Lorraine Sáenz Robinson
Expediente 598/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 598/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Lorraine Sáenz Robinson
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicho auto, queda firme para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse desechado, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, A nueve de agosto de dos mil veintiuno. Visto el escrito presentado electrónicamente por el autorizado de la parte quejosa, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde. En atención a lo que solicita, téngase por revocada la autorización para acceder al presente juicio de amparo, vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como la realización de notificaciones por medio del usuario "lievanovillar", que le fuera autorizado en autos conforme con lo dispuesto por el "Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal". Toda vez que el promovente no señala domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, las ulteriores notificaciones aun las de carácter personal se le harán por lista de estrados. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, a tres de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por electrónica firmada por Lievano Villar Saenz, quien se ostenta como defensor particular de Lorraine Saenz Robinson, contra actos del licenciado Marco Antonio Palma Meléndez Juez de Primera Instancia del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Galeana. En consecuencia, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el juicio de amparo 598/2021-II-B. Para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Este lineamiento constitucional impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales resolver los asuntos de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. A partir de esas premisas, quien resuelve considera que, en el caso se actualiza, de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 217, todos de la Ley de Amparo que establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente. [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales." Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 19, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo VI, página 13, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS FUTUROS, NO LO SON LOS INMINENTES. Son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, pues de otro modo se estimarían como no futuros sólo los que ya se han ejecutado. No pueden simplemente considerarse actos futuros aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, desde luego, o mediante determinadas condiciones." Así como la jurisprudencia 23, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, Tomo VIII, página 45, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES. No cabe conceder el amparo, cuando la demanda se funda en actos de esa naturaleza." De los preceptos y jurisprudencias transcritos se deduce que el juicio de amparo es improcedente contra actos futuros de realización incierta, aquéllos que sea remota la ejecución de los hechos de que provienen, como sucede en la especie. En efecto, el acto reclamado en este juicio de amparo, lo constituye la posible orden de prisión preventiva que se pudiera llevar a cabo; se hace manifiesto que el supuesto básico en que se apoya la reclamación del hoy quejoso, es la afectación en sus intereses por supuestos actos de autoridad; por lo tanto, debe sustentarse su dicho, por lo menos de manera indiciaría, en actos específicos de los que pueda advertirse la probabilidad actual de que alguna autoridad ejecutará un acto que sea susceptible de afectar su esfera jurídica, ya que el mero temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su esfera jurídica, de ninguna manera implica la inminencia de actos futuros, ni que el promovente de amparo tenga obligación de interponer juicio en defensa de sus intereses, pues ello surge en el momento en el que tienen conocimiento del acto reclamado, que debe ser en forma personal y no por "temor fundado", tal y como acontece en el caso concreto, en el que el impetrante del amparo señala como acto reclamado y antecedentes lo siguiente: "[.] El futuro e inminente orden de prisión preventiva como medida cautelar dentro de la casa penal 55/2021, derivada de la supuesta comisión del delito de fraude específico, previsto en el artículo 223 fracción IV en relación al último párrafo y 224 fracción V del Código Penal del Estado de Chihuahua. Es el caso que con motivo de las indagatorias la representación social solicitó ante el Juez de Control (hoy autoridad responsable) se citara a mi representada a audiencia inicial a fin de llevar a cabo la formulación de imputación, misma que fue fijada para el 02 de agosto a las 11:00 horas. (.) Es por lo anterior que ante la anunciada e indebidamente anticipada medida de prisión preventiva, es que solicitamos la protección de la justicia federal a favor de mi representada de nombre Lorraine Saenz Robinson," [.]." De lo antes expuesto, se evidencia que la parte quejosa tiene temor a un futuro cambio respecto de emitirse una posible medida cautelar de privación de su libertad, dado los argumentos que aduce, lo cual hace derivar el acto que por esta vía se duele, toda vez que. Ahora, el juicio de amparo es procedente, únicamente cuando el acto reclamado sea concreto, es decir, que exista certeza sobre su realización, por así demostrarlo los actos previos de la autoridad sobre la esfera jurídica del quejoso, de suerte tal, que no exista duda de que necesariamente se ha de llevar a cabo; hipótesis que, en el caso no se actualiza, pues no es inminente ni cierta su realización, sino que esta es probable, por actos previos que en modo alguno informan que las autoridades van a llevar cabo; por consiguiente, su actualización constituye un acto futuro e incierto; al referir el promovente que las responsables pretenden emitir una medida cautelar en contra de su patrocinada, ya que únicamente señala que se ha enterado; es decir, que tuvo conocimiento que probablemente exista una orden ya sea verbal o escrita, pues escuchó que el Agente del Ministerio Público la solicitaría, sin embargo, se considera que lo manifestado son simples rumores que ha escuchado, más no que exista un acto cierto e inminente y en contra de la directa quejosa. Sin que ello sea suficiente para presumir que en realidad se trate de algún acto de autoridad que sea inminente, de donde resulta evidente que, en el caso concreto, lo que el peticionario del amparo pretende es prevenir actos futuros de realización incierta, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo. Por lo anterior, es válido concluir que el impetrante del amparo no se duele de algún acto concreto que de manera real y actual sea ejecutado en la esfera jurídica de forma inminente de la directa quejosa, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la intelección de los artículos 1, 73 y 77 de la Ley de Amparo y por ello es necesario que la demanda de amparo tenga sustento en hechos que reales y actuales, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo y, evidentemente, no se actualiza en el presente caso, ni aún en forma indiciaria. Además, conforme al criterio de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro: actos futuros y actos probables, en sentido contrario, se colige que el juicio de amparo sólo procede contra actos reales y concretos de aplicación al momento de presentación de la demanda de amparo, tal como igualmente lo ha sostenido nuestro Alto Tribunal en criterio de la otrora Tercera Sala: "acto reclamado, existencia del. debe acreditarse respecto a la fecha de presentación de la demanda de amparo", resulta evidente que éste sólo trata de prevenirse de actos futuros e inciertos, contra los cuales resulta improcedente el juicio de control constitucional. Apoya lo aquí decidido, la tesis sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 1512, Materia Común, Quinta Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS FUTUROS O DE POSIBILIDAD. Contra ellos no procede el recurso de amparo, mientras no haya un principio de ejecución." Asimismo, apoya a lo anterior, la tesis aislada, sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, página 497, Materia Común, Quinta Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS FUTUROS. Contra ellos es improcedente el juicio de garantías." De lo anterior, resalta el hecho de que la posible orden de traslado, no constituye un hecho real, sino únicamente es probable que acontezca, por lo cual al día de la fecha no incide en la esfera jurídica de la parte quejosa, pues el peticionario del amparo hasta el momento de presentación en línea de la demanda de amparo sólo tiene temor de que se llegue a emitir, pero no tiene plena convicción de que se hubiera dictado. En tal contexto, quien ahora resuelve considera que la posible y futura orden de prisión preventiva como medida cautelar de la directa quejosa, aún no se emite y hasta el momento sólo existen eventos futuros y de realización incierta, en oposición a los actos inminentes, contra los que sí resultaría procedente el juicio de amparo. En tal virtud, se concluye que el acto reclamado no puede impugnarse a través del juicio de amparo, sino hasta que se emita la resolución correspondiente que invada la esfera de derechos de la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 217 de la Ley de Amparo y con apoyo en el numeral 113 del ordenamiento legal invocado, se impone desechar de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Finalmente, como lo solicita el quejoso conforme con lo dispuesto por el "Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal", se ordena autorizar a "Lievanovillar", para que acceda al presente juicio de amparo, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para oír y recibir notificaciones. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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