Lorenzo Neptalí Cruz Caballero y Otros.
Expediente 1495/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1495/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 25/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Lorenzo Neptalí Cruz Caballero y Otros.
- Lorenzo Neptalí Cruz Caballero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
MESA VI B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de octubre de dos mil dieciséis. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el treinta de septiembre del presente año (fojas 111 a 113), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA VI B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, treinta de septiembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en los artículos 117 de la Ley de Amparo, agréguense los informes justificados que rinden el Fiscal General del Estado de Oaxaca (por conducto del Director de Asuntos Jurídicos), y Agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación de Asesores de la Oficina del Fiscal General del Estado, Encargado del Área de Recurso de Quejas, para que surtan sus efectos legales correspondientes. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como prueba de las autoridades en comento, la copia certificada de la resolución de quince de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el cuaderno de queja 13/2016 del índice de la Coordinación de Asesores de la Oficina del Fiscal General del Estado, para que surta sus efectos legales correspondientes; probanza que se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza. Por otra parte, con fundamento en el artículo 9° de la Ley de Amparo, ténganse como delegados del Fiscal General del Estado, a las personas que señala. Ahora bien, en la especie, del análisis integral de la demanda de amparo se conoce que el quejoso Lorenzo Neptali Cruz Caballero, esencialmente reclamó de las autoridades responsables Fiscal General del Estado y Agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación de Asesores de la Oficina del Fiscal General del Estado, Encargado del Área de Recurso de Quejas, la abstención de emitir resolución en la queja 13/2016, deducida de la averiguación previa 77(I) 2015 del índice de la Agencia del Ministerio Público del Primer Turno del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca. Asimismo, de los informes de cuenta se advierte que es cierto el citado acto reclamado, toda vez que por lo que se refiere al Agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación de Asesores de la Oficina del Fiscal General del Estado, Encargado del Área de Recurso de Quejas, convino expresamente en su existencia; y por lo que se refiere al Fiscal General del Estado de Oaxaca, si bien de su informe se advierte que negó la existencia del mismo, lo cierto es que de sus propias manifestaciones se advierte que ante el Área de Recurso de Quejas bajo su Coordinación, se tramitó el citado recurso 13/2016, el cual al nueve de septiembre de dos mil seis -fecha de presentación de la demanda de amparo- no había sido resuelto, por tanto, evidentemente que también resulta cierto el acto que se le atribuye (fojas 29 y 70). No obstante lo anterior, el suscrito juzgador estima que en la especie contra el acto aquí reclamado sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." Cierto, la cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. Al respecto, es importante destacar también que es el artículo 17 Constitucional, que consagra el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, el que prevé a favor de los gobernados, entre otros, el principio de justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; por lo tanto, para agotar el cumplimiento a tal garantía, en la especie, únicamente se requiere que la autoridad responsable emita sus resoluciones en los términos previstos en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, de las copias certificadas que remiten las autoridades responsables, mismas que revisten el carácter de documentos públicos con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, se conoce que el quince de septiembre de dos mil dieciséis, se resolvió la queja 13/2016, por la que se confirmó la resolución de veintiséis de enero del año en curso, dictada en la averiguación previa 77(I)2015 del registro del Agente del Ministerio Público del Primer Turno del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, que determinó el no ejerció de la acción penal a favor del aquí quejoso ... y otros, como probables responsables del delito de despojo que se dijo cometido en perjuicio de ...(fojas 37 a 35). Además, como antecedentes del acto reclamado, se advierte que el citado indiciado, aquí quejoso,... , compareció y tuvo intervención en la averiguación previa de la que deriva la referida queja, en la que incluso ofreció pruebas. Luego, es evidente que los efectos del acto reclamado en este juicio de amparo han cesado, pues con posterioridad a la presentación de la demanda origen del presente juicio (nueve de septiembre de dos mil dieciséis -folios 1 y 4-), las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; toda vez que al dictar la autoridad responsable el quince de septiembre de dos mil dieciséis, la resolución correspondiente al recurso de queja 13/2016, por la que confirmó la determinación de no ejercicio de la acción penal recurrida, dictada en la citada averiguación previa 77(I) 2015; es evidente que se restituyó al impetrante en el goce del derecho violado, como si éste no hubiera invadido su esfera jurídica. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que la aludida causa de improcedencia es manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio al citado quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Se invoca en apoyo la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 7); hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA VI B. Notificación personal por lista. (3ro) Oaxaca de Juárez, Oaxaca, treinta de septiembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en los artículos 117 de la Ley de Amparo, agréguense los informes justificados que rinden el Fiscal General del Estado de Oaxaca (por conducto del Director de Asuntos Jurídicos), y Agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación de Asesores de la Oficina del Fiscal General del Estado, Encargado del Área de Recurso de Quejas, para que surtan sus efectos legales correspondientes. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como prueba de las autoridades en comento, la copia certificada de la resolución de quince de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el cuaderno de queja 13/2016 del índice de la Coordinación de Asesores de la Oficina del Fiscal General del Estado, para que surta sus efectos legales correspondientes; probanza que se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza. Por otra parte, con fundamento en el artículo 9° de la Ley de Amparo, ténganse como delegados del Fiscal General del Estado, a las personas que señala. Ahora bien, en la especie, del análisis integral de la demanda de amparo se conoce que el quejoso Lorenzo Neptali Cruz Caballero, esencialmente reclamó de las autoridades responsables Fiscal General del Estado y Agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación de Asesores de la Oficina del Fiscal General del Estado, Encargado del Área de Recurso de Quejas, la abstención de emitir resolución en la queja 13/2016, deducida de la averiguación previa 77(I) 2015 del índice de la Agencia del Ministerio Público del Primer Turno del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca. Asimismo, de los informes de cuenta se advierte que es cierto el citado acto reclamado, toda vez que por lo que se refiere al Agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación de Asesores de la Oficina del Fiscal General del Estado, Encargado del Área de Recurso de Quejas, convino expresamente en su existencia; y por lo que se refiere al Fiscal General del Estado de Oaxaca, si bien de su informe se advierte que negó la existencia del mismo, lo cierto es que de sus propias manifestaciones se advierte que ante el Área de Recurso de Quejas bajo su Coordinación, se tramitó el citado recurso 13/2016, el cual al nueve de septiembre de dos mil seis -fecha de presentación de la demanda de amparo- no había sido resuelto, por tanto, evidentemente que también resulta cierto el acto que se le atribuye (fojas 29 y 70). No obstante lo anterior, el suscrito juzgador estima que en la especie contra el acto aquí reclamado sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." Cierto, la cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. Al respecto, es importante destacar también que es el artículo 17 Constitucional, que consagra el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, el que prevé a favor de los gobernados, entre otros, el principio de justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; por lo tanto, para agotar el cumplimiento a tal garantía, en la especie, únicamente se requiere que la autoridad responsable emita sus resoluciones en los términos previstos en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, de las copias certificadas que remiten las autoridades responsables, mismas que revisten el carácter de documentos públicos con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, se conoce que el quince de septiembre de dos mil dieciséis, se resolvió la queja 13/2016, por la que se confirmó la resolución de veintiséis de enero del año en curso, dictada en la averiguación previa 77(I)2015 del registro del Agente del Ministerio Público del Primer Turno del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, que determinó el no ejerció de la acción penal a favor del aquí quejoso ... y otros, como probables responsables del delito de despojo que se dijo cometido en perjuicio de ...(fojas 37 a 35). Además, como antecedentes del acto reclamado, se advierte que el citado indiciado, aquí quejoso,... , compareció y tuvo intervención en la averiguación previa de la que deriva la referida queja, en la que incluso ofreció pruebas. Luego, es evidente que los efectos del acto reclamado en este juicio de amparo han cesado, pues con posterioridad a la presentación de la demanda origen del presente juicio (nueve de septiembre de dos mil dieciséis -folios 1 y 4-), las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; toda vez que al dictar la autoridad responsable el quince de septiembre de dos mil dieciséis, la resolución correspondiente al recurso de queja 13/2016, por la que confirmó la determinación de no ejercicio de la acción penal recurrida, dictada en la citada averiguación previa 77(I) 2015; es evidente que se restituyó al impetrante en el goce del derecho violado, como si éste no hubiera invadido su esfera jurídica. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que la aludida causa de improcedencia es manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio al citado quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Se invoca en apoyo la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 7); hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA VI B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito signado por...; en atención a su contenido, con fundamento en el normativo 5º, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, se le tiene por apersonada a este juicio con el carácter de tercera interesada, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso de cuenta, y por autorizado con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a... por encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para recibir notificaciones a las restantes personas, por no encontrase registradas sus cédulas profesionales en el aludido sistema computarizado, y ser el presente asunto materia penal. Asimismo, de conformidad con el precepto 124, párrafo primero de la ley invocada, se le tiene realizando manifestaciones, en vía de alegatos, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional.
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