Lorenzo Silviano Almeida Jurado

Expediente 296/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
296/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
22/10/2018

Partes del expediente

  • Lorenzo Silviano Almeida Jurado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por la licenciada *******, en su carácter de delegada de la autoridad responsable Presidente Municipal de Casas Grandes, Chihuahua. En atención a su contenido, se le tiene renunciado a su carácter de delegada de dicha autoridad responsable en el presente juicio de amparo; comuníquese lo anterior, a la autoridad responsable mencionada en el párrafo que antecede, a fin de no dejarla en estado de indefensión, de conformidad con lo que establece el artículo 9 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; once de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de junio de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos para que obren como correspondan los oficios y anexos enviados por las autoridades responsables, Ayuntamiento de Casas Grandes y Tribunal de Arbitraje Municipal de Casas Grandes; atento a su contenido, se les tiene dando cumplimiento al proveído de cinco de junio del presente año, anexando las copias certificadas correspondientes, consistente en el proveído de veintiocho de mayo del presente año, dictado en el expediente *******, del índice de ese Tribunal, promovido por *******, aquí quejoso en contra de la Presidencia Municipal de Casas Grandes y otros; en tal virtud, este juzgador federal acuerda: Atento a lo anterior, en el caso, el acto reclamado ha cesado en sus efectos, como a continuación se pone de relieve. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierten los siguientes antecedentes: El tres de mayo del presente año, ******* por su propio derecho, interpuso demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, turnada el mismo día a este Juzgado, promovida contra actos del Tribunal de Arbitraje Municipal de Casas Grandes, Chihuahua y otros autoridades, a quienes en esencia les reclamó: La falta de contestación o acuerdo al oficio ******* que remitió la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el expediente ******* de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, recibido en la Secretaría Municipal del Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes el uno de marzo de dos mil diecisiete, por medio del cual remite el expediente laboral en mención por incompetencia. En los antecedentes del acto reclamado la parte quejosa narró en lo que aquí interesa, que el ocho de febrero de dos mil diecisiete, interpuso demanda laboral en contra de su empleador, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Nuevo Casas Grandes, la que por acuerdo de nueve de febrero de dos mil diecisiete, declinó su jurisdicción y competencia a la aquí autoridad responsable Tribunal de Arbitraje Municipal de Casas Grandes, Chihuahua, a quien remitió la demanda y anexos mediante oficio de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, a fin de que diera el trámite, mismo que fue recibido por la Secretaría Municipal del Ayuntamiento de Casas Grandes, Chihuahua, el uno de marzo de dos mil diecisiete. Siendo el caso que las autoridades señaladas como responsables a pesar de haber recibido el expediente laboral, han demorado más de cuatro meses el procedimiento laboral. 2. La parte quejosa consideró vulnerado el derecho contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Mediante auto de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, se admitió la demanda, bajo el consecutivo 296/2018-III; se solicitó a las autoridades responsables, su informe justificado; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 4. Por oficio recibido en este juzgado el dieciocho de los actuales, el Ayuntamiento de Casas Grandes y Tribunal de Arbitraje Municipal de Casas Grandes, exhibieron copias certificadas consistentes en el proveído de veintiocho de mayo del presente año, dictado en el expediente *******, promovido por *******, en el que se avocó al conocimiento de la demanda, admitiendo a trámite la misma, en contra de la Presidencia Municipal de Casas Grandes Chihuahua y otros, ordenado el emplazamiento correspondiente. Por lo anterior, se estima que en este juicio de amparo se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] En cuanto a la hipótesis en comento debe precisarse que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Cabe señalar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el injusto jamás hubiera nacido. Esto es, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la quejosa en el goce del derecho violado; para que se pueda admitir que han cesado los efectos del mandato de autoridad, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera afectado la esfera jurídica del impetrante, esto es, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido y la revocación debe ser definitiva y no provisional. Resulta aplicable sobre el particular, por identidad de razón, el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 71, tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 197367, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Así, se puede concluir que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca, dando lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se reclama en el juicio de amparo; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Es decir, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia actual, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Ahora, debe traerse a colación que se reclama en el presente asunto, la falta de contestación o acuerdo al oficio ******* que remitió la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el expediente ******* de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, recibido en la Secretaría Municipal del Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes el uno de marzo de dos mil diecisiete, esto es, el aplazamiento injustificado del inicio y sustanciación del juicio laboral en contra de las autoridades municipales de Casas Grandes, Chihuahua, por más de cuatro meses. Asimismo, debe establecerse que del análisis del oficio de cuenta, se advierte que la autoridad responsable dictó un acuerdo el veintiocho de mayo del presente año, dictado en el expediente *******, promovido por *******, en el que, entre otras cosas, se avocó al conocimiento de la demanda, admitiendo a trámite la misma, en contra de la Presidencia Municipal de Casas Grandes Chihuahua y otras, ordenado el emplazamiento correspondiente Bajo esas premisas, en virtud de que la autoridad responsable emitió el acuerdo de veintiocho de mayo del presente año, se avocó al conocimiento de la demanda laboral presentada por la parte quejosa, admitiendo a trámite la misma, por ende, se sostiene que en el presente caso ha operado la causa de improcedencia señalada. Dicho de otro modo, evidente resulta que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos; de ahí, que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de la omisión reclamada dado que ya no existe y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En ese orden, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto al tenor de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal Esto, conforme al criterio 10/2003, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese orden, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional que se programó a las diez horas con cincuenta minutos del veintiséis de junio de dos mil dieciocho, por actualizarse la causal de improcedencia anotada en líneas precedentes. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    VISTA LA CONSTANCIA DEL ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: SE AGREGA EL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL ARTÍCULO 61, FRACCION XXI, DE LA LEY DE AMPARO, EN RLACION CON EL DIVERSO 63, FRACCION V. PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA.

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