Lourdes Herminia Galván Gómez

Expediente 119/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
119/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
16/03/2023

Partes del expediente

  • Lourdes Herminia Galván Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso revisión, contra el sobreseimiento fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha quedado firme. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y, archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó fuera de audiencia, de conformidad con el artículo 21, inciso a) de esa normatividad. Asimismo, devuélvase a la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, el legajo de copias certificadas de diversas constancias relativas al expediente J.1.415/2020 de su índice, que remitió como complemento a su informe justificado. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, por sí y en representación de ésta. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las copias que adjunta a su oficio de cuenta consistente en el legajo de copias certificadas de diversas constancias relativas al expediente J.1.415/2020 de su índice, con las mismas fórmese el anexo I. Ahora bien, se destaca que la responsable ya emitió una determinación respecto a la omisión que aquí reclamó la parte quejosa; en torno a la promoción presentada el catorce de noviembre de dos mil veintidós, por cuanto hace a la omisión de dictar el auto de ejecución en el expediente J.1.415/2020 del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco; por lo tanto, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Lo anterior, pues cabe precisar que ninguna afectación le causa a la parte quejosa la circunstancia de que en este caso se decrete el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, pues su actualización es indudable; y, de la interpretación al contenido de los artículos 63 fracción V y 81 fracción I inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, pues en el segundo de los preceptos invocados se estableció la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones "que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional". Además, la presente determinación, abona a la impartición de justicia pronta, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. El criterio referido está contenido en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2003, foja 386, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Así, del análisis integral a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado: La omisión de la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, de dictar el auto de ejecución en el expediente J.1.415/2020 de su índice, solicitud formulada por la parte actora -aquí quejosa- el catorce de noviembre de dos mil veintidós. Ahora bien, de acuerdo a las constancias remitas por la autoridad en cita, dicho acto dejó de existir al pronunciarse respecto de ello en la determinación de dos de febrero de dos mil veintitrés, por el que se dictó auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma. En ese sentido, se advierte que cesaron los efectos de dicho acto reclamado; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V, del numeral 63, de ese mismo ordenamiento legal, numerales que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Al respecto, cabe mencionar que para que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que la autoridad responsable deje sin efectos los actos reclamados, desapareciendo así la materia de la litis constitucional, porque la cesación implica que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de derechos fundamentales, como si los actos reclamados no hubieran trastocado la esfera jurídica de la gobernada, o habiéndolo hecho, sus efectos quedaran destruidos como si nunca hubiesen existido. Desde esa óptica, la cesación de efectos de del acto reclamado significa que la autoridad que los emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que se debe entender que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de esos actos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia de dichos actos, pues, es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización de los actos de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de unos actos que ya no están surtiendo sus efectos, ni los surtirán, y que no dejaron huella en la esfera jurídica de la quejosa que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando los actos reclamados sean de carácter positivo, y cuando sean de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, cuando no pueda alcanzarse su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado. Luego entonces, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, para el caso de que a la parte quejosa se le concediera la protección constitucional solicitada respecto del referido acto, sus efectos serían para que la autoridad diera contestación al escrito que presentó, de ahí que, si en el presente caso ya hay un pronunciamiento que impera, se debe estimar que tal acto omisivo cesó y, por tanto, ya no agravia a la parte quejosa, pues la violación que en determinado momento se pudo cometer contra sus derechos fundamentales (omisión de dictar auto de ejecución), ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo solicitado. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2A./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, (febrero de 1998), con número de registro 196820, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción xvi, de la ley de amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la ley de amparo". Asimismo, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI (noviembre de 1997), visible en la página 71, con número de registro 197367, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." De ahí que se esté en presencia de una situación jurídica que destruyó los efectos del acto que motivó el amparo, por lo que es evidente que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada y se restituyó a la gobernada en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla. No es óbice a lo anterior, que no se cuente con la notificación del citado proveído de dos de febrero de dos mil veintitrés, pues tal circunstancia no fue señalada como acto reclamado destacado y, tampoco se advierte que en los conceptos de violación hubiera sido cuestionado a través del presente juicio de amparo; no obstante lo anterior, hágase del conocimiento de la parte aquí quejosa la presente resolución, a efecto de que tenga certeza de la actuación emitida por la responsable, a través de la cual cesó la emisión reclamada en la demanda de amparo. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en este juicio, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, de la ley reglamentaria. De modo que continuar con la tramitación de este juicio de amparo en nada abonaría a la pretensión de la promovente, porque se llegaría a la misma conclusión a la que ahora se arriba y tampoco podrían concretarse los efectos que demanda, sin obviar que se retardaría la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que impera en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe señalar que es innecesario dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido por la responsable a efecto de que realice sus manifestaciones respectivas, en tanto que dicha actuación se encuentra regulada por los artículos 14 y 17 Constitucionales, así como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria; de ahí que, no se pueda reclamar de forma autónoma como una violación al derecho de petición conforme al artículo 8° de la Carta Magna y, por ende, este órgano jurisdiccional no se encuentra obligado a otorgar la posibilidad de que desahogue dicha vista respecto de la determinación asumida por la autoridad responsable al derivar ya de un procedimiento seguido en forma de juicio. Afirma lo relatado, la jurisprudencia 1a./J. 7/2015 (10a.), registro 2008884, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 480, que señala: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." En consecuencia, atendiendo a los motivos expuestos con anterioridad, se deja sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse a las nueve horas con treinta minutos del ocho de marzo de dos mil veintitrés. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa y personalmente al Agente del Ministerio Público Federal Adscrito.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de febrero de dos mil veintitrés. ADMISIÓN Vista la demanda con evidencia criptográfica de Teresa de Jesús Pérez Vargas, apoderada de la directa quejosa Lourdes Herminia Galván Gómez, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo; fórmese el expediente relativo con el número 119/2023-VII, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. En el entendido que únicamente se tiene como acto reclamado la omisión de acordar la petición relativa a dictar auto de ejecución en el expediente J.I/415/2020 del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No ha lugar a tramitar incidente de suspensión por no haberlo solicitado. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Dése intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para lo cual en la actuaría se deja copia simple de la demanda y anexos. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con treinta minutos del ocho de marzo de dos mil veintitrés. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes su derecho a comparecer a la audiencia constitucional a través de videoconferencia, para lo cual es necesario que manifiesten su voluntad de manera previa, por lo menos con tres días de anticipación, a la fecha señalada para tal efecto. REQUERIMIENTO A AUTORIDAD Con apoyo en los artículos 61, 64, 115 y 117 de la ley de la materia, se requiere a la autoridad responsable lo siguiente: 1) Rinda su informe justificado dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio por el que se les solicita, debiendo acompañar copia certificada, legible, completa y ordenada en forma cronológica de las constancias necesarias para apoyarlo. 2) Exprese si se ha promovido algún juicio de amparo contra los mismo actos reclamados que son materia de este asunto o contra cualquier otro que haya derivado del mismo expediente o procedimiento, para lo cual, en caso de ser afirmativa su respuesta, deberá proporcionar el número de expediente, el estado procesal que guarda y el órgano jurisdiccional ante quien se instauró; lo anterior, de conformidad con el precepto 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. 3) En caso de que tenga conocimiento de alguna causa de sobreseimiento deberá informarlo de inmediato y de ser posible acompañar las constancias que lo acredite. Con el apercibimiento que de ser omisa, se le impondrá una multa de cien y treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 260, fracción II y 251, del ordenamiento invocado. NOTIFICACION A LA AUTORIDAD Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, en términos de los artículos 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se le notificaran por lista, ya que la facultad de ordenar que se hagan personalmente no comprende a las autoridades responsables. En apoyo se invoca la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones vía electrónica, por conducto del usuario que refiere, por así haberlo solicitado. En el entendido que la parte quejosa queda obligada a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia que refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe, de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Como lo solicita, con fundamento en la parte final del párrafo quinto, del artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio de amparo al usuario "vannenorbertto"; y, dígase que se encuentra disponible la consulta del mismo en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. Asimismo, por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, asimismo se tiene únicamente para oír y recibir notificaciones a las persona que indica. Con relación al correo electrónico y números telefónicos que proporciona, se tienen por señalados a fin de que este juzgado establezca contacto en los casos en que se estime necesario. TERCERO INTERESADO Se reserva a proveer respecto a quien le asiste tal carácter, así como lo relativo a su emplazamiento, hasta en tanto se cuente con los informes justificados de la autoridad responsable. PRUEBAS De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la parte quejosa consistentes en: -Escrito con acuse de recibo de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós; -Instrumental de actuaciones; y, -Presuncional legal y humana. En relación a tener como prueba todo lo actuado en el expediente J.I/415/2020 del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, una vez que la autoridad responsable rinda su informe con justificación y envíe las constancias relativas al acto reclamado se acordará lo conducente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de medios electrónicos, tomando en consideración lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veintiuno de marzo de dos mil nueve y en la circular 12/2009 de esa misma fecha. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, personalmente al Agente del Ministerio Público Federal Adscrito y por oficio a la autoridad responsable.

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