Lorenzo Estrada Barrios

Expediente 1912/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 27 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1912/2015
Año
2015
Actuaciones
27
Última actuación
13/06/2017

Partes del expediente

  • Lorenzo Estrada Barrios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    El trece de junio de dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, CERTIFICO: Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; De igual forma, se hace constar que sí se aperturó incidente de suspensión, y que no se exhibió billete de depósito o alguna garantía que amerita proveer su destino. Que existen tomos de pruebas pendientes por devolver a la autoridad responsable Director Local Zacatecas de la Comisión Nacional de Agua, con sede en Guadalupe. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, trece de junio de dos mil diecisiete. Doy fe. El Secretario Lic. Jorge Martín Zamora González. En la misma fecha, el Secretario Jorge Martín Zamora González da cuenta a la Secretaria encargada del despacho del juzgado con el estado procesal que guardan los presentes autos, con la certificación que antecede y con un oficio registrado bajo el número 8003 y anexos que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a trece de junio de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña testimonio de la resolución pronunciada el ocho del mes y año en curso, en el amparo en revisión administrativo 227/2016, los autos del juicio de amparo indirecto 1912/2015; así como así la copia certificada del expediente administrativo número Z-SUB/05-0124, que en su oportunidad remitió la autoridad responsable Director Local Zacatecas de la Comisión Nacional de Agua, con sede en Guadalupe, en apoyo a su respectivo informe justificado. Acúsese el recibo de estilo, agréguese el cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Hágase del conocimiento de las partes que la Superioridad mediante la ejecutoria de mérito resolvió lo siguiente: [.] "PRIMERO. En la materia de la revisión se confirma la resolución recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Lorenzo Estrada Barrios, contra los actos y autoridades precisados en los resultandos primero y segundo de esta ejecutoria. [.] En atención a que el fallo de mérito no requiere ejecución material, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del mencionado acuerdo, se determina que el expediente original del incidente de suspensión relativo al expediente principal en que se actúa SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se negó la suspensión definitiva; además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Por último, devuélvase a la autoridad responsable la copia certificada del expediente administrativo número Z-SUB/05-0124, que en su oportunidad remitió en apoyo a su respectivo informe justificado. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, según oficio CCJ/ST/0433/2017, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Ajc.

  2. Principal

    En dieciocho de julio de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada María Concepción García Jacobo, da cuenta a la Juez con un oficio registrado con el número 13104.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de julio de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que comunica que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la resolución de tres de mayo de dos mil dieciséis, quedando registrado bajo amparo en revisión administrativo número 227/2016. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe. Cecy*

  3. Principal

    En veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, el licenciado Jesús Juan Carlos Rosales Cervantes, doy cuenta al secretario en funciones de Juez con un escrito registrado con el folio 9901 y seis copias del mismo.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por el licenciado Alberto Zárate Juárez, en su carácter de autorizado del quejoso LORENZO ESTRADA BARRIOS, por el que interpone recurso de revisión en contra de la resolución de tres de mayo del año en curso, en la que se sobreseyó el presente juicio. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89, y demás relativos de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia de mérito; distribúyanse entre las demás partes las copias del escrito de expresión de agravios exhibido, debiendo recabarse la constancia respectiva y dentro del término legal, remítase el original de estos autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta capital, para los efectos legales que procedan, debiendo acompañarse el original del escrito de expresión de agravios respectivo y copia del mismo para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Órgano Colegiado. Por tanto, una vez que obren las constancias relativas a la notificación a las partes del indicado fallo y del presente proveído, envíese este expediente al citado Órgano Colegiado, para la substanciación del indicado recurso de revisión. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 2a./J. 116/2004 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 306, Tomo XX, Septiembre de 2004 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido literal siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. El artículo 89 de la Ley de Amparo prevé que interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios conforme al artículo 88, el Juez de Distrito o el superior del tribunal que haya cometido la violación reclamada en los casos a que se refiere el artículo 37, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, así como el original del propio escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público Federal. De la interpretación del indicado artículo 89, en relación con las reglas de interposición y tramitación del recurso de revisión previstas en los artículos 83 a 86 y 88 a 90 de la Ley de Amparo, así como con la intención que tuvo el legislador al realizar las reformas a esa Ley, que quedaron plasmadas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de enero de 1984, y que están orientadas al cumplimiento de la garantía de justicia eficaz, pronta y expedita, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el plazo de veinticuatro horas a que se refiere el citado artículo 89 debe correr a partir de que el expediente se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren en él las constancias de notificación a las partes de la resolución o sentencia recurrida y del auto por el que el Juez de Distrito tiene por interpuesta la revisión y ordena correr traslado de la misma, con copia del escrito de agravios". Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado Jesús Juan Carlos Rosales Cervantes, Secretario que autoriza y da fe. Cecy*

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1912/2015-2; y, R E S U L T A N D O: 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el catorce de octubre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, LORENZO ESTRADA BARRIOS, por su propio derecho, formuló demanda de amparo indirecto, contra las autoridades, actos y por violación a los derechos humanos contenidos en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: Autoridades Responsables Director Local en Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Guadalupe, Zacatecas. Director del Registro Público de Derechos de Agua, de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Torreón, Coahuila. Actos reclamados: "1. Al Director Local Zacatecas, le reclamo: a). La ilegal privación de mis derechos de agua, que tiene reconocido el suscrito, en el padrón de usuarios de la Unidad de Riego denominada "Las Auras No. 30", por un volumen de 42,000m3 (cuarenta y dos mil metros cúbicos) de agua, que se encuentran comprendidos dentro del título de concesión número 07ZAC115231/37AMDL12, sin que haya mediado procedimiento legal o administrativo ni transmisión de derechos de agua, por parte del suscrito, en favor de persona alguna; y b). La falta de respuesta a mi escrito presentado el día 18 de septiembre de 2015, en el que solicito copias certificadas del Título de concesión del cual soy socio, del padrón de usuarios, y del expediente administrativo, relativo a los derechos de agua en mi favor. 2. Al Director del Registro Público de Derechos de Agua, le reclamo la inscripción que haya realizado o que pretenda realizar, respecto de la modificación que haya sufrido o pudiera sufrir el Padrón de Usuarios, en relación al título de concesión de aguas 07ZAC115231/37AMDL12, otorgada a la Unidad de Riego denominada "Las Auras No. 30", de la cual soy socio." Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como derechos humanos violados, los contemplados en el artículo 8 constitucional y 32 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, previo cumplimiento al requerimiento de quince de octubre de dos mil quince, en el sentido de acreditar la personalidad de Presidente de la Unidad de Riego "Las Auras", su titular dictó proveído el veinte de octubre de dos mil quince, en que ordenó su admisión y registro con el número 1912/2015; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio intervención al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. 3°. Trámite de la ampliación de la demanda de amparo. Por escrito recibido el diez de diciembre de dos mil quince, signado por Lorenzo Estrada Barrios, amplió la demanda de amparo respecto de nuevos actos atribuidos a las autoridades señaladas en su demanda de amparo y que fueron: "a). Al Director Local Zacatecas, de la Comisión Nacional del Agua; le reclamo la convalidación del acta de asamblea de fecha nueve de septiembre de 2014, de la Unidad de Riego denominada "Las Auras No. 30", presentada ante esa dependencia el 07 de octubre de 2015, mediante la cual se hace la transmisión de los derechos de agua al C. PANFILO SÁNCHEZ VELÁZQUEZ. Asimismo, la cancelación del título 07ZAC115231/37AMDL12, expedido en favor de la Unidad de Riego, señalada, de la cual soy socio; y como consecuencia de lo anterior, la expedición del título 07ZAC115231/37AMDL15, expedido en favor del C. PÁNFILO SÁNCHEZ VELÁZQUEZ. b). Al Director del Registro Público de Derechos de Agua, Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua, con domicilio ampliamente conocido en Torreón, Coahuila, le reclamo el registro de las modificaciones que sufrió el título primigenio por la transmisión de derechos, así como el registro del nuevo titular a favor de PÁNFILO SÁNCHEZ VELÁZQUEZ, por un volumen de 378,000.00 m3 de agua." Mediante proveído de once de diciembre de dos mil quince, se tuvo al quejoso, por ampliando su demanda respecto de los nuevos actos reclamados de Director Local en Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Guadalupe, Zacatecas y Director del Registro Público de Derechos de Agua, de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Torreón, Coahuila; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de privación y omisivos residentes dentro de la demarcación territorial en que este juzgado federal ejerce jurisdicción. II. Precisión del acto reclamado. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme las jurisprudencias del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y su ampliación que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: Al Director Local Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, le reclama: 1). La ilegal privación de sus derechos de agua, en el padrón de usuarios de la Unidad de Riego denominada "Las Auras No. 30". 2). La falta de respuesta a su escrito presentado el dieciocho de septiembre de dos mil quince, en el que solicito copias certificadas del Título de concesión del cual es socio, del padrón de usuarios y del expediente administrativo, relativo a los derechos de agua. Al Director del Registro Público de Derechos de Agua, le reclama la inscripción que haya realizado o que pretenda realizar, respecto de la modificación que haya sufrido o pudiera sufrir el Padrón de Usuarios, en relación al título de concesión de agua 07ZAC115231/37AMDL12, otorgada a la Unidad de Riego denominada "Las Auras No. 30", de la cual es socio. A su vez, los actos materia de la ampliación de demanda de amparo son: Al Director Local Zacatecas, de la Comisión Nacional del Agua: a). La convalidación del acta de asamblea de nueve de septiembre de dos mil catorce, de la Unidad de Riego denominada "Las Auras No. 30", presentada ante esa dependencia el siete de octubre de dos mil quince, mediante la cual se hace la transmisión de los derechos de agua a favor de Pánfilo Sánchez Velázquez. b). La cancelación del título 07ZAC115231/37AMDL12, expedido en favor de la Unidad de Riego citada, de la cual es socio y como consecuencia de lo anterior, la expedición del título 07ZAC115231/37AMDL15, expedido en favor de Pánfilo Sánchez Velázquez. Al Director del Registro Público de Derechos de Agua, Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Torreón, Coahuila, le reclama el registro de las modificaciones que sufrió el título primigenio por la transmisión de derechos, así como el registro del nuevo titular a favor de Pánfilo Sánchez Velázquez. III. Existencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez precisados los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará su inexistencia, certeza o presunción, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." IV. Certeza de los actos. La autoridad responsable Director Local Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Guadalupe, Zacatecas, al rendir su informe justificado relativo a la demanda de amparo, informó lo siguiente: Que en relación al acto reseñado en el punto número 1), es parcialmente cierto, ya que dentro del expediente administrativo marcado con el número Z-SUB/05-0124 integrado a nombre de la Unidad de Riego "Las Auras No. 30", se encontró anexa el acta de asamblea extraordinaria (transmisión de derechos), de nueve de septiembre de dos mil catorce y recibida en la ventanilla única de esa dependencia el siete de octubre de dos mil catorce, en la cual se asentó que el padrón de usuarios se encuentra conformado por un miembro y derivado de ello, se realizó solicitud de trámite de transmisión de derechos. Que en lo referente al acto sintetizado en el punto número 2), señaló que derivado de la búsqueda realizada en los archivos de esa dependencia, se verificó que en relación a la solicitud presentada por el quejoso ante esa Dirección, se dio contestación mediante oficio marcado con el número B00.932.00.1.244.7169 de veintitrés de septiembre de dos mil quince y notificada el día veintiocho del mismo mes y año, según constancia de notificación agregada. Asimismo, indicó que mediante oficio número B00.932.00.1.244.8089 de veintidós de octubre de dos mil quince y notificado el veintiséis del mismo mes y año, se emitió por segunda ocasión respuesta a dicha solicitud, anexando constancia de su notificación respectiva. Por su parte, la diversa autoridad Director del Registro Público de Derechos de Agua, de la Comisión Nacional del Agua, por conducto del Director de Asuntos Jurídicos, con residencia en Torreón, Coahuila, al rendir su informe justificado, relativo a la demanda de amparo, señaló que es parcialmente cierto el acto, argumentando que el tres de septiembre de dos mil quince se efectuó inscripción en la base de datos del título de concesión número 07ZAC115231/37AMDL12 emitido a nombre de Unidad de Riego denominada "Las Auras No. 30", para cuyo efecto se generó el título de concesión número 07ZAC115231/37AMDL15 a nombre de Pánfilo Sánchez Velázquez. En otro sentido y en lo relativo a la ampliación de demanda de amparo, la autoridad responsable Director Local Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Guadalupe, Zacatecas, al rendir su informe justificado, precisó que el trámite relativo a la transmisión de derechos concluye con la inscripción al Registro Público de Derechos de Agua, por lo que, el diecinueve de octubre de dos mil quince, se notificó a Pánfilo Sánchez Velázquez el contenido de la resolución número B00.932.01-1372/2231 de doce de mayo de dos mil quince, así como la hoja de registro de tres de septiembre de dos mil quince, ambos relativos al trámite de transmisión de derechos efectuado entre la Unidad de Riego y Pánfilo Sánchez Velázquez, misma que se encuentra ajustada a derecho. A su vez, la responsable Director del Registro Público de Derechos de Agua, de la Comisión Nacional del Agua, por conducto del Director de Asuntos Jurídicos, con residencia en Torreón, Coahuila, en su comunicado de ley, señaló que es cierto el acto atribuido, agregando que el tres de septiembre de dos mil quince, se efectuó inscripción en las bases de datos del título de concesión número 07ZAC115231/37AMDL12 emitido a nombre de Unidad de Riego denominada "Las Auras No. 30", para cuyo efecto se generó el título de concesión número 07ZAC115231/37AMDL15 a nombre de Pánfilo Sánchez Velázquez. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Asimismo, es de precisarse que con el contenido de los informes justificados, su ampliación y anexos, mediante proveídos de tres de diciembre de dos mil quince y tres de febrero de dos mil dieciséis y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordenó dar vista al quejoso, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, hasta antes de la audiencia constitucional, sin que haya hecho manifestación alguna. V. Improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo, del artículo 62 de la Ley de Amparo vigente y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Por razón de método de estudio, se analizará en primer término, el acto reclamado al Director Local Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, consistente en la falta de respuesta a su escrito presentado el dieciocho de septiembre de dos mil quince, en el que solicito copias certificadas del Título de concesión del cual es socio, del padrón de usuarios y del expediente administrativo, relativo a los derechos de agua. Atendiendo a lo anterior, la suscrita resolutora advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa cobró vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual, en lo conducente, establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Acorde a lo anterior tenemos que de una correcta interpretación del contenido de los artículos 6,1 fracción XXI, y 77, ambos de la Ley de Amparo se desprende que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado se actualice, no basta que la autoridad responsable en su caso, derogue, revoque o nulifique el acto que se le reclame sino que es necesario que los actos, consecuencias y efectos emanados del reclamo constitucional, queden superados en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del quejoso, o en su defecto, que habiéndola transgredido, la cesación que sobrevenga no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia a que se ha hecho mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá porque ya no existe, además de que no dejó secuela alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, del análisis de las constancias que remitió la Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección Local en Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Guadalupe, Zacatecas, se desprende que derivado de la búsqueda realizada en los archivos de esa dependencia, se verificó que en relación a la solicitud presentada por el quejoso ante esa Dirección, se dio contestación mediante oficio marcado con el número B00.932.00.1.244.7169 de veintitrés de septiembre de dos mil quince y notificada el día veintiocho del mismo mes y año, según constancia de notificación agregada. Asimismo, indicó que mediante oficio número B00.932.00.1.244.8089 de veintidós de octubre de dos mil quince y notificado el veintiséis del mismo mes y año, se emitió por segunda ocasión respuesta a dicha solicitud, anexando constancia de su notificación respectiva. Así las cosas, las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que de las constancias aludidas se advierte que durante la substanciación del presente juicio constitucional y antes de la celebración de la audiencia constitucional, la autoridad responsable Dirección Local en Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, mediante oficio número B00.932.00.1.244.8089 de veintidós de octubre de dos mil quince y notificado el veintiséis del mismo mes y año, se emitió por segunda ocasión respuesta a la solicitud, presentada por el quejoso el veinticinco de septiembre de dos mil quince, anexando constancia de su notificación respectiva; por ende, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos de los actos impugnados en esta instancia constitucional. Lo anterior encuentra apoyo por analogía en la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la ley reglamentaria en consulta, procede SOBRESEER en el juicio promovido por LORENZO ESTRADA BARRIOS, por su propio derecho, respecto del acto reclamado consistente en la falta de respuesta a su escrito presentado el dieciocho de septiembre de dos mil quince, en el que solicito copias certificadas del Título de concesión del cual es socio, del padrón de usuarios y del expediente administrativo, relativo a los derechos de agua. En otro sentido, se procederá al estudio integral de los restantes actos reclamados y sus consecuencias, que se hicieron consistir en: Al Director Local Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, le reclama: 1). La ilegal privación de sus derechos de agua, en el padrón de usuarios de la Unidad de Riego denominada "Las Auras No. 30". 2). La convalidación del acta de asamblea de nueve de septiembre de dos mil catorce, de la Unidad de Riego denominada "Las Auras No. 30", presentada ante esa dependencia el siete de octubre de dos mil quince, mediante la cual se hace la transmisión de los derechos de agua a favor de Pánfilo Sánchez Velázquez. 3). La cancelación del título 07ZAC115231/37AMDL12, expedido en favor de la Unidad de Riego citada, de la cual es socio y como consecuencia de lo anterior, la expedición del título 07ZAC115231/37AMDL15, expedido en favor de Pánfilo Sánchez Velázquez. Al Director del Registro Público de Derechos de Agua, le reclama: a). La inscripción que haya realizado o que pretenda realizar, respecto de la modificación que haya sufrido o pudiera sufrir el Padrón de Usuarios, en relación al título de concesión de agua 07ZAC115231/37AMDL12, otorgada a la Unidad de Riego denominada "Las Auras No. 30", de la cual es socio. b). El registro de las modificaciones que sufrió el título primigenio por la transmisión de derechos, así como el registro del nuevo titular a favor de Pánfilo Sánchez Velázquez. En el caso, este Juzgado de Distrito de manera oficiosa considera que en lo referente a los actos reclamados ya citados, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII en relación con el 5°, fracción I, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, los artículos 61, fracción XII y 5°, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; En los demás casos en que la improcedencia resulte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Y "Artículo Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El referido artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que el quejoso es parte en el juicio de amparo; que tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de dicho ordenamiento legal y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la propia ley, lo mismo que contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Cabe destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 69/2002-SS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo, Cuarto y Décimo Tercero, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, en lo que interesa, precisó que la doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo, tienen, sin embargo, un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparado; en otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado, cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. Las características que permiten identificarlo, son: Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante. Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo. Debe existir una afectación a la esfera jurídica del particular. El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho. Es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante. La anulación del acto de autoridad, que en su caso resulte, produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. Así, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico; esto es, el interés legítimo es aquel que tienen aquellas personas que, por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser los destinatarios de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el orden jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. El interés legítimo existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos. Al respecto sirve de sustento, en lo conducente, la tesis de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." Ahora bien, procede evidenciar, por qué los actos reclamados, no afectan la esfera de interés jurídico de la parte quejosa. A fin de establecer un panorama de referencia, es pertinente precisar cuáles son los antecedentes de los actos materia del presente juicio de amparo y que derivan del expediente administrativo número Z-SUB/05-0124 integrado a nombre de la Unidad de Riego "Las Auras No. 30" y que son: 1). En principio, obra agregada el acta de asamblea extraordinaria (transmisión de derechos) de fecha nueve de septiembre de dos mil catorce y recibida en la ventanilla única de la Dirección Local en Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, el siete de octubre de dos mil catorce. 2). Que en dicha acta se asentó que el padrón de usuarios se encontraba conformado por un miembro de nombre Panfilo Sánchez Velázquez. 3). Que el tres de septiembre de dos mil quince, la Dirección del Registro Público de Derechos de Agua del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua, efectuó inscripción en las bases de datos del título de concesión número 07ZAC115231/37AMDL12 emitido a nombre de Unidad de Riego denominada "Las Auras No. 30". 4). Que derivado de ello, se generó el título de concesión número 07ZAC115231/37AMDL15 a nombre de Pánfilo Sánchez Velázquez, expedido por el Registrador adscrito al Registro Público de Derechos de Agua. Procedimiento que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. En otro aspecto, a fin de evidenciar el porqué se ha arribado a la determinación tomada, resulta pertinente recordar que el quejoso Lorenzo Estrada Barrios se ostenta como socio integrante de la Unidad de Riego "Las Auras No. 30", dentro del título de concesión 07ZAC115231/37AMDL12. Con la finalidad de acreditar su interés jurídico, la parte quejosa exhibió como pruebas de su intención, las siguientes: 1. Copia simple de un título de concesión número 07ZAC115231/37AMDL12 y sus condiciones generales, expedido a nombre de la Unidad de Riego Las Auras "No. 30", el uno de marzo de dos mil doce, por el Director Local en Zacatecas, de la Comisión Nacional del Agua; documento que se recabó en copia certificada, mismo que obra a foja 204 de autos. 2. Copia simple de su respectiva inscripción el Registro Público de Derechos de Agua, de ocho de agosto de dos mil doce y que se obtuvo en copia certificada, el cual obra agregado a foja 207. 3. Copia simple del acta constitutiva de la Unidad de Riego denominada Las Auras No. 30, celebrada el ocho de junio de mil novecientos noventa y nueve, que consta de 10 fojas, visible del folio 11 al 20 del sumario. Ahora bien, este Tribunal Federal estima que el peticionario de garantías LORENZO ESTRADA BARRIOS no demostró que los actos reclamados consistentes en la ilegal privación de sus derechos de agua, en el padrón de usuarios de la Unidad de Riego denominada "Las Auras No. 30", la convalidación del acta de asamblea de nueve de septiembre de dos mil catorce, la cancelación del título 07ZAC115231/37AMDL12 y la inscripción realizada, todos respecto de la modificación expedido en favor de la citada Unidad, bajo el argumento de que tiene la calidad de socio integrante de la Unidad de Riego "Las Auras No. 30", dentro del título de concesión 07ZAC115231/37AMDL12, le afecte su interés jurídico, ya que para acreditar dicho carácter, lo pretendió hacer con las documentales antes relatadas, sin embargo, tales elementos de prueba resultan insuficientes para acreditar esa titularidad que ostenta sobre la Unidad de Riego de referencia, acorde a las siguientes consideraciones: En lo relativo a las copias simples del acta constitutiva de la Unidad de Riego denominada Las Auras No. 30, celebrada el ocho de junio de mil novecientos noventa y nueve, reseñada en el punto 3, de la que según se observa tiene la calidad de socio, por aparecer su nombre como usuario, quien aceptó la constitución de la Unidad de Riego para el desarrollo rural, carecen de valor probatorio, aun cuando no se hubiera objetado su autenticidad, toda vez que al faltar la firma autógrafa y no tratarse de copias certificadas, no es posible presumir su conocimiento, pues dichas probanzas por sí solas y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden confeccionar, y por ello, es menester adminicularlas con algún otro medio que robustezca su fuerza probatoria. Resultan aplicables, las Jurisprudencias de rubros y textos siguientes: "DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE. No se puede otorgar valor probatorio aun cuando no hayan sido objetadas en cuanto a su autenticidad, las copias simples de un documento, pues al no tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su conocimiento, pues dichas probanzas por sí solas, y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden confeccionar, por ello, es menester adminicularlas con algún otro medio que robustezca su fuerza probatoria, razón por la que sólo tienen el carácter de indicio al no haber sido perfeccionadas." "COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES, CARECEN DE VALOR PROBATORIO SI NO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON ALGUNA OTRA PRUEBA. Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su autenticidad, toda vez que al faltar la firma autógrafa y no tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su conocimiento, pues dichas probanzas por sí solas y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden confeccionar, y por ello, es menester adminicularlas con algún otro medio que robustezca su fuerza probatoria." Por otra parte, en lo relativo a las documentales reseñadas en los puntos 1 y 2, de las que se recabó copia certificadas, es de indicarse, que si bien se está en presencia de documentos públicos, también lo es que, lo único que justifican es que se expidió el título de concesión 07ZAC115231/37AMDL12 y sus condiciones generales, a nombre de la Unidad de Riego Las Auras "No. 30", el uno de marzo de dos mil doce, por el Director Local en Zacatecas, de la Comisión Nacional del Agua y que se procedió a su inscripción el Registro Público de Derechos de Agua, de ocho de agosto de dos mil doce; sin embargo, no tienen el alcance de demostrar que el aquí quejoso LORENZO ESTRADA BARRIOS, tiene o haya tenido, la calidad de socio, de la citada Unidad de Riego, por lo que, resultan insuficientes para justificar el interés jurídico en el presente juicio de amparo. En ese orden de ideas, debe decirse que contrario a lo manifestado por el quejoso Lorenzo Estrada Barrios, la calidad de socio de la Unidad de Riego Las Auras "No 30", no quedó legalmente demostrada con algún medio probatorio, existente en el sumario, del que se desprendiera que efectivamente LORENZO ESTRADA BARRIOS, sea o haya sido socio de dicha Unidad. Bajo este marco jurídico, deviene lógica, natural, jurídica y consecuentemente palpable la actualización de la causal de improcedencia que se encuentra contemplada por el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por falta de interés jurídico del quejoso para promover el juicio de amparo en que se actúa, motivo por el cual con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, del cuerpo de leyes en consulta, se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por LORENZO ESTRADA BARRIOS, por su propio derecho. Al haber resultado fundada la causal de improcedencia que determinó el sentido de esta resolución, es innecesario ocuparse de la diversa que alegó el Director del Registro Público de Derechos de Agua, de la Comisión Nacional del Agua, por conducto del Director de Asuntos Jurídicos, con residencia en Torreón, Coahuila, al rendir su informe justificado, porque ello no cambiaría el sentido de lo aquí decidido. Sirve de apoyo la jurisprudencia que dice: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". En el entendido de que el sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo en cuanto a los actos reclamados a la autoridad ejecutora Director del Registro Público de Derechos de Agua, de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Torreón, Coahuila, al no impugnarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido LORENZO ESTRADA BARRIOS, por su propio derecho, contra las autoridades responsables y en cuanto a los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado Jesús Juan Carlos Rosales Cervantes, hoy tres de mayo de dos mil dieciséis, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe. L'JMZG

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