Lorenzo Agustín Hernández Olguín
Expediente 1673/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1673/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Lorenzo Agustín Hernández Olguín
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; seis de octubre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguense a los autos los oficios signados por la autoridad Presidente de la Sala Regional de Hidalgo y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de los cuales rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer nueva relación al celebrarse la audiencia constitucional. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad oficiante las documentales que acompaña a su informe justificado, descritas en la certificación de cuenta, las cuales se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza y con la que habrá de darse cuenta en la audiencia constitucional. Anexos. Debido al volumen de las constancias referidas en el párrafo que antecede, fórmese el anexo uno, respetando su folio original. 8
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve Lorenzo Agustín Hernández Olguín, contra actos del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especial en Delitos de Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo y otras autoridades, atento a su contenido, fórmese expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, con el número 1673/2023-1-B. Estudio de la demanda. A efecto de proveer respecto de la demanda de derechos, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente, para proceder a desechar de plano una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Del estudio de la demanda, se obtiene que en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5 y 6, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)". Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. El artículo 6 de la Ley de Amparo, dispone que el juicio constitucional puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame; en consecuencia, es presupuesto entonces para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, la existencia de un gobernado que resienta un perjuicio directo en alguno de los derechos fundamentales que contempla en su favor la Constitución Federal del País. En el caso que nos ocupa, si bien, la demanda fue presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se obtiene que ésta carece de evidencia criptográfica o firma electrónica a nombre del quejoso Lorenzo Agustín Hernández Olguín; así, si conforme a la implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3 de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los Asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los cuales regulan los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, sin la firma electrónica (FIREL) de la parte quejosa, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte. Bajo ese tenor, siendo que la firma es el signo gráfico material eficaz y apto para que una persona respalde promociones por escrito, para que el suscriptor se responsabilice de su contenido, de ahí que la falta de un signo gráfico original, tiene como consecuencia que el referido escrito no constituya demanda y no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, acorde a lo que establece el artículo 6 de la Ley de Amparo. En efecto, el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo externando su voluntad, signado y respaldando lo ahí contenido. Bajo esa premisa, un escrito de demanda presentado sin esas características, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendente a darle curso legal, pues su falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad de presentar su libelo constitucional. Así como, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 79, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de título siguiente: «DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO». Por último, no obsta que la demanda de amparo en su última página presente una rúbrica digitalizada sobre el nombre del quejoso; sin embargo, la misma no es suficiente para evidenciar su voluntad de iniciar la presente instancia, dado que al haberse presentado dicho escrito de manera electrónica, era necesaria su firma electrónica con certificado digital validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento. En consecuencia, con fundamento en los artículos con fundamento en el invocado artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es desechar de plano la demanda en virtud de advertirse de manera manifiesta e indudable, que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5 y 6°, ambos de la Ley de Amparo. Acceso al expediente electrónico. Como lo solicita la parte quejosa y conforme a la certificación de cuenta, se autoriza el acceso al expediente electrónico y las notificaciones que conforme al artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo deban hacerse en forma personal, se le realicen vía electrónica al usuario "Jneo89" a través del referido Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 37, 40, 41 bis, 61, 62 y 84 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; por lo que se ordena a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que registre dicha solicitud. En la inteligencia de que el usuario "Jneo89" deberá ingresar al sistema electrónico para obtener la constancia de la consulta realizada en un plazo máximo de dos días hábiles, contados a partir de que este juzgado de Distrito la hubiese enviado; hecho que sea, digitalícese la constancia generada para el expediente electrónico y agréguese una copia al expediente impreso como constancia de notificación. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por hecha la notificación respectiva de conformidad con los artículos 30, fracción II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo. Autorizado. De conformidad con el artículo 12 de la ley de amparo se tiene por autorizado en términos amplios a Isle Soraya Mendoza Galicia, toda vez que se encontró registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Asimismo, toda vez que no se encontró registro de la cédula profesional a nombre de las personas restantes, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, únicamente se les autoriza para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto se cuenten con su registro correspondiente. Notificación en días y horas inhábiles. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial adscrito a fin de que notifique el presente proveído y los subsecuentes en días y horas inhábiles. Exhortación a tramitar el asunto "en línea". Por otra parte, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a la parte quejosa para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Correo electrónico y número telefónico. Por otra parte, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID 19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se requiere a la parte quejosa una dirección de correo electrónico y número telefónico únicamente para brindarle atención tratándose de comunicaciones no procesales y en el evento de requerir establecer contacto en los casos en que se considere necesario..M-I
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