Lorenzo Santiago Cruz
Expediente 1023/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1023/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 07/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Lorenzo Santiago Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que la inconforme interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que el disidente haya impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los normativos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el fallo dictado en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los ordinales 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este juicio constitucional como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En cumplimiento a lo señalado por el capítulo siete, punto "7.4" relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, aun cuando en la sentencia de trece de octubre de dos mil veintidós, se sobreseyó en este juicio constitucional, lo cierto es que el dos de septiembre anterior, este Juzgado Federal otorgó al justiciable la suspensión de oficio y de plano respecto de los actos reclamados; por tanto, se estima que este expediente es susceptible de depuración. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes que conforme a los criterios de valoración establecidos por los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años contado a partir de la notificación del auto en donde se ordenó su archivo y una vez cumplido ese plazo dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional procederá a su depuración, por lo que deberán conservarse la demanda de amparo, así como el proveído en donde se concedió la suspensión de oficio y de plano en cuanto a las actuaciones impugnadas, la sentencia dictada en este asunto y la presente determinación. Terminado el proceso de depuración se solicitará la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En razón de lo anterior, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 1023/2022 promovido por Lorenzo Santiago Cruz en contra de los actos de las autoridades que más adelante se precisarán. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio del quejoso, las autoridades señaladas como responsables pretenden privarlo de su libertad personal sin justificación alguna, porque aduce que no ha cometido alguna falta. El inconforme estima que los actos de los entes responsables vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y afectan su esfera jurídica. II. TRÁMITE Lorenzo Santiago Cruz promovió juicio de amparo indirecto mediante escrito presentado el dos de septiembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. El justiciable señaló como autoridades responsable al Ayuntamiento y al Comisariado de Bienes Comunales, ambos de San Andrés Yaa, Villa Alta, Oaxaca, a quienes reclamó las órdenes de detención dictadas en su contra y la ejecución de esos mandamientos. Mediante el acuerdo de dos de septiembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto admitió la demanda de amparo, la cual registró bajo el expediente 1023/2022; solicitó a los entes responsables sus informes justificados; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia de ley. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman unos actos que pretenden ejecutarse en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme combate los actos siguientes: Del Ayuntamiento y del Comisariado de Bienes Comunales, ambos de San Andrés Yaa, Villa Alta, Oaxaca, reclama: Las órdenes de detención dictadas en su contra y la ejecución de esos mandamientos. V. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS No son ciertos los actos atribuidos a los entes responsables, porque en sus informes justificados negaron la existencia de esas actuaciones, como se advierte del cuadro siguiente: Autoridades responsables Actos reclamados Informe justificado Ayuntamiento de San Andrés Yaa, Villa Alta, Oaxaca. Las órdenes de detención libradas en contra del quejoso y la ejecución de esos mandamientos. Negó los actos Comisariado de Bienes Comunales de San Andrés Yaa, Villa Alta, Oaxaca. Las órdenes de detención dictadas en contra del justiciable y la ejecución de esos mandamientos. Negó los actos Por otro lado, debe destacarse que la parte quejosa no desvirtuó tales negativas, porque no ofreció algún medio de convicción en el presente sumario con ese propósito. Se sostiene lo anterior, porque si bien exhibió copias fotostáticas simples de una credencial y de un nombramiento, lo cierto es que esos documentos carecen de valor probatorio alguno y aun valorados no prueban la existencia de los actos reclamados ni desvirtúan la negativa que los entes responsables expusieron en sus informes justificados, porque de su contenido se advierte situaciones diversas a dichos tópicos. En este punto, es necesario señalar que el arábigo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2, establece que el valor probatorio de las copias fotostáticas de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación queda al prudente arbitrio judicial como indicios. También debe precisarse que el Máximo Tribunal Constitucional de este País ha sostenido que en ejercicio del arbitrio judicial a que alude el precepto legal trascrito con antelación cabe considerar que las copias de esa naturaleza que se presentan en el juicio de amparo carecen por sí de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen, pero sin que sean bastantes cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos, de las cuales no se advierte la autenticidad de éstos es necesario que obre en autos otro elemento que relacionado con aquéllas pueda generar convicción en el Juzgador de que realmente existen. Lo expuesto encuentra respaldo en lo que se sostiene en la jurisprudencia 3a. 18 sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." En ese contexto, las copias fotostáticas simples de los instrumentos que el disidente exhibió, dada su naturaleza, impide otorgarle algún valor probatorio; por tanto, no prueban la existencia de las actuaciones combatidas y tampoco desvirtúan la negativa que las responsables sostuvieron en sus informes con justificación. En ese contexto, si el inconforme no desvirtuó las negativas que las referidas autoridades sostuvieron ni demostró con alguna prueba la intervención de esos entes públicos en los actos que les reprochó es inconcuso que se actualiza la hipótesis establecida por el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En esos términos, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante la inexistencia de los actos atribuidos a las referidas entidades públicas. VI. DECISIÓN En consecuencia, con fundamento en lo prescrito por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional en cuanto a los actos impugnados a los entes públicos responsables, dada su inexistencia. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Lorenzo Santiago Cruz en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, por las consideraciones expuestas en el apartado V de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de octubre de dos mil veintidós. Agréguense los instrumentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el Ayuntamiento y el Comisariado de Bienes Comunales, ambas autoridades de San Andrés Yaa, Villa Alta, Oaxaca, por un lado, rinden sus informes sobre la suspensión de oficio y de plano concedida al disidente Lorenzo Santiago Cruz en el auto de dos de septiembre del año en curso, por lo que indican que acatan dicha medida cautelar y, por otro, rinden sus informes con justificación; además, designan delegados. Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 126 de la Ley de Amparo se tiene a las responsables por rendidos sus informes relativos a la suspensión de oficio y de plano otorgada al quejoso Lorenzo Santiago Cruz en el proveído de dos de septiembre pasado y se toma conocimiento de las situaciones que exponen. Por otro lado, con apoyo en lo establecido por el artículo 117 de la ley de la materia ténganse al Ayuntamiento y al Comisariado de Bienes Comunales, ambas autoridades de San Andrés Yaa, Villa Alta, Oaxaca, por rendidos sus informes justificados. En consecuencia, se ordena dar vista a las demás partes con el contenido de esos instrumentos para su conocimiento. Precisa señalar que para la consulta de las constancias indicadas en las instalaciones que albergan a este Tribunal es necesario que las partes obtengan una cita previamente, la cual podrá programarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en particular en el sistema "Agenda OJ", en donde aparecerán las fechas y los horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, que deberán llevarse en términos de lo dispuesto por los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en concordancia con el artículo único del diverso Acuerdo General 21/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en relación con el periodo de vigencia. En diverso aspecto, se tiene como delegados de las citadas entidades públicas a las personas que designan con esa calidad conforme a lo dispuesto por el ordinal 9 de la ley de la materia. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que no obran los acuses de recibo de los comunicados 25486/2022 y 25487/2022 dirigidos a las responsables Ayuntamiento y Comisariado de Bienes Comunales, ambas autoridades de San Andrés Yaa, Villa Alta, Oaxaca, respectivamente, que contienen la inserción del auto admisorio de dos de septiembre pasado, dictado en este juicio constitucional, en donde se requirió a esas entidades públicas la rendición de los informes con justificación y el de la suspensión de oficio y de plano concedida al justiciable respecto de los actos reclamados. En razón de lo anterior, tomando en consideración que el objetivo de esas comunicaciones es informar a dichas autoridades que este medio extraordinario de defensa fue promovido por Lorenzo Santiago Cruz en su contra, el cual fue admitido el dos de septiembre del año en curso y que en esa determinación se concedió al justiciable la suspensión de oficio y de plano respecto de los actos reclamados para evitar mayores dilaciones, mediante nuevos oficios que se elaboren con motivo de este acuerdo notifíquese por la vía más eficaz y a través de los medios que se tengan al alcance a los referidos entes responsables el auto admisorio, por lo que a los comunicados relativos deberá insertarse el acuerdo de dos de septiembre de dos mil veintidós, dictado en este medio extraordinario de defensa, así como esta determinación y anexarse un ejemplar de la demanda de amparo, para que tengan conocimiento de esas resoluciones judiciales y estén en aptitud de atender los requerimientos formulados en el proveído admisorio. En razón de lo anterior, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración, a las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
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