Lorenzo Ramos Pérez
Expediente 109/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 109/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Lorenzo Ramos Pérez
Actuaciones
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, dos de febrero de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Lorenzo Ramos Pérez y otros, contra actos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipio del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad; por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 109/2017-4, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. INCOMPETENCIA. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, considera carecer de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, conforme a lo dispuesto por los artículos 34, 47, 170 y 176 de la Ley de Amparo. En efecto, dichos preceptos legales establecen lo siguiente: Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma. Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley. De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se deduce que contra las sentencias definitivas, laudos o resoluciones emitidas por autoridades judiciales, administrativas, agrarias o laborales que ponen fin al juicio es procedente el juicio de amparo en la vía directa, que es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito. De lo anterior se sigue que en caso de que en una demanda de amparo se reclame uno de los actos en análisis y ésta se presente ante un juez de Distrito, dicho juzgador deberá declararse legalmente incompetente y remitir la demanda al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Es sustento de lo anterior, en sentido contrario, la jurisprudencia P./J. 16/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, Novena Época, julio de dos mil tres, página diez, de rubro y texto: AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA. De la interpretación sistemática de los artículos 46, 47 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende la definición de cuándo se está ante una sentencia definitiva para los efectos del juicio de amparo, cuál es el órgano competente para conocer de éste y cuál es la determinación que debe tomar cuando le es presentada una demanda de la que no puede conocer. Ahora bien, con base en que los supuestos de procedencia del juicio de amparo y la competencia del órgano jurisdiccional que debe conocerlo están estrechamente relacionados, de tal manera que no es posible explicar la procedencia sin aludir a la competencia, cuando en una demanda de amparo directo, el acto reclamado se hace consistir en una sentencia de primer grado, debe analizarse, en primer lugar, lo relativo a la competencia del órgano jurisdiccional y después lo conducente a la procedencia del juicio, toda vez que un tribunal incompetente no está facultado para decidir sobre la procedencia del juicio de garantías, ni siquiera por economía procesal, de conformidad con lo sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, de rubro: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE. Lo anterior resulta congruente con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 47 de la Ley de Amparo, dado que no es jurídicamente correcto que un tribunal deseche la demanda de amparo, cuando es el Juez de Distrito el que debe conocer y resolver lo relativo a la procedencia del juicio de garantías. En ese sentido, las resoluciones que ponen fin al juicio son aquellas que, sin decidir el fondo del asunto, concluyen el proceso y respecto de las cuales puede proceder, o no, algún recurso que puede modificar su sentido. Por tanto, todo auto que tenga como efecto la conclusión del proceso -y que en su contra proceda o no, algún medio ordinario de impugnación- constituye una resolución que pone fin al juicio, para efectos del amparo directo, debiéndose precisar que en el caso de que la ley de la materia prevenga algún recurso ordinario, por medio del cual dicha determinación pueda ser modificada o revocada, es obligación del inconforme agotar dicho medio de impugnación. Sirve para ilustrar sobre las resoluciones que ponen fin al juicio, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 466, del tomo IV, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1989, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. SU SIGNIFICADO CONFORME A LAS REFORMAS DE LA LEY DE AMPARO. Es verdad que con anterioridad a las reformas que fueron efectuadas a la Constitución Federal, Ley de Amparo y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que entraron en vigor a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se establecía que sólo correspondía conocer a la Suprema Corte de Justicia o a los Tribunales Colegiados de Circuito según su respectiva competencia de los juicios de amparo promovidos contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometiera durante el procedimiento o en la sentencia misma, sin embargo, a raíz de dichas reformas se incluyó una nueva facultad de competencia exclusiva de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer, además de las sentencias definitivas o laudos, también de resoluciones que pongan fin al juicio, ahora bien, la palabra resolución empleada por el legislador en la nueva figura de competencia, resoluciones que pongan fin al juicio, no fue empleada como sinónimo de sentencia definitiva, por el contrario, se refirió a aquellas resoluciones que sin tener tal naturaleza ponen también fin al juicio, esto es, que puede tratarse de un simple auto o de una resolución interlocutoria. Lo común tanto a los autos definitivos como a las sentencias interlocutorias que ponen fin al juicio para efectos del caso que nos ocupa, estriba en que deben impedir o paralizar definitivamente la prosecución de éste, dándolo así por concluido. Tanto la doctrina como el legislador coinciden en que por resolución que pone fin al juicio debe entenderse, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por terminado y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario en su contra por lo que pueden ser modificadas o revocadas, por tanto indispensable es la reunión de todas estas características para que puedan ser consideradas como tales. De esta forma participan así dichas resoluciones de algunas de las características que contienen también las sentencias definitivas. Ahora, en el caso se advierte que los quejosos reclaman en esta instancia constitucional la resolución de seis de enero del año en curso, que resolvió el recurso de revocación, interpuesto contra el proveído de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, que desechó de plano la demanda de nulidad registrada con el número 526/2016-II del índice de la responsable. De lo precisado se desprende que el acto reclamado confirmó el desechamiento de plano de la demanda de nulidad promovida por la parte quejosa contra la Secretaría de Educación Pública del Estado y el Ayuntamiento de Tlaltenango, Zacatecas, al considerarse que se realizó de manera extemporánea. Así las cosas, atendiendo la naturaleza de la resolución reclamada, se advierte que este juzgado carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, pues se trata de una resolución emitida por un tribunal en materia administrativa que pone fin al juicio (desechamiento) y en la cual se agotó el recurso previsto en la ley de la materia, como lo es, el recurso de revocación que culminó con la emisión del acto reclamado, la cual debe ser reclamada en la vía directa. Sirve de sustento a lo anterior, por analogía, la tesis II.2o.C.T.12 K, Octava Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página 525 Febrero de 1995 del Semanario Judicial de la Federación del texto y rubro siguiente: RESOLUCION QUE PONE FIN AL JUICIO. LA CONSTITUYE EL AUTO QUE CONFIRMA EN APELACION EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA EN MATERIA CIVIL. Para los efectos del artículo 158, de la Ley de Amparo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados, entre otras autoridades, por Tribunales civiles, debiéndose entender por resoluciones que ponen fin al juicio, no únicamente las sentencias definitivas, sino las que, sin tener esta naturaleza, ponen también fin al juicio, esto es, puede tratarse de un simple auto que confirme el desechamiento de una demanda, lo cual implica necesariamente que se impide o paralice definitivamente la prosecución del juicio, y por ende, un auto de tal naturaleza constituye una resolución que pone fin al juicio. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 34 y 47 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo, pues, según se precisó, el acto reclamado que se analiza no es de la competencia de un Juzgado de Distrito, por no encuadrar en los supuestos de procedencia del amparo indirecto previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo, sino que, se insiste, se trata de una resolución que deriva de un diverso acto que puso fin al procedimiento natural, por lo que en términos del numeral 170 del citado ordenamiento legal, es materia de amparo directo. Sobre esa base, es de considerarse, salvo mejor determinación que al respecto emita la superioridad, que la competencia legal para resolver el presente asunto se surte en favor del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, se ordena remitir el original y sus copias, al órgano colegiado de referencia, para los efectos legales a que haya lugar, previo cuaderno de antecedentes que con copia del escrito de demanda, se deje en este juzgado; solicitando se sirva remitir el acuse de recibo respectivo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicitan los promoventes, se tienen como autorizados para oír y recibir notificaciones en los amplios términos del artículo 12 de la ley de la materia al licenciado Osvaldo Sánchez Casas, toda vez que tiene su cédula profesional número 2289000 registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y como domicilio para tal fin el ubicado en el callejón del Lazo, número ciento tres (103), zona centro, de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Josué Zacatecas, Zacatecas, dos de febrero de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Lorenzo Ramos Pérez y otros, contra actos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipio del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad; por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 109/2017-4, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. INCOMPETENCIA. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, considera carecer de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, conforme a lo dispuesto por los artículos 34, 47, 170 y 176 de la Ley de Amparo. En efecto, dichos preceptos legales establecen lo siguiente: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley.". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo.". "Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley." De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se deduce que contra las sentencias definitivas, laudos o resoluciones emitidas por autoridades judiciales, administrativas, agrarias o laborales que ponen fin al juicio es procedente el juicio de amparo en la vía directa, que es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito. De lo anterior se sigue que en caso de que en una demanda de amparo se reclame uno de los actos en análisis y ésta se presente ante un juez de Distrito, dicho juzgador deberá declararse legalmente incompetente y remitir la demanda al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Es sustento de lo anterior, en sentido contrario, la jurisprudencia P./J. 16/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, Novena Época, julio de dos mil tres, página diez, de rubro y texto: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA. De la interpretación sistemática de los artículos 46, 47 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende la definición de cuándo se está ante una sentencia definitiva para los efectos del juicio de amparo, cuál es el órgano competente para conocer de éste y cuál es la determinación que debe tomar cuando le es presentada una demanda de la que no puede conocer. Ahora bien, con base en que los supuestos de procedencia del juicio de amparo y la competencia del órgano jurisdiccional que debe conocerlo están estrechamente relacionados, de tal manera que no es posible explicar la procedencia sin aludir a la competencia, cuando en una demanda de amparo directo, el acto reclamado se hace consistir en una sentencia de primer grado, debe analizarse, en primer lugar, lo relativo a la competencia del órgano jurisdiccional y después lo conducente a la procedencia del juicio, toda vez que un tribunal incompetente no está facultado para decidir sobre la procedencia del juicio de garantías, ni siquiera por economía procesal, de conformidad con lo sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE.". Lo anterior resulta congruente con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 47 de la Ley de Amparo, dado que no es jurídicamente correcto que un tribunal deseche la demanda de amparo, cuando es el Juez de Distrito el que debe conocer y resolver lo relativo a la procedencia del juicio de garantías". En ese sentido, las resoluciones que ponen fin al juicio son aquellas que, sin decidir el fondo del asunto, concluyen el proceso y respecto de las cuales puede proceder, o no, algún recurso que puede modificar su sentido. Por tanto, todo auto que tenga como efecto la conclusión del proceso -y que en su contra proceda o no, algún medio ordinario de impugnación- constituye una resolución que pone fin al juicio, para efectos del amparo directo, debiéndose precisar que en el caso de que la ley de la materia prevenga algún recurso ordinario, por medio del cual dicha determinación pueda ser modificada o revocada, es obligación del inconforme agotar dicho medio de impugnación. Sirve para ilustrar sobre las resoluciones que ponen fin al juicio, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 466, del tomo IV, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1989, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. SU SIGNIFICADO CONFORME A LAS REFORMAS DE LA LEY DE AMPARO. Es verdad que con anterioridad a las reformas que fueron efectuadas a la Constitución Federal, Ley de Amparo y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que entraron en vigor a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se establecía que sólo correspondía conocer a la Suprema Corte de Justicia o a los Tribunales Colegiados de Circuito según su respectiva competencia de los juicios de amparo promovidos contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometiera durante el procedimiento o en la sentencia misma, sin embargo, a raíz de dichas reformas se incluyó una nueva facultad de competencia exclusiva de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer, además de las sentencias definitivas o laudos, también de resoluciones que pongan fin al juicio, ahora bien, la palabra "resolución" empleada por el legislador en la nueva figura de competencia, "resoluciones que pongan fin al juicio", no fue empleada como sinónimo de sentencia definitiva, por el contrario, se refirió a aquellas resoluciones que sin tener tal naturaleza ponen también fin al juicio, esto es, que puede tratarse de un simple auto o de una resolución interlocutoria. Lo común tanto a los autos definitivos como a las sentencias interlocutorias que ponen fin al juicio para efectos del caso que nos ocupa, estriba en que deben impedir o paralizar definitivamente la prosecución de éste, dándolo así por concluido. Tanto la doctrina como el legislador coinciden en que por resolución que pone fin al juicio debe entenderse, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por terminado y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario en su contra por lo que pueden ser modificadas o revocadas, por tanto indispensable es la reunión de todas estas características para que puedan ser consideradas como tales. De esta forma participan así dichas resoluciones de algunas de las características que contienen también las sentencias definitivas." Ahora, en el caso se advierte que los quejosos reclaman en esta instancia constitucional la resolución de seis de enero del año en curso, que resolvió el recurso de revocación, interpuesto contra el proveído de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, que desechó de plano la demanda de nulidad registrada con el número 526/2016-II del índice de la responsable. De lo precisado se desprende que el acto reclamado confirmó el desechamiento de plano de la demanda de nulidad promovida por la parte quejosa contra la Secretaría de Educación Pública del Estado y el Ayuntamiento de Tlaltenango, Zacatecas, al considerarse que se realizó de manera extemporánea. Así las cosas, atendiendo la naturaleza de la resolución reclamada, se advierte que este juzgado carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, pues se trata de una resolución emitida por un tribunal en materia administrativa que pone fin al juicio (desechamiento) y en la cual se agotó el recurso previsto en la ley de la materia, como lo es, el recurso de revocación que culminó con la emisión del acto reclamado, la cual debe ser reclamada en la vía directa. Sirve de sustento a lo anterior, por analogía, la tesis II.2o.C.T.12 K, Octava Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página 525 Febrero de 1995 del Semanario Judicial de la Federación del texto y rubro siguiente: "RESOLUCION QUE PONE FIN AL JUICIO. LA CONSTITUYE EL AUTO QUE CONFIRMA EN APELACION EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA EN MATERIA CIVIL. Para los efectos del artículo 158, de la Ley de Amparo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados, entre otras autoridades, por Tribunales civiles, debiéndose entender por resoluciones que ponen fin al juicio, no únicamente las sentencias definitivas, sino las que, sin tener esta naturaleza, ponen también fin al juicio, esto es, puede tratarse de un simple auto que confirme el desechamiento de una demanda, lo cual implica necesariamente que se impide o paralice definitivamente la prosecución del juicio, y por ende, un auto de tal naturaleza constituye una resolución que pone fin al juicio." Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 34 y 47 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo, pues, según se precisó, el acto reclamado que se analiza no es de la competencia de un Juzgado de Distrito, por no encuadrar en los supuestos de procedencia del amparo indirecto previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo, sino que, se insiste, se trata de una resolución que deriva de un diverso acto que puso fin al procedimiento natural, por lo que en términos del numeral 170 del citado ordenamiento legal, es materia de amparo directo. Sobre esa base, es de considerarse, salvo mejor determinación que al respecto emita la superioridad, que la competencia legal para resolver el presente asunto se surte en favor del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, se ordena remitir el original y sus copias, al órgano colegiado de referencia, para los efectos legales a que haya lugar, previo cuaderno de antecedentes que con copia del escrito de demanda, se deje en este juzgado; solicitando se sirva remitir el acuse de recibo respectivo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicitan los promoventes, se tienen como autorizados para oír y recibir notificaciones en los amplios términos del artículo 12 de la ley de la materia al licenciado Osvaldo Sánchez Casas, toda vez que tiene su cédula profesional número 2289000 registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y como domicilio para tal fin el ubicado en el callejón del Lazo, número ciento tres (103), zona centro, de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Josué
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA DOS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "Zacatecas, Zacatecas, dos de febrero de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Lorenzo Ramos Pérez y otros, contra actos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipio del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad; por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 109/2017-4, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. INCOMPETENCIA. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, considera carecer de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, conforme a lo dispuesto por los artículos 34, 47, 170 y 176 de la Ley de Amparo. En efecto, dichos preceptos legales establecen lo siguiente: Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma. Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley. De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se deduce que contra las sentencias definitivas, laudos o resoluciones emitidas por autoridades judiciales, administrativas, agrarias o laborales que ponen fin al juicio es procedente el juicio de amparo en la vía directa, que es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito. De lo anterior se sigue que en caso de que en una demanda de amparo se reclame uno de los actos en análisis y ésta se presente ante un juez de Distrito, dicho juzgador deberá declararse legalmente incompetente y remitir la demanda al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Es sustento de lo anterior, en sentido contrario, la jurisprudencia P./J. 16/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, Novena Época, julio de dos mil tres, página diez, de rubro y texto: AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA. De la interpretación sistemática de los artículos 46, 47 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende la definición de cuándo se está ante una sentencia definitiva para los efectos del juicio de amparo, cuál es el órgano competente para conocer de éste y cuál es la determinación que debe tomar cuando le es presentada una demanda de la que no puede conocer. Ahora bien, con base en que los supuestos de procedencia del juicio de amparo y la competencia del órgano jurisdiccional que debe conocerlo están estrechamente relacionados, de tal manera que no es posible explicar la procedencia sin aludir a la competencia, cuando en una demanda de amparo directo, el acto reclamado se hace consistir en una sentencia de primer grado, debe analizarse, en primer lugar, lo relativo a la competencia del órgano jurisdiccional y después lo conducente a la procedencia del juicio, toda vez que un tribunal incompetente no está facultado para decidir sobre la procedencia del juicio de garantías, ni siquiera por economía procesal, de conformidad con lo sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, de rubro: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE. Lo anterior resulta congruente con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 47 de la Ley de Amparo, dado que no es jurídicamente correcto que un tribunal deseche la demanda de amparo, cuando es el Juez de Distrito el que debe conocer y resolver lo relativo a la procedencia del juicio de garantías. En ese sentido, las resoluciones que ponen fin al juicio son aquellas que, sin decidir el fondo del asunto, concluyen el proceso y respecto de las cuales puede proceder, o no, algún recurso que puede modificar su sentido. Por tanto, todo auto que tenga como efecto la conclusión del proceso -y que en su contra proceda o no, algún medio ordinario de impugnación- constituye una resolución que pone fin al juicio, para efectos del amparo directo, debiéndose precisar que en el caso de que la ley de la materia prevenga algún recurso ordinario, por medio del cual dicha determinación pueda ser modificada o revocada, es obligación del inconforme agotar dicho medio de impugnación. Sirve para ilustrar sobre las resoluciones que ponen fin al juicio, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 466, del tomo IV, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1989, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. SU SIGNIFICADO CONFORME A LAS REFORMAS DE LA LEY DE AMPARO. Es verdad que con anterioridad a las reformas que fueron efectuadas a la Constitución Federal, Ley de Amparo y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que entraron en vigor a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se establecía que sólo correspondía conocer a la Suprema Corte de Justicia o a los Tribunales Colegiados de Circuito según su respectiva competencia de los juicios de amparo promovidos contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometiera durante el procedimiento o en la sentencia misma, sin embargo, a raíz de dichas reformas se incluyó una nueva facultad de competencia exclusiva de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer, además de las sentencias definitivas o laudos, también de resoluciones que pongan fin al juicio, ahora bien, la palabra resolución empleada por el legislador en la nueva figura de competencia, resoluciones que pongan fin al juicio, no fue empleada como sinónimo de sentencia definitiva, por el contrario, se refirió a aquellas resoluciones que sin tener tal naturaleza ponen también fin al juicio, esto es, que puede tratarse de un simple auto o de una resolución interlocutoria. Lo común tanto a los autos definitivos como a las sentencias interlocutorias que ponen fin al juicio para efectos del caso que nos ocupa, estriba en que deben impedir o paralizar definitivamente la prosecución de éste, dándolo así por concluido. Tanto la doctrina como el legislador coinciden en que por resolución que pone fin al juicio debe entenderse, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por terminado y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario en su contra por lo que pueden ser modificadas o revocadas, por tanto indispensable es la reunión de todas estas características para que puedan ser consideradas como tales. De esta forma participan así dichas resoluciones de algunas de las características que contienen también las sentencias definitivas. Ahora, en el caso se advierte que los quejosos reclaman en esta instancia constitucional la resolución de seis de enero del año en curso, que resolvió el recurso de revocación, interpuesto contra el proveído de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, que desechó de plano la demanda de nulidad registrada con el número 526/2016-II del índice de la responsable. De lo precisado se desprende que el acto reclamado confirmó el desechamiento de plano de la demanda de nulidad promovida por la parte quejosa contra la Secretaría de Educación Pública del Estado y el Ayuntamiento de Tlaltenango, Zacatecas, al considerarse que se realizó de manera extemporánea. Así las cosas, atendiendo la naturaleza de la resolución reclamada, se advierte que este juzgado carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, pues se trata de una resolución emitida por un tribunal en materia administrativa que pone fin al juicio (desechamiento) y en la cual se agotó el recurso previsto en la ley de la materia, como lo es, el recurso de revocación que culminó con la emisión del acto reclamado, la cual debe ser reclamada en la vía directa. Sirve de sustento a lo anterior, por analogía, la tesis II.2o.C.T.12 K, Octava Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página 525 Febrero de 1995 del Semanario Judicial de la Federación del texto y rubro siguiente: RESOLUCION QUE PONE FIN AL JUICIO. LA CONSTITUYE EL AUTO QUE CONFIRMA EN APELACION EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA EN MATERIA CIVIL. Para los efectos del artículo 158, de la Ley de Amparo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados, entre otras autoridades, por Tribunales civiles, debiéndose entender por resoluciones que ponen fin al juicio, no únicamente las sentencias definitivas, sino las que, sin tener esta naturaleza, ponen también fin al juicio, esto es, puede tratarse de un simple auto que confirme el desechamiento de una demanda, lo cual implica necesariamente que se impide o paralice definitivamente la prosecución del juicio, y por ende, un auto de tal naturaleza constituye una resolución que pone fin al juicio. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 34 y 47 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo, pues, según se precisó, el acto reclamado que se analiza no es de la competencia de un Juzgado de Distrito, por no encuadrar en los supuestos de procedencia del amparo indirecto previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo, sino que, se insiste, se trata de una resolución que deriva de un diverso acto que puso fin al procedimiento natural, por lo que en términos del numeral 170 del citado ordenamiento legal, es materia de amparo directo. Sobre esa base, es de considerarse, salvo mejor determinación que al respecto emita la superioridad, que la competencia legal para resolver el presente asunto se surte en favor del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, se ordena remitir el original y sus copias, al órgano colegiado de referencia, para los efectos legales a que haya lugar, previo cuaderno de antecedentes que con copia del escrito de demanda, se deje en este juzgado; solicitando se sirva remitir el acuse de recibo respectivo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicitan los promoventes, se tienen como autorizados para oír y recibir notificaciones en los amplios términos del artículo 12 de la ley de la materia al licenciado Osvaldo Sánchez Casas, toda vez que tiene su cédula profesional número 2289000 registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y como domicilio para tal fin el ubicado en el callejón del Lazo, número ciento tres (103), zona centro, de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Josué Zacatecas, Zacatecas, dos de febrero de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Lorenzo Ramos Pérez y otros, contra actos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipio del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad; por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 109/2017-4, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. INCOMPETENCIA. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, considera carecer de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, conforme a lo dispuesto por los artículos 34, 47, 170 y 176 de la Ley de Amparo. En efecto, dichos preceptos legales establecen lo siguiente: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley.". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo.". "Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley." De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se deduce que contra las sentencias definitivas, laudos o resoluciones emitidas por autoridades judiciales, administrativas, agrarias o laborales que ponen fin al juicio es procedente el juicio de amparo en la vía directa, que es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito. De lo anterior se sigue que en caso de que en una demanda de amparo se reclame uno de los actos en análisis y ésta se presente ante un juez de Distrito, dicho juzgador deberá declararse legalmente incompetente y remitir la demanda al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Es sustento de lo anterior, en sentido contrario, la jurisprudencia P./J. 16/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, Novena Época, julio de dos mil tres, página diez, de rubro y texto: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA. De la interpretación sistemática de los artículos 46, 47 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende la definición de cuándo se está ante una sentencia definitiva para los efectos del juicio de amparo, cuál es el órgano competente para conocer de éste y cuál es la determinación que debe tomar cuando le es presentada una demanda de la que no puede conocer. Ahora bien, con base en que los supuestos de procedencia del juicio de amparo y la competencia del órgano jurisdiccional que debe conocerlo están estrechamente relacionados, de tal manera que no es posible explicar la procedencia sin aludir a la competencia, cuando en una demanda de amparo directo, el acto reclamado se hace consistir en una sentencia de primer grado, debe analizarse, en primer lugar, lo relativo a la competencia del órgano jurisdiccional y después lo conducente a la procedencia del juicio, toda vez que un tribunal incompetente no está facultado para decidir sobre la procedencia del juicio de garantías, ni siquiera por economía procesal, de conformidad con lo sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE.". Lo anterior resulta congruente con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 47 de la Ley de Amparo, dado que no es jurídicamente correcto que un tribunal deseche la demanda de amparo, cuando es el Juez de Distrito el que debe conocer y resolver lo relativo a la procedencia del juicio de garantías". En ese sentido, las resoluciones que ponen fin al juicio son aquellas que, sin decidir el fondo del asunto, concluyen el proceso y respecto de las cuales puede proceder, o no, algún recurso que puede modificar su sentido. Por tanto, todo auto que tenga como efecto la conclusión del proceso -y que en su contra proceda o no, algún medio ordinario de impugnación- constituye una resolución que pone fin al juicio, para efectos del amparo directo, debiéndose precisar que en el caso de que la ley de la materia prevenga algún recurso ordinario, por medio del cual dicha determinación pueda ser modificada o revocada, es obligación del inconforme agotar dicho medio de impugnación. Sirve para ilustrar sobre las resoluciones que ponen fin al juicio, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 466, del tomo IV, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1989, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. SU SIGNIFICADO CONFORME A LAS REFORMAS DE LA LEY DE AMPARO. Es verdad que con anterioridad a las reformas que fueron efectuadas a la Constitución Federal, Ley de Amparo y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que entraron en vigor a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se establecía que sólo correspondía conocer a la Suprema Corte de Justicia o a los Tribunales Colegiados de Circuito según su respectiva competencia de los juicios de amparo promovidos contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometiera durante el procedimiento o en la sentencia misma, sin embargo, a raíz de dichas reformas se incluyó una nueva facultad de competencia exclusiva de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer, además de las sentencias definitivas o laudos, también de resoluciones que pongan fin al juicio, ahora bien, la palabra "resolución" empleada por el legislador en la nueva figura de competencia, "resoluciones que pongan fin al juicio", no fue empleada como sinónimo de sentencia definitiva, por el contrario, se refirió a aquellas resoluciones que sin tener tal naturaleza ponen también fin al juicio, esto es, que puede tratarse de un simple auto o de una resolución interlocutoria. Lo común tanto a los autos definitivos como a las sentencias interlocutorias que ponen fin al juicio para efectos del caso que nos ocupa, estriba en que deben impedir o paralizar definitivamente la prosecución de éste, dándolo así por concluido. Tanto la doctrina como el legislador coinciden en que por resolución que pone fin al juicio debe entenderse, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por terminado y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario en su contra por lo que pueden ser modificadas o revocadas, por tanto indispensable es la reunión de todas estas características para que puedan ser consideradas como tales. De esta forma participan así dichas resoluciones de algunas de las características que contienen también las sentencias definitivas." Ahora, en el caso se advierte que los quejosos reclaman en esta instancia constitucional la resolución de seis de enero del año en curso, que resolvió el recurso de revocación, interpuesto contra el proveído de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, que desechó de plano la demanda de nulidad registrada con el número 526/2016-II del índice de la responsable. De lo precisado se desprende que el acto reclamado confirmó el desechamiento de plano de la demanda de nulidad promovida por la parte quejosa contra la Secretaría de Educación Pública del Estado y el Ayuntamiento de Tlaltenango, Zacatecas, al considerarse que se realizó de manera extemporánea. Así las cosas, atendiendo la naturaleza de la resolución reclamada, se advierte que este juzgado carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, pues se trata de una resolución emitida por un tribunal en materia administrativa que pone fin al juicio (desechamiento) y en la cual se agotó el recurso previsto en la ley de la materia, como lo es, el recurso de revocación que culminó con la emisión del acto reclamado, la cual debe ser reclamada en la vía directa. Sirve de sustento a lo anterior, por analogía, la tesis II.2o.C.T.12 K, Octava Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página 525 Febrero de 1995 del Semanario Judicial de la Federación del texto y rubro siguiente: "RESOLUCION QUE PONE FIN AL JUICIO. LA CONSTITUYE EL AUTO QUE CONFIRMA EN APELACION EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA EN MATERIA CIVIL. Para los efectos del artículo 158, de la Ley de Amparo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados, entre otras autoridades, por Tribunales civiles, debiéndose entender por resoluciones que ponen fin al juicio, no únicamente las sentencias definitivas, sino las que, sin tener esta naturaleza, ponen también fin al juicio, esto es, puede tratarse de un simple auto que confirme el desechamiento de una demanda, lo cual implica necesariamente que se impide o paralice definitivamente la prosecución del juicio, y por ende, un auto de tal naturaleza constituye una resolución que pone fin al juicio." Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 34 y 47 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo, pues, según se precisó, el acto reclamado que se analiza no es de la competencia de un Juzgado de Distrito, por no encuadrar en los supuestos de procedencia del amparo indirecto previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo, sino que, se insiste, se trata de una resolución que deriva de un diverso acto que puso fin al procedimiento natural, por lo que en términos del numeral 170 del citado ordenamiento legal, es materia de amparo directo. Sobre esa base, es de considerarse, salvo mejor determinación que al respecto emita la superioridad, que la competencia legal para resolver el presente asunto se surte en favor del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, se ordena remitir el original y sus copias, al órgano colegiado de referencia, para los efectos legales a que haya lugar, previo cuaderno de antecedentes que con copia del escrito de demanda, se deje en este juzgado; solicitando se sirva remitir el acuse de recibo respectivo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicitan los promoventes, se tienen como autorizados para oír y recibir notificaciones en los amplios términos del artículo 12 de la ley de la materia al licenciado Osvaldo Sánchez Casas, toda vez que tiene su cédula profesional número 2289000 registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y como domicilio para tal fin el ubicado en el callejón del Lazo, número ciento tres (103), zona centro, de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Josué"
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