Lorena López Hernández

Expediente 477/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
477/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
15/06/2021

Partes del expediente

  • Lorena López Hernández
  • Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    ...Pachuca de Soto, Hidalgo; quince de junio de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación de cuenta, y como ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se haya recurrido el auto a través del cual se desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y el registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ARCHIVO. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen..-. M-V

  2. Principal

    ...Previo aviso, dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa, y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el proveído y/o resolución de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, a través del cual se determina: ...Pachuca de Soto, Hidalgo; veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la comparecencia de veintiséis de mayo pasado, mediante la cual, la quejosa Lorena López Hernández ratificó la firma que calza el escrito recibido el diecinueve de mayo anterior en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional; por tanto, se le tiene dando cumplimiento a la prevención formulada en autos. DESECHAMIENTO. De un análisis integral de la demanda se advierte la actualización de dos causales de improcedencia manifiestas e indudables; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la Lucia Flores Miranda 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d 10/06/23 17:12:05 2 actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que debe ser clara, evidente por sí misma, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; tal como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Ahora, el caso, de un análisis integral del escrito de demanda, se advierte que Lorena López Hernández reclama: a) La sentencia de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno dentro del toca civil 128/2020, dictada por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo; y, b) La notificación de dicha resolución, practicada por la actuario adscrita a la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. En esas condiciones, respecto del acto precisado en el inciso a), se individualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; toda vez que los proveídos reclamados no causan un perjuicio de imposible reparación a la promovente, por las siguientes consideraciones. Los preceptos citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Lucia Flores Miranda 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d 10/06/23 17:12:05 "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" De la lectura de los preceptos transcritos, se aprecia que tratándose de actos dictados dentro de un juicio, el amparo biinstancial únicamente procede cuando sean de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afectan materialmente y de manera actual derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando lo dispuesto en las fracciones III, inciso b), y V del artículo 107 de la Ley de Amparo, consideró que el legislador, mediante una definición legal, reiteró su propósito de que los actos dictados en juicio, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; esto es, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio a un derecho y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. Además, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. De ello, se obtienen las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: Lucia Flores Miranda 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d 10/06/23 17:12:05 4 La primera consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos; esto es, en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, se refiere a que los derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos; expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Tales consideraciones están contenidas en el criterio jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.), sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que puede ser consultado en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica Lucia Flores Miranda 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d 10/06/23 17:12:05 para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual - a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los Lucia Flores Miranda 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d 10/06/23 17:12:05 6 juicios ordinarios." Una vez expuesto lo anterior, se tiene que la sentencia de veintinueve de marzo de este año, dictada en el toca civil 128/2020, dictada por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, mediante la cual confirmó el auto en el que se negó el señalamiento de día y hora a fin de desahogar las pruebas de inspección judicial y testimonial ofrecidas por la aquí quejosa, no constituye un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, pues de existir violaciones, sólo se refirieron a cuestiones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos. En efecto, de los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta el promovente, los cuales merecen valor demostrativo pleno en términos de los artículos 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al constituir una confesión espontánea, se advierte que la ahora quejosa es parte demandada en el juicio ordinario civil de nulidad de escritura pública con número de expediente 525/2018, promovido por Remedio Benítez Sánchez; Luego, una vez que se apertura al periodo probatorio correspondiente, se admitieron a la ahora quejosa la de inspección judicial y testimonial; sin embargo, no fue posible su desahogo, por lo que dicha parte solicitó nuevo día y hora hábil a fin de desahogarlas, señalamiento que fue negado por el juez primigenio; por tanto, promovió recurso de apelación del cual correspondió conocer a la Primer Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, bajo el número de toca civil 128/2020. Luego, la sala responsable, mediante sentencia de veintinueve de marzo de este año, confirmó la resolución del juez de primera instancia (la que constituye el acto reclamado en cuestión). En esas condiciones, la resolución impugnada no puede ser considerada como un acto que tenga efectos de imposible reparación, en virtud de que no produce de manera inmediata Lucia Flores Miranda 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d 10/06/23 17:12:05 afectación a algún derecho fundamental sino que, como se dijo, las posibles violaciones que se hubieron cometido son de naturaleza únicamente formal. Efectivamente, tal determinación de ningún modo le impide el ejercicio de un derecho sustantivo, como lo es la vida o la libertad, sino que, los perjuicios que pudiere originar son de naturaleza procesal, al estar relacionados con aspectos relativos a la personalidad de quien promovió el juicio mercantil de origen. En otras palabras, no afecta en forma directa e inmediata algún derecho sustantivo del amparista, como la vida, la libertad o la propiedad, tutelados en la Constitución Federal o en algún tratado internacional, sino que en todo caso son cuestiones intraprocesales. Además, no afecta de manera inmediata a la promovente dado que sus efectos se verán reflejados en el auto en el que el juzgado de origen determine si es procedente admitir o desechar la demanda, y la afectación que, en su caso, le provocara, se traduce en aspectos meramente procesales, no así sustantivos; por esas razones, se afirma, no son de imposible reparación. En ese sentido, las afectaciones que, la ahora quejosa aduce le producen el acto reclamado pueden ser reparadas en el supuesto de que se dicte acuerdo en el que se señale día y hora a fin de desahogar las pruebas de inspección judicial y testimonial, o en caso contrario, de acuerdo con lo establecido en el arábigo 170 de la Ley de Amparo, se encuentra en aptitud de reclamarlas a través del juicio de amparo directo, por constituir violaciones a las reglas del procedimiento, de acuerdo a lo consignado por la fracción III del artículo 172 de la citada legislación, que es del tenor siguiente: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, Lucia Flores Miranda 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d 10/06/23 17:12:05 8 [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; [.]." Conforme a tal porción normativa, en la demanda de amparo directo que, en su caso, sea promovida, pueden controvertirse tanto las violaciones cometidas al dictar la sentencia, como aquellas que se actualizaron durante el procedimiento, siempre que en este último caso hubiesen trascendido al resultado del fallo y afectado las defensas del quejoso. Lo anterior, tiene como finalidad, por una parte, restringir el derecho a interponer recursos o medios de defensa en contra de cada una de las cuestiones accidentales o incidentales que surjan durante el procedimiento y, por otra, establecer medios de defensa en los que tales cuestiones puedan resolverse de manera simultánea, concentrando así el debate judicial. Sustenta la anterior consideración por analogía la jurisprudencia P./J. 6/94 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, página 13, cuyos rubro y texto son los siguientes: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral Lucia Flores Miranda 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d 10/06/23 17:12:05 citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: 'EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.', cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." En otro orden de ideas, por cuanto hace al acto que quedó precisado en el inciso b), esto es, la notificación de la sentencia de veintinueve de marzo de este año, efectuada por la actuaria adscrita a la Primer Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, dentro del toca civil 128/2020, se actualiza la causal de improcedencia derivada de la infracción al principio de definitividad, prevista en el precepto 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: Lucia Flores Miranda 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d 10/06/23 17:12:05 10 a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." De acuerdo con lo anterior, se desprende que el juicio de amparo se rige, entre otros principios, por el de definitividad, que obliga a los gobernados previamente a instarlo a agotar los recursos o medios de defensa previstos en la ley que rige el acto para remediar los vicios que se adviertan de los actos de autoridad. Lo que implica que, por regla general, la acción constitucional sólo será procedente contra actos definitivos, esto es, respecto de aquellos que no sean susceptibles de modificación, revocación o invalidación a través de algún recurso o medio ordinario de defensa que pueda hacerse valer ante los tribunales ordinarios. Ahora bien, dicho principio de definitividad debe observarse al promoverse el juicio de amparo, y consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija Lucia Flores Miranda 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d 10/06/23 17:12:05 el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca. Ciertamente, el mencionado principio de definitividad supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El citado principio se fundamenta en la naturaleza misma del amparo; es decir, éste es un medio extraordinario sui generis, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a instar la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. En ese tenor, la improcedencia del juicio se genera porque no se agotó el medio de impugnación ordinario mediante el cual la resolución reclamada pudo haber sido reparada por la propia autoridad que lo emitió, o bien, por el superior jerárquico o tribunal de segunda instancia. En el caso, la quejosa reclama la notificación de la sentencia de veintinueve de marzo de este año, efectuada por la actuaria adscrita a la Primer Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, dentro del toca civil 128/2020; sin embargo, contra tal determinación procede el incidente de nulidad de notificaciones de conformidad con los artículos 73, 75 y 87 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, que a la letra dicen lo siguiente: Lucia Flores Miranda 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d 10/06/23 17:12:05 12 "Artículo 73. Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes y cuando la ley expresamente lo determine; pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella. "Artículo 75. Las notificaciones que se hicieren en forma distinta de la prevenida en este Código, serán nulas. La parte agraviada podrá promover el respectivo incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente. Igual derecho existirá en caso de omisión de notificación. Si la parte afectada se hubiere manifestado en juicio, sabedora de la providencia, sin promover la nulidad, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviese legalmente hecha." "Artículo 87. Los incidentes que no tengan regulación especial se tramitarán con un escrito de cada parte, y tres días para resolver. Si se promueve prueba, deberá ofrecerse en los escritos respectivos, fijando los puntos sobre los que verse, y se citará para audiencia indiferible dentro del término de cinco días, en que se reciba, se oigan brevemente las alegaciones, y se cite para sentencia interlocutoria que deberá pronunciarse dentro de los cinco días siguientes." De la lectura de dichos preceptos se advierte que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo contempla la posibilidad de impugnar una notificación cuando se haga en forma distinta a la prevenida en la ley, a través del incidente de nulidad de notificaciones. Debe decirse que la declaración de nulidad es el reconocimiento, por parte de la autoridad que resuelve el incidente respectivo, de que la actuación de que se trate ha sido ilegal y, por lo tanto, inaplicable en lo pasado como en el futuro, con las consecuencias que de ello resulten, especialmente la anulación de los actos que se hayan realizado con base en ella. En esa virtud, contra la notificación de la sentencia de veintinueve de marzo de este año, efectuada por la actuaria adscrita a la Primer Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, dentro del toca civil 128/2020 la accionante debió promover el incidente de nulidad de Lucia Flores Miranda 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d 10/06/23 17:12:05 notificaciones previsto en los artículos 73, 75 y 87 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo. Asimismo, es necesario aclarar que, en la especie, no se surte ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, establecidos en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que el acto en estudio no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como tampoco se trata de incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Además, no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión; un auto que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; una orden de arresto u otro que afecte la libertad personal del amparista. Asimismo, no se impugna un auto de vinculación a proceso. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 2006, página a1816, que establece: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis Lucia Flores Miranda 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d 10/06/23 17:12:05 14 específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." En suma, si el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo prevé el incidente de nulidad de notificación, la quejosa debe acudir a hacer valer dicho recurso, previo a acudir a la sede constitucional. En esas condiciones, al actualizarse de manera indudable las causales de improcedencia en estudio, se reitera el desechamiento de la demanda de mérito, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. .-. M-V

  3. Principal

    ...Pachuca de Soto, Hidalgo; veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la comparecencia de veintiséis de mayo pasado, mediante la cual, la quejosa Lorena López Hernández ratificó la firma que calza el escrito recibido el diecinueve de mayo anterior en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional; por tanto, se le tiene dando cumplimiento a la prevención formulada en autos. DESECHAMIENTO. De un análisis integral de la demanda se advierte la actualización de dos causales de improcedencia manifiestas e indudables; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la Lucia Flores Miranda 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d 10/06/23 17:12:05 2 actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que debe ser clara, evidente por sí misma, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; tal como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Ahora, el caso, de un análisis integral del escrito de demanda, se advierte que Lorena López Hernández reclama: a) La sentencia de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno dentro del toca civil 128/2020, dictada por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo; y, b) La notificación de dicha resolución, practicada por la actuario adscrita a la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. En esas condiciones, respecto del acto precisado en el inciso a), se individualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; toda vez que los proveídos reclamados no causan un perjuicio de imposible reparación a la promovente, por las siguientes consideraciones. Los preceptos citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Lucia Flores Miranda 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d 10/06/23 17:12:05 "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" De la lectura de los preceptos transcritos, se aprecia que tratándose de actos dictados dentro de un juicio, el amparo biinstancial únicamente procede cuando sean de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afectan materialmente y de manera actual derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando lo dispuesto en las fracciones III, inciso b), y V del artículo 107 de la Ley de Amparo, consideró que el legislador, mediante una definición legal, reiteró su propósito de que los actos dictados en juicio, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; esto es, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio a un derecho y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. Además, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. De ello, se obtienen las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: Lucia Flores Miranda 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d 10/06/23 17:12:05 4 La primera consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos; esto es, en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, se refiere a que los derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos; expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Tales consideraciones están contenidas en el criterio jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.), sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que puede ser consultado en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica Lucia Flores Miranda 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d 10/06/23 17:12:05 para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual - a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los Lucia Flores Miranda 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d 10/06/23 17:12:05 6 juicios ordinarios." Una vez expuesto lo anterior, se tiene que la sentencia de veintinueve de marzo de este año, dictada en el toca civil 128/2020, dictada por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, mediante la cual confirmó el auto en el que se negó el señalamiento de día y hora a fin de desahogar las pruebas de inspección judicial y testimonial ofrecidas por la aquí quejosa, no constituye un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, pues de existir violaciones, sólo se refirieron a cuestiones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos. En efecto, de los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta el promovente, los cuales merecen valor demostrativo pleno en términos de los artículos 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al constituir una confesión espontánea, se advierte que la ahora quejosa es parte demandada en el juicio ordinario civil de nulidad de escritura pública con número de expediente 525/2018, promovido por Remedio Benítez Sánchez; Luego, una vez que se apertura al periodo probatorio correspondiente, se admitieron a la ahora quejosa la de inspección judicial y testimonial; sin embargo, no fue posible su desahogo, por lo que dicha parte solicitó nuevo día y hora hábil a fin de desahogarlas, señalamiento que fue negado por el juez primigenio; por tanto, promovió recurso de apelación del cual correspondió conocer a la Primer Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, bajo el número de toca civil 128/2020. Luego, la sala responsable, mediante sentencia de veintinueve de marzo de este año, confirmó la resolución del juez de primera instancia (la que constituye el acto reclamado en cuestión). En esas condiciones, la resolución impugnada no puede ser considerada como un acto que tenga efectos de imposible reparación, en virtud de que no produce de manera inmediata Lucia Flores Miranda 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d 10/06/23 17:12:05 afectación a algún derecho fundamental sino que, como se dijo, las posibles violaciones que se hubieron cometido son de naturaleza únicamente formal. Efectivamente, tal determinación de ningún modo le impide el ejercicio de un derecho sustantivo, como lo es la vida o la libertad, sino que, los perjuicios que pudiere originar son de naturaleza procesal, al estar relacionados con aspectos relativos a la personalidad de quien promovió el juicio mercantil de origen. En otras palabras, no afecta en forma directa e inmediata algún derecho sustantivo del amparista, como la vida, la libertad o la propiedad, tutelados en la Constitución Federal o en algún tratado internacional, sino que en todo caso son cuestiones intraprocesales. Además, no afecta de manera inmediata a la promovente dado que sus efectos se verán reflejados en el auto en el que el juzgado de origen determine si es procedente admitir o desechar la demanda, y la afectación que, en su caso, le provocara, se traduce en aspectos meramente procesales, no así sustantivos; por esas razones, se afirma, no son de imposible reparación. En ese sentido, las afectaciones que, la ahora quejosa aduce le producen el acto reclamado pueden ser reparadas en el supuesto de que se dicte acuerdo en el que se señale día y hora a fin de desahogar las pruebas de inspección judicial y testimonial, o en caso contrario, de acuerdo con lo establecido en el arábigo 170 de la Ley de Amparo, se encuentra en aptitud de reclamarlas a través del juicio de amparo directo, por constituir violaciones a las reglas del procedimiento, de acuerdo a lo consignado por la fracción III del artículo 172 de la citada legislación, que es del tenor siguiente: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, Lucia Flores Miranda 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d 10/06/23 17:12:05 8 [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; [.]." Conforme a tal porción normativa, en la demanda de amparo directo que, en su caso, sea promovida, pueden controvertirse tanto las violaciones cometidas al dictar la sentencia, como aquellas que se actualizaron durante el procedimiento, siempre que en este último caso hubiesen trascendido al resultado del fallo y afectado las defensas del quejoso. Lo anterior, tiene como finalidad, por una parte, restringir el derecho a interponer recursos o medios de defensa en contra de cada una de las cuestiones accidentales o incidentales que surjan durante el procedimiento y, por otra, establecer medios de defensa en los que tales cuestiones puedan resolverse de manera simultánea, concentrando así el debate judicial. Sustenta la anterior consideración por analogía la jurisprudencia P./J. 6/94 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, página 13, cuyos rubro y texto son los siguientes: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral Lucia Flores Miranda 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d 10/06/23 17:12:05 citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: 'EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.', cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." En otro orden de ideas, por cuanto hace al acto que quedó precisado en el inciso b), esto es, la notificación de la sentencia de veintinueve de marzo de este año, efectuada por la actuaria adscrita a la Primer Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, dentro del toca civil 128/2020, se actualiza la causal de improcedencia derivada de la infracción al principio de definitividad, prevista en el precepto 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: Lucia Flores Miranda 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d 10/06/23 17:12:05 10 a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." De acuerdo con lo anterior, se desprende que el juicio de amparo se rige, entre otros principios, por el de definitividad, que obliga a los gobernados previamente a instarlo a agotar los recursos o medios de defensa previstos en la ley que rige el acto para remediar los vicios que se adviertan de los actos de autoridad. Lo que implica que, por regla general, la acción constitucional sólo será procedente contra actos definitivos, esto es, respecto de aquellos que no sean susceptibles de modificación, revocación o invalidación a través de algún recurso o medio ordinario de defensa que pueda hacerse valer ante los tribunales ordinarios. Ahora bien, dicho principio de definitividad debe observarse al promoverse el juicio de amparo, y consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija Lucia Flores Miranda 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d 10/06/23 17:12:05 el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca. Ciertamente, el mencionado principio de definitividad supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El citado principio se fundamenta en la naturaleza misma del amparo; es decir, éste es un medio extraordinario sui generis, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a instar la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. En ese tenor, la improcedencia del juicio se genera porque no se agotó el medio de impugnación ordinario mediante el cual la resolución reclamada pudo haber sido reparada por la propia autoridad que lo emitió, o bien, por el superior jerárquico o tribunal de segunda instancia. En el caso, la quejosa reclama la notificación de la sentencia de veintinueve de marzo de este año, efectuada por la actuaria adscrita a la Primer Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, dentro del toca civil 128/2020; sin embargo, contra tal determinación procede el incidente de nulidad de notificaciones de conformidad con los artículos 73, 75 y 87 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, que a la letra dicen lo siguiente: Lucia Flores Miranda 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d 10/06/23 17:12:05 12 "Artículo 73. Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes y cuando la ley expresamente lo determine; pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella. "Artículo 75. Las notificaciones que se hicieren en forma distinta de la prevenida en este Código, serán nulas. La parte agraviada podrá promover el respectivo incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente. Igual derecho existirá en caso de omisión de notificación. Si la parte afectada se hubiere manifestado en juicio, sabedora de la providencia, sin promover la nulidad, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviese legalmente hecha." "Artículo 87. Los incidentes que no tengan regulación especial se tramitarán con un escrito de cada parte, y tres días para resolver. Si se promueve prueba, deberá ofrecerse en los escritos respectivos, fijando los puntos sobre los que verse, y se citará para audiencia indiferible dentro del término de cinco días, en que se reciba, se oigan brevemente las alegaciones, y se cite para sentencia interlocutoria que deberá pronunciarse dentro de los cinco días siguientes." De la lectura de dichos preceptos se advierte que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo contempla la posibilidad de impugnar una notificación cuando se haga en forma distinta a la prevenida en la ley, a través del incidente de nulidad de notificaciones. Debe decirse que la declaración de nulidad es el reconocimiento, por parte de la autoridad que resuelve el incidente respectivo, de que la actuación de que se trate ha sido ilegal y, por lo tanto, inaplicable en lo pasado como en el futuro, con las consecuencias que de ello resulten, especialmente la anulación de los actos que se hayan realizado con base en ella. En esa virtud, contra la notificación de la sentencia de veintinueve de marzo de este año, efectuada por la actuaria adscrita a la Primer Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, dentro del toca civil 128/2020 la accionante debió promover el incidente de nulidad de Lucia Flores Miranda 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d 10/06/23 17:12:05 notificaciones previsto en los artículos 73, 75 y 87 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo. Asimismo, es necesario aclarar que, en la especie, no se surte ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, establecidos en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que el acto en estudio no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como tampoco se trata de incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Además, no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión; un auto que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; una orden de arresto u otro que afecte la libertad personal del amparista. Asimismo, no se impugna un auto de vinculación a proceso. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 2006, página a1816, que establece: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis Lucia Flores Miranda 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d 10/06/23 17:12:05 14 específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." En suma, si el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo prevé el incidente de nulidad de notificación, la quejosa debe acudir a hacer valer dicho recurso, previo a acudir a la sede constitucional. En esas condiciones, al actualizarse de manera indudable las causales de improcedencia en estudio, se reitera el desechamiento de la demanda de mérito, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. .-. M-V

  4. Principal

    ...Pachuca de Soto, Hidalgo; veinte de mayo de dos mil veintiuno. Visto el escrito signado por quien se ostenta como la quejosa Lorena López Hernández; sin embargo, se advierte que la firma que lo calza difiere de la estampada en el escrito inicial, como se ilustra a continuación: RATIFICACIÓN DE FIRMA. En esas condiciones, se requiere a la promovente para que para que acuda a las instalaciones que ocupa este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, debidamente identificada con credencial oficial vigente y una copia simple de la misma, a efecto de ratificar la firma que obra en el ocurso de cuenta; ello, a fin de que esta autoridad se encuentre en aptitud de acordar lo correspondiente. Lo anterior, ya que para otorgar eficacia jurídica a las promociones que presenten las partes, es necesario que éstas firmen el escrito respectivo, pues sólo con ello se hace constar la voluntad de quien aparece como promovente en relación con las manifestaciones que contienen. Debe precisarse que si bien, la suscrita no es perito en grafoscopía, también lo es que, ante lo evidente y notorio de la diferencia en las signaturas asentadas en el escrito inicial y en el ocurso de cuenta, se puede concluir que para detectar esa circunstancia no se requiere de tales conocimientos; pues esta última presenta rasgos tan diferentes a la primera, que cualquier persona puede detectarlos con sólo imponerse de ellas a simple vista. Lo anterior encuentra apoyo en lo sustentado en la jurisprudencia 385, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, visible en la página 385, Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es el siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." APERCIBIMIENTO. Queda apercibida la promovente de que, de no dar cumplimiento al requerimiento anterior, se tendrá por no presentado el escrito de cuenta. MEDIDAS SANITARIAS QUE DEBEN OBSERVARSE AL COMPARECER AL ÓRGANO JURISDICCIONAL. En atención a lo dispuesto por el artículo 7 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue prorrogada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020Y 1/2021, las personas que acudan a las instalaciones que ocupa este Juzgado de Distrito deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y áreas destinadas para la espera y atención), evitar permanecer en zonas de tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Asimismo, deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional a fin de respetar las reglas de sana distancia. Finalmente, la diligencia de ratificación se realizará bajo el más estricto cumplimiento de las medidas de distanciamiento social necesarias, de manera que no se ponga en riesgo la salud del personal jurisdiccional ni de quien comparezca..-. M-V

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