Lourdes Zavala Rodríguez
Expediente 921/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 921/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Lourdes Zavala Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por la secretaria de la Séptima Sala Civil con sede en Guanajuato, capital, mediante el cual acusa recibo del diverso 22522/2015 del índice de este Juzgado, con el que se le notificó el proveído de dieciocho de noviembre de dos mil quince, dictado en el presente asunto y se le remitieron los autos del toca 406/2015-C.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintitrés de octubre de dos mil quince, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. En virtud de lo anterior, resulta innecesaria la retención del toca 406/2015-C, de la estadística de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, devuélvasele previa certificación de desglose se deje en su lugar. Solicítesele acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, mediante el que devuelve el exhorto 850/2015 de la estadística de este Juzgado que se le envió para notificar a la quejosa ******** el proveído de veintitrés de octubre de dos mil quince, dictado en el presente juicio; en consecuencia, dese de baja el registro correspondiente a la referida comunicación y acúsese recibo. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término concedido a la quejosa ******** para que señalara domicilio donde recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en providencia de veintitrés de octubre de dos mil quince y se ordena practicarle las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, mediante lista que se fije en los estrados de este Juzgado, de conformidad con el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo.
- Principal
Por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de diecinueve de octubre del año en curso, en el que el Presidente de dicho Tribunal se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por **********, contra actos de la Magistrada de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con residencia en Guanajuato, capital y otra autoridad, remite el toca 406/2015-C, así como los oficios 1790, 1885 y 1789, copia certificada del oficio 2531, demanda de amparo, tres copias y constancias de emplazamiento; se acuerda: a) Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 921/2015-IV; acúsese el recibo de estilo correspondiente. b) En ese sentido, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado se avoca al conocimiento del asunto. c) A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "(.)" De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Por ello, de no afectarse materialmente derechos sustantivos, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. En el caso, la quejosa reclama la resolución de veintiocho de agosto de dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con sede en Guanajuato, capital, mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria de veintinueve de junio de dos mil quince, que dirimió el incidente de falta de personalidad promovido por la demandada en el juicio ordinario civil **********del índice del Juzgado Único Civil de Partido con sede en Moroleón, Guanajuato. Como se puede observar, dicha determinación no constituye un acto en juicio cuyo efecto sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución que ponga fin al juicio, si ésta es favorable a los intereses del accionante del amparo y, en caso contrario, de resultar opuesto a los mismos, puede reclamarla en el juicio de amparo directo como violación procesal en términos de la fracción XII del artículo 172 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues en la especie, como actos de imposible reparación no se les puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal, ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación podría repararse, si obtiene sentencia favorable en el juicio. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Tomando en consideración que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ********** número **********, ********** de Guanajuato, capital; de conformidad con los numerales 298, 299 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, para que en auxilio de las labores de este Juzgado ordene se notifique el presente proveído a la parte quejosa, en el indicado domicilio, y la requiera para que dentro del término de tres días legalmente computado, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, bajo apercibimiento de que de no hacerlo, las subsecuentes se le harán por lista, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo. Asimismo, se faculta al Juez exhortado, para que disponga de cuantas diligencias sean necesarias para el desahogo de lo solicitado, inclusive para que en días y horas inhábiles realice el emplazamiento encomendado, según lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria y para que en el caso de no encontrar al buscado, si el diligenciario se entera de un domicilio diverso donde pueda ser localizada, podrá constituirse en el lugar que se le informe y llevar acabo las diligencias de que se trata, sin necesidad de previo acuerdo. Téngase a la parte quejosa autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Ma. Magaña Zamudio, al contar con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley anteriormente citada, dígase al promovente, que a fin de respetar su intimidad, que al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el primer precepto invocado se omitirán sus datos personales cuando manifieste su oposición de manera expresa, en la inteligencia de que la falta de dicha oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos; asimismo, que las referidas restricciones a la difusión de las sentencias emitidas por los Órganos Jurisdiccionales no operan respecto de quién o quienes en términos de la legislación procesal aplicable estén legitimados para solicitar copias de las mencionadas sentencias. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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