LORENA RODRÍGUEZ DÍAZ RODRÍGUEZ DÍAZ y Otros.

Expediente 890/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
890/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
28/10/2022

Partes del expediente

  • LORENA RODRÍGUEZ DÍAZ RODRÍGUEZ DÍAZ y Otros.
  • Lorena Rodríguez Díaz Rodríguez Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la promovente hubiera recurrido el auto de diez de octubre de dos mil veintidós, a través del cual se desechó la demanda de amparo con que se formó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 2º ibídem, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 8, Punto 2, relativo al 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente debe considerarse DESTRUIBLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el Artículo 21, inciso d) del citado acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. En tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el primer párrafo del artículo 21 antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, requiérase a la parte quejosa para que acuda a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de NOVENTA DIAS, contado a partir del siguiente a que surta efectos el presente acuerdo a fin de recuperar los documentos que exhibió como anexos en la demanda que dio origen a este asunto, apercibida que de no hacerlo en el plazo establecido serán destruidos. Notifíquese por lista electrónica a la parte promovente, en cumplimiento a lo ordenado por auto de catorce de octubre de este año.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, catorce de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la razón actuarial de trece del mes y año en curso, de la que se advierte que no fue posible notificar a los quejosos Enriqueta Salgado Domínguez, Lorena Rodríguez Díaz y Ernesto Vázquez Anzurez, el proveído de diez de octubre de la presente anualidad, por las razones que ahí se exponen; en consecuencia, procédase a realizar dicha notificación por medio de lista electrónica, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal que se ordenen en el presente asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hasta en tanto la parte promovente señale domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese por lista electrónica a la parte promovente.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LOS PROMOVENTE EL ACUERDO DE DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE CATORCE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, ASÍ COMO ESTE ÚLTIMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Boca del Río, Veracruz, diez de octubre de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda promovida por Enriqueta Salgado Domínguez, Lorena Rodríguez Díaz y Ernesto Vázquez Anzurez... se ordena formar el expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado... el suscrito advierte que, en el caso particular, se materializa la causa de improcedencia... Este juzgado estima que debe desecharse la demanda... Ahora, en el caso concreto, los actos reclamados antes transcritos se destaca que los impetrantes acuden a la presente instancia constitucional a combatir la sesión extraordinaria, así como su acta celebrada el doce de septiembre de dos mil veintidós y el acuerdo tomado por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz en dicha sesión, publicado el tres de octubre del año en curso, en el número extraordinario 392 de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, que ordena el traslado de los Juzgados Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz y Décimo Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Oral Mercantil del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, a la Ciudad Judicial de Cardel, Veracruz. Dichos impetrantes acuden a la presente instancia, por cuanto a Enriqueta Salgado Domínguez, quien refiere ser parte actora dentro de los autos del juicio 252/2020 el cual se encuentra radicado en el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz Veracruz, y que los diversos quejosos Lorena Rodríguez Díaz y Ernesto Vázquez Anzurez son sus autorizados dentro de los autos de citado juicio, por lo que aducen que se afecta el derecho fundamental de libre ejercicio de la profesión y acceso a la justicia, sin tener prevista la posibilidad de tener acceso a los expedientes en trámite, vía electrónica o digital, por lo que también aducen que les afecta su derecho humano del disfrute de la innovación tecnológica. En ese orden de ideas, atendiendo al contexto en que se formula la demanda constitucional, el suscrito advierte que no se justifica, ni en forma indiciaria, el interés legítimo de los quejosos, para acceder a esta instancia extraordinaria; habida cuenta que, no se atribuyen a dichos actos una afectación real, actual y objetivamente apreciable en su esfera jurídica susceptible de ser reparada a través del fallo protector que eventualmente se obtuviere, ya que, sólo se realizó un cambio de residencia de dichos juzgados, por lo que, se continuará con el trámite de sus litigios de manera normal, y se les seguirá brindando el servicio de acceso a la justicia. Por otra parte, no se advierte que con el cambio de domicilio de los aludidos órganos jurisdiccionales a la Ciudad Judicial de Cardel, Veracruz a que se refieren los quejosos en su demanda de amparo, se vea trasgredido el derecho de acceso a la justicia, si se toma en consideración que uno de los elementos integrales del acceso a la justicia es el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva... Lo anterior, dado que, de la lectura integral de la demanda de amparo, si bien la quejosa Enriqueta Salgado Domínguez, refiere ser parte actora dentro de los autos del juicio ordinario civil 252/2020 el cual se encuentra radicado en el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, y que los diversos quejosos Lorena Rodríguez Díaz y Ernesto Vázquez Anzurez, son sus autorizados dentro del citado expediente, lo cierto es que como ya se dijo, los impetrantes no se ubican en un supuesto especifico en el que les pueda afectar el traslado del citado órgano jurisdiccional a la Ciudad Judicial de Cardel, Veracruz, dado que su reclamo lo hacen de forma genérica, en el sentido de que, a ella como parte actora en un expediente que se tramita en el Juzgado Sexto de Primera Instancia, se tendrá que trasladar a otro municipio distinto al en que habita, generándole gastos constantes para acudir a consultar su expediente. Por cuanto hace a los profesionistas en derecho que signan la demanda, aducen que se les afectaría el no tener cerca el órgano jurisdiccional en donde están autorizados para acudir a dirimir sus controversias jurídicas, ya que para consultar los asuntos que se encuentren en trámite en dichos juzgados tendrían que trasladarse a otro municipio, con el inminente pago de peaje y gasolina o en su caso, transporte urbano, así como el inherente peligro que implica el viaje en carretera, sin considerar la pérdida de tiempo que implica. De las referidas manifestaciones no se advierte la titularidad del derecho cuestionado, ni cuentan con una especial situación frente a ese derecho; y en ese sentido, contrario a lo indicado, no tienen el interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que se requiere para que la anulación de los actos que se reclaman produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto, no se justifica, ni en forma provisional, el interés legítimo que los quejosos dicen que les asiste para acceder a esta instancia extraordinaria, pues no se atribuye a dichos actos una afectación real, actual y objetivamente apreciable en su esfera jurídica susceptible de ser reparada a través del fallo protector que eventualmente se obtuviere. Lo anterior se afirma, a la luz de los criterios que ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues para tener por configurado un interés de tal naturaleza, se requiere de una afectación por lo menos indirecta -dentro de un parámetro de razonabilidad y no sólo de mera probabilidad- en la esfera jurídica del particular, derivada del acto reclamado, tal como lo exige la propia norma constitucional y en la especie, no se advierte la existencia de una afectación en específico, ni aun indirecta en la esfera jurídica de los impetrantes, ante la cual una eventual sentencia de protección constitucional implique la obtención de un beneficio determinado, pues lo que se advierte es un interés simple, igual al de cualquier gobernado, ya que sólo se endereza una defensa abstracta del derecho cuestionado. Ello implica un interés abstracto o simple y no el legítimo, el cual consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico; de ahí que, el interés legítimo no implica la generalización de una acción, sino el acceso a los tribunales ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. De tal suerte, que si con el juicio de amparo promovido no se restituirá a los quejosos en el goce de algún derecho concreto, ni aun de manera indirecta, es claro que la promoción del medio de defensa no les reporta un beneficio en su esfera jurídica individual, de modo que no puede considerarse actualizado en su favor un interés legítimo, pues este está condicionado a que el solicitante de la protección constitucional logre un beneficio con la anulación de los actos que se reclaman. Además, no es el sentido de legalidad o la opinión particular sobre este concepto lo que de suyo lleva a una declaratoria de inconstitucionalidad, pues de ser así, todos los habitantes estarían legitimados para impugnar cualquier tipo de acto que no cumpla con el marco constitucional y legal, lo cual tornaría al juicio de amparo en un control abstracto o preventivo y no en un medio reparador. Por tanto, dentro del universo de afectaciones que las personas pueden resentir, los jueces constitucionales - mediante amparo- sólo son aptos para conocer de aquellas calificables como actualizadoras del interés legítimo o jurídico y no otras, lo que no ocurre en el presente caso, al evidenciarse que se trata de un interés simple, porque no se le ocasiona a los quejosos, un agravio real, palpable y cualitativamente distinto al de los demás, como lo exige la fracción I del artículo 107 Constitucional, lo que no implica que el resto de afectaciones posibles no sean relevantes para el modelo de estado constitucional, simplemente no son adecuadas para dirimirse en sede jurisdiccional en este momento... En ese orden de ideas, si como ya se dijo, la existencia del interés legítimo o en los casos en los que no se posee uno jurídico, es legalmente indispensable para la procedencia de la acción de amparo y, en la especie, se insiste, no se justificó, ni existe la posibilidad de acreditarlo durante la tramitación del juicio, pues no hay evidencia alguna al respecto, de ello se sigue que es procedente el desechamiento de la demanda origen del presente juicio de amparo, por ese motivo, se ajusta al supuesto jurídico expresamente contemplado para esos casos... De modo que al haberse apreciado con claridad y sin lugar a dudas que la situación de los quejosos frente a los actos de autoridad implica un mero interés simple; es factible desechar la demanda de amparo... Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno relativo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes... Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, con el apercibimiento que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado, cerrado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte quejosa o a su autorizados, se realizarán las notificaciones que tengan el carácter de personales, por lista, previa razón actuarial que obre en autos y acuerdo que al efecto se emita... Asimismo, como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Lorena Rodríguez Díaz y Ernesto Vázquez Anzurez, por tener registradas sus cédulas profesionales que los acreditan como licenciados en derecho, ante el Registro de cédulas profesionales de la Secretaría de Educación Pública... Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción... en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias...

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