LOURDES GABRIELA CASTILLO MARQUEZ y Otros.

Expediente 619/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 40 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
619/2020
Año
2020
Actuaciones
40
Última actuación
22/06/2021

Partes del expediente

  • LOURDES GABRIELA CASTILLO MARQUEZ y Otros.
  • Lourdes Gabriela Castillo Marquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 40.

  1. Incidental

    Vista la certificación que antecede, se advierte que en este asunto se formaron tres tomos de constancias, remitidas por la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en consecuencia, al no requerirse su retención, devuélvanse a su lugar de procedencia las referidas documentales, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. TIFÍQUESE.

  2. Principal

    Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el precepto 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se sobreseyó el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, tomando en consideración que las autoridades responsables remitieron diversos legajos de constancias; devuélvase a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó el juicio. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, ..., se estima que es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva de los actos reclamados; por lo que, una vez que transcurran más de tres años, en que se haya ordenado su archivo, deberá depurarse debiendo conservarse, únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo 20 del acuerdo en cita. Mediante notificación personal requiérase a la parte tercera interesada y por lista a la quejosa, para que acudan al local de este juzgado, dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que exhibieron, apercibidos de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Para ello, deberán agendar su cita y generar el código QR en los horarios que estén disponibles para este órgano jurisdiccional, y ajustarse a los lineamientos sanitarios. Finalmente, acorde a la certificación inicial, de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el expediente integrado en la versión impresa coincide con la electrónica. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA QUEJOSA Y PERSONALMENTE A LA PARTE TERCERA INTERESADA.

  3. Incidental

    Por recibido el oficio proveniente de la Directora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual informa que queda enterada de la resolución que refiere, en la que se negó la suspensión definitiva, de lo que el suscrito queda enterado para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Agréguese la razón de cuenta, a través de la cual la actuaria adscrita a este Juzgado manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar en forma personal a la quejosa la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese por medio de lista la citada resolución, este proveído y los subsecuentes. NOTIFÍQUESE. LA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS, SEÑALA: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 619/2020, promovido por ..., por propio derecho y la menor de iniciales ... (identidad protegida) por conducto de la representante especial, contra actos del Juez y Agente del Ministerio Publico adscritos al Juzgado Tercero de Proceso Oral Familiar, Dirección Ejecutiva de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Director del Centro de Convivencia Familiar Supervisado, todos de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. El cinco de noviembre de dos mil veinte, la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades citadas por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14, 16, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. El diez de noviembre siguiente, se admitió la demanda, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se requirió informe justificado; y, se señaló parte tercera interesada. La representante social de la Federación adscrita no formuló intervención, se tuvieron por rendidos los informes justificados, se emplazó a la parte tercera interesada; y, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza familiar, tramitado ante un tribunal del orden común con jurisdicción dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Se fijan los actos reclamados, en los términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la siguiente forma:  Se reclama el auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio oral familiar 108/2019, del índice del Juzgado Tercero de Proceso Oral Familiar de la Ciudad de México, donde se autorizó un régimen de visitas y convivencias entre ... y la menor ..., en el Centro de Convivencia Familiar Supervisado de esta Ciudad, así como a través de videollamada.  Su ejecución. TERCERO. Existencia. La juez responsable no aceptó ni negó los actos reclamados, no obstante, indicó que dictó el auto que se tilda de inconstitucional, por lo que debe tenerse por cierto el acto que se le atribuye; certeza corroborada con la copia certificada del proceso natural remitida, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Por su parte, la Dirección del Centro de Convivencia Familiar Supervisado de esta Ciudad aceptó los actos de ejecución que se le reclaman. Respecto del acto atribuido a la Agente del Ministerio Publico adscritos al Juzgado Tercero de Proceso Oral Familiar de la Ciudad de México y la Dirección Ejecutiva de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, si bien lo negaron, también lo es que al haber tenido por cierto el atribuido a la ordenadora es claro que los actos de ejecución deben tenerse por ciertos, pues se encuentran en posibilidad de acatar las determinaciones del Juez instructor. Sirve de apoyo la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-1, enero a junio de 1989, página 56, de rubro: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO". CUARTO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse de oficio antes las cuestiones de fondo, lo aleguen o no las partes, conforme al artículo 62 de la ley de la materia. Consideración previa. En principio es importante destacar que la actuación que se tilda de inconstitucional constituye una medida provisional dictada en el juicio oral familiar, por los motivos que se expondrán a continuación. El artículo 1029 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, entre otras cuestiones, establece que cuando alguna de las partes solicite la custodia y convivencia provisional de menores de edad lo hará por escrito en la demanda principal o reconvencional o en sus contestaciones, así como que el tribunal deberá desahogar en una sala especial la escucha del menor, donde debe resolver sobre la custodia y convivencia provisional. Por su parte, el precepto 1040 de la legislación en cita, dispone que autos que recaigan a los escritos de demanda, contestación, reconvención y su contestación, el Juez deberá pronunciarse sobre las medidas provisionales que se llegaren a solicitar, mismas que se resolverán a más tardar en la segunda fase de la audiencia preliminar. En el caso, de las constancias del juicio de origen, se advierte que el actor en su escrito de demanda solicitó como medida provisional se estableciera un régimen de visitas y convivencias con la menor ..., lo cual fue motivo de pronunciamiento, después de recabar diversas pruebas, en el auto de veintiocho de octubre pasado, donde se autorizó un régimen de visitas y convivencias entre ... y la menor ..., en el Centro de Convivencia Familiar Supervisado de esta Ciudad, así como a través de videollamada. Lo anterior evidencia que se trata de una medida provisional dictada dentro del juicio oral familiar, pues ésta fue solicitada en el escrito inicial de demanda como lo dispone el artículo 1029 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, lo que motivó el pronunciamiento del juez conforme el numeral 1040 de la codificación indicada. Por ello, el suscrito procederá al análisis de la procedencia del juicio conforme las reglas que rigen las medidas provisionales dictadas en un juicio oral familiar, establecidas en la legislación citada. Procedencia del amparo indirecto. Preciado lo anterior, se advierte que este juicio es improcedente, por no agotarse el principio de definitividad previsto en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que prevé la improcedencia de la acción cuando, contra el acto reclamado, las leyes ordinarias conceden algún recurso o medio de defensa, que pueda tener por objeto su modificación, revocación o nulificación. Lo anterior entraña el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual no es exigible en los supuestos que prevén los incisos a), b) c) y d) del numeral citado; hipótesis que en la especie no se actualizan, pues la parte quejosa inicio el proceso de origen, además ha comparecido a defender sus derechos, lo cual denota su vinculación al juicio natural. Por lo que se concluye que el impetrante de amparo está obligada a agotar, previo a la instauración del presente juicio, el recurso de apelación en términos de los artículos 688, 689, 1040, 1074 y 1076, todos del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, que disponen: "Artículo 688. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. [.]" "Artículo 689. Pueden apelar: el litigante si creyere haber recibido algún agravio, los terceros que hayan salido al juicio y los demás con interés jurídico a quienes perjudique la resolución judicial. [.]" "Artículo 1040. Desde los autos que recaigan a los escritos de demanda, contestación, reconvención y su contestación, el Juez deberá pronunciarse sobre las medidas provisionales que se llegaren a solicitar, mismas que se resolverán a más tardar en la segunda fase de la audiencia preliminar. El Juez está facultado para decretar y modificar en cualquier momento del procedimiento y de forma oficiosa, las medidas provisionales que sean necesarias para preservar a la familia y proteger a sus miembros, especialmente tratándose de menores de edad y de aquellas que se encuentren en estado de interdicción. Las medidas provisionales pueden ser impugnadas mediante el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo." Artículo 1074. En el juicio oral sólo se admitirán los recursos de apelación y queja, así como reposición en segunda instancia. Artículo 1076. El recurso de apelación procede contra todas las resoluciones emitidas por el Juez en el juicio oral. Se interpondrá por escrito y se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, con excepción del que se interponga contra la determinación que resuelva medidas provisionales y la pronunciada en el incidente de nulidad de actuaciones, el que procederá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata. El recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva será admitido en ambos efectos, salvo en materia de alimentos e interdicción que se tramitará en el efecto devolutivo de tramitación inmediata." Como se aprecia de los numerales transcritos, el recurso de apelación es el medio de impugnación idóneo para combatir el acto reclamado, pues por éste se puede lograr su confirmación, revocación o modificación; por lo que, al no haberse agotado este recurso, queda inobservado el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, y que se contempla en la causal de improcedencia referida. No pasa desapercibido para el suscrito el hecho de que el auto reclamado pudiera calificarse como de imposible reparación, pues el criterio jurisprudencial 1a./J. 44/2012 (10a.), aprobado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo título es "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.", explica que aun tratándose de actos cuya ejecución sea de imposible reparación, prevalece el principio de definitividad. De ahí que, en el caso, la peticionaria debió agotar el recurso de apelación por ser un medio de impugnación ordinario viable en el proceso natural. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C.833 C de los Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "APELACIÓN. ES NECESARIO INTERPONERLA PARA CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y NO SE PUEDE SUBSANAR CON LA SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA FAMILIAR (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). El legislador del Distrito Federal, en el título décimo sexto denominado de las "Controversias del orden familiar", reguló lo relativo a dicha figura jurídica particularmente en los artículos 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que otorgan facultades a los Jueces para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de alimentos y de cuestiones relacionadas con violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. Conforme a esos preceptos, tratándose de cuestiones atinentes a los menores, se debe actuar oficiosamente tanto en la litis misma, al poder suplir, incluso, la falta de reclamación, como en la recepción de pruebas para decidir lo conducente, entre otros aspectos, tratándose del régimen de convivencia de dichos menores con sus progenitores. Sin embargo, la institución de suplencia de la deficiencia de la queja no es una base legal para concluir que quien es parte en un juicio ordinario familiar, deje de interponer oportunamente el recurso de apelación procedente contra la resolución que resuelve el fondo de la litis planteada, de acuerdo a los preceptos legales aplicables, ya que el principio de congruencia que rige la segunda instancia y el dispositivo que implica la necesidad de que el impulso procesal y la impugnación la realice la parte que resiente el perjuicio o agravio, supone que debe haber recurso, porque la suplencia es respecto de los agravios, lo cual sólo se puede dar si se interpuso el recurso. De modo que si la segunda instancia la abrió una de las partes únicamente respecto de la parte que le agravió, en el caso, el demandado en relación al tema de costas, entonces, la Sala responsable no estaba en aptitud de atender a las cuestiones vinculadas con la procedencia de la caducidad de la instancia en el juicio ordinario civil de divorcio necesario. Lo anterior es así porque la interposición del recurso de apelación por parte de la quejosa era necesaria para introducir a la litis de segunda instancia sus planteamientos y entonces sí, estar en aptitud de suplir la deficiencia de sus agravios, dado que para que el tribunal de apelación esté obligado a suplir la deficiencia de la queja es menester que la parte afectada apelara la resolución de primera instancia que le perjudicó. Luego, si solamente apeló su contraparte respecto al tema que le afectó, la litis de apelación se concretó a los agravios de éste, en tal virtud aunque la quejosa comparezca al juicio de garantías en nombre de los menores, tal circunstancia no la libera de agotar el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en la parte relativa que le agravió y por ende, la responsable no estuvo en aptitud de pronunciarse al respecto, dado que dicha institución rige tratándose de los agravios en la apelación y conceptos de violación en el juicio de amparo, lo que implica que no puede substituir al recurso ordinario procedente y no tiene el efecto de que no se cumpla con el principio dispositivo de impugnar las consideraciones y correspondientes resolutivos de primera instancia que le perjudican y que no fueron motivo de apelación por la contraparte de la ahora quejosa." Tampoco es impedimento para resolver como se hace que la demanda se promoviera en representación de una niña, pues aún y cuando la Constitución Federal y el marco jurídico internacional aplicable obliga a los juzgadores a velar por el interés superior de los menores, ello no implica de ninguna manera que la suplencia que opera a su favor haga procedente lo improcedente; pues sostener esta afirmación, entrañaría materialmente una modificación al sistema de causales de improcedencia establecido en la propia Ley de Amparo, mismas que son de estudio preferente y oficioso. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Así como, por analogía, la tesis 1a. XVII/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. NO OPERA EN LOS CASOS EN QUE ES IMPROCEDENTE UN RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, AUN TRATÁNDOSE DE MENORES DE EDAD. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la suplencia de la queja deficiente opera invariablemente tratándose de la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz. Ahora bien, aun cuando dicha suplencia tiene como finalidad resolver sobre la cuestión efectivamente planteada y sobre la legalidad o constitucionalidad del acto impugnado, siendo procedente, inclusive, en algunas materias, ante la omisión de expresión de conceptos de violación o agravios; sin embargo, ello no implica que tal suplencia posibilite analizar la procedencia de un recurso de revisión en amparo directo en un caso no permitido, ya que ello sería tanto como actuar al margen de la ley declarándose procedente lo improcedente, lo que significaría modificar el régimen establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, respecto de la procedencia del mencionado recurso." Cabe destacar que en similares condiciones se pronunció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en su resolución de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, emitida en la queja civil 3/2018, donde determinó: "[.] En ese contexto, y conforme a las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, específicamente los Títulos Decimosegundo y Decimosexto que contienen respectivamente, las reglas para los recursos y para las controversias del orden familiar tenemos que contra las resoluciones que se dicten en las controversias del orden familiar en relación con la custodia provisional, procede la apelación en el efecto devolutivo de tramitación inmediata; recurso que también podrá ser admitido en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, y señala los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación. [.] En este tenor, si la resolución impugnada está determinanda la situación de guarda y custodia de una menor de edad, pero contra esa determinación procede el recurso de apelación en efecto devolutivo de tramitación inmediata, que conforme a lo dispuesto por el artículo 696 puede suspenderse si así lo solicita la apelante; entonces es inconcuso que no se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, previsto en la jurisprudencia invocada por la quejosa, puesto que para ello es forzoso que el recurso no admita la suspensión del acto reclamado. [.] Asimismo, el hecho de que el acto reclamado esté resolviendo sobre la situación de una menor de edad, respecto de la cual debe prevalecer su interés, ello tampoco constituye un caso de excepción a la regla contenido en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicha disposición es clara al establecer que contra actos de imposible reparación dictados dentro de un juicio, procede el juicio de amparo indirecto, siempre y cuando se hayan agotado los recursos previstos en la ley ordinaria, sin que establezca que la participación de un menor de edad constituya un caso de excepción. [.] Por lo tanto, la figura del interés superior del menor, es insuficiente para estimar que no se actualiza la obligación de agotar los recursos que la ley ordinaria prevé; pues lo trascendente es analizar, desde la perspectiva del interés superior de la niñez, si el recurso ordinario previsto en la ley es existente, idóneo, efectivo, oportuno, adecuado y eficaz para prevenir y reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a los derechos sustantivos cometidas en el acto o resolución impugnada en perjuicio de la persona menor de edad. Lo mismo sucede con la suplencia de la queja, pues al respecto cabe señalar que si bien es cierto que la misma opera invariablemente cuando está de por medio directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia, o el carácter de quien o quienes promuevan el juicio de amparo; esta suplencia exclusivamente tiene como fin resolver sobre la cuestión efectivamente planteada y sobre la legalidad o inconstitucionalidad del acto impugnado, no obstante las imperfecciones o ausencia de conceptos de violación, para evitar que por una defensa inadecuada o insuficiente, se prive a un menor de edad de los derechos que le asisten, pero de ninguna manera llega al extremo de permitir que se dejen de observar las reglas ya establecidas para cada procedimiento específico; ya que ello sería tanto como actuar al margen de la ley, declarándose procedente lo improcedente y viceversa, lo que significaría modificar el régimen establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan. [.]" Consecuentemente, con apoyo en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ... y la menor de iniciales ... (identidad protegida), contra actos del Juez y Agente del Ministerio Publico adscritos al Juzgado Tercero de Proceso Oral Familiar, Dirección Ejecutiva de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Director del Centro de Convivencia Familiar Supervisado, todos de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, por las razones indicadas en el diverso último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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