Lorenzo Rafael González Goy

Expediente 154/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
154/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
09/03/2022

Partes del expediente

  • Lorenzo Rafael González Goy

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso recurso de queja dentro del término legal contra el auto de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, a través del cual devuelve diligenciada la comunicación oficial 69/2022 del índice de este Juzgado, librada a efecto de notificar al quejoso *****, del acuerdo de diecisiete de febrero pasado, por el cual se desechó la demanda de amparo intentada. Sin que resulte necesario acusar recibo en razón de que el sistema electrónico por el cual fue remitido genera el acuse respectivo al momento de su envío. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. ANOTACIONES Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 154/2022-VI, la demanda promovida por ****, por propio derecho. ACTO RECLAMADO De una lectura integral de la demanda se desprende que el acto reclamado por el quejoso consiste esencialmente en la reducción del salario y gratificaciones que percibe quincenalmente vía nómina como servidor público adscrito a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Naucalpan de Juárez. DESECHAMIENTO Al respecto, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, ya que lo reclamado no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo y, por ende, no es la vía idónea para resolver controversias surgidas entre los miembros de las instituciones policiales y las dependencias para las que prestan sus servicios, cuando dichas controversias, como en el caso, surgen únicamente con motivo del desarrollo de esos servicios y no se vinculan con la suspensión del servicio activo, remoción, cese o baja. En principio, se tiene que la primera de las disposiciones normativas señaladas establece la posibilidad de que la improcedencia del juicio de amparo derive de alguna otra disposición de la misma Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, el artículo 1°, fracción I, de la normatividad de la materia, prevé que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos; mientras que en el artículo 5°, fracción II, de ese mismo ordenamiento, se establece la definición de autoridad responsable. En ese orden de ideas, es dable concluir que en caso de que el acto u omisión reclamados no se relacione con una vulneración a derechos humanos por parte de una autoridad que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, entonces el juicio de amparo será improcedente, ya que el problema jurídico quedará al margen de su objeto. En el caso, el quejoso ostenta el puesto de Policía en el Departamento de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, sin embargo, ello no implica que todos los actos de esa dependencia vinculados con la prestación de servicios y sus remuneraciones se conviertan automáticamente en actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Es preciso recordar que existen dos regímenes jurídicos de relaciones laborales previstos a nivel constitucional, a saber: a) las reguladas por el artículo 123, apartado A, entre los patrones y obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, en general, todos los obligados por un contrato de trabajo, siendo su ley reglamentaria la Ley Federal del Trabajo; y, b) las reguladas por el apartado B, que se refieren a las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores, siendo su ley reglamentaria la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Es fundamental precisar que aunque en dichas relaciones intervienen distintas partes, ambas tienen la misma naturaleza jurídica; esto es, ambos tipos de relaciones laborales constituyen relaciones de coordinación. Sin que el hecho de que las relaciones laborales que regula el apartado B se susciten entre particulares y entidades públicas incida en forma alguna en la naturaleza de la relación, es decir, que con motivo de que el patrón sea un ente público automáticamente la relación laboral se convierta en una de supra-subordinación, pues las partes se encuentran en un mismo plano, siendo que en este caso las dependencias públicas no ejercen su imperio propio del derecho público, sino los derechos y obligaciones que surgen de la regulación constitucional. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." En efecto, en el artículo 123, Apartado B, de la Constitución se regulan las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores y, en ese sentido, la fracción XIII, establece que las relaciones de trabajo de los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes. Lo anterior implica que los miembros de las instituciones policiales siguen siendo empleados públicos, sin embargo, son designados mediante actos condición y no mediante contratos de trabajo. Por esa razón en oposición al resto de los empleados públicos, los miembros de las instituciones policiales no pueden acudir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para resolver sus conflictos individuales, en términos de la fracción XII, del numeral constitucional citado. No obstante, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los conflictos suscitados entre los elementos de seguridad pública estatales y sus dependencias, con motivo de la prestación de servicios públicos deben resolverse en el Tribunal Contencioso Administrativo correspondiente. Al respecto, resulta aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia 2ª./J. 82/98, que lleva por rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, POR UN POLICÍA, CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL." Ahora, de una interpretación hermenéutica y sistemática de la demanda de amparo, se aprecia que el quejoso se duele medularmente de la reducción de las percepciones devengadas y que corresponden al puesto que ocupa. Lo anterior pone de manifiesto que el problema jurídico planteado, únicamente se relaciona con cuestiones derivadas de la prestación de sus servicios, pero no tiene que ver con la suspensión, remoción o cese de éste, de tal forma que se verifique un acto de imposible reparación que haga procedente la acción constitucional. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido criterio en el sentido de que el acuerdo de inicio de un procedimiento de responsabilidad, constituye un acto de imposible reparación, ante la restricción constitucional prevista en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Carta Magna, relativa a la imposibilidad de ser reinstalados, aun cuando se demuestra la ilegalidad de la determinación correspondiente y, por ende, puede ser combatido directamente mediante el juicio de amparo. No obstante, de acuerdo con lo narrado por la parte quejosa, es posible concluir que los actos que reclama no derivan de un procedimiento administrativo de responsabilidad que pueda concluir con su remoción, cese o suspensión, de ahí que, aun cuando se encuentra en el régimen previsto en el apartado B del numeral 123 Constitucional, lo cierto es que no se puede vincular el acto combatido con el derecho sustantivo al trabajo y a no ser separado injustificadamente de él, que la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País pretendió tutelar con la jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10ª.), lo que lleva a concluir la improcedencia del juicio de amparo para dilucidar controversias relacionadas con la prestación de servicios o con las prestaciones derivadas de ellos, pues para ello existen vías ordinarias. Lo que es de ese modo, pues se insiste, en el juicio de amparo no se puede analizar esas controversias, ya que deben ventilarse en las vías ordinarias, en este caso, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por ser el órgano competente por afinidad, atendiendo a la relación administrativa que una al quejoso con la dependencia para la que labora y en sustitución de un tribunal burocrático y, derivado de que los actos que se combaten en la demanda de amparo que se provee no se vinculan con la suspensión, remoción o el acuerdo de inicio del procedimiento respectivo, instaurado contra el peticionario de amparo, de tal forma, que no se encuentra en el supuesto de excepción señalado. Sin que pase desapercibido que solicite la suspensión del acto reclamado a efecto de no ser removido de su cargo, sin embargo, no hace referencia a que se le haya impedido el acceso a la dependencia ante la que brinda su servicios ni que se le haya informado del inicio de algún procedimiento de responsabilidad, por el contrario, los actos reclamados únicamente constituyen la reducción de su salario y de sus gratificaciones, de ahí que, se insiste el caso que nos ocupa no se encuentra en el supuesto de procedencia que haga factible la admisión del juicio de amparo. Sirve de sustento la jurisprudencia 2a./J. 32/96 de la Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE POLICIAS DEPENDIENTES DEL ESTADO DE MEXICO. CORRESPONDE POR AFINIDAD AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO). En las jurisprudencias números 24/95 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y77/95 de esta Segunda Sala, se estableció que por disposición expresa del artículo 123, apartado "B", fracción XIII, de la Constitución, los miembros de las policías al servicio del Gobierno del Estado de México y de sus Municipios, al formar parte de un cuerpo de seguridad pública, mantienen una relación de carácter administrativo, que está regida por sus propias normas legales y reglamentarias, con lo cual se excluye considerar a los miembros de los cuerpos de seguridad pública como sujetos de una relación de naturaleza laboral con la institución a la que presten sus servicios. Ahora bien, ni los artículos 1, 2, 3 y 95, fracción I, del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, de los Municipios y de los Organismos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal, respecto al Tribunal de Arbitraje, ni los diversos 29, fracción I, y 30 de la Ley de Justicia Administrativa, por lo que toca al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, señalan con precisión la competencia para que uno de esos órganos conozca la demanda promovida por un policía contra autoridades del Estado de México, en la que se deduzcan pretensiones derivadas de la prestación de servicios. Por ello, ante la falta de disposición legal en el Estado de México que instituya alguna autoridad con facultades expresas para resolver controversias que se susciten con motivo de la prestación de servicios de policías judiciales, municipales, los dependientes de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, etcétera, debe recaer la competencia en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en acatamiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución General de la República, que consagra la garantía consistente en que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, por ser ese tribunal administrativo, de acuerdo con las facultades de que está investido, el más afín para conocer de la demanda relativa." Lo anterior es así, ya que el control de constitucionalidad que se puede ejercer a través del juicio de amparo, no puede abarcar actos que no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria; sobre todo si existen vías ordinarias para resolver esa clase de conflictos. Inclusive, de sostener lo contrario, implicaría afirmar que uno de los objetos del juicio de amparo es fungir como un "juicio laboral" para los elementos policiales, lo que es inadmisible desde un punto de vista constitucional. Se insiste, la procedencia de una vía ordinaria ante el Tribunal Contencioso en Materia Administrativa, se da porque es el órgano jurisdiccional afín para resolver las controversias entre los servidores públicos que tienen una relación administrativa con el Estado y sus dependencias (en sustitución de un tribunal laboral), más no por un tema de definitividad en el que implícitamente se reconozca la existencia de un acto de autoridad. Cabe precisar que la causa de improcedencia que se invoca es manifiesta e indudable, pues la relación jurídica entre el quejoso y las autoridades que señala como responsables no podrá alterarse ni modificarse durante la substanciación del juicio de amparo; incluso, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la solicitud de sustitución de la jurisprudencia 2a./J.54/2012, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO", determinó pertinente aclarar el rubro de esa jurisprudencia para delimitarla al caso concreto y quedar de la siguiente manera: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA." Lo anterior, se estima que abre la posibilidad de que en el auto inicial que provee una demanda sí pueda analizarse si el acto reclamado proviene o emana de una autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que en aquellos casos en que esa relación jurídica esté plenamente delimitada, el órgano jurisdiccional podrá desechar de plano la demanda de amparo, presupuesto que en el caso se actualiza, conforme a los motivos y fundamentos expuestos en esta determinación. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia aludida procede desechar la demanda de amparo, con fundamento en el diverso 113 del propio ordenamiento legal. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Dada la trascendencia de la resolución que se emite, se ordena notificar de manera personal en el domicilio del quejoso ubicado en: calle Hermenegildo Galeana, número 202, colonia centro, Capulhuac, Estado México, esto es, fuera de la jurisdicción de este Juzgado. Con fundamento en el artículo 27, fracción II y III de la Ley de Amparo, y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atenta comunicación oficial vía electrónica al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, para que en auxilio a las labores de este Juzgado comisione a cualquiera de los Actuarios de su adscripción a fin de que se constituya en el citado domicilio de la parte quejosa, y previo cercioramiento de que se trata de la persona buscada le notifique el presente proveído, corriéndole traslado con copia del mismo. Además, le haga saber que deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez), bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del término de tres días legalmente computados, sin previo acuerdo, se tendrán las listas que se fijan en los estrados de este juzgado de distrito, aun para las notificaciones de tipo personal, de conformidad con los artículos 26 y 27, fracción II, de la citada Ley de Amparo. Por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales en este juicio. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 22 fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Notifíquese personalmente a la parte quejosa vía exhorto.

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