Lourdes Guzman Trejo
Expediente 296/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 296/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Lourdes Guzman Trejo
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación precedente de la cual se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días concedido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia de ocho de octubre de este año, donde se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la citada resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. ..., el presente juicio de amparo NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. ...; se hace la observación de que el EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se sobreseyó el juicio de amparo. En ese mismo sentido, por lo que hace al CUADERNO ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, ..., se estima que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados; ... Respecto al DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurra más de SEIS MESES a que se refiere el artículo Vigésimo del acuerdo en cita. No obra en autos documento original, en los términos que establece el punto Segundo, fracción XVIII del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 198/2020; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 296/2020, promovido por ...; contra actos del Juez Vigésimo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia, Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Caja de Previsión de la Policía Preventiva, todos de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El veintiuno de julio de dos mil veinte, la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades citadas, por considerarlos violatorios del artículo 17 Constitucional, consistentes en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS. De la autoridad señalada como ordenadora. UNICO. Los efectos de la orden judicial al cumplimiento de la cancelación del pago de pensión alimenticia en mi contra; acto de autoridad por medio del cual se atenta en contra de mi salud, integridad física y mental, así como de mi vida; violentándose derechos humanos fundamentales. Pues es notorio que soy una persona extraña al juicio incidental de pensión alimenticia 893/2011, radicado en el juzgado vigésimo de lo familiar en la Ciudad de México, en el que las partes son la C. ..., en su calidad de demandada incidentista, en contra del c. ..., como actor incidentista De la autoridad señalada como ejecutora Único. La inexacta ejecución al cumplimiento de la sentencia interlocutoria de fecha once de febrero del año dos mil veinte, dictada por el H. Juzgado Vigésimo de lo Familiar en la Ciudad de México, dentro de las actuaciones del juicio incidental de cancelación de pensión alimenticia 893/2011 en el que las partes son la C. ..., en su calidad de demandada incidentIsta, en contra del c. ..., como actor incidentista; al haberse ejecutado inexactamente en mi contra la orden de cancelación de pago de alimentos dirigido a una tercera persona. [.]" SEGUNDO. Admisión. El veintidós de julio del año en curso, se admitió la demanda; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y requirió el informe justificado. Mediante proveído de dos de septiembre del año en curso, se efectuó una separación de juicios, pues mediante escrito con registro 6638, la peticionaria expresó su intención de reclamar en la instancia constitucional, actuaciones derivadas del juicio de divorcio 891/2002 del índice del Juzgado Décimo Segundo Familiar de la Ciudad de México. Por ello, se ordenó remitir copia certificada de todo lo actuado a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, para que fuera remitida al órgano jurisdiccional que correspondiera, y se ocupara de dicho reclamo, sujetándose el presente juicio únicamente con relación a los actos señalados en la demanda inicial. Las autoridades responsables rindieron su informe justificado, el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no formuló pedimento; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción VI de la Ley de Amparo, pues se trata de un amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza familiar, seguido ante un tribunal del orden común con sede en el ámbito territorial donde este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, de la lectura integral de la demanda, y en congruencia con el proveído de dos de septiembre del año en curso, en esta instancia constitucional se tiene que la quejosa se ostenta como tercera extraña auténtica a la controversia del orden familiar 893/2011 del índice del Juzgado Vigésimo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y reclama en específico la incorrecta ejecución de la interlocutoria de once de febrero de dos mil veinte, emitida en el incidente de cancelación de medida provisional (pensión alimenticia). La peticionaria señaló que las autoridades ejecutoras cancelaron el pago de su pensión, con motivo de la orden dirigida a una persona distinta. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, el juez responsable aceptó la existencia del acto reclamado. Por su parte, el Secretario de Seguridad Ciudadana y la Caja de Previsión de Policía Preventiva, ambas de la Ciudad de México, se condujeron en sentido negativo. La última autoridad señaló que la cancelación de la pensión alimenticia de la quejosa, no se efectuó con motivo de lo ordenado por el Juez Vigésimo Familiar de esta Ciudad, en el procedimiento del que la quejosa señaló provenía el acto reclamado. Sobre este punto, expresó que recibió el oficio 1869 de seis de marzo de dos mil veinte, signado por el Juez Décimo Segundo Familiar de la Ciudad de México, derivado del juicio de divorcio, incidente de cancelación de pensión 891/2002 de su índice. Todo lo anterior, se corrobora con las constancias allegadas por las autoridades responsables en apoyo a sus informes justificados, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse de oficio antes las cuestiones de fondo, lo aleguen o no las partes, conforme al artículo 62 de la ley de la materia. En el caso, el juicio de amparo es improcedente porque si bien el juez responsable aceptó la existencia del proceso de origen, y la interlocutoria emitida en el incidente cancelación de medida provisional (pensión alimenticia), lo cierto y jurídicamente relevante es que dichas actuaciones y su materialización no generan un agravio actual, real y directo contra la quejosa, en términos del artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley; [.]" Por otra parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, dispone: "Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" De los preceptos transcritos, se infiere que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por perjuicio la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular esté facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación. Así, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio real y actual que afecte a la persona o los derechos de la parte quejosa, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de la persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En este entendido, la procedencia del juicio de amparo contra un acto dictado por una autoridad, debe referirse en primer término, a la existencia de un derecho subjetivo (interés jurídico); y en segundo, que éste se vea real y directamente afectado con la actuación de la autoridad (agravio). Al respecto se invoca la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 199-204, Primera Parte, página 135, que es del tenor literal siguiente: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará". También se cita el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2ª.LXXX/2013 (10ª), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 3, página 1854, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En el particular, al presentar su demanda la quejosa señaló como reclamo la incorrecta ejecución de una orden de cancelación de pensión alimenticia en su perjuicio, emitida en un juicio del que no es parte. Ahora bien, de los informes justificados y sus constancias anexas, se advierte que el juicio señalado por la quejosa, como del que derivó el reclamo sí existe, y ahí se emitió una sentencia interlocutoria que ordenó la cancelación de pensión alimenticia; empero, las particularidades del asunto que generan la improcedencia de esta instancia constitucional, son las siguientes: - Se trata de una controversia del orden familiar, incidente de cancelación de medida provisional (pensión alimenticia), seguido por Jorge Gutiérrez Arciga contra Ariel Gutiérrez Carrillo. - En la interlocutoria de cinco de febrero de dos mil veinte, específicamente su segundo punto resolutivo estableció: "[.] SEGUNDO.- En consecuencia, se decreta la cancelación de la pensión alimenticia que hasta este momento vienen (si) recibiendo ..., ello con razón de lo expuesto en el considerando V del presente fallo, en esa tesitura, una vez que quede firme la presente resolución, gírese atento oficio al C. Representante Legal de la POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CAJA DE PREVISIÓN Y JUBILACIÓN DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, a efecto de que se sirva cancelar el 25% (veinticinco por ciento), que se le descuenta a ... por concepto de pensión alimenticia a favor de ... [.] " Como se advierte de lo anterior, en el procedimiento de origen no figura como parte la peticionaria de amparo, y en la resolución sobre la cancelación de pensión alimenticia, no se ordenó afectar su esfera jurídica, sino la de una persona diversa, lo que incluso se corrobora con lo informado por la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México. En efecto, dicha autoridad informó que no canceló la pensión alimenticia de la parte quejosa, con motivo de dichas actuaciones, sino de diversas relativas al juicio de divorcio, incidente de cancelación de pensión 891/2002, del índice del Juzgado Décimo Segundo Familiar de esta Ciudad, donde las partes son Martínez Jiménez Eduardo David, contra Guzmán Trejo Lourdes; actos materia de la separación de juicios efectuada en esta instancia constitucional. En ese sentido, se afirma que el procedimiento sobre cancelación de pensión alimenticia tramitado ante el Juez Vigésimo Familiar de la Ciudad de México, su resolución y materialización, no le causan afectación de forma directa, porque no se siguió en su contra, y tampoco se condenó a afectar de forma alguna su esfera jurídica. Es decir, el reclamo no incide en alguno de los derechos sustantivos de la impetrante, tutelados por la Constitución Federal, tales como la vida, la integridad humana, la libertad, la propiedad, la posesión, el acceso a la justicia, etcétera. Al respecto se cita analógicamente la tesis II.3o.C.19 K, de la Novena Época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 1245, en Materia Común, que dice: "AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE SI LA SENTENCIA RECLAMADA NO CAUSA AL QUEJOSO AGRAVIO ALGUNO QUE TRASCIENDA A SU ESFERA JURÍDICA. Si el quejoso obtiene sentencia favorable en primera instancia e inconforme con ella el actor apela, confirmándola la Sala en el sentido de que los agravios expuestos resultan parcialmente fundados pero inoperantes y contra esta última resolución el demandado promueve amparo directo, resulta evidente que éste es improcedente, pues de la interpretación de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y, 4o. y 73, fracción V, de la Ley de Amparo se colige que uno de los requisitos de procedencia del juicio de garantías es que el acto reclamado cause al quejoso algún agravio de manera que trascienda a su esfera jurídica generándole un perjuicio, situación que no se actualiza en el caso, pues aun cuando los agravios del actor apelante resultaron parcialmente fundados, ello no es motivo para estimar que se le hubiese causado un agravio personal y directo al demandado, pues la Sala confirmó la resolución de primera instancia absolviéndolo de las prestaciones reclamadas." No es óbice a lo anterior, que con su demanda la peticionaria allegara impresiones de la fotografía de una tarjeta bancaria, y otra de un recibo de pensión alimenticia de - CAPREPOL- Caja de Previsión la Policía Preventiva de la Ciudad de México, pues se trata de documentales simples que no tienen valor probatorio alguno. Sirve de apoyo la tesis I.11o.C.1 K, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI, de agosto de 2002, página 1269, cuyo rubro y texto son: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO. Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la naturaleza con que son confeccionadas, y si bien no puede negárseles el valor indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende probar se encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que obren en autos, pues de esta manera es claro que el juzgador puede formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto sólo ocurre cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son objetados, ya que en este caso, si la oferente de las copias fotostáticas no logra el perfeccionamiento de las mismas mediante su reconocimiento a cargo de quien las suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con otras probanzas." Por lo anterior, se concluye que el juicio es improcedente, al no afectarse de forma personal y directa la esfera jurídica de la quejosa, y por ende se actualiza la causal de improcedencia aludida, que da lugar a SOBRESEER EL JUICIO. Sobreseimiento extensivo a las actuaciones posteriores, particularmente la sentencia definitiva, pues no las combate por vicios propios, a pesar de habérsele dado vista con el informe justificado. Lo anterior acorde a la jurisprudencia sustentada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 339 del Apéndice al Semanario Judicial 1917-1995, Tomo VI, Séptima Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." No pasa inadvertido que durante la sustanciación del proceso se invocara la improcedencia del juicio en diversos términos, empero, no existe necesidad de emprender un análisis adicional, cuando ya existe probada causa suficiente para decretar el sobreseimiento. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 54/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1028, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por ...; contra actos del Juez Vigésimo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia, Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Caja de Previsión de la Policía Preventiva, todos de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por las razones expresadas en el diverso último. NOTIFÍQUESE.
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