Lorraine Sáenz Robinson
Expediente 170/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 28 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 170/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Lorraine Sáenz Robinson
- Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito electrónico presentado por el licenciado ******************** autorizado de la parte quejosa ********************, agréguese a los autos para que obre como corresponda, y téngasele interponiendo recurso de revisión contra la resolución dictada en el presente juicio de amparo; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, remítanse al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo, y del escrito de expresión de agravios de la parte recurrente, con copia de éste último para el Agente del Ministerio Público de la Federación, y las restantes copias de dicho escrito distribúyanse entre las demás partes. Notifíquese personalmente.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa el proveído de diez de noviembre de dos mil veintitrés, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo 170/2023-IV, promovido por Lorraine Sáenz Robinson, contra actos de la Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en la localidad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diez de febrero del dos mil veintitrés, a través del Portal de Servicios en Línea de Poder Judicial de la Federación y recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, el trece del citado mes y año, siendo remitido en la misma fecha a este juzgado, por razón de turno, Lorraine Sáenz Robinson, por conducto de su defensor particular José Antonio Villegas Chavira, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades, Congreso del Estado de Chihuahua, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua y Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en la localidad, consistentes en: "ACTO RECLAMADO: 1. Al Honorable Congreso del Estado de Chihuahua le atribuyo la Discusión, Aprobación y expedición del Decreto 690/06 I P.O., por lo que se refiere al artículo 224, fracción V del Código Penal del Estado de Chihuahua, el delito de fraude específico. 2. Al Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, le atribuyo la promulgación de los decretos mencionado en el punto anterior. 3. Como ejecutora de la ley y ordenadora del acto concreto de ejecución, a la Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional con Sede en Ciudad Juárez, a quien además le atribuyo la sentencia recaída en el Toca Penal N-03/2022, en el que se actualizó el primer acto de aplicación de la norma señalada como acto reclamado y que se vinculó a proceso a mi representada." (sic) Segundo. Preceptos violados. La parte quejosa señala como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1, 14, 16, 17, párrafo noveno y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión de la demanda. El catorce de febrero del dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda registrándose bajo el expediente 170/2023-IV; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó emplazar a juicio a los terceros interesados y al agente del Ministerio Público que actúa en el toca penal; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita quien no presentó pedimento; y se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, y concluye con el dictado de la presente sentencia; por lo que, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracción III, de la Constitución Federal; 1, 33 fracción IV, 35, 37 y demás relativos de la Ley de Amparo; 1 fracción VI, 49, 50 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; además de que los actos reclamados, se atribuyen a unas autoridades del Distrito Judicial Bravos, territorio que se encuentra dentro de la jurisdicción en que ejerce sus funciones este órgano de control constitucional, aunado a que en esta localidad tuvo aplicación el artículo cuya constitucional se controvierte. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación de los actos reclamados en el juicio en que se actúa. Para tal efecto, se atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que el quejoso exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, del detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revelan que el acto reclamado por el solicitante del amparo consiste en: La discusión, aprobación y expedición del Decreto Legislativo 690/06 I.P.O., por lo que se refiere al artículo 224, fracción V, del Código Penal para el Estado de Chihuahua, que contempla el delito de fraude específico. La resolución de dieciocho de enero del dos mil veintitrés, dictada en el toca N-03/2023, por la Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en la localidad, mediante la cual revocó el auto de no vinculación a proceso dictado por el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Galeana, dentro de la causa penal 55/2021, instruida en favor de Lorraine Sáenz Robinson, por el hecho ilícito de fraude específico, cometido en perjuicio de las víctimas Jennifer Parson Parra y Glen Lyons Chávez. Actos que serán materia de análisis en la presente resolución. Tercero. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable, Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le reclama y en apoyo a su informe, envió copia autorizada de las constancias que apoyan su comunicación, emitidas contra la quejosa por el ilícito de que se trata; asimismo, remite los discos de audio y video de la audiencia de formulación de imputación y de vinculación a proceso. Medios de convicción con valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 129, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues los primeros resultan medios idóneos para hacer patente lo acontecido en dichas audiencias, dada la naturaleza del procedimiento en que se verificó el acto impugnado de inconstitucional; además en razón de la naturaleza de las audiencias orales, se registran en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza, para efectos del juicio de amparo, adquiere el carácter de prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de realizar una audiencia especial de reproducción de su contenido e incluso, durante el trámite de este juicio se dio vista a las partes a fin de brindarles certeza jurídica; en tanto que las documentales, fueron expedidas por autoridad en ejercicio y con motivo de sus funciones, por lo que se tiene por cierto el acto que se impugna de inconstitucional. Tales consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Así como la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dispone: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIA CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por su parte, la Gobernadora Constitucional el Estado de Chihuahua, con sede en la Ciudad de Chihuahua, Capital, al rendir su informe justificado expuso que era cierto el acto reclamado consistente en la promulgación del decreto legislativo 690/06 I.P.O., por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones Código Penal para el Estado de Chihuahua, en específico el artículo 224, fracción V, que contempla el delito de fraude específico. Por su parte, el Congreso del Estado de Chihuahua, con sede en la Ciudad de Chihuahua, Capital, fue omisa en rendir su respectivo informe justificado, no obstante estar debidamente notificada del oficio petitorio, como se aprecia del acuse que del mismo obra en autos (foja 177 de autos); consecuentemente, se presumen ciertos los actos reclamados a la citada omisa, de conformidad con el artículo 117, de la Ley de Amparo, máxime que la diversa autoridad Gobernadora Constitucional el Estado de Chihuahua, con sede en la Ciudad de Chihuahua, Capital, al rendir su informe justificado acepto la existencia que se le reprochan respecto del decreto materia de controversia constitucional. A lo anterior debe agregarse que, en cuanto a las normas impugnadas, por estar vigentes, su notoria existencia no está sujeta a prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Al caso se aplica por analogía, el criterio sostenido en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época. Registro 191452, Tomo XII, Agosto de 2000, Materia Común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Así como la diversa tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 983, de la Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988, que señala: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." De igual manera, deviene aplicable la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 4 de rubro y texto: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Quinto. Causal de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, lo procedente es analizar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano de control constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el contenido de la jurisprudencia número 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, cuyo contenido establece lo siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La autoridad responsable Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, al rendir su informe justificado manifestó que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, de la Ley de Amparo, virtud a que la solicitante del amparo omitió combatir la promulgación de la ley reclamada por vicios propios. Así, los artículos 61, fracción XXIII y 108, fracciones III y VIII, de la Ley de Amparo, en su orden, establecen. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.] VIII. Los conceptos de violación." El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo dispone que en la demanda de amparo tiene que expresarse la autoridad o autoridades responsables y que, en caso de que se impugnen normas generales, el quejoso debe señalar a los titulares de los órganos del Estado a quienes la ley encomiende su promulgación. Asimismo, establece que no debe llamarse a juicio a las autoridades que intervinieron en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio de la norma, si no se impugnan sus actos por vicios propios; no obstante, esta última excepción no se previó tratándose de la autoridad que promulgó la ley. En estas condiciones, es indispensable la participación del órgano promulgador, ya que puede hacer valer los medios de defensa contra la admisión de la demanda, o bien, exponer y demostrar causas de sobreseimiento o vicios en la personalidad del quejoso que el juzgador no pueda advertir oficiosamente. Por tanto, debe llamarse a juicio al titular del Poder Ejecutivo correspondiente, como autoridad encargada de la promulgación de la norma reclamada, pues de lo contrario se haría nugatorio el artículo 87, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ya que no se le permitiría interponer el recurso de revisión, por el simple hecho de no haber sido parte en el sumario de derechos fundamentales y, en consecuencia, desconocer la sentencia dictada. En tales consideraciones es infundada la causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable. Apoya lo anterior, la tesis (I Región) 8o.7 K (10a.), sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, visible a página 2278, del Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, Décima Época, registro 2017974, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. EN LA DEMANDA RELATIVA DEBE SEÑALARSE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO QUE PROMULGÓ LA LEY RECLAMADA, AUNQUE NO SE IMPUGNE ESE ACTO POR VICIOS PROPIOS. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo dispone que en la demanda de amparo tiene que expresarse la autoridad o autoridades responsables y que, en caso de que se impugnen normas generales, el quejoso debe señalar a los titulares de los órganos del Estado a quienes la ley encomiende su promulgación. Asimismo, establece que no debe llamarse a juicio a las autoridades que intervinieron en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio de la norma, si no se impugnan sus actos por vicios propios; no obstante, esta última excepción no se previó tratándose de la autoridad que promulgó la ley. En estas condiciones, es indispensable la participación del órgano promulgador, ya que puede hacer valer los medios de defensa contra la admisión de la demanda, o bien, exponer y demostrar causas de sobreseimiento o vicios en la personalidad del quejoso que el juzgador no pueda advertir oficiosamente. Por tanto, debe llamarse a juicio al titular del Poder Ejecutivo correspondiente, como autoridad encargada de la promulgación de la norma reclamada, pues de lo contrario se haría nugatorio el artículo 87, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ya que no se le permitiría interponer el recurso de revisión, por el simple hecho de no haber sido parte en el sumario de derechos fundamentales y, en consecuencia, desconocer la sentencia dictada; de ahí que si el Juez de Distrito admite una demanda de amparo en la que se impugnó una ley y sólo se designó como responsable al Congreso que la emitió, ese proceder viola las reglas fundamentales del juicio de amparo, lo que obliga al Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de su revisión a revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento, para que el juzgador realice la prevención correspondiente y se subsane la omisión de señalar a la autoridad indicada." Así, al no existir diversa causa de improcedencia que deba examinarse, ya sea porque la hayan propuesto las partes o se advierta de oficio, lo que impone entrar al estudio de los motivos de inconformidad alegados por la parte quejosa, respecto de los actos reclamados. Sexto. Metodología de estudio del asunto. A. Por orden y técnica jurídica, es oportuno; primero, se analizará la procedencia del juicio, respecto del acto de aplicación consistente en la resolución de dieciocho de enero del dos mil veintitrés, dictada en el toca N-03/2023, por la Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en la localidad, mediante la cual revocó el auto de no vinculación a proceso dictado por el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Galeana, dentro de la causa penal 55/2021. B. Seguidamente, se hará estudio del tema de constitucionalidad de leyes, consistente en la expedición y promulgación del Código Penal para el Estado de Chihuahua, específicamente el artículo 224, fracción V, derivado del cuestionamiento al acto de aplicación, si del análisis realizado por este juzgado de Distrito advierte alguna violación en los derechos fundamentales del quejoso cuyo efecto sería la concesión del amparo solicitado, ya no existirá razón para que se analice de fondo sobre ese tópico, ante la exposición jurídica que establezca este órgano de amparo. Séptimo. Conceptos de violación. En este considerando, se tienen por reproducidos los conceptos de violación sin que para realizar su estudio haya necesidad de transcribirlos, atento a lo que dispone la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 83 del Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Octavo. Análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del auto de vinculación a proceso reclamada. Son infundados los conceptos de violación que hace valer el quejoso Lorraine Sáenz Robinson, aun suplida queja deficiente, a favor de la parte quejosa, y sin duda, se resolverá con conocimiento pleno de la controversia penal, sin favorecer a alguna de las partes en perjuicio de la otra, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Si bien la promovente tiene el carácter de imputada en la causa penal de origen, por lo que opera a su favor la suplencia de la queja deficiente, acorde con lo dispuesto el normativo citado en el párrafo que precede, y por ende, este Juzgador Constitucional está obligado a examinar cuestiones no propuestas por la accionante en sus conceptos de violación; sin embargo, tal suplencia no es absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino solamente en aquellos casos donde el órgano de amparo la considere útil para favorecer a la parte quejosa con la concesión de la protección constitucional; por lo que, no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, le perjudique o no le reporte utilidad alguna. Además, la falta de pronunciamiento o de expresión del estudio en suplencia de la queja no necesariamente implica que ese análisis no procede o que no se haya hecho. Simplemente significa que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician a la quejosa o recurrente, respecto de cuestiones que ésta no planteó, de manera que resultan innecesarias para motivar el fallo que le es adverso. Máxime que, acorde con el criterio jurisprudencial definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para efecto de tener por satisfechos los requisitos de debida fundamentación y motivación, no es necesario que el juzgador de amparo incluya, de forma expresa, el estudio oficioso del acto reclamado en suplencia, cuando dicho análisis, lejos de beneficiar a la promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna; pues, tal pronunciamiento debe hacerse únicamente cuando le reporte un beneficio. Por tanto, si no se advierte violación de derecho fundamental alguno de la parte quejosa, basta con que los aspectos debatidos por ésta, encuentren el pronunciamiento correspondiente con la suficiente motivación, para considerar cumplida la referida exigencia constitucional, sin que para ello sea menester demostrar en la argumentación del fallo que tampoco obtendría un resultado favorable, a partir del estudio de cuestiones no debatidas en el juicio de amparo. El criterio al que se ha hecho referencia, es el identificado con el número de tesis 2a./J. 67/2017 (10a.), cuyo tenor es: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Aclarado lo anterior, previo a exponer las razones que apoyan la ineficacia de los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, conviene destacar que del análisis efectuado a las constancias que remitió la Sala responsable en apoyo a su informe justificado, consistentes en copias auténticas del Toca Penal N-03/2023, así como tres discos ópticos de almacenamiento de datos con sus respectivos índices cronológicos correspondientes al procedimiento penal de origen, y un diverso disco óptico, de la audiencia de segunda instancia, con el valor probatorio pleno que previamente les fue reconocido, se desprende que para emitir el auto de vinculación a proceso emitido en segunda instancia y que dio origen a la resolución que ahora se reclama, se cumplieron los presupuestos que para ese efecto se establecen en el artículo 19 de la Constitución Federal, en correlación con los numerales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Establecido lo anterior, resulta pertinente precisar que, el análisis que se efectuará en el asunto en estudio, será tomando en consideración, los requisitos que señala el artículo 19 Constitucional, estableciéndose que en el auto de vinculación a proceso, ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Orienta lo expuesto, la tesis de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." En tal contexto, se reitera, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 Constitucional, que establece los requisitos que deben ser observados al dictarse resoluciones de esta naturaleza, mismo que en su parte conducente dispone: "19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." La lectura del fragmento antes transcrito pone de manifiesto que los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son los siguientes: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar un auto de vinculación a proceso. Por su parte, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisan: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: Los datos personales del imputado; Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." Es dable señalar que, para que un auto de vinculación a proceso cumpla con los requisitos constitucionales y legales señalados en los preceptos transcritos, resulta indispensable que se satisfagan los presupuestos siguientes: a) Requisitos procedimentales 1. Que se haya formulado la imputación contra el indiciado; y, 2. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. b) Requisitos de forma: 1. Expresar el delito que se impute al indiciado; 2. Los datos o antecedentes expuestos por la representación social; y, 3. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. c) Requisitos de fondo: 1. Que esos datos o antecedentes establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; 2. Que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; y, 3. Que no se actualice una causa de extinción de la acción o excluyente del delito. Establecido lo anterior, se tiene que a juicio de quien resuelve, se considera que en el caso se cumplen todos y cada uno de los requisitos procedimentales, formales y de fondo para la emisión del auto de vinculación a proceso; de ahí que la determinación dictada por la Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, al revocar la resolución apelada, se estime correcta. Ello en razón de tales exigencias, como lo apreció la Magistrada en cita, se colman en la especie, puesto que el auto de vinculación a proceso se dictó en contra de la imputada, por un hecho que la ley califica como delito de fraude específico, previsto en la fracción V del artículo 224, y sancionado con pena privativa de libertad por la fracción III del numeral 223, ambos del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometido en agravio de Jennifer Parson Parra y Glen Lyons Chávez, en el que se estableció el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, y existen datos que demuestran en grado probable que la imputada lo cometió, por sí y a título doloso, en términos de los artículos 18, fracción I y 21, fracción I, del Código Penal del Estado. En tal virtud, la sentencia que se revisa, no irroga agravio alguno al recurrente a la parte quejosa. En efecto, de las constancias que integran la causa penal de origen, se advierte que el veinte de octubre de dos mil veintidós se llevó a cabo la audiencia inicial, en la que el Agente del Ministerio Público, formuló imputación contra Lorraine Sáenz Robinson, por su probable participación en hechos que la ley penal local, configura como delito de fraude específico, en perjuicio de las víctimas Jennifer Parson Parra y Glen Lyons Chávez, en presencia de sus defensores; diligencia en la que el juez hiso constar que en audiencia de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, le había hecho saber los derechos que le asisten, reiterando que los comprendía, así como que se reservó su derecho a declarar. Posteriormente, la imputada solicitó se resolviera su situación jurídica en ese momento; a lo que estuvo de acuerdo el representante social, quien únicamente solicitó un receso de cinco minutos, para que se procediera a dictar el auto de vinculación a proceso correspondiente, emitiéndose por el juez del conocimiento, en la continuación de dicha audiencia auto de no vinculación a proceso. En consecuencia, se consideran satisfechos los requisitos procedimentales que se señalaron en el inciso a) que antecede, al quedar acreditado que se formuló imputación contra el indiciado, aquí quejosa; así como, que se le otorgó la oportunidad para declarar. Por lo que hace a los requisitos de forma a que se hace referencia en el inciso b), también quedaron satisfechos, dado que: 1. Que la representación social, en audiencia inicial de veinte de octubre del dos mil veintidós, imputó a Lorraine Sáenz Robinson, la probable comisión del hecho que la ley señala como el delito de fraude específico, en perjuicio de las víctimas Jennifer Parson Parra y Glen Lyons Chávez. 2. En cuanto a los antecedentes expuestos por la representación social, se advierte que en la referida audiencia inicial la Agente del Ministerio Público, procedió a relatar los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, que consideró pertinentes para demostrar el hecho constitutivo del delito de fraude específico. 3. Respecto de las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución, de la apreciación integral del auto de vinculación analizado, se desprende que los hechos imputados a la hoy quejosa acaecieron entres el seis de noviembre de dos mil dieciséis y julio de dos mil diecinueve, en el domicilio identificado como lote de terreno urbano, número 4, manzana 38, ubicado en Avenida Hidalgo y Calle Primera número 3201 de la Colonia Dublán, en Nuevo Casas Grandes. Lo anterior, pues contrario a lo expuesto en el primer concepto de violación expresado por la parte quejosa, la Magistrada responsable, estuvo en lo correcto al determinar que contrario a lo estipulado por el juez que negó la vinculación a proceso, de los datos de prueba expuestos por la representación social en la audiencia de formulación de imputación, se deprende que los hechos imputados revisten la características de delito de fraude especifico descrito en la fracción V, del artículo 224 del Código Penal del Estado de Chihuahua, pues la quejosa arguye que en dicha audiencia la fiscalía fue omisa en señalar con precisión las circunstancias de tiempo y modo, en razón de diversas modificaciones al convenio, modificaciones que la quejosa estima fueron obviadas por la Magistrada responsable señalando que eran aspectos atientes a la acreditación del cuerpo del delito, sin embargo, por cuanto a la circunstancias de modo, la responsable señaló correctamente que entre los datos de prueba expuestos, el Agente del Ministerio Púbico, señaló que las declaraciones de las víctimas Jennifer Parson Parra y Glen Lyons Chávez, quienes declararon como fue que se celebró el contrato con la imputada; el catalogo presupuestal que les presentó y como convinieron los distintos pagos, mismos que fueron debidamente cubiertos, incluso hasta cubrieron un excedente, derivado este último según las explicaciones de la imputada, de elementos que no habían sido considerados en el presupuesto original, así como del incremento en los precios de los materiales durante el tiempo que duro la construcción. Ahora, por cuanto a las modificaciones que argumenta la impetrante en su concepto de violación fueron obviadas por la responsable, este juzgado estima correcto lo expuesto por la responsable, quien al contrario de lo expuesto por la quejosa, si tomo en consideración que durante le ejecución de la obra se habían hecho modificaciones al contrato original, incluso valoró que al respecto no había fluido información respecto a las fechas y los términos convenidos en dicha modificativas, sin embargo determino que ello no era suficiente para determinar que el hecho imputado revestía la característica de delito. Lo que apoyo la responsable, en primer lugar, en las circunstancias de tiempo, comunicadas por la representación social al desahogar los datos de la imputación en dicha audiencia, inicial, mismas que tal como lo sustenta dicha autoridad, se le comunicó a la imputada que ambas partes manifestaron su interés en contratar y el seis de noviembre de dos mil dieciséis, la imputada entregó el catálogo presupuestal que las víctimas aceptaron y convinieron en el pago de distintas cantidades, según fueran avanzándose la obra, sin embargo, la aquí imputada abandonó la obra, en julio de dos mil diecinueve. Razón por la que contrario a lo alegado por la quejosa en su primer concepto de violación, si fueron precisadas la circunstancias de tiempo, sin que, que como lo precisó la responsable, la falta de precisión en cuanto las fechas y modificaciones del contrato puedan generarle indefensión, pues efectivamente, el contrato original fue la base para la construcción del inmueble, mientras que los acuerdos posteriores, se refieren a elementos adicionales que no poseen el alcance que pretende darle tanto la parte quejosa, ni las que le atribuyó el juez de origen al negar la vinculación a proceso, máxime que por cuanto a dichas modificaciones, la victimas erogaron una cantidad superior a la pactada, y se estima que las mismas medularmente fueron estéticas y no arquitectónicas, como la selección de la pintura, de la piedra decorativa y la instalación de paneles solares, es decir como efectivamente lo señala la Magistrada, carece de razón considerar que esos aspectos materia de las modificaciones del contrato, se traduzcan en una calidad inferior de las previstas en el pacto de origen, al punto que la edificación desarrollada por la quejosa no garantizara la habitabilidad. Además, tal como fue precisado por la autoridad responsable dicha modificaciones no relevan la responsabilidad de la imputada, quien efectivamente tenía la obligación de hacer saber esos riesgos a los contratantes, pues derivado de la lógica del contrato de obra a precio alzado, el riesgo de la obra corre a cargo del constructor, hasta el acto de entrega de la casa habitación. En razón de lo expuesto, se encuentran satisfechos los presupuestos de forma a que se hace referencia en el inciso b) que antecede. En cuanto a los requisitos de fondo relacionados en el diverso inciso c), en el auto de vinculación a proceso emitido por la Sala responsable se destacó lo siguiente: 1. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por la Representación Social se aprecian datos de prueba que, contrario a lo que estimó el juez natural, valorados de manera libre y lógica, hasta esta fase del procedimiento penal acusatorio y oral, se consideran idóneos para establecer razonablemente la existencia del hecho que la ley señala como el delito de delito de fraude específico, probablemente cometido por Lorraine Sáenz Robinson, en agravio de las víctimas en perjuicio de las víctimas Jennifer Parson Parra y Glen Lyons Chávez. 2. Lo anterior es así, pues de dicha investigación, la Magistrada responsable correctamente estimó que se desprendía que la imputada Lorraine Sáenz Robinson, probablemente participó en los hechos delictivos, en principio en razón de que las victimas le solicitaron, en razón del lazo de amistad que los unía, sus servicios para la construcción de un inmueble tipo residencia en el lote de terreno urbano, número 4, manzana 38, ubicado en Avenida Hidalgo y Calle Primera número 3201 de la Colonia Dublán, en Nuevo Casas Grandes, por lo cual les presentó un catálogo presupuestal, conforme al cual pactaron la ejecución de la obra y su costo, fijándose así los elementos, las especificaciones y la calidad de la construcción, así como el precio total y su pago en distintas parcialidades, según el avance de la obra, pacto de voluntades que conforme a la materia civil, se rige por el principio de autonomía contractual y la voluntad de las partes, mismo que el juez de origen identificó como un contrato de obra a precio alzado, lo cual evaluó la magistrada responsable como adecuado en razón de dicho contrato es regulado por el Código Civil del Estado de Chihuahua, en su artículo 2514. De igual manera la responsable compartió la opinión del juez de origen, en el sentido de que para el estudio del delito no se requería cumplir con las formalidades que, en su caso, se requieren para ejercitar una acción civil con motivo del incumplimiento del contrato, sin embargo, destaco que la regulación normativa de ese contrato constituía un parámetro adecuado para comprender la dinámica de las obligaciones y prestaciones asumidas por los contratantes. Además al realizar la valoración libre y razonada de datos de prueba, la Magistrada responsable considero que en la obra se utilizaron materiales y mano de obra de calidad inferior, según advirtió de los peritajes elaborados por el Perito en Criminalística de Campo, Sergio Rene Mosqueda Lujan y Perita en Ingeniería Civil Areli Rocha Machado. Pues el primero realizó un serie fotográfica del inmueble, imágenes que fueron proyectadas por la representación social en la audiencia de veinte de octubre de dos mil veintidós, de las que se pudo advertir los daños, desperfectos y baja calidad con que fue edificada la construcción, destacando la techumbre que presenta plastas de concreto cuarteadas y mal selladas, mientras que la segunda realizó un estudio pericial en ingeniería civil, en el que identificó los daños que se originaron por una deficiente construcción, llegando a la conclusión que el inmueble presentaba los siguientes desperfectos: a). Deficiencia en la colocación de la estructura de la techumbre y ventanas que permiten filtraciones de agua; b. Deficiencia al pintar las paredes interiores y dejar al descubierto los apagadores y spot sin tapa alguna; c. Deficiencia al colocar el zoclo de madera de encino, al no aplicar material para ocultar las uniones, deficiencia al colocar los pisos de cerámica al no aplicarse recubrimiento en las uniones y no colocar moldura para unir piso de alfombra con piso laminado; d. Deficiencia en la colocación de piedra decorativa en pared exterior al desprenderse; e. Manchas del pegamento utilizado Además también tomo en cuenta las entrevistas de los testigos Cesar Jiménez Peñalosa y Horacio Peña Parson, desahogadas ante el Agente de la Policía de Investigación Alonso Martínez Pérez, quien actúo con motivo y en ejercicio de sus funciones de agente de investigador, quienes señalaron laborar en el gremio de construcción, precisando Cesar Jiménez Peñalosa que fue contratado por las víctimas en enero de dos mil veinte, para revisar las condiciones del inmueble, después de que una fuerte precipitación fluvial expusiera filtraciones en la estructura de la construcción, mientras que Horacio Peña Parson, a quien se le había contratado para la fabricación e instalación de dos puertas, observó en julio de dos mil diecinueve, que la imputada era la encargada de la obra y que tenía poco personal en la construcción; empleados a los que no conocía como pertenecientes a la región, luego, en enero de dos mil veinte, observó desperfectos en la construcción. Una vez que la Magistrada analizó dichos datos, destacó que conforme lo previsto artículo 2540 del Código Civil del Estado de Chihuahua, cuando se conviniere en que la obra deba hacerse a satisfacción del propietario o de otra persona, se entiende reservada la aprobación a juicio de peritos, por lo que al considerar la conclusión de la Perita en Ingeniería Civil Areli Rocha Machado, respecto a las deficiencias que presenta el inmueble, la llevo a tener por acreditado hasta ese momento procesal, que la ejecución de la obra habría sido realizada por debajo del estándar de calidad requerido. Aunado a ello, la autoridad responsable también sustento su resolución en el hecho de que las víctimas, habían cumplido con los pagos pactados en el contrato original y un excedente, que interpretó, se había derivado de las modificaciones realizadas por las partes al citado pacto de voluntades, lo que advirtió según los recibos que les fueron expedidos por la imputada y el reconocimiento que hizo al explicar el incremento del costo. Por lo que medularmente concluyó que la imputada, con el carácter de constructor de una obra, dolosamente al conocer la actividad y presentarse como profesional en construcción, empleó estándares de construcción inferior a la que se requería para cumplir con la encomienda bajo los parámetros pactados, estos es, no sólo empleó materiales, sino también realizó construcciones de una calidad y cantidad inferior a la convenida, además de que recibió el precio pactado por dicha construcción, con el consiguiente perjuicio de la víctimas. Por lo que concluyó que se acreditaba el hecho con apariencia del delito de fraude específico, y además también se permitía establecer razonablemente la probabilidad de la participación del imputado en la comisión de ese hecho ilícito. 3. Finalmente, precisó que de los datos arrojados por la carpeta de investigación relatados por el Agente del Ministerio Público, se desprendía que en el caso no se actualizaba una causa de extinción de la acción o excluyente del delito. En consecuencia, es evidente la satisfacción de los requisitos de fondo que requiere el artículo 19 Constitucional, en relación con los numerales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, se reitera, que para dictar el auto de vinculación a proceso, sólo es necesario que los datos de prueba constituyan "indicios razonables" que permitan suponer la probabilidad de que la persona imputada cometió o participó en la comisión del hecho que la ley señala como delito. Por ello, no asiste la razón al peticionario de amparo al afirmar que no hay elementos suficientes para acreditar la hipótesis fáctica de las fiscalía y emitir el auto de vinculación a proceso en su contra, toda vez que en el sistema adversarial acusatorio no existe un valor predeterminado de las pruebas porque en el caso, la sala responsable asignó ese estándar atendiendo a la lógica, el sentido común, las máximas de la experiencia, la sana crítica y la base científica. Al respecto, se estima atingente la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/19 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 2388, del libro 57, agosto de 2018, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, materias penal, con registro digital: 2017728, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. TEST DE RACIONALIDAD QUE PROCEDE APLICAR PARA EL ESTUDIO DE LOS DATOS DE PRUEBA, A PARTIR DE LOS CUALES PUEDE ESTABLECERSE QUE SE HA COMETIDO UN HECHO IMPUTADO COMO DELITO [MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.31 P (10a.)]. Este Tribunal Colegiado de Circuito, en la tesis aislada XVII.1o.P.A.31 P (10a.), estableció el test de racionalidad que procede aplicar por el tribunal de amparo, en relación con los antecedentes de investigación como canon de control de la legalidad del auto de vinculación a proceso. Ahora bien, una nueva reflexión sobre el tema, lleva a este órgano jurisdiccional a modificar dicho criterio, para ahora definir el test que procede aplicar para el estudio de los datos de prueba a partir de los cuales puede establecerse que se ha cometido un hecho imputado como delito, el cual tiene como objetivo diferenciar el nivel de exigencia probatoria que es aplicable en las resoluciones susceptibles de ser dictadas en la audiencia inicial, frente a la sentencia definitiva dictada en el juicio oral. En la premisa fáctica se requiere para la aceptación o rechazo de una teoría: a) Una hipótesis (teoría del caso): Es una proposición que tiene como sustento un hecho captado por medio de los sentidos. b) Los enunciados que integran la hipótesis; razonamientos con cierta probabilidad o verosimilitud. c) La verificabilidad de los enunciados, mediante la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y, la valoración debe ser racional, es decir, aquella que en su práctica emplea elementos o reglas racionales, lógicas, máximas de experiencia, método científico y pensar reflexivo, para valorar e interpretar los resultados de la aportación de datos de prueba en conjunción con lo alegado para determinar qué puede dar o considerar como probado, que en última instancia no es más que evaluar el grado de probabilidad, con fundamento en los medios disponibles, si puede considerarse como verdadera una hipótesis sobre los hechos. d) La aceptación o rechazo de la hipótesis, mediante la argumentación de la hipótesis aceptada y la refutación, por contrastabilidad, de la rechazada. La aceptabilidad de una hipótesis es un juicio sobre su confirmación y no refutación. Una vez confirmada debe someterse aún a la refutación examinando los posibles hechos que -de existir- invalidarán o reducirán el grado de probabilidad de la hipótesis, es decir, el Juez contrasta unas afirmaciones -hipótesis- poniendo a prueba su valor explicativo. Una hipótesis se considera confirmada por un dato o medio de prueba si existe un nexo causal o lógico entre ambas, de modo que se configure una razón para su aceptación. La confirmación corresponde a una inferencia en virtud de la cual, a partir de unos datos de prueba y de una regla que conecta a esos datos de prueba con la hipótesis, se concluye aceptando la veracidad de esta última." De esta manera, se estima que la valoración de los datos de prueba llevada a cabo por la sala responsable es correcta, pues constituyen indicios razonables que permiten suponer la probable participación de Lorraine Sáenz Robinson, en aquel hecho con apariencia de delito. En efecto, el estándar probatorio que se requiere para el dictado del auto de vinculación a proceso es reducido, porque la resolución se sustenta solamente en datos de prueba, los cuales consisten en la simple referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, los que deben ser idóneos, pertinentes y aportar indicios razonables para establecer la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, en términos de lo que establece el primer párrafo del artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, el estándar de prueba que se requiere en esta fase no puede llegar al extremo de requerir medios de prueba que sean bastantes para juzgar el hecho, pues la exigencia de demostración es menor a la que se requiere para dictar sentencia, porque el auto de vinculación a proceso sólo tiene como objetivo inmediato determinar si las personas quedan sujetas o no al procedimiento. Tal interpretación es acorde con el criterio que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 87/2016, en la cual dilucidó que en el nuevo sistema de justicia penal, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace una referencia de datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito y que exista la posibilidad real de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Esto, porque en el nuevo sistema de justicia penal debe considerarse a la etapa de investigación como un período preparatorio para determinar si existen razones para someter a una persona a juicio, por ello, al formularse la imputación, lo que se pretende es la formalización de la investigación con el dictado de un auto de vinculación a proceso; de ahí que, para fundar la imputación no se requiere la plena certeza del Ministerio Público de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues la convicción final será la del juez. Precisó que la intensidad o profundidad del análisis que deberá hacer el juez para identificar si un hecho o una serie de hechos están tipificados en la ley como delito, será el que resulte necesario para "establecer", a partir de los datos de prueba, que un hecho o serie de hechos están tipificados como delito por la ley penal, sin estar legalmente obligado a realizar un desglose de los elementos del delito, sino únicamente a que una vez establecido de manera clara el hecho materia de la imputación, lleve a cabo un ejercicio tendente a determinar si esa conducta encuadra en alguna de las descripciones típicas que en abstracto describe la norma penal como delitos. El Máximo Tribunal también indicó que el juez de control deberá fundar y motivar suficientemente su ejercicio de ponderación de los datos de prueba referidos por el ministerio público, donde sí deberá exponer las razones y fundamentos que le llevan a considerarlos idóneos y pertinentes con base en las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, para tener por establecida la existencia del hecho considerado como delito y cumplir con el requisito de fondo. Las consideraciones destacadas dieron lugar a la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), que a continuación se invoca: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones 'comprobar' por 'establecer' y 'cuerpo del delito' por 'hecho que la ley señala como delito', las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de 'pruebas' ni se exige 'comprobar' que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado 'cuerpo del delito', entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Bajo ese contexto, a criterio de quien aquí resuelve, resulta correcta la determinación de la Sala responsable al revocar el auto de no vinculación a proceso emitido a favor de la ahora quejosa por el juez de origen y dictar auto de vinculación en su contra, precisamente, al quedar evidenciado que existen datos de prueba suficientes y pertinentes para establecer que se ha realizado un hecho que la ley señala como delito y su probable comisión en el mismo. Importa destacar, que contrario a lo argüido por la parte quejosa en su tercer concepto de violación, con dicha aseveración no se vulneran los principios de presunción de inocencia y carga de la prueba. Al respecto, debe precisarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2087/2011, determinó que el principio de presunción de inocencia es un derecho universal que se traduce en que nadie puede ser condenado si no se comprueba plenamente el delito que se le imputa y la responsabilidad penal en su comisión; por ende, la presunción de inocencia se conserva durante la secuela procesal hasta que se dicte sentencia definitiva. De dicha ejecutoria derivó el criterio 1a. I/2012 (10a.), que enseguida se cita: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO ESTÁ CONSIGNADO EXPRESAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en diversos asuntos que el principio de presunción de inocencia es un derecho universal que se traduce en que nadie puede ser condenado si no se comprueba plenamente el delito que se le imputa y la responsabilidad penal en su comisión, lo que significa que la presunción de inocencia la conserva el inculpado durante la secuela procesal hasta que se dicte sentencia definitiva con base en el material probatorio existente en los autos. Por otra parte, el Tribunal en Pleno sustentó la tesis aislada P. XXXV/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 14, con el rubro: 'PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.', en la que estableció que en la Ley Suprema, vigente en ese entonces, no estaba expresamente establecido el principio de presunción de inocencia, pero de la interpretación armónica y sistemática de sus artículos 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 19, primer párrafo, 21, primer párrafo, y 102, apartado A, segundo párrafo, se advertía que los principios constitucionales del debido proceso legal y el acusatorio resguardaban implícitamente el diverso de presunción de inocencia. De ahí que el perfeccionamiento de la justicia penal en nuestro país ha incidido en que este principio se eleve expresamente a rango constitucional a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, para quedar ahora contenido en el artículo 20, apartado B, denominado: 'De los derechos de toda persona imputada', que en su fracción I, establece: 'I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa'." Así, el Más Alto Tribunal del país estableció que el principio de presunción de inocencia que en materia procesal penal impone la obligación de arrojar la carga de la prueba al acusador (Ministerio Público), es un derecho fundamental cuyo alcance trasciende la órbita del debido proceso, pues con su aplicación se garantiza la protección de otros derechos fundamentales, como son, la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias irregulares. Por tanto, en virtud de la presunción de inocencia ninguna persona podrá ser considerada culpable sino hasta que se dicte la sentencia respectiva que la desvirtúe plenamente, acreditando la infracción al ordenamiento jurídico y, en cuyo proceso se hayan observado todas las garantías necesarias para su adecuada defensa. En ese contexto, con el simple inicio de una investigación o del inicio del procedimiento no se menoscaba la presunción de inocencia, sino por el contrario, ésta se mantiene durante la sustanciación del proceso penal y hasta que, en su caso, se dicte sentencia condenatoria que dirima de forma concluyente la responsabilidad de la imputada; es decir, solamente la sentencia condenatoria priva a la inculpada de la calidad de inocente. Luego resulta inconcuso que, en la especie, los datos de prueba aportados en el procedimiento penal de origen, apreciados de manera libre y lógica en forma conjunta, integral y armónica, hasta esa fase procesal, constituyen el medio eficaz para establecer aparentemente la realización de un hecho que la ley señala como el delito de fraude específico, así como la probabilidad de que la imputada Lorraine Sáenz Robinson, participó en su comisión, lo que justifica racionalmente la emisión del auto de vinculación a proceso que se reclama a la Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Cobra aplicación al caso, en lo conducente, la tesis XXIII.10 P (10a.) emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, cuya literalidad señala: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PARA DICTARLO ES INNECESARIA LA COMPROBACIÓN PLENA DEL DOLO, PUES ES EN EL JUICIO ORAL DONDE PODRÁN ALLEGARSE LOS DATOS PARA LA PLENA DEMOSTRACIÓN DE ESTE ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL CORRESPONDIENTE. En el nuevo sistema de justicia penal, a partir de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, previsto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, pues sólo deben aportarse datos de prueba de los que se adviertan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, dado que esa resolución sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Ello es así, pues del análisis de la exposición de motivos de la referida reforma constitucional, se advierte que la intención del legislador fue establecer un nivel probatorio razonable, tanto para la emisión de la orden de aprehensión, como del auto de vinculación a proceso, de manera que basta que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en éste; elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Ahora bien, en los delitos que requieren para su actualización del acreditamiento del dolo, corresponde al Ministerio Público de la Federación su comprobación, atento al principio de presunción de inocencia; pero dicho elemento, al ser de carácter subjetivo, deberá ser valorado por el juzgador hasta el dictado de la sentencia, atento a las pruebas que al efecto haya aportado el Ministerio Público. Así, la demostración plena del dolo es innecesaria para dictar el auto de vinculación a proceso, pues será en el juicio oral donde podrán allegarse los datos para la plena demostración de tal elemento subjetivo del tipo penal correspondiente." Ahora bien, por cuanto al cuarto concepto de violación el mismo deviene infundado, pues estima que al prescindir del elemento del engaño en la interpretación de artículo 224, fracción V, del Código Penal de Estado de Chihuahua, implica trastocar el supuesto contemplado en el artículo 17, afirmación que se reitera, deviene infundada, pues el tipo penal no lo establece de manera expresa en la descripción del mismo. Al respecto, como correctamente lo sustento la Magistrada responsable, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 89/1997, indicó que para la configuración del delito de fraude específico, no era necesario que se acreditara el engaño, pues en la comisión del mismo, es evidente que lleva implícito el ánimo de engañar. A fin de ilustrar lo anterior, se transcriben las consideraciones en las que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación basó su determinación en la contradicción de tesis mencionada. "El delito de fraude genérico lo define el Código Penal del Estado de Sonora, de la forma siguiente: "Artículo 318. Se impondrán prisión de tres meses a ocho años y de diez a doscientos cincuenta días multa, al que engañando a uno, o aprovechándose del error en que éste se encuentre, se haga ilícitamente de alguna cosa, o alcance un lucro indebido para sí o para otro." Por su parte, tal ilícito penal lo contempla el diverso Código Penal del Estado de Oaxaca, en los siguientes términos: "Artículo 380. Comete el delito de fraude el que engañando a otro o aprovechándose del error en que éste se halle, se haga ilícitamente de alguna cosa o alcance un lucro indebido. El delito de fraude se castigará con las penas siguientes: Con prisión de tres meses a tres años y multa de cinco a cien veces el salario cuando el valor de lo defraudado no exceda de esta última cantidad.-Con prisión de tres a seis años y multa de cien a ciento cincuenta veces el salario, cuando el valor de lo defraudado exceda de cien veces el salario, pero no de quinientas veces.-Con prisión de seis a doce años y multa de ciento cincuenta a quinientas veces el salario cuando el valor de lo defraudado exceda de esta última cantidad." El análisis de ambas descripciones de la conducta típica, pone en relieve que el fraude genérico puede integrarse en dos supuestos: cuando el activo engaña a alguien o cuando éste se aprovecha del error en que el pasivo se encuentra. Engañar significa dar a la mentira apariencia de verdad, es decir, provocar una falsa concepción de la realidad. El error en cambio, implica que la conducta del defraudador se limita a mantener en una falsa creencia de la realidad a su víctima y se aprovecha de esas circunstancias para obtener un lucro indebido. Para la existencia del delito de fraude genérico se requiere del dolo o existencia de elemento volitivo, tendiente a engañar o bien de aprovecharse del error, es decir que el agente desea el resultado. En lo que respecta al fraude específico que se analiza, se coincide con el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, en que no establece el engaño como elemento del mismo y, por ende, para la demostración del ilícito en comento únicamente se requiere de la comprobación de sus elementos. Teniendo así que para la comprobación del delito de fraude específico que prevé el artículo 319, fracción XII, del Código Penal del Estado de Sonora antes transcrito, se requiere de la demostración de los siguientes elementos: a) la celebración de un convenio entre el fabricante, empresario, contratista o constructor de una obra cualquiera (sujeto activo) y el contratante (sujeto pasivo); b) que en la construcción de la misma se emplee materiales o construcción de inferior cantidad o calidad a la estipulada; y, c) que se hubiera recibido el precio convenido, con perjuicio del contratante. Mientras que para la demostración del delito de fraude específico establecido por el diverso artículo 381, en su párrafo décimo tercero, del Código Penal del Estado de Oaxaca, se necesita la comprobación de los elementos citados en el párrafo anterior, en los incisos a) y b), así como la demostración de que el constructor haya recibido el precio convenido o parte de él. En el delito de fraude específico que se comenta, el dolo queda patente al realizarse la conducta que el mismo ilícito prevé. Esto es, el elemento subjetivo del dolo en la comisión del fraude específico en comento, se exterioriza objetivamente a través de la conducta descrita en el tipo penal, puesto que el fabricante, empresario, contratista o constructor de una obra cualquiera, se compromete a realizarla bajo determinadas características y especificaciones, de modo que cuando decide emplear materiales de inferior calidad o en menor cantidad a lo pactado, sin lugar a dudas obra en forma dolosa, al querer en forma volitiva el resultado, que dicho ilícito prevé. En otras palabras, si el sujeto activo se compromete a hacer una determinada obra y no la realiza en los términos del convenio, obteniendo así un lucro indebido, es indudable que al conducirse de esa forma se revela que tiene el ánimo de defraudar, o sea que deseaba el resultado, pues a pesar de que recibió el precio o parte de él, emplea materiales en cantidad o calidad inferiores a lo convenido, existiendo así una relación causal entre la conducta desplegada y el lucro obtenido, en detrimento del patrimonio del contratante, puesto que paga por la obra más de lo que en realidad vale. Así las cosas, es claro que la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, incide en el error de exigir la demostración del engaño, en cuanto pretende se acredite que el ánimo de defraudar existió en el momento de la celebración del pacto. En cambio, el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, es correcto al considerar que el elemento subjetivo (engaño) es ajeno a la figura del fraude específico motivo de análisis, ya que ese elemento no se contempla en la descripción del tipo penal. Desde diverso aspecto, la distinción entre fraude o dolo civil y fraude o dolo penal, ha sido abordada por la anterior Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con cuyo criterio se comparte en la siguiente tesis: "Sexta Época "Instancia: Primera Sala "Fuente: Semanario Judicial de la Federación "Tomo: Segunda Parte, CV "Página: 70 "FRAUDE O DOLO CIVIL Y FRAUDE O DOLO PENAL, DISTINCIÓN ENTRE.-Hay que distinguir el fraude o el dolo civiles, que otorgan simplemente a la persona lesionada una acción de reparación del perjuicio, del fraude penal o dolo penal, que hace incurrir, además, al que lo emplea, en una pena pública. Aun cuando se ha sostenido que la ley penal hace delito de todo atentado a la propiedad cometido por sustracción, engaño o deslealtad, y abandona al derecho civil la materia de las convenciones, cabe observar que el legislador también ha considerado el interés de proteger a la sociedad de quienes atacan el patrimonio de las personas, aprovechando la buena fe de éstas, su ignorancia o el error en que se encuentran, y otorga la tutela penal estableciendo tipos de delito que protejan a la sociedad y repriman esas agresiones, aunque se utilicen sistemas contractuales como medios para enriquecerse ilegítimamente u obtener un lucro indebido. Por ello se ha expresado que si bien es verdad que la voluntad de las partes es soberana para regir las situaciones que han creado por virtud del contrato, la responsabilidad que de él deriva está limitada con relación a las exigencias del orden público, tal como la tutela penal a cargo del Estado. Así, cabe distinguir: la represión penal se funda en el carácter perjudicial del acto desde el punto de vista social. Su objeto es que se imponga una pena. La responsabilidad civil se funda en el daño causado a los particulares, y su objeto es la reparación de este daño en provecho de la persona lesionada, pudiendo un hecho engendrar tanto responsabilidad civil como penal.-Amparo directo 1768/64. Alejandro López Gallegos. 3 de marzo de 1966. Cinco votos. Ponente: Manuel Rivera Silva." Luego, si la conducta desplegada por el activo está tipificada como delito en la figura del fraude específico que se estudia, es claro que la misma se cometió en forma dolosa y debe analizarse tal conducta a la luz del derecho penal y no solamente a la del derecho civil como incorrectamente lo considera el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, con independencia de que tales hechos puedan dar lugar también a acciones civiles." *Lo resaltado el es propio. De lo anterior, derivó la jurisprudencia 1a./J. 34/2000, que establece: "FRAUDE ESPECÍFICO. ELEMENTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DEL DELITO DE, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 319, FRACCIÓN XII, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SONORA Y 381, PÁRRAFO DÉCIMO TERCERO, DEL CÓDIGO PUNITIVO PARA EL ESTADO DE OAXACA. Entre los elementos de las figuras de fraude específico previstas en tales dispositivos, no se señala al engaño, como constitutivo del delito, por lo que la integración de éste requiere únicamente la demostración de los siguientes elementos: la celebración de un convenio entre el fabricante, empresario, contratista o constructor de una obra cualquiera y el contratante; que en la ejecución de la obra propalada se empleen materiales en cantidad o calidad inferiores a lo convenido o mano de obra inferior a lo estipulado; y que se haya recibido el precio convenido o parte de él, según sea el caso. Ello es así, porque el elemento subjetivo del dolo en la comisión del delito de referencia, se exterioriza objetivamente a través de la conducta descrita en el tipo penal, esto es, cuando el sujeto activo se compromete a realizar la obra bajo determinadas características y especificaciones y decide emplear materiales en cantidad o calidad inferiores a lo pactado, se revela su ánimo de defraudar. Además de que si bien el incumplimiento de lo pactado es factible que dé origen a acciones civiles, de cualquier manera, la conducta desplegada por el activo al estar tipificada como delito puede analizarse a la luz del derecho penal." Ahora bien, de lo transcrito se obtiene que, cuando se imputa el delito de fraude específico, contrario a lo considerado por la parte quejosa, no es necesario que se acredite el engaño que estipula la hipótesis para el fraude genérico, pues, de la descripción del nombrado en primer término, se advierte que se configura el dolo si el contratista o constructor de un obra, suministra o emplea en ésta materiales o realiza construcciones de calidad o cantidad inferior a las convenidas, o mano de obra inferior a la estipulada, en virtud de que es evidente que existe en él el ánimo de defraudar. Criterio jurisprudencial que contrario a lo que litiga la parte quejosa, no se contrapone a la legislación del Estado de Chihuahua, pues realizando una comparativa de los artículos analizados por el Máximo Tribunal de dos entidades distintas, se advierte que dichos preceptos normativos son similares a lo previsto por la legislación local, de ahí su aplicación; a fin de ilustrar lo anterior, se inserta el cuadro comparativo siguiente: Legislación de Sonora Legislación de Oaxaca Legislación de Chihuahua Artículo 319. Se considerará como fraude para los efectos de la sanción: ... XII. Al fabricante, empresario, contratista, o constructor de una obra cualquiera, que emplee en la construcción de la misma materiales o construcción de inferior calidad o cantidad a la estipulada, si ha recibido el precio convenido, con perjuicio del contratante. Artículo 381. Las mismas penas señaladas en el artículo anterior se impondrán: ... Al fabricante empresario, contratista constructor de una obra cualquiera, que emplee en la construcción de la misma, materiales, en cantidad o calidad inferiores a lo convenido, o mano de obra inferior a la estipulada siempre que haya recibido el precio convenido o parte de él. Artículo 224. Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior, a quien:. V. En carácter de fabricante, comerciante, empresario, contratista o constructor de una obra, suministre o emplee en ésta materiales o realice construcciones de calidad o cantidad inferior a las convenidas, o mano de obra inferior a la estipulada, si ha recibido el precio convenido o parte de él; Del cuadro comparativo anterior, es fácil advertir que las legislaciones analizadas por la Suprema Corte, contemplan el delito de fraude específico en los mismos términos que lo hace la legislación del Estado de Chihuahua, de ahí que el criterio aducido tenga aplicación al presente asunto, por analógica jurídica. Por tanto, contrario a lo aducido por la parte quejosa, fue correcto que la sala responsable no se ocupara del engaño como elemento de delito, pues de conformidad con el criterio antes señalado, no es necesario que este se demuestre, en virtud de que, de la descripción del delito de fraude especifico no se advierte que así lo requiera. Por cuanto al quinto concepto de violación, en el que la parte quejosa señala que hay una violación al principio de congruencia en razón de que la autoridad responsable estimó que en la ejecución de la obra se empleó un estándar inferior al convenido, o que la construcción empleó estándares de construcción inferior a la que se requería para cumplir con la encomienda bajo los estándares pactados, sin que en la formulación se hiciera referencia al estándar o parámetro convenidos en ningún momento, pues medularmente señala que la proposición fáctica sugerida por la víctima y la fiscalía, afirma que la quejosa ejecutó en su totalidad la obra, sin modificaciones y sin intervenciones relevantes de la víctimas, pues considera que contrario a ello, quedo plenamente probado que dichas víctimas impusieron una serie de contratistas, que ordenaron la instalación de paneles solares en el techo con un proveedor ajeno a la obra, así como instalación de piedra con la fachada, lo que estima vulnera los artículo 68 y 407 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se estima infundado el concepto de violación que antecede, pues se estima correcto lo deliberado por la autoridad responsable, en el sentido de que la modificaciones subsecuentes al acuerdo inicial de voluntad, puesto que estableció correctamente que el contrato original fue la base para la construcción del inmueble, mientras que los acuerdos posteriores en los que pretende sustentar su concepto de violación la defensa, se refieren a elementos adicionales que de ningún momento demeritaban la calidad de la obra, e incluso la Magistrada responsable fue congruente en establecer que el desconocer tales datos, no impedía claridad sobre el hecho con características de delito y que ello no generaba indefensión por la falta de precisión de las fechas en que se verificaron dichas modificaciones. Máxime que la Magistrada responsable, también estableció que tales intervenciones no habrían podido generar lo daños advertidos en la construcción, pues medularmente se trató de colocación de la piedra decorativa, elección de la pintura, la construcción de una habitación de pánico, la instalación de paneles solares, así como la construcción de una banqueta, pues a pesar que en esas adiciones al contrato se hubieran pactado una calidad inferior, se comulga con la responsable que carece de lógica, que ello justifique la mala calidad que se pudo apreciar de los datos de prueba en el resto del inmueble. Es por ello, que contrario a lo aducido por la parte quejosa, la resolución se estima congruente en términos de lo previsto por el artículo 68 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues cuando menos hasta la etapa procesal en que se encuentra la causa penal, existen elementos suficientes para considerar que la imputada se comprometió a hacer una determinada obra y no la realizó en los términos del convenio, obteniendo así un lucro indebido, resultando indudable que al conducirse de esa forma se reveló que tuvo el ánimo de defraudar, o sea que deseaba el resultado, pues a pesar de que recibió el precio, realizó una construcción de calidad inferior a la convenida, existiendo así una relación causal entre la conducta desplegada y el lucro obtenido, en detrimento del patrimonio de los contratantes, puesto que pagaron por la obra más de lo que en realidad vale. Por otra parte, la quejosa en su sexto concepto de violación señala que el acto reclamado es contrario al principio de legalidad estricta o taxatividad, prevista por el artículo 14 Constitucional, es decir la prohibición de juzgar por analogía. Lo anterior se estima infundado, puesto que la vinculación a proceso no es donde se define en forma definitiva la clasificación jurídica bajo la cual se juzgará e impondrán sanciones a la peticionaria de amparo; atendiendo a las reglas que rigen el sistema procesal acusatorio y oral del que deriva el acto reclamado. Y es que al respecto, es de reiterarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 35/2017, invocado en líneas precedentes, ha explicado que en el sistema procesal penal acusatorio -bajo el cual se inició la investigación contra Lorraine Sáenz Robinson, la emisión del auto de vinculación a proceso no condiciona la clasificación jurídica del delito, debido a que el principal efecto de dicha determinación judicial es la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Tan así que, como ha quedado precisado en líneas precedentes, en un auto de vinculación a proceso ya no se requiere de "pruebas," ni se exige "comprobar" la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, justo para evitar que en el plazo constitucional se adelante el juicio; dado que ese ejercicio, identificado como "juicio de tipicidad", sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado; esto es, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, el cual, se insiste, no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria. De ahí que no le asista razón al señalar que considerar que la Magistrada responsable haya soslayado en aras de una justicia completa y bajo el principio de exacta aplicación de la ley, lo relativo a que nadie puede ser juzgado por simple analogía y que el hecho con apariencia de delito debe encuadrar exactamente a la descripción típica que lo sanciona; porque la resolución que reclamó en el juicio constitucional no constituye una sentencia definitiva en la que se esté juzgando a Lorraine Sáenz Robinson. En ese sentido, se hace hincapié en que en un auto de vinculación a proceso tampoco se exige desplegar como tal una valoración de los elementos aportados por la institución ministerial, pues lo que la constitución y la legislación procesal exigen es que los datos aportados por la fiscalía resulten idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable intervención del imputado; entendiéndose satisfechos tales aspectos cuando de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o intervino en su comisión; lo cual acontece, en términos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. En las relatadas circunstancias, ante la ineficacia de los conceptos de violación formulados para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, y sin que se advierta deficiencia alguna que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión que se solicita respecto de la resolución dictada en el toca penal N-03/2022 de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, por la Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en la localidad. Noveno. Análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 224, fracción V, del Código Penal del Estado de Chihuahua. Los conceptos de violación ameritan el siguiente análisis: La parte quejosa señala como primer acto de aplicación del artículo 224, fracción V, del Código Penal del Estado de Chihuahua, la resolución dictada en el toca penal N-03/2022 de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, por la Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en la localidad; donde se revocó el auto de no vinculación a proceso emitido por el juez de origen y se vinculó a proceso a Lorraine Sáenz Robinson, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de fraude específico, cometido en perjuicio de las víctimas Jennifer Parson Parra y Glen Lyons Chávez. Dicho precepto legal es del tenor siguiente: "Artículo 224. Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior, a quien: V. En carácter de fabricante, comerciante, empresario, contratista o constructor de una obra, suministre o emplee en ésta materiales o realice construcciones de calidad o cantidad inferior a las convenidas, o mano de obra inferior a la estipulada, si ha recibido el precio convenido o parte de él; De la transcripción anterior se aprecia que el numeral 224, fracción V, del Código Penal del Estado de Chihuahua, contiene el ilícito de fraude específico en la hipótesis de quien en carácter de fabricante, comerciante, empresario, contratista o constructor de una obra, suministre o emplee en ésta materiales o realice construcciones de calidad o cantidad inferior a las convenidas, o mano de obra inferior a la estipulada, si ha recibido el precio convenido o parte de él. Ahora bien, la parte quejosa señala que en caso de estimar que el elemento del engaño no forma parte del núcleo central de las porciones normativas antes mencionadas, como lo son construcciones de inferior calidad, y que cualquier ejecución insatisfactoria de la obra actualiza el tipo penal contemplado en el artículo numeral 224, fracción V del Código Penal, ello implicaría una vulneración al artículo 17 Constitucional, en su párrafo noveno. Lo que dice, en razón de que dicho artículo señala que ninguna persona puede ser aprisionada por obligaciones de naturaleza civil, Si bien, reconoce la quejosa que la Suprema Corte se ha pronunciado en el sentido de señalar que existen conductas que pueden generar consecuencias en el ámbito civil y penal, no obstante en tales pronunciamientos se han distinguido elementos diferenciadores entre la conducta de relevancia civil, frente a la conducta de relevancia penal. Argumenta que en el caso que del análisis de la norma que nos ocupa, es decir, la relativa al constructor que realice construcciones de calidad inferior a la pactada, y en la línea interpretativa de asumir que tal porción prescinde del núcleo central del engaño, considera que la misma es a todas luces inconstitucional porque estima que ello implicaría la afirmación de que cualquier mala ejecución de una obra comprometida, actualice la conducta típica. Abunda además, señalando que la norma impugnada produce que cualquier error en la ejecución de la obra (vinculada a un contrato civil de obra) es relevante para el derecho penal, planteando ello una franca contrariedad al artículo constitucional citado, motivo por estima que dicha porción normativa deviene inconstitucional. Son infundados los resumidos conceptos de violación. En efecto, el artículo 17, Constitucional, último párrafo, dispone lo siguiente: "artículo 17. (.) Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil" Cabe señalar, que la prohibición contenida en el artículo 17 constitucional acerca de que "nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil" no resulta transgredido por la disposición primeramente citada, porque de su contenido se observa que no establece pena de prisión ni de ninguna otra naturaleza para el que incumple con el pago de deudas civiles, sino que encuadra una figura delictiva cuya conducta sanciona cuando se obtiene un lucro de otro, al suministrar o emplear en una obra materiales o realice construcciones de calidad o cantidad inferior a las convenidas, o mano de obra inferior a la estipulada, si ha recibido el precio convenido o parte de él, para ello debiendo tener el carácter de fabricante, comerciante, empresario, contratista o constructor de una obra; es decir, lo que sanciona el precepto no es la existencia de un adeudo sino la conducta encaminada a obtener un lucro indebido, esto, cuando sujeto activo se compromete a hacer una determinada obra y no la realiza en los términos del contrato, pues deviene indudable que al conducirse de esa forma se revela que tiene el ánimo de defraudar, o sea que deseaba el resultado, pues a pesar de que recibió el precio o parte de él, suministro o empleo en ésta materiales o realiza las construcciones de calidad o calidad inferior a las convenidas, existiendo así una relación causal entre la conducta desplegada y el lucro obtenido, en detrimento del patrimonio del contratante, puesto que paga por la obra más de lo que en realidad vale. Al respecto, se estima ilustrativa por analogía jurídica la tesis P. XLII/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 71 tomo II, agosto de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materias(s): Penal, Constitucional, Novena Época, con registro digital 200341, que dice: "FRAUDE, DELITO DE. EL ARTICULO 317, FRACCION III, DEL CODIGO PENAL DEL ESTADO DE MEXICO, NO CONTRAVIENE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL. El artículo 317, fracción III, del ordenamiento aludido dice: "Igualmente comete el delito de fraude: .III. Al que obtenga de otro una cantidad de dinero o cualquier otro lucro, otorgándole o endosándole a nombre propio o de otro, un documento nominativo, a la orden o al portador contra una persona supuesta o que el otorgante sabe que no ha de pagarlo;". Ahora bien, la prohibición contenida en el artículo 17 constitucional acerca de que "nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil" no resulta transgredido por la disposición primeramente citada, porque de su contenido se observa que no establece pena de prisión ni de ninguna otra naturaleza para el que incumple con el pago de deudas civiles, sino que encuadra una figura delictiva cuya conducta sanciona cuando se obtiene un lucro de otro, mediante el otorgamiento o endoso de un documento crediticio contra una persona supuesta o que sabe que no ha de pagar, extremos que identifiquen tal comportamiento como sancionable desde el punto de vista penal ya que se obtiene un beneficio económico a través del engaño fraudulento; es decir, lo que sanciona el precepto no es la existencia de un adeudo sino la conducta encaminada a obtener un lucro por medio del engaño. De ahí que el precepto apuntado resulte constitucionalmente válido, en la porción normativa impugnada. En tales condiciones, al ser infundado el concepto de violación; y, al no actualizarse alguna hipótesis por la cual deba suplirse la deficiencia de la queja en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, se impone NEGAR a la justiciable el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita respecto del precepto legal tildado de inconstitucional. Resta decir, que si bien algunas de las jurisprudencias y tesis aisladas invocadas en la presente sentencia fueron integradas durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior; sin embargo, en el caso resultan aplicables, dado que no se oponen al texto del actual ordenamiento en la materia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de este último. Sirve de apoyo al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10a.) de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del país, que a continuación se transcribe: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Lorraine Sáenz Robinson, contra los actos precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando octavo y noveno del presente fallo. Notifíquese personalmente.
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quejoso: sentencia terminada de engrosar el 29 de septiembre de 2023: se: R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Lorraine Sáenz Robinson, contra los actos precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando octavo y noveno del presente fallo. Notifíquese personalmente.
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