Lorenzo Isidro Lara Ramírez
Expediente 754/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 754/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 27/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Lorenzo Isidro Lara Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por ********************, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual señala un nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; al respecto, con fundamento en lo establecido el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se le tiene como domicilio el señalado en el ocurso que se provee; asimismo, se deja sin efectos cualquier otro domicilio señalado con anterioridad. Notifíquese por lista de acuerdos.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinta de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Luis Alberto Camacho Mondragón, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por José Ángel Vázquez Méndez, defensor particular del quejoso Lorenzo Isidro Lara Ramírez, mediante el cual, en atención a la vista del informe justificado de la autoridad responsable, otorgada en proveído de dieciocho de septiembre del año en curso, realiza diversas manifestaciones respecto al mismo; al respecto, agréguese sin mayor proveer en virtud de que el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Por otra parte, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional, que en la parte superior derecha del escrito de cuenta, se observa que dice: "ASUNTO: SE INTERPONE RECURSO DE QUEJA", no obstante, de la lectura integral del referido escrito, no se advierte dato o manifestación alguna, del que se desprenda su voluntad o intención de interponer el recurso de referencia. Notifíquese por lista de acuerdos.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinta de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Luis Alberto Camacho Mondragón, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico la demanda de amparo que les dio origen, se advierte que el acto reclamado por el quejoso Lorenzo Isidro Lara Ramírez, por conducto de su defensor particular José Ángel Vázquez Méndez, consiste en: ? La omisión de celebrar la audiencia de revisión de medidas cautelares, en atención al auto de nueve de agosto de dos mil veintitrés, mediante el cual el Juez de Control de la Sala "D" del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral Distrito XI, Xalapa, Veracruz, con sede en Pacho Viejo, dentro del proceso penal 499/2022, resolvió de plano el recurso de revocación interpuesto por la Fiscal Cuarta adscrita a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales y revocó el diverso proveído de ocho de agosto de dos mil veintitrés, en el cual, se había señalado fecha y hora para la celebración de la audiencia de revisión de medidas cautelares y por consiguiente estableció que no había lugar a su desahogo en virtud de que no habían variado las condiciones objetivas de su imposición. Ahora, de los oficios números 12620 y 13562 de uno y doce de septiembre del año en curso, respectivamente, remitidos por el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XI Distrito Judicial, con sede en la Congregación de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, Veracruz, se advierte que el treinta y uno de agosto del presente año, fue celebrada la audiencia de revisión de medida cautelar, en los autos del proceso penal 499/2022, de su índice, y previo debate entre las partes, de conformidad con lo dispuesta en el numeral 161, y demás relativos y aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, se determinó imponer al aquí quejoso la prisión preventiva justificada, por la temporalidad de un año. Constancias a las cuales se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de amparo, por remisión expresa del numeral 2°. Lo que se corrobora con el disco versátil digital con número de folio C20122023, (20:04:50), que contiene la videograbación de la audiencia de revisión de medida cautelar de treinta y uno de agosto del presente año; misma en la que comparecieron el quejoso Lorenzo Isidro Lara Ramírez y su defensor particular José Ángel Vázquez Méndez. De lo anterior, resulta inconcuso que la actitud omisiva tildada de inconstitucional por parte de la autoridad responsable Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XI Distrito Judicial, con sede en la congregación de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, Veracruz, ha dejado de existir y por ende sus consecuencias legales han dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa; por lo que, resulta innecesario la prosecución del juicio en que se actúa, en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Cabe destacar que por cesación de efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo y protección de la Justicia Federal, esto es, como si el acto, en este caso omisivo, no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En esta tesitura, si el acto reclamado en el presente juicio es la omisión de celebrar la audiencia de revisión de medidas cautelares, en atención al proveído de nueve de agosto de dos mil veintitrés, dictado en los autos del proceso penal 499/2022, en el cual el Juez de Control de la Sala "D" del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral Distrito XI, Xalapa, Veracruz, con sede en la congregación de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, Veracruz, estableció no celebrar la audiencia de revisión de medidas cautelares y en este momento procesal obran las evidencias con las que se acredita que el treinta y uno de agosto del presente año, fue celebrada la audiencia en comento y previo debate entre las partes, de conformidad con lo dispuesta en el numeral 161, y demás relativos y aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales siendo las 20:04:50 horas se determinó imponer la prisión preventiva justificada, por la temporalidad de un año al aquí quejoso, resulta evidente que han cesado los efectos de la omisión reclamada, de que se dolía la parte quejosa. Al caso es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99,1 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Lo subrayado es propio). Por lo que es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado consistente en la omisión de llevar a cabo la audiencia de la revisión de medidas cautelares, ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, pues la esfera jurídica de la parte quejosa volvió al estado que tenía antes de la violación constitucional. Ahora, al haberse analizado de oficio la actualización de la causa de improcedencia respecto a la cesación de efectos del acto reclamado, se debe proceder a lo estipulado por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en la jurisprudencia número 2a./J. 9/98,2 cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". (Lo subrayado es propio). En este orden de ideas, una vez que se ha acreditado que los efectos del acto reclamado han cesado, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, la suscrita considera menester sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional. Apoya a la anterior determinación, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003,3 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Lo subrayado es propio). En conciencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo; y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional que estaba señalada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Además, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, en su oportunidad, archívese el presente asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Finalmente, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito,4 que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera 4 La tesis con número de registro 211352, se consulta en la página 544, tomo XIV, julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, octava época. advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Luis Alberto Camacho Mondragón, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Oral Penal del XI Distrito Judicial Xalapa, con sede en la Congregación de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, Veracruz; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes, agréguese para que surta sus efectos legales procedentes, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó a su informe, las cuales se dejan a vista de las partes en el recinto de este órgano jurisdiccional, con las que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. Ahora, dada la voluminosidad de las constancias que anexó la responsable a su informe justificado, para un mejor manejo del expediente fórmese un tomo por separado, colocándole la carátula correspondiente para su identificación; sin embargo, para efectos de integrar el expediente judicial y su modalidad electrónica, desglósese la resolución o auto que constituye el acto reclamado, así como aquellas constancias que guarden relación directa con dicho acto, y agréguense al juicio de amparo en que se actúa, en el entendido de que únicamente se digitalizarán las constancias que se desglosaron, en virtud de que resultan necesarias para sustentar el presente proveído. Además, téngase como prueba documental de la autoridad responsable, las videograbaciones contenidas en el disco compacto remitido, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional, y déjese a vista de las partes por el término concedido para el informe justificado en comento, para que de considerarlo necesario, consulten en este órgano jurisdiccional la información contenida en el mismo, y manifiesten lo que a su interés legal convengan; lo anterior, con la finalidad de no dejarlos en estado de indefensión. Al respecto, tiene aplicación la tesis 1a./J. 43/2013, (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Notifíquese por lista de acuerdos.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinta de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Luis Alberto Camacho Mondragón, secretario que autoriza y da fe.
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