Lorenzo Barcelo Aguilar
Expediente 787/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 787/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Lorenzo Barcelo Aguilar
Actuaciones
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LAS PARTES LA RESOLUCION QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, quince de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio 17849/2018, signado por el Secretario en funciones de Juez del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del oficio 26824/2018 de dos de octubre del año en curso, a través del cual se le remitió por incompetencia el juicio de amparo 787/2018-I, promovido por Lorenzo Barcelo Aguilar; asimismo, informa que acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del citado juicio. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA AL PROMOVENTE LA RESOLUCION QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, dos de octubre de dos mil dieciocho. Visto el escrito de demanda promovido por el Lorenzo Barcelo Aguilar, contra actos de la Junta Especial Número Diez de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 Constitucionales; se provee: RADICACIÓN Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1°, 33, fracción IV, 35, 107, fracción V, 108 y 112 de la Ley de Amparo; fórmese juicio de amparo y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 787/2018-I, que es el que le correspondió. INCOMPETENCIA El suscrito estima que en el particular, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, por razón de territorio, no es legalmente competente para conocer de la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero y 48 de la Ley de Amparo; y además en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención de lo que a continuación se expondrá. El estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y, por tanto, preferentes, porque avocarse al conocimiento de un asunto y a la postre resolver sin tener competencia legal por razón de territorio, podría generar en su momento la reposición del procedimiento por parte del órgano revisor (Tribunal Colegiado de Circuito, Salas o Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), en términos del artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con la consecuente, declaratoria de nulidad de la sentencia que en un momento dado se llegara a dictar, no obstante carecer de aptitud legal para hacerlo. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece en su primer párrafo: "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado (.)" Con base en el anterior ordinal, para fijar la competencia de un Juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo, cuando los actos reclamados requieran de ejecución material, debe atenderse al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado tal acto. Por su parte, del ocurso inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "El acuerdo definitivo de fecha 26 de junio de 2018, en el que la JUNTA ESPECIAL NÚMERO 10 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, aceptó la competencia declinada por la JUNTA ESPECIAL NÚMERO 45 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE." Asimismo, se advierte que en la citada resolución reclamada de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, la Junta Especial número Diez de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México, tuvo por recibidos los autos del juicio laboral 1480/17 del índice de la diversa Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en Veracruz, Veracruz, con motivo de la incompetencia planteada; motivo por el cual, radicó dicha demanda y ordenó su tramitación bajo el número de expediente 1006/2018. Ahora, para determinar la competencia de un Juez de Distrito, en principio debe atenderse a los efectos producidos del acto desde la perspectiva de la ejecución material. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclama la determinación donde se acepta la competencia plateada por una diversa autoridad, el competente para conocer del juicio en su contra es el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde se materializó, esto es, el del lugar en el cual reside la autoridad a cuyo favor fue declinada la competencia y la aceptó. Lo anterior es así, porque no debe atenderse al lugar en el que se emitió la determinación de incompetencia, ya que no puede considerarse como acto de ejecución del mandamiento aludido, pues si bien legitima para promover el juicio de amparo, no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer de él, ya que para ello, debe atenderse al lugar en que ha tenido o deba tener ejecución el acto reclamado. Por tanto, debe considerarse que es el Juez de Distrito del lugar al que se ordenó remitir los autos y aceptó la competencia planteada, al que corresponda conocer del juicio de amparo por ser en ese lugar donde se está ejecutando dicho acto reclamado, pues es la Junta Especial número Diez de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México, la que sigue conociendo del asunto. Así, atendiendo a que la determinación reclamada es la que acepta la competencia planteada, tiene por recibidos los autos y ordena dar trámite al aludido juicio laboral, es evidente que es competente para conocer del juicio de amparo en su contra el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde se materializó, esto es, el del lugar en el cual reside la autoridad a cuyo favor fue declinada la competencia y la aceptó; es decir, el de la Ciudad de México. Resulta aplicable por su sentido la Jurisprudencia PC. XVI.A. J/16 K (10ª.), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, localizable en la página 1589, tomo III, junio de 2016, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN JURISDICCIONAL DE INCOMPETENCIA CUANDO SE SEÑALA LA AUTORIDAD A QUIEN SE CONSIDERA COMPETENTE PARA ELLO Y SE ORDENA LA REMISIÓN DE LOS AUTOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE SE MATERIALIZA EL MANDATO. En términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado requiere ejecución material, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclama la determinación de incompetencia efectuada por una autoridad jurisdiccional, quien precisa la competente para ello y ordena la remisión de los autos, el competente para conocer del juicio en su contra es el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde se materialice, esto es, el del lugar en el cual reside la autoridad a cuyo favor fue declinada la competencia. Lo anterior es así, porque no debe atenderse al lugar en el que se emitió la determinación de mérito, ya que no puede considerarse como acto de ejecución del mandamiento aludido, pues si bien legitima para promover el juicio de amparo, no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer de él, ya que para ello, debe atenderse al lugar en que ha tenido o deba tener ejecución el acto reclamado." Así como la tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 63, Volumen 217-228, del Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, Séptima Época, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INCOMPETENTE A UN JUEZ Y ORDENA REMITIR LOS AUTOS AL DE OTRO ESTADO. CORRESPONDE CONOCER DE EL AL JUEZ DEL LUGAR AL QUE SE ORDENARON REMITIR LOS AUTOS. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece que será competente para conocer de un juicio de amparo "aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado". Ahora bien, si en un juicio de amparo se reclama la resolución por la que un Tribunal Superior de Justicia declara incompetente a un Juez de la entidad federativa de su jurisdicción para seguir conociendo de un juicio ordinario civil y ordena remitir los autos al Tribunal Superior de Justicia de otro Estado por corresponder a un Juez de dicho lugar el conocimiento del juicio, debe considerarse que es al Juez de Distrito del lugar al que se ordenaron remitir los autos al que corresponde conocer del juicio de amparo por ser en dicho Estado donde debe ejecutarse la sentencia reclamada, pues es un Juez de dicha entidad federativa el que deberá seguir conociendo del asunto y si bien este Juez puede aceptar o no la competencia que se le declinó, ello para efectos de resolver el conflicto competencial suscitado en torno al conocimiento del juicio de amparo, resulta irrelevante, ya que lo que importa es que, hasta dicho momento, es ahí donde deberá ejecutarse el acto reclamado en el juicio de amparo." Además, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 97, Informe 1972, Parte II, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2011, Séptima Época, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." En las anteriores circunstancias, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, por razón de territorio, se declara legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo y además en el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al estimar que lo son los Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, quienes ejercen jurisdicción donde se ésta ejecutando el acto reclamado; de ahí que deban remitirse los autos originales que conforman este sumario, a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, de inmediato y en aras de una justicia pronta y expedita que tutela el artículo 17 constitucional; solicitando atentamente el acuse de recibo de estilo al Juez de Distrito que le corresponda conocer del presente asunto, y de igual manera, que en su oportunidad, comunique si acepta o no la competencia declinada a su favor. Por otra parte, recábense las copias de las constancias que resulten necesarias de este expediente, y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado, cerrado o manifestar quien lo ocupe que no conoce al promovente o a sus autorizados, se realizarán las notificaciones que tengan el carácter de personales, por lista, previo acuerdo que al efecto se emita, de conformidad con el precepto 27 fracción III inciso a) de la multicitada ley; y como sus autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Eduardo Jácome Parra y Andrés Reyes Valle, por tener registradas sus cedulas profesional que los acreditan como licenciados en derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, que se lleva en los Órganos del Poder Judicial de la Federación; y con las facultades restringidas previstas en el citado numeral, esto es, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, al resto de las personas mencionadas en su escrito de demanda, por no encontrarse en igualdad de condiciones AUTORIZACIÓN DE ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Ahora, en atención a la solicitud de consultar vía internet el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa; con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, se autoriza a la parte promovente a realizar consulta vía electrónica del presente expediente en el nuevo portal que el Consejo de la Judicatura Federal puso a disposición para tal efecto; para lo cual refiere que su nombre de usuario es "EDUARDO.JAP.", mismo que se encuentra registrado en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. AUTORIZACIÓN DE COPIAS
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