciones de éstos que contengan información confidencial; aunado a que las documentales respectivas deberán llevar la leyenda que precisa el citado artículo 30 del Reglamento de la propia Ley, apercibida de que de no cumplir con lo anterior se entenderá que se está en el supuesto previsto en el último párrafo del propio artículo 30, esto es, que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. En el mismo orden de ideas, hágase del conocimiento de la parte quejosa, así como de la totalidad de las partes que conformen este juicio de amparo, que en la eventualidad de exhibir documentales que a su criterio contengan información confidencial o que deban tener un tratamiento especial consistente en restringir la difusión de datos personales a las partes y que a su vez deban ser resguardadas en el seguro de este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo previsto en el "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, deberán indicarlo expresamente, argumentando los motivos y fundamentos con los que sustenten su dicho, así como exhibirlas en un sobre cerrado debidamente Identificado con su contenido, a efecto de que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de otorgar el tratamiento que en derecho corresponda. En términos del artículo 64 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se previene a todas las partes para que comuniquen cuando cesen los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de sobreseimiento, asimismo, informen si en relación al acto reclamado se ha promovido diverso juicio de amparo, de ser así, indiquen el número de juicio y el Juzgado de Distrito que conoció del asunto, de incumplirlo, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa al dictarse sentencia en este juicio de amparo, de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, en términos del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en concordancia con lo determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de veintiocho de enero siguiente. Hágase del conocimiento de la parte quejosa, que de ser incorrecta la denominación de las autoridades señaladas como responsables o de no existir, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, que le impone la obligación de precisar en la demanda la autoridad o autoridades responsables, se podrá dejar de tenerlas con tal carácter y cesará toda comunicación con ellas; lo anterior, acorde con el principio consagrado en el artículo 17 Constitucional, de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la quejosa la documental que anexa a su escrito de demanda, consistentes en: 1. Acuse de recibo del escrito de treinta de junio de dos mil dieciséis, dirigido al licenciado Saúl Vicente Vázquez, Presidente Municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, recibido en la oficina de la presidencia la fecha indicada, desahogada dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla el día de la audiencia constitucional, aun cuando no exista gestión expresa de parte interesada. Sin que haya lugar a tener por señalado como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda, ubicado en calle Reforma, callejón del Toloache interior sin número, Tercera Sección y esquina Avenida Cuauhtémoc, Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, dado que no se ajusta a las exigencias del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, en la medida que se encuentra fuera de la ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, en que tiene su residencia este Juzgado; por consiguiente, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, hágasele sus notificaciones que le correspondan en el presente asunto, aún las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones. Asimismo, se tienen por autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a Juan Esteban Núñez Cabrera y Rebeca López Sánchez, toda vez que no acreditan contar con cédula profesional de la licenciatura en derecho, dado que no se encuentran registrados en el Módulo de Cédulas Profesionales de la Red Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, circunstancia a la cual estaban obligados en la medida de que se trata de un juicio de amparo en materia administrativa, aunado a que no se encontró registro alguno en el Libro de Registro de Cédulas Profesionales que se lleva en este Juzgado. Finalmente, hágase saber a las partes que la sentencia ejecutoria y demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8o del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.
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