Lorenzo Ramírez Rivas
Expediente 833/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 833/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Lorenzo Ramírez Rivas
- Agustina López Guzmán
- Rosa Herlinda Dozal Ibañez
- José María García Macías
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguese el oficio signado por la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, para que obre como legalmente corresponda. Acuerdo. Atento a su contenido, téngasele informando las gestiones tendentes para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, de conformidad con el artículo 193, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Requerimiento. En tales condiciones, se requiere a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, para que en el término de tres días, contados a partir de que sea legalmente notificada de este proveído, informe a este órgano jurisdiccional el cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, o en su defecto comunique las gestiones que realiza, en el entendido que de ser omiso sobre el particular, en el tiempo concedido para tal efecto o de no informar la causa legal o material que se lo impida, se hará efectivo el apercibimiento decretado en autos. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad que en caso de no cumplir con este mandato, sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258, 192 y 193 todos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a la unidad de medida y actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicado por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Finalmente, reitérese al actuario judicial que le corresponda la entrega del oficio respectivo, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido por los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; once de agosto de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la secretaria de acuerdos adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que se desechó el recurso de revisión laboral interpuesto en contra del auto de siete de julio de dos mil veintiuno; el cual quedó registrado con el número 196/2021 de su índice. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguese para efectos de control el oficio remitido por la autoridad responsable Subdirector Ejecutivo de lo Contencioso en representación del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, toda vez que el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido un oficio en el mismo sentido, y se acordó lo conducente. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; siete de julio de dos mil veintiuno. Radicación. Visto lo de cuenta, se recibe la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel Gallardo Rodríguez, Rosa Herlinda Dozal Ibañes, María del Carmen Luján Orozco, María del Rosario Hernández Nájera, Lorenzo Ramírez Rivas, Carmen Carrillo Nava, José María García Macías, Leonor Leticia Saltijeral Loera, Reyes Hernández Ibarra, Rafael Moreno Salas, María Silvia Morán Rodríguez, Ramón Rodríguez Armendáriz, Estela García Macías, Luis Oracio García Goytia, María Valverde García, Jorge Carrillo Castillo, Adolfo Fiscal Nava, Paulina Domínguez Varela, Víctor Manuel Arroyo Rivera, Humberto Roldán Andrade, Lucía Teresa Gamero Duéñez, Celina Vázquez Cruz, Francisco Javier Silva Galindo, Ivvone Patricia Elizalde Peraza, Juan Ruvalcaba García, Rubén Villarreal Jiménez, Jesús García Agüero, Agustina López Guzmán, Gloria Holguín Talamantes, Carlos Rodríguez Morales, Socorro Sánchez García, Hilaria Cano Díaz, Emilia Payán Saldaña, Abdón Salazar Duarte, Berthina Barraza Carrillo, Antonio Urbina Ángel, María Esther Lerma Guerra y Rebeca Castillo Moya, por conducto de su apoderado legal Iván Alejandro Martínez Villarreal, contra actos de la Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Fórmese el expediente respectivo y regístrese con el número 833/2021-V-B, que es el que le corresponde. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, esencialmente, el proveído de dos de junio de dos mil veintiuno, dictado en los autos del juicio laboral 1658/2018, a través del cual la Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, declinó competencia a favor del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México, a fin que conociera de ese asunto. En ese sentido, este juzgado federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que se trata. El artículo 113 de la Ley de Amparo, autoriza a este órgano jurisdiccional a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causal de improcedencia que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Una vez examinado el acto reclamado, se obtiene que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto.". Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que no obstante que en la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, de manera destacada el legislador introdujo la posibilidad de combatir actos de autoridad en los que se determine inhibir o declinar la competencia, ello no significa, de facto, que el juicio de amparo resulte procedente. Ese Alto Tribunal del país sostuvo que la "competencia" se entiende como el conjunto de facultades que la ley otorga a una autoridad para actuar en un determinado sentido. Esto es, es un presupuesto de validez de todo acto, procedimiento o juicio. Se trata de una condición necesaria para que se pueda desarrollar un procedimiento o un proceso judicial. En este último caso, la autoridad tiene la obligación de comprobar que está facultada para resolver un determinado conflicto de intereses y, de no ser así, debe declararse de oficio incompetente. Adicionalmente, las partes tienen la facultad para cuestionar la competencia de una autoridad administrativa o jurisdiccional, a través de la declinatoria y la inhibitoria. La declinatoria se plantea ante la autoridad que está conociendo del asunto, solicitando que se abstenga de conocer de éste y envíe el expediente correspondiente a la que se considera competente. Por otro lado, la inhibitoria se plantea ante la autoridad que no está conociendo del asunto, pero que se estima competente, solicitándole que, mediante oficio, se dirija a la autoridad que está conociendo del asunto, pero que se estima incompetente, con el objeto de que se inhiba en su conocimiento, y remita los autos correspondientes. En ambos supuestos, se pueden dar diversos resultados, dependiendo de los cuales, se determinará la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto. Los supuestos pueden ser los siguientes: 1. Si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó la declinatoria se declara incompetente, debe remitir los autos a la autoridad o tribunal que considere que lo es; sin embargo, esta última puede aceptar la competencia declinada o rechazarla. Si se da lo primero, se avocará al conocimiento del asunto. Si se da lo segundo, regresará el asunto a la autoridad declinante para que ella siga conociendo del mismo. 2. Por otro lado, en la cuestión de competencia por inhibitoria, si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó considera que es competente, dirigirá un oficio a la autoridad o tribunal que esté conociendo del asunto, solicitándole que se abstenga de ello y remita los expedientes del caso; sin embargo, esta autoridad o tribunal también puede aceptar o rechazar inhibirse en el conocimiento respectivo. Si acepta, remitirá los autos a la primera. Si rechaza la inhibitoria, entonces continuará conociendo del asunto. Así, ya sea que una autoridad o tribunal se declare incompetente para conocer de un determinado asunto, o bien, que ello sea consecuencia de la formulación de una cuestión competencial, como las referidas, en cualquier caso existe un trámite que debe llevarse a cabo dentro del procedimiento o juicio e incluso, existen medios de defensa ordinarios que deben agotarse -cuando estén previstos-, y no será hasta que la primera de las condiciones se actualice o, en su caso, se interpongan y se resuelvan los recursos correspondientes cuando podrá considerarse que el acto de que se trata es definitivo y, por ende, ponderar si produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado, lo que se actualizará, en el caso a examen, hasta que la autoridad a favor de la cual se declina competencia, la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria). Además, en una cuestión de competencia están involucradas al menos dos autoridades, y cada una de ellas puede determinar si acepta o rechaza la competencia que le fue planteada por la otra; y el hecho de que el numeral en examen expresamente no lo determine así, no significa que sea posible impugnar cada una de las decisiones que las autoridades van tomando en el trámite de esas cuestiones, porque ello implicaría asumir una interpretación que no es congruente con los principios rectores del juicio de amparo contenidos en la Carta Magna, ni así tampoco con uno de los fines que previó el legislador en la reforma en materia de amparo, que tiene que ver, precisamente, con la necesidad de no obstaculizar el desarrollo de los procedimientos ordinarios. Así, cuando una de las partes en un procedimiento ordinario tiene la pretensión de que sea una determinada autoridad u órgano jurisdiccional el que conozca del asunto, y no otra, la afectación se produce cuando la autoridad correspondiente llega a la determinación de que es competente y acepta la competencia declinada, o bien, acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto. Dicho de otro modo, en la cuestión de competencia por declinatoria, cuando la autoridad correspondiente considera que, efectivamente, no es competente, emitirá una declaratoria. Asimismo, en el caso de la inhibitoria, si la autoridad o tribunal que no está conociendo del asunto estima que sí es competente, solicitará a la que conozca de aquel que se inhiba. No obstante, la declaratoria o la solicitud en uno u otro caso, no constituyen aún determinaciones susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, ya que ello se estaría supeditando a un acto cuya afectación no se ha materializado, porque las decisiones mediante las cuales una autoridad declina competencia a favor de otra, o requiere a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto, no tiene como consecuencia forzosa la aceptación de la competencia, sea por declinatoria o inhibitoria, porque bien podría darse el caso de que se rechace aquélla y será hasta en ese momento cuando se produzca una afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. En ese sentido, será hasta ese momento cuando la incidencia en los derechos de los gobernados cobre una especial relevancia, con independencia de que la incompetencia sea por razón de la vía, del fuero, de la materia o del territorio, ya que si bien alguna de ellas podría traer como consecuencia que un procedimiento o juicio se tramite no sólo por una autoridad incompetente sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde; la afectación personal y directa que representa una cuestión competencial, en los términos indicados, se produce precisamente cuando tales actos en los que se determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, sean aquellos en los que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria) y no antes. En suma, el Máximo Tribunal del país concluyó que para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta o bien la rechace y no antes. Ahora, en el caso, debe señalarse que el acto reclamado, consistente en el auto a través del cual la junta responsable "declinó competencia" a favor del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México, a fin que conociera del juicio subyacente, no es de los definitivos a que se refiere la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, conforme a los postulados del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014. Es así, pues la determinación reclamada, no es de aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta -en el caso de la competencia por declinatoria-, o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto -en el caso de la competencia por inhibitoria-, porque según lo expuesto por el Máximo Tribunal del país, es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, en términos del artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. Por consiguiente, conforme a los postulados del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando el acto reclamado no es definitivo, el juicio de amparo es improcedente, y se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, ya que la jurisprudencia del Alto Tribunal del país fijó el alcance del supuesto de procedencia mencionado en éste último numeral. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 21, agosto de 2015, tomo I, página 5, que dispone lo siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas". De ahí que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción VIII de la Ley de Amparo, y con relación al artículo 113 ya invocado, se desecha la demanda de amparo por su notoria improcedencia. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3º, párrafo octavo de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Autorizados. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ramsés Amilkar Barajas Villalobos, Omar Clemente Estrada Reyes y José Carlos Muñoz Fernández, toda vez que se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; asimismo, únicamente para oír y recibir notificaciones a Claudia Estela Sánchez Ruvalcaba. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notificación personal. Notifíquese personalmente este acuerdo a la parte quejosa, para tal efecto, el actuario deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico con ésta, para lo cual debe hacer uso de la sana distancia y empleando equipamiento proporcionado para ello, incluso dispensándose que estampe su firma en la constancia actuarial, siempre y cuando el fedatario se cerciore que habló con ella y le explicó los alcances del contenido del presente auto, para lo cual se autoriza el uso de todos los avances tecnológicos de ser necesario, incluso, desde luego, el correo, teléfono, video llamada, por lo que debe elaborar constancia pormenorizada, lo anterior, para evitar la propagación y contagio del virus que afecta a la población en general. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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