Lorenzo Ricardo Carrillo Benzor

Expediente 290/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 32 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
290/2018
Año
2018
Actuaciones
32
Última actuación
13/02/2019

Partes del expediente

  • Lorenzo Ricardo Carrillo Benzor

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEIDO DE FECHA TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de doce de diciembre de dos mil dieciocho causó ejecutoria la sentencia de amparo emitida en el presente asunto, en la que, por una parte se decretó el sobreseimiento, y por otra, se negó el amparo y protección al quejoso. Por tanto, se hace innecesaria la retención de los billetes de depósito, expedidos por el Banco del Ahorro Nacional de Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, exhibidos a fin de garantizar la suspensión provisional respecto a los actos reclamados orden de aprehensión, orden de detención, orden de presentación y localización, por los cuales se sobreseyó el presente asunto con motivo de su inexistencia, los cuales corresponden a los siguientes registros: Número de Billete Cantidad Número de orden ******* $******* ******* ******* $******* ******* ******* $******* ******* Así, se ordena su devolución a favor del depositante *******, a quien se le deberá notificar el presente proveído de manera personal, haciéndole saber que cuenta con el plazo de dos años, computados legalmente, para presentarse en este Juzgado a recoger las garantías en comento, apercibido que en caso de no hacerlo, prescribirán a favor del Erario Federal, conforme lo establece el ordinal 50, en relación con el 29, de la Ley de la Tesorería de la Federación. Notifíquese personalmente a ******* Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de doce de diciembre de dos mil dieciocho que a la letra dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la resolución de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, en el cual se sobreseyó y negó la protección de la justicia federal; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como depurable según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, ya que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento, mientras que el duplicado es susceptible de destrucción, por lo que, una vez que transcurran seis meses, procédase a su destrucción. Ahora, teniendo en cuenta que existe documento original exhibido por la parte quejosa; con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero del punto décimo primero del Acuerdo General citado en supra líneas, notifíquesele personalmente este proveído para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos dicha notificación, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger el documento original, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, dará lugar a la destrucción del mismo, cuando se realice la depuración del expediente en que se actúa. Por otra parte, del estado de autos, se advierte que el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho se libró el oficio 20136/2018, en autos del juicio de amparo 290/2018, con el que se pretendió notificar al Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con sede en la capital de esa entidad Federativa, sin que a la fecha se haya recibido la pieza postal correspondiente. Consecuentemente, se ordena girar oficio al Administrador de Correos de México, con sede en esta ciudad, requiriéndolo para que dentro del plazo de tres días, computados legalmente, informe a este juzgado el tratamiento dado a la citada comunicación oficial, registrada con su número de folio 613617, y en caso de contar con la referida pieza, la anexe a su oficio de contestación Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado David César Aranda González, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada María Isabel Olivas Domínguez. Doy fe.

  3. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa de la sentencia de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho que a la letra dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. Visto para resolver el juicio de amparo 290/2018-V, promovido por Lorenzo Ricardo Carrillo Benzor, por sí, y en representación de María Elena Sánchez Osornio y Néstor Octaviano Arreola Salto. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el dos de mayo de dos mil dieciocho en la oficialía de partes de este Juzgado, Lorenzo Ricardo Carrillo Benzor, por sí respecto de los actos consistentes en las órdenes de detención, localización, presentación y aprehensión, así como su ejecución; y en representación de María Elena Sánchez Osornio y Néstor Octaviano Arreola Salto, respecto de todo lo actuado en la carpeta de investigación FED/CHIH/JUA/579/2018, la orden de cateo y su ejecución, el aseguramiento del inmueble consistente en un predio ubicado en la calle Tehuacán, marcado con el número siete mil ochocientos sesenta y uno, que colinda al norte con la calle Granjas Polo, al sur con la calle Tehuacán (frente), al este con la calle Morelos y al oeste con la calle Puebla, del fraccionamiento Granjas Polo, en esta ciudad y el procedimiento de extinción de dominio, que reclama del Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua con funciones de Juez de Control, con residencia en la capital del Estado y otras autoridades, solicitó el amparo de la Justicia Federal. SEGUNDO. Derechos Constitucionales que se estimaron violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite dado al libelo constitucional. Previa aclaración, mediante proveído de cuatro de mayo de dos mil dieciocho se registró la demanda como juicio de amparo 290/2018-V, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama actos de ejecución realizados dentro de esta circunscripción territorial y la demanda de amparo se presentó ante esta sede jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Para dar cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación de los actos reclamados. Así, del análisis de la demanda, así como de las constancias que integran este juicio, se deduce que el impetrante reclama: Las órdenes de aprehensión, detención, localización y presentación, así como su ejecución a: Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Control; Encargado de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chihuahua; Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República; Agente del Ministerio Público Titular de la Quinta Agencia Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación; y Elementos de la Policía Federal Ministerial, Rodrigo Iván Núñez Corral, Javier Velázquez Sánchez y César Linares Peralta. El procedimiento de extinción de dominio, a: Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Control; y Agente del Ministerio Público Titular de la Quinta Agencia Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación. La orden de cateo librada en el cuaderno preliminar 18/2018 del índice del Centro de Justicia Penal Federal, así como su ejecución y aseguramiento del inmueble, a: Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Control; Agente del Ministerio Público, Titular de la Agencia Quinta Investigadora en Ciudad Juárez, de la Unidad de Investigación y Litigación; y Elementos de la Policía Federal Ministerial, Rodrigo Iván Núñez Corral, Javier Velázquez Sánchez y César Linares Peralta. Todo lo actuado en la carpeta de investigación FED/CHIH/JUA/579/2018, a: Agente del Ministerio Público, Titular de la Agencia Quinta Investigadora en Ciudad Juárez, de la Unidad de Investigación y Litigación; y Elementos de la Policía Federal Ministerial, Rodrigo Iván Núñez Corral, Javier Velázquez Sánchez y César Linares Peralta Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la jurisprudencia VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. INEXISTENCIA DE ACTOS RECLAMADOS. I. El Encargado de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chihuahua, el agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Quinta Investigadora en Ciudad Juárez de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Chihuahua, el Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, los Policías Federales Ministeriales Javier Velázquez Sánchez y César Linares Peralta, todos con residencia en esta ciudad; y el Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Control, con sede en la capital del Estado; (fojas 60, 68, 91, 144 y 145; 165, 170, 171; 225 y 226; 237 y 238) negaron la existencia de los actos que se les reclaman, a saber las órdenes de aprehensión, detención, localización y presentación, así como su ejecución. Por su parte, el Suboficial de la Policía Federal Ministerial, Rodrigo Iván Núñez Corral, al rendir su informe justificado (fojas 261), fue omiso en pronunciarse respecto a los actos que se le endilgan y que quedaron precisados en el párrafo precedente. Sin embargo, es necesario acotar que una vez que el agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Quinta Investigadora en Ciudad Juárez de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Chihuahua y el Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Control, con sede en la capital del Estado, rindieron sus informes justificados, manifestaron que no son ciertos dichos actos. Por tanto, y no obstante que el Suboficial de la Policía Federal Ministerial, Rodrigo Iván Núñez Corral, fue omiso en informar sobre los mencionados actos, no ha lugar a tenerlos por ciertos, conforme lo establece el artículo 142 de la Ley de Amparo, pues acorde a lo que establecen los numerales 131, fracción XI, 141, 142, 150, 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la facultad para ordenar la detención, citación, órdenes de comparecencia y aprehensión de una persona, corresponde a las autoridades ministeriales y judiciales; de tal modo, que la autoridad ejecutora no se encuentra en aptitud de cumplir una orden inexistente. Sin perjuicio, claro está, en aquellos casos en que los establece la Constitución, a saber, en flagrante delito; empero, dicho acto no es motivo de reclamación en este asunto; y por lo que hace a la detención por caso urgente, ésta debe ser ordenada por el agente del Ministerio Público; con todo, como ya se dijo, la Representación Social Federal negó el acto que se le atribuye. II. Por otra parte, el Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Control y el agente del Ministerio Público, Titular de la Quinta Agencia Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación, al rendir sus informes justificados, fueron enfáticos en señalar que no es cierto el acto que se les atribuye por la parte quejosa, consistente en el procedimiento de extinción de dominio. III. Asimismo, el agente del Ministerio Público, Titular de la Quinta Agencia Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación, en su informe justificado y aclaración del mismo, señaló que no es cierto el acto que se le endilga, a saber, la ejecución de la orden de cateo que se verificó en el predio ubicado en la calle Tehuacán, marcado con el número siete mil ochocientos sesenta y uno, que colinda al norte con la calle Granjas Polo, al sur con la calle Tehuacán (frente), al este con la calle Morelos y al oeste con la calle Puebla, del fraccionamiento Granjas Polo, en esta ciudad, así como el aseguramiento del inmueble descrito. Ello en virtud de que fueron los elementos de la Policía Federal Investigadora quienes llevaron a cabo el cateo expedido por la autoridad judicial; además, que por parte de esa Agencia Investigadora únicamente se decretó el aseguramiento de los indicios recabados en dicha diligencia, siendo estos, una manguera de alta presión la cual tiene unida una válvula rápida de alta presión metálica de la cual se extrajeron muestras de un líquido translucido; un maneral de metal con la leyenda "Worcester" con tuerca; líquido translucido y una caja de tráiler color blanco, sin número de serie y placas de circulación del Estado de Texas, con matrícula 21-52B. Lo expuesto, sin que la parte quejosa hubiera ofrecido prueba alguna para desvirtuar lo anterior, es decir, acreditar la existencia de los actos de que se duele consistentes en las órdenes de aprehensión, detención, localización y presentación, así como su ejecución; el procedimiento de extinción de dominio, así como la ejecución de la orden de cateo y aseguramiento del inmueble mencionado. Así, al no haber ofrecido la parte quejosa prueba para desvirtuar tales negativas, se impone sobreseer en el presente juicio por lo que hace a dichos actos, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad jurídica, la jurisprudencia 310, visible en la página 209, Tomo VI, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto estatuyen: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto que se reclama al Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Control relativo a la orden de cateo librada en el cuaderno preliminar 18/2018 del índice de dicho centro de Justicia Penal Federal. Asimismo, a los Suboficiales de la Policía Federal Ministerial César Linares Peralta, Javier Velázquez Sánchez y Rodrigo Iván Núñez Corral, quienes llevaron a cabo la ejecución de la orden de cateo misma que se verificó el ocho de marzo de dos mil dieciocho, en el predio ubicado en la calle Tehuacán, marcado con el número siete mil ochocientos sesenta y uno, que colinda al norte con la calle Granjas Polo, al sur con la calle Tehuacán (frente), al este con la calle Morelos y al oeste con la calle Puebla, del fraccionamiento Granjas Polo, en esta ciudad; del mismo modo, realizaron el aseguramiento precautorio del inmueble descrito. Ello, porque así lo reconocieron al rendir su informe justificado y se corrobora con las copias certificadas que anexó a su informe el titular del mencionado órgano jurisdiccional y el Representante Social de la Federación (fojas 68 a 81; 144 a 155; 225 a 248; 261 a 292; 295 a 340). Las documentales a que se ha hecho referencia, alcanzan eficacia demostrativa en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo según su artículo 2, ya que se trata de documentos expedidos por autoridades en ejercicio de las facultades que la ley les concede, con lo que se tiene por acreditada la existencia de tales actos reclamados. Asimismo, el agente del Ministerio Público de la Federación en apoyo a la Agencia Quinta Investigadora en Ciudad Juárez, de la Unidad de Investigación y Litigación, en esta ciudad, al rendir su informe justificado (fojas 144 a 155), manifestó que no es cierto es acto de que se duele el quejoso relativo a "Todo lo actuado dentro de la carpeta de investigación FED/CHIH/JUA/579/2018 MESA V de la Agencia Quinta de Investigación de la Delegación de la PGR en el Estado de Chihuahua con sede en Ciudad Juárez por haber violado las leyes del procedimiento y transgredir los principios de legalidad y acceso a la tutela judicial efectiva, al iniciar una carpeta de investigación que tiene por consecuencia privarme del dominio de un inmueble aún parte de mi patrimonio, sin haberse respetado las formalidades del procedimiento."; pues no existe dicho procedimiento y/o resolución de extinción de dominio del inmueble en comento. Sin embargo, este Juzgador tiene por cierto el acto de que se duele la parte quejosa, pues en concreto éste reclama lo actuado dentro de la carpeta de investigación FED/CHIH/JUA/579/2018, e infiere que ello puede ir encaminado a privarlo de la propiedad del inmueble en comento; no obstante, lo cierto es que la orden de cateo, su ejecución y el aseguramiento del inmueble, son actos procesales que tuvieron origen en la indagatoria en comento. QUINTO. Procedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, de conformidad con los artículos 62 y 74, fracción IV de la Ley de Amparo, debe analizarse oficiosamente la procedencia del juicio, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Resulta aplicable la jurisprudencia 76/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, junio de 2004, página 262, que se lee: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SU EXAMEN EN LA REVISIÓN ES OFICIOSO, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL RECURRENTE SEA EL QUEJOSO QUE YA OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben ser estudiadas por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Ahora bien, como esta regla es aplicable en cualquier estado del juicio mientras no se dicte sentencia ejecutoria, es indudable que el tribunal revisor debe examinar la procedencia del juicio, con independencia de que el recurso lo hubiera interpuesto el quejoso que ya obtuvo parte de sus pretensiones, y pese a que pudiera resultar adverso a sus intereses si se advierte la existencia de una causal de improcedencia; sin que ello contravenga el principio de non reformatio in peius, que implica la prohibición para dicho órgano de agravar la situación del quejoso cuando éste recurre la sentencia para obtener mayores beneficios, toda vez que el citado principio cobra aplicación una vez superadas las cuestiones de procedencia del juicio constitucional, sin que obste la inexistencia de petición de la parte interesada en que se decrete su sobreseimiento." (El subrayado es propio). I. Improcedencia contra el acto reclamado consistente en todo lo actuado en la carpeta de investigación. En este sentido, quien juzga advierte que por el acto reclamado consistente en todo lo actuado en la carpeta de investigación FED/CHIH/JUA/579/2018 se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción VII, aplicado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, vinculados a los numerales 21 y 102 de la Constitución Federal. Los numerales 61, fracción XXIII, y 107, fracción VII, antes invocados a la letra dicen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". 107. El amparo indirecto procede: [.] VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. De los dispositivos reproducidos se advierte que el juicio de amparo sólo procede contra actos del Ministerio Público que omitan la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. En ese orden de ideas, conviene traer a contexto los artículos 21 y 102, apartado A, de la Constitución, que establecen: 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. 102. A. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. (.) Corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine. (.) De los estas normas se sigue que, por mandato constitucional, el Ministerio Público es concebido como el órgano técnico que tiene a su cargo el monopolio de la investigación de los hechos delictivos, así como la encomienda de representar los intereses sociales en los procesos penales, a fin de que se subsanen los daños que resiente la sociedad como consecuencia de las conductas delictivas. En otras palabras, la función del Ministerio Público tiene por objeto reunir los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, su actuación no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de cualquier investigación, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización; considerar lo contrario obstaculizaría injustificadamente la potestad constitucional del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; además, de que esa actuación no irrogaría perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. En el caso, son actuaciones que ocurren en contexto de la potestad constitucional del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, por ello no es posible sujetarlas a un control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, en razón de que, como se demostró, constitucionalmente no se puede obstaculizar, de manera injustificada, esa facultad del Ministerio Público; de ahí que el juicio de amparo contra el acto de que se ha dado noticia resulte improcedente. Además, conviene destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la revisión, a través del juicio de amparo indirecto de los actos acaecidos durante la averiguación previa es excepcional y debe ser determinada para preservar la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público. Por esos motivos, nuestro máximo Tribunal de justicia ha sostenido el criterio reiterado de que, por regla general, la integración de la carpeta de investigación no es susceptible de control constitucional, como se advierte de las tesis aisladas LXIII y CXXXV/2004, sustentadas por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, que a la letra dicen: AVERIGUACIÓN PREVIA. SU TRÁMITE, GENERALMENTE, NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL. La averiguación previa consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional; sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una averiguación previa sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control." ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad". Por tanto, como ya se anunció, si en la especie se señala como acto reclamado todo lo actuado en la carpeta de investigación, no le depara perjuicio al accionante, pues en su caso, ejercida la acción penal, será al Juez de la causa a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del fiscal, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar su esfera jurídica, lo que también viene a constituir un acto futuro e incierto, por lo que será hasta entonces cuando se pueda ocurrir en demanda de garantías. Por tanto, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en las fracciones XVI y XXIII, del artículo 61, esta última en relación con el 77 y 107, fracción VII, todos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en este juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia, respecto de la orden de cateo y su ejecución, así como todo lo actuado en la carpeta de investigación FED/CHIH/JUA/579/2018. Luego, analizadas las constancias que integran el presente juicio de garantías, este Juzgador no advierte diversa causal de improcedencia. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa en síntesis hizo valer como conceptos de violación los siguientes: -Que el acto reclamado vulnera en su perjuicio, los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no se investigó quién es el propietario del inmueble, por lo que no se le puede privar de su posesión o propiedad sin juicio previo. SÉPTIMO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado consistente en la emisión de la orden de cateo. El concepto de violación hecho valer por la parte quejosa en torno a esa determinación, es infundado. Cabe establecer que es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional la justificación del interés jurídico de quien promueve el amparo; es decir, la demostración plena de que existe un derecho legítimamente tutelado que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir al órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. En el caso, la parte quejosa, impugna la orden de cateo y su ejecución, como consecuencia el aseguramiento del predio ubicado en la calle Tehuacán, marcado con el número siete mil ochocientos sesenta y uno, que colinda al norte con la calle Granjas Polo, al sur con la calle Tehuacán (frente), al este con la calle Morelos y al oeste con la calle Puebla, del fraccionamiento Granjas Polo, en esta ciudad, efectuado el ocho de marzo de dos mil dieciocho por los elementos de la Policía Federal Ministerial, Rodrigo Iván Núñez Corral, Javier Velázquez Sánchez y César Linares Peralta, en los autos de la carpeta de investigación FED/CHIH/JUA/579/2018. Ahora, para demostrar su interés jurídico respecto del bien que defiende, el peticionario ofreció el medio de convicción que se enlista a continuación: 1. El mandato y poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, de dieciséis de agosto de dos mil seis, otorgado por los referidos quejosos, en favor de Lorenzo Ricardo Carrillo Benzor y/o Ofelia Nevarez De Carrillo, LIMITADO única y exclusivamente en relación a los derechos de propiedad que les corresponden respecto del lote de terreno urbano y finca en el construida, identificado como lote 19 diecinueve, de la manzana 17 diecisiete, del fraccionamiento Las Granjas de esta ciudad, con superficie de 1,093.12 m2 mil noventa y tres metros doce decímetros cuadrados y los siguientes rumbos, medidas y colindancias: Del punto UNO al DOS, NE 33°00" treinta y tres grados cero minutos, mide 33.24 m treinta y tres metros veinticuatro centímetros, linda con la calle Puebla; del DOS al TRES, NW 57°00' cincuenta y siete grados cero minutos, mide 32.00 m treinta y dos metros, linda con el lote 17 diecisiete; del TRES al CUATRO, SW 33°00' treinta y tres grados cero minutos, mide 35.09 m treinta y cinco metros nueve centímetros, linda con el Lote 20 veinte; y del CUATRO al UNO de partida para cerrar la figura, SE 60°20' sesenta grados veinte minutos, mide 32.03' m treinta y dos metros tres centímetros, linda con la calle Tehuacán. Dicho inmueble obra debidamente inscrito bajo el número 33 treinta y tres a folios 33 treinta y tres, del Libro 3339 tres mil trescientos treinta y nueve, de la Sección Primera, del Registro Público de la Propiedad de este Distrito Bravos. Documentales que a consideración del suscrito, resultan suficientes para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa, para defender la posesión que aduce tener sobre el inmueble multicitado. Una vez precisado lo anterior, el concepto de violación en el que manifiesta la parte quejosa que se violó en su perjuicio los derechos humanos consagrados en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que las autoridades responsables no respetaron la garantía de seguridad jurídica, es infundado. En principio es menester exponer que a efecto de determinar el concepto de domicilio a que se encuentra referida la garantía de inviolabilidad, contenida en los párrafos primero en relación con el décimo primero del artículo 16 constitucional, resulta necesario transcribir dichos párrafos: 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.) En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. (.)" Como ya quedó apuntado, el precepto constitucional referido, en su primer párrafo establece como un derecho subjetivo público de los gobernados el no ser molestado, entre otros, en su domicilio; dicha protección va encaminada a actos de autoridad, sin que pueda considerarse que dicha protección al domicilio, se encuentre reducida al lugar en que una persona puede ser localizada, es decir, al lugar en el que establece su residencia habitual, pues con ello sólo se atendería al elemento objetivo del domicilio. La protección a la inviolabilidad del domicilio a que nos referimos, atiende también y de manera esencial, al elemento subjetivo del domicilio, esto es, al propósito o destino que el sujeto concede a determinado espacio, en el que desarrolla actos y formas de vida calificadas como íntimas o privadas. Así, la señalada protección del domicilio, no sólo está encaminada a la del bien inmueble, a la del espacio físico, sino también y de manera esencial, al ámbito del asiento de intimidad de la persona. Ello en virtud de que si bien el primer párrafo del artículo 16 constitucional se refiere a "domicilio", lo cierto es que el párrafo décimo primero del citado precepto, sólo señala "lugar", debiendo entenderse por éste, aquel en el que el gobernado de algún modo se asienta y realiza actos relativos a su privacidad, a su intimidad. En efecto, al encontrarse el cateo dentro del ámbito de la materia penal, es de considerase que el concepto de domicilio en esta materia es más amplio, pues comprende también, cualquier localización o establecimiento de la persona, de naturaleza accidental y transitoria en donde lleve a cabo actos comprendidos dentro de su esfera privada. Así las cosas, se puede establecer que el concepto de domicilio a que se encuentra referida la garantía de inviolabilidad, contenida en los párrafos primero en relación con el décimo primero del artículo 16 constitucional, comprende tanto el lugar en el que una persona establece su residencia habitual, como todo aquel espacio, en el que desarrolla actos y formas de vida calificadas como íntimas o privadas. Ahora, como quedó apuntado, el señalado artículo 16, permite que las autoridades, a efecto de poder cumplir con sus funciones, se introduzcan en el domicilio de los particulares, como en el caso de los cateos, los cuales deben cumplir requisitos formales y de fondo, tal como lo dispone el párrafo décimo primero del mencionado precepto constitucional. En efecto, con el afán de asegurar de manera efectiva y en favor del gobernado, la tutela de su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, el Constituyente estableció que las órdenes de cateo única y exclusivamente deben ser expedidas por la autoridad judicial; y, en concordancia con ello, señaló diversos requisitos tendentes al sano ejercicio en su práctica, éstos son: a) que conste por escrito; b) que exprese el lugar que ha de inspeccionarse; c) que precise la materia de la inspección; d) que se levante una acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. La finalidad del cateo, es la de aprehender a una persona mediante orden dada por autoridad competente; asimismo, la búsqueda de objetos que se presuma se encuentran en el lugar en donde se va a llevar dicha diligencia; aspectos que deben estar relacionados con la comisión del algún delito. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en observancia a la garantía de inviolabilidad del domicilio, en su artículo 282, establece: 282. Cuando en la investigación el Ministerio Público estime necesaria la práctica de un cateo, en razón de que el lugar a inspeccionar es un domicilio o una propiedad privada, solicitará por cualquier medio la autorización judicial para practicar el acto de investigación correspondiente. En la solicitud, que contará con un registro, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que han de aprehenderse y los objetos que se buscan, señalando los motivos e indicios que sustentan la necesidad de la orden, así como los servidores públicos que podrán practicar o intervenir en dicho acto de investigación. Si el lugar a inspeccionar es de acceso público y forma parte del domicilio particular, este último no será sujeto de cateo, a menos que así se haya ordenado. El precepto antes reproducido, además de los requisitos que establece el párrafo décimo primero del artículo 16 constitucional con relación al cateo, esto es, a) que exprese el lugar que ha de inspeccionarse; b) la persona o personas que han de aprehenderse; c) los objetos que se buscan; d) los motivos e indicios que sustentan la necesidad de la orden; y, e) los servidores públicos que podrán practicar o intervenir en dicho acto de investigación. En ese contexto, cabe decir que las pruebas obtenidas con vulneración a la inviolabilidad del domicilio, es decir, de la intromisión de la autoridad al domicilio de un gobernado sin contar con orden judicial, son los objetos y personas que se localicen, así como la aprehensión de éstas en el domicilio registrado y el acta circunstanciada de la propia diligencia, probanzas que carecen de eficacia probatoria alguna. Es de destacarse que la tutela de los derechos fundamentales debe ser el objetivo prioritario del Estado de derecho que la Constitución consagra, pues los derechos fundamentales son la base de nuestra organización jurídico-política; en esa virtud, su vulneración, entre otras consecuencias, debe conducir a la imposibilidad de otorgar eficacia jurídica a las pruebas obtenidas con infracción de tales derechos. Así resulta, que al ser la inviolabilidad del domicilio un derecho fundamental, las pruebas obtenidas con vulneración a ese derecho, carecerán de eficacia probatoria, quedando afectadas las pruebas que sean consecuencia directa de la obtenida con vulneración de dicho derecho fundamental, esto es, las obtenidas a partir de aquéllas. Los objetos y personas encontrados en el domicilio inconstitucionalmente registrado, no hubieran existido de no haberse practicado el cateo ilegal, lo cual evidencia que el origen es el propio cateo, el cual, al resultar ilegal y, en consecuencia, carecer de todo valor probatorio, influye de manera directa en los actos que de él derivaron, debiendo éstos seguir la suerte que aquello que les dio origen. En esas condiciones, se dejaría en plena libertad a la autoridad para practicar cateos que no reúnan los requisitos constitucionales, pues de todos modos, los objetos que se encontraran tendrían valor probatorio; ello también equivaldría a desatender los requisitos que el artículo 16 constitucional en su párrafo décimo primero establece para las órdenes de cateo, en donde se señala que la diligencia respectiva debe limitarse a lo indicado en la orden con relación al lugar que ha de catearse, así como a los objetos que se buscan, pues cualquier objeto encontrado, podría ser considerado por la autoridad, violándose con ello la privacidad del domicilio. Cabe apuntar, que el mandato constitucional respecto de la orden de cateo va dirigido a las autoridades que se encuentran inmersas en la procuración y administración de justicia, que con su actuar pueden violar derechos fundamentales del gobernado que trascienden en su domicilio, libertad y seguridad jurídica, por lo que dichas autoridades están obligadas a respetar el marco constitucional y legal establecidos para esos efectos. Lo anterior, permite apreciar que entre ambos mandatos constitucionales, el de la orden de cateo y el de la facultad punitiva del Estado, debe existir un equilibrio, ya que no se puede concebir una orden de cateo que no cumpla con los requisitos correspondientes, en atención a los bienes tutelados que afecta, como tampoco, que ante conductas constitutivas de delitos, el Estado no actúe. En esa tesitura, como se adelantó el concepto de violación es infundado, puesto que como se advierte de las constancias allegadas al juicio constitucional, la orden de cateo reclamada y su ejecución no vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, puesto que las autoridades señaladas como responsables actuaron en estricto apego a la normativa que las faculta para emitir y ejecutar la orden de cateo materia de estudio. Se dice lo anterior, puesto que para sostener su actuar es oportuno citar el artículo 16, párrafo décimo primero, Constitucional, así como los numerales 252, fracción II, 282, 283 y 288 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen: Artículo 16. (.) En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. (.) 252. Actos de investigación que requieren autorización previa del Juez de control Con excepción de los actos de investigación previstos en el artículo anterior, requieren de autorización previa del Juez de control todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución, así como los siguientes: (.) II. Las órdenes de cateo; (.) 282. Solicitud de orden de cateo Cuando en la investigación el Ministerio Público estime necesaria la práctica de un cateo, en razón de que el lugar a inspeccionar es un domicilio o una propiedad privada, solicitará por cualquier medio la autorización judicial para practicar el acto de investigación correspondiente. En la solicitud, que contará con un registro, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que han de aprehenderse y los objetos que se buscan, señalando los motivos e indicios que sustentan la necesidad de la orden, así como los servidores públicos que podrán practicar o intervenir en dicho acto de investigación. Si el lugar a inspeccionar es de acceso público y forma parte del domicilio particular, este último no será sujeto de cateo, a menos que así se haya ordenado. 283. Resolución que ordena el cateo La resolución judicial que ordena el cateo deberá contener cuando menos: I. El nombre y cargo del Juez de control que lo autoriza y la identificación del proceso en el cual se ordena; II. La determinación concreta del lugar o los lugares que habrán de ser cateados y lo que se espera encontrar en éstos; III. El motivo del cateo, debiéndose indicar o expresar los indicios de los que se desprenda la posibilidad de encontrar en el lugar la persona o personas que hayan de aprehenderse o los objetos que se buscan; IV. El día y la hora en que deba practicarse el cateo o la determinación que de no ejecutarse dentro de los tres días siguientes a su autorización, quedará sin efecto cuando no se precise fecha exacta de realización, y V. Los servidores públicos autorizados para practicar e intervenir en el cateo. La petición de orden de cateo deberá ser resuelta por la autoridad judicial de manera inmediata por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con la sola comparecencia del Ministerio Público, en un plazo que no exceda de las seis horas siguientes a que se haya recibido. Si la resolución se emite o registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de cateo deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público. 288. Formalidades del cateo Será entregada una copia de los puntos resolutivos de la orden de cateo a quien habite o esté en posesión del lugar donde se efectúe, o cuando esté ausente, a su encargado y, a falta de éste, a cualquier persona mayor de edad que se halle en el lugar. Cuando no se encuentre persona alguna, se fijará la copia de los puntos resolutivos que autorizan el cateo a la entrada del inmueble, debiendo hacerse constar en el acta y se hará uso de la fuerza pública para ingresar. Al concluir el cateo se levantará acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado, o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique el cateo, pero la designación no podrá recaer sobre los elementos que pertenezcan a la autoridad que lo practicó, salvo que no hayan participado en el mismo. Cuando no se cumplan estos requisitos, los elementos encontrados en el cateo carecerán de todo valor probatorio, sin que sirva de excusa el consentimiento de los ocupantes del lugar. Al terminar el cateo se cuidará que los lugares queden cerrados, y de no ser posible inmediatamente, se asegurará que otras personas no ingresen en el lugar hasta lograr el cierre. Si para la práctica del cateo es necesaria la presencia de alguna persona diferente a los servidores públicos propuestos para ello, el Ministerio Público, deberá incluir los datos de aquellos así como la motivación correspondiente en la solicitud del acto de investigación. En caso de autorizarse la presencia de particulares en el cateo, éstos deberán omitir cualquier intervención material en la misma y sólo podrán tener comunicación con el servidor público que dirija la práctica del cateo. De lo transcrito, se advierte que uno de los actos que requieren autorización previa del Juez de Control, es precisamente la solicitud de una orden de cateo, por parte del Ministerio Público investigador, en la cual se expresará el lugar a inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse, así como los objetos que se buscan; a lo que únicamente debe limitarse la diligencia. Además, que al inicio de la diligencia el Ministerio Público designará a los servidores públicos que le auxiliarán en su práctica; y, al concluirla, se levantará un acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que la practique. Por lo que, de incumplirse con esos requisitos, la diligencia carecerá de valor probatorio, sin que sirva de excusa el consentimiento de los ocupantes del lugar. Por tanto, se obtiene que los requisitos que debe reunir una resolución donde se emite una orden de cateo son los siguientes: I. Constar por escrito; II. El nombre y cargo del Juez de control que lo autoriza y la identificación del proceso en el cual se ordena; III. La determinación concreta del lugar o los lugares que habrán de ser cateados; IV. El motivo del cateo, debiéndose indicar o expresar los indicios de los que se desprenda la posibilidad de encontrar en el lugar la persona o personas que hayan de aprehenderse o los objetos que se buscan; V. El día y la hora en que deba practicarse el cateo o la determinación que de no ejecutarse dentro de los tres días siguientes a su autorización, quedará sin efecto cuando no se precise fecha exacta de realización; y, VI. Los servidores públicos autorizados para practicar e intervenir en el cateo. En el caso concreto, el Juez de Control que emitió la orden de cateo reclamada de ocho de marzo de dos mil dieciocho, cumple dichos requisitos, toda vez que en primer lugar, fue emitida por escrito (fojas 77 a 81); de la que advierten el resto de los requisitos como se exponen a continuación: a. El nombre y cargo del Juez de control que lo autoriza y la identificación del proceso en el cual se ordena; al respecto de la resolución que se examina se colige que el titular del órgano jurisdiccional que autorizó la orden de cateo, fue Eduardo Javier Sáenz Torres Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, la que emitió el ocho de marzo de dos mil dieciocho, en el cuaderno preliminar 18/2018. b. La determinación concreta del lugar o los lugares que habrán de ser cateados y lo que se espera encontrar en éstos; al respecto el Juez de Control, en concatenación con la solicitud del Agente del Ministerio Público de la Federación en apoyo a la Agencia Quinta Investigadora en esta ciudad, expuso que el domicilio que era susceptible de ser cateado era identificado con ubicación en la calles Tehuacán y Puebla, colonia Granjas de Polo Gamboa, número 7861, en Ciudad Juárez, Chihuahua, el cual tiene las leyendas "AUTOPARTES USADAS EL PERRÓN" "TEL 681 69 23" "$208 38 73", con coordenadas N31 35 26 5 W 106º27'20 6. c. El motivo del cateo, debiéndose indicar o expresar los indicios de los que se desprenda la posibilidad de encontrar en el lugar la persona o personas que hayan de aprehenderse o los objetos que se buscan; en este punto, la autoridad judicial estableció que el Fiscal argumentó que el motivo de la solicitud del acto de investigación era debido a que pudieran encontrarse tomas clandestinas de hidrocarburos, contenedores y equipos de abastecimiento que pudieran constituir objetos, productos o instrumentos del delito e impedir que se cometan posibles conductas catalogadas como delitos en la Ley Federal para prevenir y sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos; de ahí que el cateo tenía como objeto encontrar en el inmueble descrito los indicios precisados en su solicitud así como instrumentos, objetos o productos del ilícito investigado y consumado, que pudieran servir para la comprobación del hecho con apariencia de delito. d. El día y la hora en que deba practicarse el cateo o la determinación que de no ejecutarse dentro de los tres días siguientes a su autorización, quedará sin efecto cuando no se precise fecha exacta de realización; en este punto, el Juez de Control, estableció que la diligencia de cateo debería de practicarse a partir del momento en que se expidió la orden de cateo hasta en un plazo máximo de veinticuatro horas. e. Los servidores públicos autorizados para practicar e intervenir en el cateo; en relación a este punto, el Juez de Control, estableció que se autorizaba para intervenir a diversos agentes del Ministerio Público, a elementos de la Policía Federal Ministerial, a los peritos oficiales de la Procuraduría General de la República y personal especializado de mantenimiento de Petróleos Mexicanos Logística, asentando los nombres de todos y cada uno de los autorizados para actuar dentro del rubro respectivo. Aunado a lo anterior, el Juez de Control, estableció una serie de facultades y obligaciones expresas que los autorizados cumplirían al momento de su desahogo. En ese contexto, se llega a la conclusión de que la resolución de ocho de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el cuaderno preliminar 18/2018, se torna legal al considerar el Juez de Control que la autoridad ministerial al solicitar la respectiva orden de cateo, reunió los requisitos del artículo 282 del Código Nacional de Procedimientos Penales y la emisión por parte de la autoridad jurisdiccional fue apegada a lo dispuesto por el diverso 283 del citado conjunto de normas. En virtud de lo anterior, ante lo infundado del concepto de violación y no advertir queja deficiente que suplir, procede negar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la orden de cateo dictada el ocho de marzo de dos mil dieciocho, emitida en el cuaderno preliminar 18/2018, por el Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Control. OCTAVO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado consistente en la ejecución de la orden de cateo y por ende el aseguramiento decretado. El concepto de violación hecho valer por la parte quejosa en torno a esa determinación, es infundado. Ahora, en relación al desahogo de la diligencia de cateo, ésta se desarrolló conforme a los lineamientos establecidos por el órgano jurisdiccional que la autorizó y lo dispuesto por el numeral 288 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues de la lectura que se realiza al acto de molestia se deprende lo siguiente: En primer término se analiza si la autoridad responsable como ejecutora del mandamiento de cateo, lo desarrolló bajo los lineamientos establecidos en la resolución de ocho de marzo de dos mil dieciocho, en el cuaderno preliminar 18/2018, del índice del Juez de Control señalado como autoridad ordenadora, en los siguientes términos: I. El día y la hora en que deba practicarse el cateo o la determinación que de no ejecutarse dentro de los tres días siguientes a su autorización, quedará sin efecto cuando no se precise fecha exacta de realización. El acta de cateo se suscribió el ocho de marzo de dos mil dieciocho, es decir, dentro del plazo otorgado por el Juez de Control, esto es, en la misma fecha en que fue autorizado; se desarrolló en el horario de las diecinueve horas con treinta y ocho minutos a las veintidós horas con treinta minutos de esa propia fecha, esto es, en el horario estipulado en la resolución que lo autorizó. II. La determinación concreta del lugar o los lugares que habrán de ser cateados. Se desahogó en el inmueble ubicado sobre la calle Tehuacán, marcado con el número 7861, que colinda al norte con la calle Granjas Polo, al este con la calle Morelos y al oeste con la calle Puebla, del fraccionamiento Granjas Polo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, el cual tiene pintado en el frente la leyenda "AUTOPARTES USADAS EL PERRON" "TEL 681 69 23", "$208-38-73" con coordenadas N 31º35'26.5 y W 106º27'20.6, domicilio que fue autorizado en la resolución correspondiente. III. El motivo del cateo, debiéndose indicar o expresar los indicios de los que se desprenda la posibilidad de encontrar en el lugar la persona o personas que hayan de aprehenderse o los objetos que se buscan. Al respecto, de acuerdo al acta de cateo se colige que personal que intervino en la diligencia localizó en el domicilio antes referido, se localizó una manguera de alta presión la cual tiene unida una válvula rápida de alta presión metálica de la cual se extrajeron muestras de un líquido translucido, un maneral de metal con tuerca con la leyenda Worcester y una caja de tráiler color blanco, sin número de serie y placas de circulación del Estado de Texas, con matrícula A 21-52B. IV. Los servidores públicos autorizados para practicar e intervenir en el cateo. Del acta de cateo se colige que se efectúo por Rodrigo Iván Núñez Corral, Andrés Iturbe Cruz, César Linares Peralta y Javier Velázquez Sánchez, elementos de la Policía Federal Ministerial; los peritos oficiales Lizbeth Cante Juárez, en materia de fotografía forense; Flor de Liz Castro Ramón, en materia de criminalística de campo; José Joel Luna Ayala, en materia de Ingeniería y Arquitectura; Miriam Jiménez Badillo, en materia de química forense; y personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Javier Rodríguez Sánchez, José Luis Pérez Delgadillo, Domingo Terrazas Orozco, José María Reyes Arroyo, José Alfredo Rodríguez Quirarte y Eduardo Elías Rocha Dávila; todos ellos autorizados en la resolución de cateo para intervenir en su desarrollo. En virtud de lo anterior, contrario a lo expuesto por la quejosa, la autoridad ejecutora de la orden de cateo, también cumplió con lo dispuesto en el artículo 288 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por los siguientes argumentos: I. Será entregada una copia de los puntos resolutivos de la orden de cateo a quien habite o esté en posesión del lugar donde se efectúe, o cuando esté ausente, a su encargado y, a falta de éste, a cualquier persona mayor de edad que se halle en el lugar. Cuando no se encuentre persona alguna, se fijará la copia de los puntos resolutivos que autorizan el cateo a la entrada del inmueble, debiendo hacerse constar en el acta y se hará uso de la fuerza pública para ingresar Al constituirse los mencionados servidores públicos en el inmueble descrito, procedieron a llamar en varias ocasiones al interior del inmueble, sin recibir respuesta por parte de persona alguna; de ahí que procedieron a fijar el resolutivo de la autorización de la autoridad jurisdiccional. II. Al concluir el cateo se levantará acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado, o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique el cateo, pero la designación no podrá recaer sobre los elementos que pertenezcan a la autoridad que lo practicó, salvo que no hayan participado en el mismo. En este aspecto, del acta de cateo se aprecia que la autoridad investigadora nombró como testigos del cateo a Gilberto Vargas Hernández y Erik Aniel Fuentes Martínez, personas que de acuerdo a lo relatado en el acta aceptaron el cargo conferido y firmaron al margen y calce de dicha acta, además de que se anexaron copias de sus identificaciones. En ese sentido, la referida orden de cateo cumple los indicados requisitos legales y constitucionales, así mismo se levantó la correspondiente acta circunstanciada que se efectuó en presencia de dos testigos propuestos por la autoridad ministerial investigadora. Asimismo, en lo relativo al aseguramiento del inmueble, en principio, resulta pertinente señalar que de entre las diversas garantías de seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14 constitucional destaca, por su primordial importancia, la de audiencia previa. Este mandamiento superior impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen además, las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del artículo 16 constitucional, se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Así, con arreglo en tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran la garantía formal de audiencia a favor de los gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite. Lo que tiene como finalidad que conozca el gobernado la existencia del procedimiento y dejarlo en aptitud de preparar su defensa; que se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal que quien sostenga una cosa la demuestre y quien estime lo contrario cuente a su vez con el derecho de demostrar sus afirmaciones; que cuando se agote dicha etapa probatoria se dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes; y finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia sostenida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traduce en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Las formalidades esenciales del procedimiento son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: I. Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; II. Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; III. Oportunidad de alegar; y IV. Dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. La primera y más importante de esas formalidades esenciales del procedimiento y, además requisito indispensable para que se puedan dar las otras, es la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias en el procedimiento jurisdiccional, esa primera formalidad se denomina generalmente emplazamiento. En efecto, la notificación del inicio del procedimiento es la primera de las formalidades esenciales del procedimiento y resulta indispensable para garantizar una defensa adecuada; es por ello que, resulta exigible el cumplimiento de diversos requisitos, a fin de que el emplazamiento a juicio satisfaga su cometido. Sin embargo, ha sido criterio reiterado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación considerar que el aseguramiento de bienes relacionados con el delito no infringe el derecho fundamental de previa audiencia contenido en el artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que se trata de una medida provisional que constituye un acto de molestia, que generalmente se dicta sin audiencia previa de la parte a la que pudiera perjudicar, por tanto, no se requiere cumplir los requisitos que para los actos de privación de derechos establece el artículo 14 Constitucional. Es aplicable, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 345, aparece publicado en la página 163, del Tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 905286, que dice: ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES PRODUCTO DEL DELITO POR EL MINISTERIO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 40 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL, Y LOS ARTÍCULOS 123 Y 181 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE LO ESTABLECEN, NO VIOLAN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. Los artículos mencionados que facultan al Ministerio Público a dictar medidas para asegurar bienes del indiciado, no infringen la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional. Aunque estas medidas se dictan sin audiencia previa de la parte a la que pudieran perjudicar, no implican privación definitiva de derechos, puesto que son medidas provisionales que constituyen únicamente actos de simple molestia y para decretarse, no requieren cumplir los requisitos que para los actos de privación de derechos establece el artículo 14 constitucional. Asimismo, este Juzgador advierte que el acto reclamado consistente en el aseguramiento del inmueble descrito, cumple con lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al encontrarse debidamente fundado y motivado. El artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho supremo que todo acto de molestia provenga de autoridad competente; además, impone a ésta la obligación de fundar y motivar sus actos. Por fundamentación se entiende la expresión precisa del o de los preceptos legales aplicables al caso; por motivación, el señalamiento de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas consideradas en el dictado de las resoluciones. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 204, publicada en la página 166, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, editado en dos mil, cuyo contenido es: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Ahora, de conformidad con el numeral 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. De las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, derivadas del acta de cateo solicitada dentro de la carpeta de investigación FED/CHIH/JUA/579/2018 y emitida el ocho de marzo de dos mil dieciocho, dentro del cuaderno preliminar 18/2018, se advierte que en el desarrollo de la citada orden, se asentó. (.) documento en el cual se nos autoriza para ingresar al predio con el objetivo de localizar una toma clandestina de hidrocarburo; (.) llegando a la altura de donde se localizó la toma clandestina previamente en el exterior del predio, dándoles intervención legal a los elementos especialistas de Pemex José Luis Pérez Delgadillo y Eduardo Elías Rocha Dávila y procedieron a remover la tierra con pala, descubriendo aproximadamente un 30 centímetros de profundidad una manguera de color rojo de alta presión y que en su punta contiene una válvula de cierre de alta presión misma que es la que viene del exterior y la cual se detectó conectada al poliducto de doce pulgadas, así mismo se encontró en ese mismo lugar cable de cobre el cual esta aterrizado sobre una varilla de cobre confirmando los especialistas de petróleos mexicanos que se encontraban presentes que se trata de la finalización de la toma clandestina, continuando con la diligencia y a unos seis metros y casi pegada a la barda el Suboficial Rodrigo Iván Núñez Corral localizó un objeto de metal con la leyenda Worcerter y al verificar el C. Javier Rodríguez Sánchez a manifestar que se trataba del maneral de la válvula de cierre rápido de alta presión localizada momentos antes la cual se señaló a la perito en criminalística Flor de Liz Castro Ramón quien procedió a trabajar en ello y posteriormente el C. Eduardo Elías Rocha Dávila procedió a checar la válvula abriéndola levemente y resultó activa, es decir salió hidrocarburo (.) continuando con la diligencia personal de Pemex logística procedió a deshabilitar la válvula de cierre rápido de alta presión y sacó la manguera del predio, misma que en la parte exterior se dirige al poliducto de 8" pulgadas que está a 44 metros aproximadamente (.) y se procedió a poner los sellos de aseguramiento precautoriamente del inmueble (.) De lo trascrito, se advierte que los elementos de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial, expusieron los motivos y circunstancias específicas para justificar su actuación en términos del artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, precisaron las consideraciones en las que se basaron para decretar el aseguramiento precautorio del inmueble. Cabe precisar que la solicitud de la diligencia de cateo, de acuerdo a las constancias que obran en el sumario, se debió a la comparecencia ante la Representación Social Federal, del ingeniero del área de mantenimiento PEMEX Logística, el siete de marzo de dos mil dieciocho, quien interpuso denuncia en contra de quien resultara responsable, pues en la misma fecha, personal de seguridad de dicha dependencia, le informó sobre la posible toma clandestina ubicada aproximadamente en el kilómetro 26+000 aproximadamente poliducto 8" Paso Texas-Cd. Juárez, localizada en la calle Tehuacán, colonia Granjas de Polo Gamboa, en esta ciudad, sitio donde se localizó derivación aproximada de cincuenta metros de manguera color rojo que se dirigían al predio particular ubicado en calle Tehuacán, esquina con Puebla, número 7861, de la colonia Granjas de Polo Gamboa, en esta ciudad. Con motivo de lo anterior, la autoridad ministerial como ya fue señalado solicitó del Juez de Control respectivo, la autorización para ingresar al citado domicilio, lo cual le fue otorgado según lo expuesto en el cuadernillo preliminar 18/2018 del citado juzgado. El ocho de marzo de dos mil dieciocho, se ejecutó el cateo cuya consecuencia fue la localización de una manguera de alta presión la cual tiene unida una válvula rápida de alta presión, un maneral de metal con tuerca, líquido translúcido, una caja de tráiler, y el aseguramiento del inmueble. En consideración a lo anterior, se tiene que los elementos policías expusieron que con motivo de que dentro de dicho predio se localizó una manguera que en la parte exterior conecta con el poliducto 8" de hidrocarburos, el inmueble que ahora reclama el quejoso debía quedar asegurado y la forma en que este se relaciona con la investigación de delitos contemplados en la Ley Federal para prevenir y sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos. En las relatadas consideraciones, ante lo infundado del concepto de violación hecho valer por el peticionario de derechos fundamentales, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es NEGAR a Lorenzo Ricardo Carrillo Benzor, en representación de María Elena Sánchez Osornio y Néstor Octaviano Arreola Salto, EL AMPARO DE LA JUSTICIA FEDERAL QUE SOLICITA, en contra del acto atribuido a los Elementos de la Policía Federal Ministerial, Rodrigo Iván Núñez Corral, Javier Velázquez Sánchez y César Linares Peralta, consistente en el aseguramiento del bien inmueble precisado con anterioridad. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Lorenzo Ricardo Carrillo Benzor, por sí, y en representación de los directamente agraviados María Elena Sánchez Osornio y Nestor Octaviano Arreola Salto, contra los actos y autoridades precisadas en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. Se niega el amparo y protección de la justicia federal solicitado por Lorenzo Ricardo Carrillo Benzor, en representación de los directamente agraviados María Elena Sánchez Osornio y Nestor Octaviano Arreola Salto, contra los actos y autoridades analizados en los considerandos séptimo y octavo por los motivos ahí apuntados. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado David César Aranda González, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada María Isabel Olivas Domínguez, el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, fecha en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. Visto el escrito de cuenta, se advierte la petición planteada por el autorizado de la parte quejosa, sin embargo, dado que el juicio de amparo 290/2018-V, se encuentra con audiencia celebrada, este resolutor se reserva acordar lo conducente hasta en tanto se emita la resolución definitiva. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ********. Doy fe.

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