Lorenzo Santiago Chávez
Expediente 1107/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1107/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Lorenzo Santiago Chávez
Actuaciones
- Principal
Mesa de Amparo II-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Atendiendo al estado procesal de los autos y a la certificación de cuenta se advierte que ya transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del acuerdo que desechó de plano la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo haya hecho. Se declara que dicho auto ha causado estado. Archívese este expediente como asunto concluido. Se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción. [...]. De igual forma, se indica que conforme a la certificación que antecede en este expediente no existen documentos considerados originales... Hágase del conocimiento de las partes..., el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo se transferirá a la Dirección de Recepción, Tratamiento y Resguardo Documental del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal , para que después de transcurrido el lapso de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 1107/2018. Desechamiento. El suscrito considera que debe desecharse la demanda de amparo promovida por Lorenzo Santiago Chávez. En el caso, se advierte que en relación con los actos reclamados al agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Trámite de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, Tuxtepec, Oaxaca, encargado de la carpeta de investigación 2423/FTUXT/2018, consistentes, en esencia, en la omisión de realizar acciones tendientes en la investigación ministerial en base a sus atribuciones y administrar e impartir justicia en los plazos que fija la ley, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el arábigo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dado que el disidente no observó el principio de definitividad que rige a este juicio constitucional, al no haber agotado de manera previa al ejercicio de la acción de amparo el medio de defensa innominado establecido por el ordinal 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para evidenciar dicho aserto es necesario tener presente el contenido del precepto 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" Del tramo normativo inserto se advierte que el juicio constitucional es improcedente contra las resoluciones de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por medio del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Es decir, el dispositivo transcrito establece que el juicio de protección de los derechos fundamentales es improcedente cuando no se respete el principio de definitividad respecto de los actos provenientes de las autoridades jurisdiccionales. El aludido principio que rige al juicio constitucional implica que previo a la presentación de la demanda de amparo el afectado por el acto de autoridad debe agotar los recursos ordinarios o los medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado, siempre que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar la resolución materia de la impugnación. Debe destacarse que la razón por la que el legislador restringió el acceso al juicio de protección de los derechos fundamentales mediante la causal de improcedencia en estudio atiende a la finalidad de preservar la supremacía de la acción de amparo como instrumento protector del orden constitucional, el cual impide ejercerlo contra cualquier acto de autoridad que aun cuando surja de un procedimiento pudiera válidamente enmendarse a través de los recursos ordinarios que se prevén por la ley común, por medio de los cuales la potestad ordinaria podría revocarlo, anularlo o modificarlo, ya que de lo contrario el juicio de amparo se convertiría en un recurso más que el gobernado podría hacer valer a su elección, lo que de suyo resulta inadmisible. El indicado motivo de improcedencia no es absoluto, toda vez que en el propio dispositivo se establece la salvedad de que no opera cuando se esté dentro de los supuestos de excepción enumerados, ya que en dicha eventualidad el quejoso estará en aptitud de elegir entre hacer valer la acción constitucional, o bien, el recurso o medio de impugnación que conforme a la ley que rija al acto reclamado sea procedente. Cabe señalar que el supuesto de inejercitabilidad invocado obliga a acatar el citado principio sin distinguir la naturaleza de la autoridad responsable de quien se reclama el acto, por lo que su observancia opera tratándose de tribunales judiciales (del Poder Judicial de la Federación cuando actúan como autoridad de instancia y los del fuero local, ya sean civiles o familiares), administrativos (tribunales federales y locales de justicia administrativa, agrario, entre otros) o laborales (ya sea federales, locales o burocráticos). En ese contexto, el quejoso previo a instar a la Justicia Federal sobre el tópico de constitucionalidad derivado de un acto emanado de un ente judicial o que ejerce facultades materialmente jurisdiccionales debe agotar todas las instancias procesales tendentes a revocar, modificar, anular o invalidar el acto que se combate y una vez que con esos mecanismos ordinarios de defensa no se haya revertido los efectos del origen de la inconformidad procederá el ejercicio de la acción de amparo. Para los efectos del aludido principio se entiende que un recurso -horizontal o vertical- o medio ordinario de defensa debe agotarse únicamente cuando a través de ese mecanismo de impugnación el acto de autoridad pueda ser revocado -cambiar en su totalidad el criterio de la resolución recurrida-, modificado -hacer un cambio parcial de la resolución- o anulado -dejar insubsistente el acto de autoridad-; asimismo, debe precisarse que sólo se entenderá colmado este requisito de procedencia cuando el recurso o instancia legal que se haga valer se haya substanciado en todos sus términos hasta su resolución que lo dé por terminado. En esa línea, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto previamente deben agotarse los medios ordinarios de defensa que la ley prevea contra los actos acaecidos dentro del procedimiento, ya que de no hacerlo se actualizaría la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional a que se refiere el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Enseguida debe destacarse que la aludida causal de improcedencia establece cuatro supuestos de excepción al principio de definitividad. La primera atañe a los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En la especie no se actualizan esas hipótesis, dado que la omisión reclamada aun cuando emana de un procedimiento penal tiene una naturaleza jurídica distinta a las actuaciones descritas. La segunda se actualiza cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o de reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de la sentencia definitiva en el proceso penal. La tercera que consiste en la posibilidad de que las personas extrañas al juicio de donde deriva el acto reclamado puedan solicitar la protección federal sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, la cual sólo opera cuando al quejoso le revista el carácter de persona extraña al juicio -es decir, que es ajeno a la relación jurídica procesal porque no es parte, pero sufre una afectación en su universo jurídico-, o bien, que se ostente como tercero extraño por equiparación -esto es, que aun cuando es parte en sentido formal no fue emplazado legalmente-, por lo que no sería factible obligarlo a interponer los medios de defensa en un procedimiento del que no tiene conocimiento, lo que tampoco sucede en la especie en razón de que el solicitante del amparo no se ubica en esos supuestos, dado que en la carpeta de investigación de origen tiene la calidad de parte ofendida y compareció a esa indagatoria a hacer valer sus derechos, lo que revela que tuvo conocimiento de las actuaciones que integran dicho asunto. Mientras que la cuarta excepción se dirige al auto de vinculación a proceso, supuestos en los que tampoco se ubica el acto reclamado en tanto que éste no tiene como finalidad causar una afectación a la libertad personal del justiciable. En ese sentido, es necesario destacar que la parte quejosa no se encuentra dentro de los casos de excepción descritos por la norma jurídica examinada que la faculten para promover en forma inmediata el juicio de amparo sin agotar los recursos o los medios ordinarios de defensa que la ley que rige al acto reclamado establece. Ahora, el disidente reclama de la autoridad ministerial responsable la falta de investigación dentro de la carpeta de investigación 2423/FTUXT/2018, a efecto de desarrollar el procedimiento dentro de sus términos y plazos legales, con dilación o demora, omisiones en contra de la cual procedía el medio de defensa innominado previsto por el dispositivo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para evidenciar tal aserto en principio es necesario tener en cuenta que de acuerdo con lo establecido por el arábigo 211 del código invocado , el procedimiento penal está compuesto de las etapas siguientes: Primera. La fase de investigación, que abarca los estadios siguientes: a) la investigación inicial que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación; y, b) la investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Segunda. La etapa intermedia o de preparación del juicio, que abarca desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. Tercera. La fase de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. Por otro lado, el normativo 21, primer y segundo párrafos, de la Constitución General de la República , establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél cuando realice esa función y que el ejercicio de la acción penal ante los Tribunales es una facultad conferida al mencionado representante social. En otro punto, de los ordinales 212, 213, 214, 216 y 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales se advierten los siguientes aspectos: ? La investigación de los hechos que revistan características de un delito podrá iniciarse por denuncia, por querella o por su equivalente cuando la ley lo exija. El Ministerio Público y la policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia. ? Tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio bastará para el inicio de la investigación la comunicación que haga cualquier persona, en la que se entere a la autoridad investigadora los hechos que pudieran ser constitutivos de un ilícito. ? Tratándose de informaciones anónimas la policía constatará la veracidad de los datos aportados mediante los actos de investigación que considere conducentes para este efecto. De confirmarse la información se iniciará la investigación correspondiente. ? Cuando la fiscalía tenga conocimiento de la probable comisión de un hecho delictivo cuya persecución dependa de una querella o de cualquier otro requisito equivalente que deba formular alguna autoridad, lo comunicará a ésta por escrito y de inmediato a fin de que resuelva lo que a sus facultades o atribuciones corresponda. ? La investigación tiene por objeto que el fiscal reúna los indicios necesarios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba que le permitan sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. ? Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados por la ley. ? La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión. ? Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales. ? Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su defensor, así como la víctima u ofendido podrán solicitar al representante social todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El fiscal ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público. ? La autoridad investigadora podrá aplicar el criterio de oportunidad en los casos previstos por las disposiciones legales aplicables o no iniciar indagación alguna cuando resulte evidente que no hay delito que perseguir. Las decisiones del Ministerio Público serán impugnables en los términos que prevé la codificación señalada. A su vez, del contenido de los arábigos 16, décimo cuarto párrafo, y 20, apartado C, fracción VII, de la Carta Magna , se obtiene que en el proceso penal acusatorio y oral la víctima o el ofendido tienen el derecho de impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño y para hacer viable el ejercicio de esa prerrogativa el Constituyente Permanente estableció que los Poderes Judiciales contarán con Jueces de Control que resolverán en forma inmediata y por cualquier medio las solicitudes de las medidas cautelares, las providencias precautorias y las técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. En congruencia con esas bases constitucionales el legislador secundario dispuso en los normativos 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales , que en el procedimiento penal la víctima u ofendido tendrán el derecho de impugnar por sí o por medio de sus representantes, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese ordenamiento y en las demás disposiciones legales aplicables; asimismo, estableció que las determinaciones del fiscal sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes podrán impugnarlas ante el Juez de Control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de la resolución correspondiente y que en estos casos el órgano jurisdiccional convocará a una audiencia para decidir en definitiva citando al efecto a la víctima u ofendido, al representante social y, en su caso, al imputado y a su defensor; por otro lado, dispuso que en el supuesto de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de que sean debidamente convocados, la autoridad judicial declarará sin materia la impugnación y la resolución que el órgano jurisdiccional dicte en las hipótesis señaladas no admitirá recurso alguno. En otro aspecto, es necesario señalar que el dieciocho de abril del año en curso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 233/2017, en cuya ejecutoria estableció que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación del sistema penal acusatorio son impugnables ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese contexto, señaló que los numerales 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del código invocado otorgan a la víctima u ofendido de un delito el derecho a impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del representante social en sus funciones de investigación, en los términos previstos en la propia codificación; asimismo, puntualizó que el arábigo 16, décimo cuarto párrafo, del Pacto Supremo, prevé que los Jueces de Control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el Alto Tribunal del País indicó que el dispositivo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal; así, precisó que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, sostuvo que bien puede entenderse que las omisiones del representante social en la etapa de investigación encuadran en ese supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. En esa línea argumentativa, el Máximo Tribunal Constitucional de la Nación sostuvo que de la interpretación sistemática y funcional de los preceptos citados se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el ordinal 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el órgano jurisdiccional revise las decisiones u omisiones del fiscal que definen el curso de una indagatoria es que al estimar que su actuación sea ilegal debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De acuerdo con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que contra las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación del sistema penal acusatorio procede el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual -precisó- debe agotarse en cumplimiento al principio de defintividad que rige en el juicio de amparo. En ese sentido, la Superioridad puntualizó que de la interpretación sistemática y funcional de los preceptos 16, décimo cuarto párrafo y 20, apartado C, fracción VII, de la Carta Magna; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el dispositivo 258 citado, cuya finalidad es que el órgano jurisdiccional revise las decisiones u omisiones del representante social que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por tanto, estableció que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto se debe agotar ese medio ordinario de defensa, en observancia al principio de definitividad. Lo anterior se sustenta en la tesis jurisprudencial 1a./J. 27/2018 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 945, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2017641, de rubro y texto siguiente: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Asimismo, resulta aplicable la diversa tesis de jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 943, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2017640, de rubro y texto siguiente: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad. Con base en lo anterior, es factible sostener que los actos reclamados al agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Trámite de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, Tuxtepec, Oaxaca, consistentes en la falta de investigación dentro de la carpeta de investigación 2423/FTUXT/2018, a efecto de desarrollar el procedimiento dentro de sus términos y plazos legales, son susceptibles de impugnarse ante el Juez de Control a través del medio de defensa innominado previsto por el arábigo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se sostiene lo anterior, porque la Primera Sala del Máximo Tribunal Constitucional de la Nación al resolver la contradicción de tesis 233/2017 estableció que el aludido dispositivo prevé la posibilidad de combatir las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal y precisó que en general se trata de actuaciones del representante social que tienen como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación; en este sentido, sostuvo que bien puede entenderse que las omisiones en las que incurra la fiscalía en la etapa de investigación del procedimiento penal acusatorio y oral encuadran en ese supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. En esa línea, de acuerdo con la interpretación sistemática y funcional de los preceptos 16, décimo cuarto párrafo y 20, apartado C, fracción VII, de la Carta Magna; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que el ofendido -el quejoso tiene acreditada esta calidad ante la responsable en la carpeta de investigación 2423/FTUXT/2018, de acuerdo con los hechos que narra bajo protesta de decir verdad en la demanda de cuenta- puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el normativo 258 citado, cuya finalidad es que el órgano jurisdiccional revise las decisiones u omisiones del representante social que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos; por tanto, el justiciable previamente a la promoción de este juicio constitucional debió agotar ese mecanismo ordinario de defensa en observancia al principio de definitividad, sin que haya atendido esa carga procesal. Efectivamente, de acuerdo con lo expuesto es factible aseverar que en las normas constitucionales y legales citadas está reglamentada la impugnación de las omisiones en las que incurra el representante social en la atapa de investigación del procedimiento penal, por lo que si el principio de definitividad exige el agotamiento previo del recurso o el medio de defensa ordinario procedente respecto a un determinado acto de autoridad esa situación se traduce en la obligación del quejoso de agotar los mecanismos de impugnación antes de promover el juicio constitucional, sin que se advierta que haya observado el referido principio rector; por tanto, en la especie el juicio de protección de los derechos fundamentales es improcedente. Por las consideraciones expuestas se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el numeral 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, dado que el disidente no observó el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo, al no haber agotado de manera previa a la promoción del presente asunto el medio de defensa innominado establecido por el precepto 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales en contra de la actuación reclamada, en consecuencia SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Lorenzo Santiago Chávez. Domicilio y autorizados del quejoso. Téngase al peticionario de amparo señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, sin facultad de promover, a las personas que menciona, ya que no se encuentran inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.
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