Lourdes Rosiles Vega
Expediente 398/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 35 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 398/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 13/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Lourdes Rosiles Vega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa; así como que el tres de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo por cumplida la sentencia dictada y se ordenó el archivo definitivo del expediente como asunto concluido; por tanto, toda vez que no se está en las hipótesis de los artículos 132 y 156 de la Ley de Amparo, resulta innecesario conservar la garantía exhibida en el cuaderno incidental derivado del presente expediente, para que surtiera efectos la suspensión definitiva concedida el quince de octubre de dos mil veintiuno; por tal motivo, se provee: Se deja a disposición de la quejosa **********, el billete de depósito *************, expedido por el Banco del Bienestar, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, que ampara la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 m.n.). En ese sentido, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, el término para la prescripción de ese billete, es de dos años, por lo que, a partir de que se le haya notificado el auto que declaró cumplida la sentencia de amparo y antes de dos años, puede acudir a recogerlo. En razón de lo anterior, notifíquese a la parte quejosa y hágasele saber que, dentro del plazo antes señalado de dos años, podrá ocurrir al local que ocupa este órgano jurisdiccional debidamente identificada con documento oficial a recoger el documento que ampara la garantía exhibida para la suspensión definitiva, apercibida de que de ser omisa al respecto, se declarará prescrito a favor del erario federal. Asimismo, hágasele de su conocimiento que el mencionado billete se endosará exclusivamente a la persona que aparece como depositante, toda vez que al tratarse de un valor debe ser manejado con la seguridad debida, a fin de tener la certeza de que fue entregado a su depositante, dado el riesgo que implicaría entregarlo a persona distinta. Resulta aplicable a lo anterior, el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 491, Tomo II, Apéndice 2000, Materia Penal, Quinta Época, del tenor literal siguiente: "DEPÓSITO, BILLETES DE.- La cantidad que ampara un billete de depósito, constituido para garantizar la libertad caucional, está a disposición del Juez de los autos sólo para garantizar los efectos de esa libertad, pero dicho Juez no tiene jurisdicción para estatuir sobre la propiedad del dinero depositado, y en caso de que éste deba devolverse, el Juez debe ordenar que la devolución se haga a aquel que aparece como depositante, sin perjuicio de que si el dinero pertenece a otro, éste promueva ante la autoridad competente, lo que juzgare acertado." De igual manera, infórmesele que, por razones de seguridad los billetes se devolverán únicamente los días jueves de las nueve a las trece horas, por lo que deberá comparecer ante este Juzgado Sexto de Distrito ubicado en la Avenida Quetzalli, número 901, colonia Álamos de esta ciudad, debidamente identificada a recogerlo.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite la Juez Civil de Partido, con residencia en Uriangato, Guanajuato, mediante el cual acusa recibo del diverso comunicado 19356/2022, por el que se le notificó el auto de tres de septiembre de dos mil veintidós y de las constancias que se le adjuntaron relativas al expediente C 383/2018, en cinco tomos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA: Visto el estado de autos así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido a las partes en proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, en el cual la tercera interesada manifestó su inconformidad con el mismo; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa *************, para los siguientes efectos: Dejará insubsistente la resolución reclamada; En su lugar, dictara otra en la que dejará intocadas las consideraciones que no fueron combatidas en este juicio y se declararon intocadas al inicio del considerando que antecede, y en torno a la valoración de las pruebas periciales, específicamente lo concerniente a la pericial rendida por el tercero en discordia, lleve a cabo su análisis y consecuente valoración, tomando en consideración los razonamientos expuestos en esta sentencia; y, Con plenitud de jurisdicción determine lo que en derecho corresponda. b) Inconforme con la determinación anterior, la tercera interesada María Isabel Barajas Orozco interpuso recurso de revisión, el cual fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito con sede en Guanajuato, bajo los resolutivos siguientes: PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ************, contra las autoridades y actos que quedaron precisados en el resultando primero de este fallo." c) En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en auto de trece de octubre del año en curso, se tuvo a la Secretaria de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre; informando que se dejó insubsistente la sentencia constitutiva del acto reclamado y se citó a las partes para oír nueva resolución. d) Luego, el diecinueve siguiente, se tuvo a la Magistrada de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, remitiendo copia certificada de la resolución de seis de octubre de dos mil veintidós, dictada dentro del toca 211/20128-C, con la cual adujó dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio. e) Con motivo de lo anterior, se dio vista a la parte quejosa y a la tercera interesada, bajo apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de la constancia remitida por la Magistrada responsable, misma que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tiene valor probatorio pleno, se desprende que: Dejó insubsistente la resolución reclamada de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, y emitió otra en la que dejó intocadas las consideraciones que no fueron combatidas en este juicio; y, En torno a la valoración de las pruebas periciales, tomó en cuenta los vicios formales de falta de motivación y fundamentación, destacados en la presente ejecutoria y con libertad de jurisdicción, específicamente lo concerniente a la pericial rendida por el perito tercero en discordia, llevó a cabo un nuevo análisis y consecuente valoración, otorgándole valor probatorio, por estar sustentada debidamente su conclusión, y elaborado correctamente, ya que el profesionista expuso el método seguido, el entendimiento de los puntos del peritaje, la investigación sobre el predio, describió bien las medidas y colindancias; aporto referencias de inmuebles cercanos a la zona -por ubicarse en Moroleón-, para el análisis de mercado y obtener el valor físico y comercial; preciso que la fracción 2 tiene un frente, mientras que la fracción 4, es un lote interior; asimismo, obtuvo el valor de capitalización, que establece el artículo 158 del Código de Procedimientos Civiles para los avalúos. Precisó las razones por que no era dable otorgarles valor probatorio a los peritajes rendidos por los peritos propuestos tanto por la parte actora, como por la demandada. En esas condiciones, el suscrito estima que a través de la determinación de seis de octubre de dos mil veintidós, la Magistrada responsable dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio; por lo que, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Sentado lo anterior, conviene establecer que no son obstáculo a esta determinación las manifestaciones de inconformidad que respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo vierte la tercera interesada María Isabel Barajas Orozco, en las que destaca diversos vicios relacionados medularmente con la indebida apreciación con la prueba pericial en comento, inherentes al valor que en su óptica se le debió otorgar a dicha probanza; a vicios relacionados con cada una de las circunstancias especiales que en su opinión se debieron tomar en cuenta; así como a la debida fundamentación y motivación del peritaje y la apreciación de las circunstancias valoradas por el experto y la forma en que el mismo arribó a sus conclusiones, toda vez que dichas inconformidades no pueden ser objeto de análisis en el presente pronunciamiento, pues como en párrafos anteriores quedó asentado que la autoridad responsable quedó en libertad de jurisdicción para llevar a cabo la valoración probatoria de dicho peritaje, por lo que en cumplimiento a esta sentencia no se encontraba ceñida a establecer o definir el estándar probatorio de la misma, ya que ello de ser el caso, será objeto de un análisis jurisdiccional en una instancia distinta a la que nos ocupa. Máxime que como ha quedado expresado en párrafos precedentes, la autoridad responsable, prescindió del vicio destacado en la ejecutoria de amparo, y en torno a la valoración de las pruebas periciales, específicamente en lo concerniente a la pericial rendida por el tercero en discordia, llevó a cabo un nuevo análisis y valoración, tomando en cuenta todas aquellas circunstancias que podrían influir en la determinación del valor comercial. De ahí que las citadas manifestaciones de inconformidad se encuentren fuera del alcance del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, ya que como se ha visto, se cumplió a cabalidad con los efectos señalados. Lo anterior, deja expedito su derecho para que las inconformidades que sostiene, las pueda hacer valer a través de los mecanismos de defensa que estime conducentes. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Por lo que hace al original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al contenido del artículo 20, fracciones I, inciso a) y II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cuaderno de antecedentes y el duplicado del incidente de suspensión deberán ser destruidos, en el plazo a que alude dicho acuerdo. En virtud de que resulta innecesaria la retención de las constancias relativas al juicio ordinario civil 383/2018 (cinco tomos), que remitió la Juez responsable al rendir su informe justificado, devuélvasele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado por la tercera interesada *************; atento a su contenido, téngasele haciendo manifestaciones de inconformidad con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, donde se determinará si la sentencia concesoria fue cumplida o no.
Quedan 31 actuaciones en este expediente
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