Lorenzo Arturo Martínez Berecochea

Expediente 568/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
568/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
11/08/2021

Partes del expediente

  • Lorenzo Arturo Martínez Berecochea
  • Gloria Esther Parra Romero
  • Alfredo Barajas Ibarra
  • Miguel Flores Moreno
  • María Maura Gómez Elías
  • Gloria Castillo Cortes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; once de agosto de dos mil veintiuno. Oficio. Se tiene por recibido el oficio remitido por la Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y atento a su contenido, se manda agregar sin mayor proveído, debido a que el cinco de agosto de dos mil veintiuno, se archivó el presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; cinco de agosto de dos mil veintiuno. Ejecutoria. Visto lo de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia que sobreseyó en el presente juicio, motivo por el cual lo conducente en el caso es, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. Sin que se provea respecto del incidente de suspensión, toda vez que no se aperturó el mismo. Anotaciones y archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  3. Principal

    VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el once de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, Ramsés Amilkar Barajas Villalobos e Iván Alejandro Martínez Villarreal, en su calidad de apoderados jurpídicos de los quejosos Francisco Javier Cervantes Acosta, Lorenzo Arturo Martínez Berecochea, Miguel Flores Moreno, María Juana Arellano Morales, Perla Rosalía Tamayo Zepeda, María Candelaria Pacheco Dagnino, Cruz Cielo Aldame Pérez, Francisco Osuna Rodríguez, José Alfredo Santana Jiménez Alapizco, María Dolores Escalante Cota, Rita Mirella Valdez Torres, Ramón Manuel Millán Barrón, José Francisco Molina Chávez, Laura Elena Gutiérrez Garate, Teresita de Jesús Rivera López, Rosalía Guadalupe Barrancas Cásarez, Oscar Esquivel del Valle, Jesús Bernal Garduño, Camila Hernández Albino, Salustino Blanco Castro, David Sánchez Rivera, Narciso Serrano Franques, José Raúl Arana Stephens, María Maura Gómez Elías, María Isabel de la Cruz Velázquez, Gloria Esther Parra Romero, Fráncico Cervantes Arreola, Gloria Castillo Cortés, Alfredo Barajas Ibarra, Nohemí Elizabeth Bentacourt Villa, Patricia Margarita Ortiz Altamirano, Silvia Elizabeth Aguirre Gómez, Ma. de Jesús Partida Ruiz, Ma. Hilaria Barrera Rocha, José María Gutiérrez Meza, Ma. Concepción Gómez López, Roberto Chairez Zazueta, Isaías Santiago Jiménez y Mahomedalid Hernández García, solicitó el amparo protección de la justicia federal contra la autoridad y el acto que a continuación se trascriben: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La rotunda negativa y/o omisión, de la mencionada autoridad responsable, en fijar fecha de continuación de la audiencia de Ley (Conciliación, demanda, Excepciones, Pruebas y Resolución), por lo tanto, también la omisión en administrar justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, en virtud de la discriminación a la que están siendo expuestos nuestros representados, puesto a que aún y cuando se ha dado cumplimiento con lo requerimientos maliciosos que ha realizado la autoridad responsable, como se dijo, es omisa en fijar fecha para la continuación de la audiencia de Ley, y emitir el Laudo respectivo". En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de trece de mayo de dos mil veintiuno, fue admitida y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 568/2021-V-A, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado correspondiente, y se ordenó dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia Este Juzgado Primero de Distrito en Torreón, Coahuila de Zaragoza, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta, carece de ejecución por ser de carácter omisivo y, además, la demanda de amparo fue presentada en el lugar en donde este Juzgado de Distrito ejerce la jurisdicción referida. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255). Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte quejosa es el siguiente: i. La omisión de la Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de fijar fecha de para llevar a cabo la continuación de la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución dentro del expediente 1651/2018. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, sin que obste para ello que al rendir su informe justificado niegue la existencia de los actos reclamados, toda vez que esa negativa se encuentran desvirtuadas con las propias manifestaciones vertidas en el contenido del informe, por lo cual queda evidenciada la existencia de los actos reclamados, razón por la cual ha lugar a tener como cierto el acto reclamado. Orienta lo expuesto, el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 391, tomo XIV, julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". Esta confesión, lejos de estar desvirtuada o contradicha en el juicio de amparo, se encuentra corroborada con las constancias relativas al acto reclamado, que fueron allegadas a este contradictorio federal por la propia autoridad responsable, a las que por tener la calidad de documento público, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A ese respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, cuyo rubro dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia del acto atacado por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata, por lo cual, lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Improcedencia del juicio constitucional. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El análisis gramatical de tal disposición, permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En ese sentido, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental transgredido. La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió o a quien se atribuyó el acto de molestia deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto. Es así, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. En el caso, del sumario se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de la Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de fijar fecha de para llevar a cabo la continuación de la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución dentro del expediente 1651/2018. Ahora bien, de las constancias que a su correspondiente informe exhibió la autoridad responsable, específicamente la relativa a la actuación certificada de uno de junio de dos mil veintiuno, efectuada en los autos del procedimiento laboral de origen número 1651/2018, se advierte que se emitió pronunciamiento en el sentido de declinar la competencia para conocer del citado juicio laboral a favor del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad; constancia la anterior que cuenta con valor probatorio pleno, por tratarse de una documental pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de este último ordenamiento. Por tanto, resulta claro que al haberse emitido el auto de dos de junio del presente año, en el sentido de carecer de competencia para conocer del juicio natural y declinarla en favor del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, es inconcuso que cesaron los efectos de las omisiones reclamadas. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VII, abril de 1998, página 242, que establece lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Reserva notificación. En atención que es del conocimiento que la autoridad responsable, se encuentra gozando de su periodo vacacional, una vez que reanude labores se ordena realizar la notificación de la presente sentencia. En esas condiciones, conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI de la ley de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese; y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; treinta de junio de dos mil veintiuno. Constancia. Se tiene por recibida la constancia de notificación efectuada por el actuario de la adscripción a Roberto Augusto Navarro Acosta, en su calidad de quejoso, en el cual manifiesta que desiste del presente juicio de amparo. En tales condiciones, toda vez que el actuario cuenta con fe pública, y el quejoso le manifestó en forma expresa su deseo de desistirse de la demanda de amparo que originó este asunto, se tiene por desistido en su perjuicio del juicio de amparo a que este expediente se refiere, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XI, página 147, abril de 2000, del texto siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia". Así como la jurisprudencia de la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima época, con número de registro electrónico 2012059, la cual es del tenor literal siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios". Igualmente la tesis visible en la página 681, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, tomo I, segunda parte, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO. Si durante la tramitación del juicio de amparo el quejoso se desiste expresamente de la demanda que interpuso, procede sobreseer en el juicio constitucional con apoyo en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Sin efecto audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las doce horas con treinta minutos del diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Reitérese al actuario judicial que le corresponda la entrega la notificación encomendada, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido por los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido.

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