Lorenzo Sosa Pérez

Expediente 362/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
362/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • Lorenzo Sosa Pérez
  • Lorenzo Sosa Pérez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, seis de noviembre de dos mil veintitrés Ténganse por recibidos los escritos de cuenta, signados electrónicamente por Karla Fabiola Álvarez Cortés, en su carácter de autorizada de la parte quejosa, mediante los cuales, con el primero de ellos registrado bajo el número 13260, desahoga la vista otorgada con motivo del informe rendido por la autoridad responsable Subrepresentante Jurídico de la Procuraduría Agraria en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Asimismo, téngase por recibido el telegrama de cuenta, remitido por la Directora de Amparos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, en representación del Presidente de los Estados Unidos, mediante el cual solicita a este juzgado de distrito una prórroga para rendir su informe justificado. Al respecto, resérvese acordar lo conducente, debido a que mediante auto de treinta de octubre del año en curso, se suspendió el procedimiento en el juicio de amparo en el que se actúa, por el recurso de queja interpuesto por la autorizada de la parte quejosa contra el proveído de seis de octubre de la presente anualidad, dictado en este asunto. Finalmente, respecto a los diversos ocursos que en esta data se reciben, únicamente agréguense para que obren como correspondan y surtan los efectos legales, lo anterior, en virtud de que mediante proveído de treinta de octubre del año en curso, se tuvieron por recibidos y se acordó lo conducente. Cúmplase.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Ténganse por recibidos los escritos de cuenta, signados electrónicamente por Karla Fabiola Álvarez Cortés, en su carácter de autorizada de la parte quejosa, mediante los cuales, con el primero de ellos registrado bajo el número 12937, desahoga la vista otorgada con motivo del informe rendido por la autoridad responsable Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos en representación de la Secretaría de Gobernación; al respecto, téngasele formulando diversas manifestaciones en vía de alegatos, mismos que se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otra parte, del diverso escrito que en esta data se recibe, se advierte que la promovente interpone recurso de queja contra el acuerdo de seis de octubre del año en curso, a través del cual no se acordó favorable la solicitud de los quejosos, en el sentido de que se resolviera el presente asunto de manera anticipada, por los motivos que en el citado auto se expusieron. Al respecto, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101, de la Ley de Amparo, ténganse por interpuestos dichos medios de impugnación y con copia de los oficios de agravios, hágase saber a las demás partes la interposición de tales recursos, con el fin de que dentro del término de tres días siguientes a su notificación, señalen las constancias que consideren necesarias para remitir en copia certificada al Tribunal que deba resolver; apercibidas que de no hacer manifestación alguna en el plazo señalado, este órgano jurisdiccional remitirá las constancias que estime pertinentes, para la sustanciación de los referidos medios de impugnación. Por tanto, una vez que se encuentren recabadas las constancias de notificación relativas al citado recurso de queja, y transcurrido el término legal antes invocado, ríndase el informe con justificación y remítase al Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Séptimo Circuito en turno, con residencia en Boca del Río, Veracruz, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, al que se anexará escrito de agravios, para la substanciación del referido medio de impugnación. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 102 de la Ley de Amparo, es procedente suspender el procedimiento en el presente asunto, hasta en tanto la Superioridad informe lo conducente, pues la suscrita considera que la decisión que pudiera adoptarse en los medios de impugnación por parte del tribunal colegiado pudiera influir en la sentencia que resuelve el fondo de la controversia, ya que el análisis que realice la alzada versará respecto a la solicitud de la parte quejosa de que se turnen los altos para resolver de manera anticipada. ... Por lo expuesto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS; y resérvese a señalar nueva fecha para su hasta en tanto el órgano colegiado resuelva lo correspondiente en relación con el medio de impugnación de referencia. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa y mediante oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, así como a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, trece de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Director de Asuntos Jurídicos, Control y Seguimiento de la Unidad de Gobierno, en representación de la Secretaría de Gobernación, con residencia en Ciudad de México, mediante el cual rinde su informe justificado, señala domicilio y delegados, y ofrece pruebas documentales; al respecto, agréguese únicamente para que obre como corresponda, ya que por acuerdo de tres de octubre del año en curso, se recibió el mismo y se proveyó lo conducente. Por otra parte, por acuerdo de tres de los actuales, se reservó acordar lo conducente respecto de las pruebas que refirió la autoridad oficiante en su informe justiciado, hasta en tanto fueran recepcionadas en este juzgado, lo que en el caso ya aconteció; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó al oficio de cuenta, las cuales se dejan a vista de las partes en el recinto de este órgano jurisdiccional, con las que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes

  4. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, seis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos por conducto del Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como la Procuraduría Agraria, ambas con residencia en Ciudad de México, y el Representante de la Procuraduría Agraria en el Estado de Veracruz, con residencia en Martínez de la Torre, no han rendido su respectivo informe justificado, ni tampoco obran en autos los acuses de los oficios por medio de los cuales se les solicitó, de los que se advierta que se encuentran debidamente notificadas para ello. En tales condiciones, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que se difiere y, en su lugar, se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Por otra parte, agréguese sin mayor proveer el oficio de cuenta, signado por la Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos en representación de la Secretaría de Gobernación, con residencia en Ciudad de México, debido a que por acuerdo de tres de octubre del año en curso, se recibió el mismo vía telegráfica y se acordó lo conducente. Por otro lado, ténganse por recibidos los escritos de cuenta, firmados por Karla Fabiola Álvarez Cortés, en su carácter de autorizada de la parte quejosa y por los quejosos Braulio Josué Dolores Álvarez, Lorenzo Sosa Pérez, Rafael Alarcón Nostroza, Isidro Sosa Pérez, José Alarcón González, Juan Tejeda Franscisco, Aurelio Álvarez Gandara, Juan Tapia Zavaleta, Juan Carlos Alarcón Monfil, Guadalupe Gómez Bonilla, Joel Estudillo Aburto, Evaristo Landa Baltazar y María Elena Gómez Bonilla, respectivamente; en atención a su contenido, dígaseles que no ha lugar a proveer de conformidad su petición, en el sentido de que se resuelva el presente asunto de manera anticipada, ello considerando que la litis del juicio en que se actúa no se encuentra integrada, pues como se expuso en párrafos precedentes, las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos por conducto del Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como la Procuraduría Agraria, ambas con residencia en Ciudad de México, y el Representante de la Procuraduría Agraria en el Estado de Veracruz, con residencia en Martínez de la Torre, no han rendido su respectivo informe justificado; además, la Ley de Amparo no prevé ningún supuesto en el que se deba resolver anticipadamente el fondo de la cuestión planteada en el sumario constitucional. De igual forma, se hace del conocimiento de la parte quejosa, que este órgano jurisdiccional resolverá respecto a los actos reclamados en la demanda de amparo, con base en las constancias que obren en autos, una vez que se encuentre integrada la litis y ello permita la celebración de la audiencia constitucional, esto es, cuando se cuente en autos con los informes justificados de las autoridades responsables o bien transcurra el plazo concedido para su rendición, y las pruebas que ofrezcan cada una de las partes; por lo anterior, se dejan a salvo sus derechos para que, de acuerdo a sus intereses, a través de los medios e instancias pertinentes, soliciten una mesa de negociación con el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual podrán poner a la vista la propuesta aprobada mediante acta de asamblea de uno de octubre de dos mil veintitrés, ya que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para realizar tal solicitud a la mencionada autoridad responsable. En abundamiento a lo expuesto, destaquese a los promoventes, que si bien la reforma al artículo 1° Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional (principio pro persona o pro homine), ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales (legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada), o las restricciones que prevé la norma fundamental, para que las cuestiones planteadas por los gobernados sean resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. ... Finalmente, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento respecto del quejoso ********************, ya que por acuerdo de dieciocho de abril del año en curso, se desechó la demanda. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

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