Lorenzo López Aparicio
Expediente 1475/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1475/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 30/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Lorenzo López Aparicio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
MESA I B Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de trece de octubre del año en curso (fojas 14 a 17), por el que se desechó la demanda de amparo promovida por José Luis López Vásquez a favor de LORENZO LÓPEZ APARICIO; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. |Toda vez que se tuvo por no presentada la demanda de amparo en este juicio, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA I B Agréguese el oficio número 30695, suscrito por el Juez Quinto de Distrito, residente en Mexicali Baja California, por el que devuelve diligenciado el exhorto número 260/2015 del índice de este juzgado; dése de baja la comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo y acúsese recibo. Ahora, de las constancias remitidas se aprecia que el directo quejoso Lorenzo López Aparicio ante el Juzgado exhortante no ratificó la demanda de amparo presentada a su favor; que asimismo, en autos no obra ningún escrito en el cual dicho quejoso hubiere realizado tal ratificación ante este órgano jurisdiccional, dentro del plazo que al efecto se le concedió; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le previno en auto de dos de octubre del año en curso, por lo que conforme a lo establecido en el artículo 114, último párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MESA V B Vista la certificación de cuenta, toda vez que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoria de amparo, sin que hubieren hecho manifestación alguna; procede analizar si el fallo ha quedado cumplido o no. Así, se tiene que mediante sentencia dictada el diez de julio de dos mil quince (fojas 227 a 240), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Pedro Iván Chávez Pablo, para el efecto de que el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, dejara insubsistente la orden de aprehensión librada en su contra el treinta de agosto de dos mil trece, en la causa penal 83/2013 de su índice, y dictara una nueva resolución, la cual, podría ser en el mismo sentido que la anterior o en uno diverso, fundando y motivando adecuadamente su determinación, siguiendo los lineamientos puntualizados en el fallo, que son: Análisis de los elementos que integran el cuerpo del delito de abuso de autoridad. 1) En principio, el juez efectuó una relación de todas las pruebas que constaban en la causa penal y, comenzó con el estudio de los elementos constitutivos del delito que interesa. Sin embargo, se consideró que el juez responsable al efectuar el estudio de los elementos integradores del cuerpo del delito de abuso de autoridad, omitió: Indicar qué es lo que se acreditaba con todas las pruebas que relacionó. Exponer los motivos por lo que así lo consideró. Ello es así, pues no basta que el juez natural haya aseverado que al relacionar las declaraciones del ofendido, los testigos presenciales de los hechos, la fe ministerial de lesiones practicada y el certificado médico señalado, se tenía por demostrada la violencia física que ejercieron los funcionarios públicos en la persona del pasivo; pues al momento de estudiar las pruebas en lo individual debió exponer qué es lo que con cada uno de los elementos de convicción que enunció, se probaba y, establecer por qué llegó a dicha conclusión. Se dice lo anterior, en virtud de que es necesario que la autoridad responsable exponga invariablemente los razonamientos que haya tenido en cuenta para valorar jurídicamente las pruebas, con el propósito de otorgar una debida seguridad jurídica al peticionario del amparo. Análisis de los elementos que integran el cuerpo del delito de lesiones calificadas con ventaja. 1) Al respecto, se consideró que el juez responsable soslayó citar destacadamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que consideró se llevó a cabo el delito que se imputa al quejoso; ello, a fin de que el peticionario de amparo estuviera en condiciones de defenderse y atacar, en todo caso, los razonamientos relativos. Ya que, si bien al inicio del estudio de los elementos que integran el cuerpo del delito de abuso de autoridad lo efectuó; ello no exime al juez de la obligación que tiene de precisarlos al estudiar un nuevo ilícito, como en el caso es el antijurídico de lesiones calificadas con ventaja, pues son diferentes delitos y diferentes también los elementos que los integran, de ahí la importancia de especificar dichas circunstancias. 2) Al valorar las pruebas con las que tuvo por acreditados los elementos constitutivos del delito de lesiones, el juez responsable, soslayó señalar, en lo particular, lo que con ellas se acreditó; pues si bien adujo que de las declaraciones de cargo valoradas (valoración en conjunto), resultaba incuestionable que las lesiones que presentaba el ofendido fueran consecuencia de la agresión física que sufrió de parte de, entre otros, el aquí quejoso; lo cierto es que no indicó lo que con cada una de ellas se demostró y cómo es que llegó a dicha conclusión. Análisis de la probable responsabilidad en la comisión de los delitos de abuso de autoridad y lesiones calificadas con ventaja. 3) En principio debe decirse que se consideró que el juez de la causa debió estudiar la probable responsabilidad de los ilícitos mencionados en apartados diversos, pues, aunque estén relacionados entre sí, es importante que el juez sea específico en indicar con qué elementos de prueba se acredita cada conducta y, qué conducta es atribuible al quejoso, para demostrar con ello si tuvo o no, probable participación en cada uno de los delitos que se le imputan; ya que al no hacerlo así, se deja en estado de indefensión al quejoso, al no precisarle que conductas se le atribuyen y por ende, no tener elementos para controvertirlos. 4) Se consideró que el juez responsable soslayó externar con detalle las razones particulares, motivos y circunstancias especiales que tuvo para tener por acreditada la probable responsabilidad del quejoso en los dos delitos que se le imputan. 5) Asimismo, se consideró que el juez responsable, si bien puntualizó las pruebas que tomó en cuenta para tener por acreditada la probable responsabilidad del quejoso en los delitos de estudio, omitió precisar lo que con dichos elementos de prueba se demostró y, explicar cómo es que arribó a dicha consideración. Pues, para tener por acreditada la probable responsabilidad del quejoso en la comisión de los delitos que se le imputan, de forma separada, debió valorar, en lo individual y en su conjunto, las pruebas; exponer los razonamientos lógicos y jurídicos mediante los cuales llegó a la convicción de otorgar determinado valor a cada uno de dichos medios de prueba y, establecer si los mismos eran idóneos para acreditar la probable responsabilidad del quejoso. 6) Se consideró que el juez de origen omitió establecer los razonamientos lógicos respectivos por los cuales arribó a la conclusión de que la calidad del quejoso era como coautor material y, señalar la conducta desplegada por el quejoso como "coautor". Pues no basta que el juez responsable haya señalado, que la forma de intervención del quejoso fue como co-autor material, en virtud de que en forma conjunta cometieron los hechos a estudio de la forma y términos ya conocidos, ya que de la conclusión indicada, no se advierte debidamente definida la conducta que desplegó el quejoso, en las circunstancias de tiempo, lugar y ejecución de los hechos atribuidos. Se dice lo anterior, debido a que coautor es quien realiza con su conducta una parte de la acción que causa el resultado, respondiendo del acto en conjunto, aunque no haya realizado personalmente las características típicas. Además, para acreditar la coautoría es necesario el acuerdo de voluntades entre los activos y que se contribuya de algún modo en la realización del delito (material o intelectualmente), de tal modo que dicha contribución pueda estimarse como una unión necesaria para la realización del evento delictivo. En otras palabras, el juez responsable debió precisar la conducta específica que el aquí quejoso realizó, para estar en posibilidad de determinar si es probable coautor material, al haberse acreditado el acuerdo previo de voluntades y la contribución que se tuvo en la comisión del ilícito que se le imputa, indicando los medios probatorios debidamente valorados con los que se demostró que el quejoso fue una de las personas que en el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, probablemente realizó la conducta delictiva atribuida. 7) Y, se consideró que el juez de la causa debió especificar cuál fue el grado de participación del quejoso en los eventos imputados; ya que no basta que señale que la participación del quejoso fue como coautor, sino que también, debe indicar el grado de intervención que tuvo en las conductas delictivas que se le imputan; máxime, que los hechos que integran los delitos de estudio son diversos y se atribuyeron a diferentes personas; de ahí la trascendencia de que, de forma específica, el juez responsable detalle qué conductas se le atribuyen al quejoso y en qué grado fue su participación en los supuestos hechos delictivos. Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones y al Jefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones con sede en la Villa de Etla, Oaxaca. Mediante acuerdo de seis de agosto de dos mil quince, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió a las autoridades responsables su debido cumplimiento. En acatamiento al fallo protector, mediante oficio 2910, de siete de agosto de dos mil quince (foja 269), la Jefa de la Unidad Administrativa y de Carrera Policial por orden del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, informó que ordenó al Encargado de la Comandancia Local de la Villa de Etla, Oaxaca, dejara sin efecto la ejecución de la orden de aprehensión de treinta de agosto de dos mil trece, librada por el Juez Penal de Etla, Oaxaca, en la causa penal 83/2013; en tanto, el Jefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones encargado de la Comandancia establecida en la Villa de Etla, Oaxaca, informó que giró instrucciones al personal a su cargo haciéndoles extensivo el fallo protector, y realizó las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno de esa comandancia (foja 272). Por su parte, el Secretario encargado por ministerio de ley del Juzgado Penal de Etla, Oaxaca, mediante oficio 4842, de veinticuatro de agosto de dos mil quince (foja 274), remitió copia certificada de la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil quince, dictada en la causa penal 83/2013 de su índice, de donde se advierte que dejó sin efecto la resolución reclamada de treinta de agosto de dos mil trece, y dictó otra en la que nuevamente libró orden de aprehensión en contra de Pedro Iván Chávez Pablo por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de autoridad, cometido en agravio de Rodolfo Cruz Santos y la sociedad, y negó librar orden de aprehensión en contra del impetrante por el delito de lesiones calificadas que se dijo, cometió en agravio de Rodolfo Cruz Santos. Ahora bien, al realizar el análisis de la sentencia ejecutoria de amparo y el cumplimiento que dieron las autoridades responsables, se conoce que aquélla no ha quedado cumplida por parte del Juez responsable, toda vez que al efectuar el estudio de los elementos integradores del cuerpo del delito de abuso de autoridad: 1. Omitió indicar qué es lo que se acredita con todas las pruebas que relacionó y 2. Exponer los motivos por los que así lo consideró. Es así, en la sentencia de amparo se le indicó que al relacionar las declaraciones del ofendido, los testigos presenciales de los hechos, la fe ministerial de lesiones practicada y el certificado médico, no resultaba suficiente la sola aseveración de que se tenía por demostrada la violencia física que ejercieron los funcionarios públicos en la persona del pasivo, ya que era necesario que expusiera los razonamientos que haya tenido en cuenta para valorar jurídicamente la prueba, esto es, al momento de estudiar las pruebas en lo individual debería exponer qué era lo que con cada uno de los elementos de convicción que enunció se probaba y establecer porqué llegó a esa conclusión. En el caso, el juez responsable en el segundo de los elementos que integran el delito de abuso de autoridad -b) que en el desempeño de sus funciones haga violencia a una persona sin causa legítima o la vejare injustamente o la insultare o emplee términos injuriosos u ofensivos contra alguna de las partes, personas o autoridades que intervengan en el asunto de que se trate- expone lo siguiente: Que en el desempeño de sus funciones como servidor público, el activo PEDRO CHÁVEZ PABLO, comandante de la policía Pública Municipal y (.) en su carácter de Policías Municipales de la Villa de Etla, Oaxaca, el día diez de julio del año dos mil doce, aproximadamente a las diecinueve horas y encontrándose resguardando el orden público en la explanada del palacio municipal de la Villa de Etla, Oaxaca, lo anterior con motivo de la manifestación que realizaban los mototaxistas del sitio el Frijolito A.C., ejercieron violencia en contra de RODOLFO CRUZ SANTOS, ello sin que mediara causa legítima, así también lo vejaron e insultaron injustamente, empleando términos injuriosos y ofensivos en contra del mismo. Lo que se acredita con: lo manifestado por el propio pasivo RODOLFO CRUZ SANTOS, quien presentó su escrito de denuncia (.). La citada denuncia tiene valor probatorio de indicio de acuerdo a lo establecido en el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, pues fue presentada en términos del numeral 9 del Código de Procedimientos Penales en vigor, por versar sobre un hecho que constituye un delito, como en el caso de Lesiones, y b). Con las declaraciones Ministeriales de los atestes de cargo DARÍO ERNESTO MENDOZA MARTÍNEZ y EVARISTO ARTEMIO CRUZ SANTOS (.) Testimonios que tienen valor probatorio de indicio, en términos de lo dispuesto en los artículos (.). A todo lo anterior tenemos la fe ministerial de lesiones (.). Siendo que esta diligencia adquiere pleno valor probatorio, en términos del artículo (.). Y con el contenido del certificado médico de lesiones expedido con esa misma fecha por el perito médico (.). Dictamen que adquiere valor probatorio de indicio de conformidad con el artículo (.) - - - Luego al relacionar las declaraciones tanto del ofendido, los testigos presenciales de los hechos, la fe ministerial de lesiones practicada y el certificado médico señalado, se tiene que está demostrada la violencia física que ejercieron los funcionarios públicos señalados en la persona del pasivo RODOLDO CRUZ SANTOS, sin que hasta este momento en el caso se advierta justificación alguna para esa actividad, pues de las constancias de autos no revelan que hubiera alguna causa para golpearlo; luego es obvio que la actividad de los activos fue que arbitrariamente decidieron golpearlo, sin causa justificada. Que como consecuencia de ello, se mermó en el ofendido, la confianza depositada en los Servidores Públicos en el ejercicio de sus funciones, se acredita con las declaraciones de cargo ya valoradas, pues de ellas se advierte que si el ofendido denunció los hechos ante el Agente del Ministerio Público, es porque se sintió agraviado con el proceder de los activos y datos al actuar de ese modo disminuyeron la confianza que como servidores públicos merecen aquellos pues se condujeron con arbitrariedad. Consecuentemente con el hecho que ha sido demostrado y que constituye el delito de ABUSO DE AUTORIDAD se lesionó el Bien jurídico protegido por dicho ilícito, y que consiste en la correcta función pública, la cual se vio violentada, pues con el comportamiento desplegado por los activos en su carácter de Policía Municipales y Comandante de la Policía Pública Municipal y Vialidad de a Villa de Etla, Oaxaca, respectivamente ejercieron violencia física en contra del pasivo RODOLFO CRUZ SANTOS, ello sin que mediara causa legítima, así también lo vejaron e insultaron injustamente, empleando términos injuriosos y ofensivos en contra del mismo. (.) De lo expuesto se advierte que continúa aseverando que se tiene por demostrada la violencia física que ejercieron los funcionarios públicos en la persona del pasivo con las pruebas que relaciona, además alude que tal hecho constituye el delito de lesiones, cuando el ilícito que analizó se trata del abuso de autoridad; omitiendo exponer los motivos por los que consideró demostrada la violencia física que se ejerció en contra del pasivo. De igual manera, al analizar la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del ilícito de que se trata (abuso de autoridad), no cumple con lo siguiente: 1. Qué conducta es atribuible al quejoso, para demostrar con ello si tuvo o no, probable participación en el delito que se le imputa. 2. Establecer los razonamientos lógicos respectivos por los cuales arribó a la conclusión de que la calidad del quejoso era como coautor material y, señalar la conducta desplegada por el quejoso como "coautor", y 3. Especificar cuál fue el grado de participación del quejoso en los eventos imputados. En efecto, en la sentencia de amparo se le dijo que resultaba importante que especificara qué conducta le era atribuible al quejoso, para demostrar con ello si tuvo o no probable participación en el ilícito imputado, ya que al no hacerlo se le dejaba en estado de indefensión al no tener elementos para controvertirlos. Establecer los razonamientos lógicos respectivos por los cuales arribó a la conclusión de que la calidad del quejoso era como coautor material y señalar la conducta desplegada por el quejoso como "coautor", puesto que no resultaba suficiente que sólo se haya señalado que la forma de intervención del quejoso fue como coautor material, en virtud de que en forma conjunta cometieron los hechos a estudio de la forma y términos ya conocidos, ya que de esa conclusión no se advertía de forma definida la conducta que desplegó el quejoso, en las circunstancias de tiempo, lugar y ejecución de los hechos atribuidos, de ahí que debió precisar la conducta específica que el quejoso realizó para estar en posibilidad de determinar si es probable coautor material al haberse acreditado el acuerdo previo de voluntades y la contribución que se tuvo en la comisión del ilícito que se le imputa, indicando los medios probatorios debidamente valorados con los que se demostraba lo anterior. Así también, especificar cuál fue el grado de participación del quejoso en los eventos imputados, ya que no bastaba que señalara que su participación fue como coautor, sino que también debería indicar el grado de intervención que tuvo en las conductas delictivas que se le imputaban. En el caso, el juez responsable tiene por acreditada la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del delito de abuso de autoridad cometido en agravio del pasivo Rodolfo Cruz Santos, y a ese respecto señala lo siguiente: Efectivamente en autos existe el señalamiento incriminatorio en contra del inculpado PEDRO IVÁN CHÁVEZ PABLO, que le hace el propio pasivo RODOLFO CRUZ SANTOS, quien presentó su escrito de denuncia de fecha ocho de agosto del año dos mil doce, ante la Autoridad Ministerial conocedora de las primeras diligencias, por medio del cual presenta formal denuncia en contra de (.); asimismo entre otras cosas manifestó que (.); la citada denuncia tiene valor probatorio de indicio de acuerdo a lo establecido en el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, pues fue presentada en términos del numeral 9 del Código de Procedimientos Penales en vigor, por versar sobre un hecho que constituye un delito, como en el caso de Lesiones, fue realizada ante el Agente del Ministerio Público conocedor de las primeras diligencias de la cual se levantó el acta respectiva, además, que dicho declarante es capaz de declarar por ser mayor de edad, como así lo manifestó la Autoridad Ministerial, su capacidad física e intelectual, se advierte tiene la capacidad suficiente, para denunciar los hechos, los cuales son susceptibles de ser conocidos por medio de los sentidos, pues fue la persona que directamente resintió el hecho delictivo, mismo que existe en autos y no consta que haya sido obligado a declarar por fuerza o miedo o impulsado por error, engaño o soborno. (.); señalamiento que es confirmado con las declaraciones Ministeriales de los atestes de cargo DARÍO ERNESTO MENDOZA MARTÍNEZ y EVARISTO ARTEMIO CRUZ SANTOS, rendidas ante la Autoridad Ministerial en donde el primero manifestó: ".". Por su parte el segundo de los mencionados dijo ".."; Testimonios que tienen valor probatorio de indico, en términos de lo dispuesto por el artículo (.). Constancias que son suficientes para demostrar por parte PEDRO IVÁN CHÁVEZ PABLO, la ejecución de la conducta típica que nos ocupa. La forma de intervención del inculpado PEDRO IVÁN CHÁVEZ PABLO, en los hechos típicos del delito a estudio, resulta ser en términos de lo establecido por el artículo 11 fracción II del Código Penal vigente en el Estado; toda vez que el mismo es coautor material del hecho que tipifica dicho ilícito como se desprende a continuación: [transcripción de la parte relativa destacando lo siguiente: (.) acto seguido de esto con extrema brutalidad dos policía municipales de nombres FABIÁN MUÑIZ CRUZ y MARIO MENDEZ lo sujetaron fuertemente de ambos brazos y el Comandante de la Policía Municipal PEDRO IVÁN CHÁVEZ le iba dando de patadas en diferentes partes del cuerpo, así como también me pegaba con su tolete en los hombros y en la espalda y lo llevaron prácticamente arrastrando a la cárcel pública municipal que se encuentra en la parte posterior de dicho palacio, trasladándolo desde las escaleras de la esquina sur del inmueble municipal y cuando lo llevaban por la parte del corredor de éste, el tesorero municipal.] (.); quedando demostrada la forma de participación de PEDRO IVÁN CHÁVEZ PABLO como coautor material de los hechos constitutivos del delito de abuso de autoridad, en virtud de que en forma conjunta el pasivo cometió los hechos a estudio en la forma y términos ya conocidos. Sin embargo, no precisa la conducta específica que realizó el quejoso para estar en posibilidad de determinar si es probable coautor material, y menos expone los razonamientos lógicos respectivos por los cuales arribó a la conclusión de que la calidad del quejoso era como coautor material, ni especifica cuál fue el grado de participación del quejoso en los eventos imputados; puesto que, como se le dijo en el fallo protector no basta que señale que la participación del quejoso fue como coautor, sino que también, debe indicar la conducta específica que el quejoso realizó para estar en posibilidad de determinar si es probable coautor material al haberse acreditado el acuerdo previo de voluntades y la contribución que se tuvo en la comisión del ilícito que se le imputa, indicando los medios probatorios debidamente valorados con los que se demostraba lo anterior, así como el grado de intervención que tuvo en la conducta delictiva que se le imputa; máxime, que el delito en estudio se atribuyó a diferentes personas; de ahí la trascendencia de que, de forma específica, el juez responsable detalle qué conducta se le atribuye al quejoso y en qué grado fue su participación en el supuesto hecho delictivo. Ahora, no pasa inadvertido que en esa parte de la resolución se encuentre remarcada la siguiente parte: (.) acto seguido de esto con extrema brutalidad dos policía municipales de nombres FABIÁN MUÑIZ CRUZ y MARIO MENDEZ lo sujetaron fuertemente de ambos brazos y el Comandante de la Policía Municipal PEDRO IVÁN CHÁVEZ le iba dando de patadas en diferentes partes del cuerpo, así como también me pegaba con su tolete en los hombros y en la espalda y lo llevaron prácticamente arrastrando a la cárcel pública municipal que se encuentra en la parte posterior de dicho palacio, trasladándolo desde las escaleras de la esquina sur del inmueble municipal y cuando lo llevaban por la parte del corredor de éste, el tesorero municipal (.) Ya que lo anterior no sustituye la precisión de la conducta específica que realizó el quejoso, ni los razonamientos que debe expresar para arribar a su conclusión con los elementos de prueba que tomó en cuenta, ni la precisión del grado de participación del quejoso en el evento imputado. En consecuencia, nuevamente requiérase al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, para que en el plazo de tres días siguiente al en que reciba el comunicado respectivo, cumpla cabalmente con la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Pedro Iván Chávez Pablo, en los términos en los que se ordenó con relación a los puntos antes destacados, sin perjuicio de que en lo demás reitere su resolución, y remita copia certificada legible y completa, de la nueva resolución que dicte, debiendo dejar previamente insubsistentes las diversas resoluciones de treinta de agosto de dos mil trece (materia del acto reclamado), y la de veinticuatro de agosto de dos mil quince (con la que pretendió cumplir). Apercíbase a la citada autoridad responsable que de no cumplir sin causa justificada, se le impondrá multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente al momento de realizarse la conducta sancionada, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, lo cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
- Principal
MESA I B Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable Subdelegado Jurídico de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, residente en Mexicali, Baja California, rindiendo informe sobre la suspensión de plano decretada a favor del impetrante.
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