Lorenza Miguel Regino

Expediente 1086/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1086/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
17/11/2022

Partes del expediente

  • Lorenza Miguel Regino

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MESA I "... C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, el acto reclamado, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia expresó. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco del tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto a continuación se transcribe. "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: La negativa de expedirle la escritura de la casa cuyo domicilio es privada de Magnolia Lote 5, Azucenas y Orquídeas odisea, Santa María Atzompa, Oaxaca, dado que vivió en concubinato muchos años con el finado JESUS ROLANDO RAMIREZ ZAVALETA hasta que falleció. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, sin embargo, de las constancias que anexó a su informe y que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, y además conforme a la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo contenido es el siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Se advierte que hace manifestaciones que evidencian su certeza, por lo tanto, se tiene como cierto el acto que se le reclama. CUARTO. Causales de improcedencia Previo al análisis del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público, de estudio preferente, en principio se deben analizar las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia número ochocientos catorce, visible en la página quinientos cincuenta y tres, del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, bajo el rubro. "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, se advierte que SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA consistente en que no procede el amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso que resulta de relacionar los artículos 5°, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dichos artículos establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I.El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" La disposición imperativa de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, entendiéndose como tales aquellos actos jurisdiccionales que no afectan de manera real, actual, personal y directamente los derechos subjetivos (intereses jurídicos) del promovente; en el entendido que por derecho subjetivo se entiende el conjunto de facultades concretas atribuidas a la persona, cuya situación se subsuma en la hipótesis de una norma objetiva. En ese sentido, de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5, fracción I y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, se advierte que uno de los principios rectores de la procedencia del juicio de amparo lo constituye el interés jurídico de quien acude a solicitar la protección federal, el cual surge con la existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse y con un acto de autoridad que lo vulnere. De esta forma, como presupuesto básico para la promoción del juicio de amparo, la persona -física o moral- podrá solicitar legítimamente la protección de la Justicia Federal, en los casos en que cuente con un derecho que haya sido infringido por actos de alguna autoridad. De esta afirmación, se obtienen los requisitos que integran el interés jurídico, a saber: a) La existencia y titularidad de un derecho tutelado por la ley; y, b) El resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa en ese derecho, proveniente de un acto u omisión de autoridad. Acorde con lo anterior, el interés jurídico necesario para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad, se encuentra en el perjuicio que éste ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados por el orden jurídico, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación; ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 64, Marzo de 2019, Materia Común, Décima Época, número de página 1598, con número de registro digital 2019456, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Ahora, se advierte que el acto que reclama el quejoso, consiste en: La negativa de expedirle la escritura de la casa cuyo domicilio es privada de Magnolia Lote 5, Azucenas y Orquídeas odisea, Santa María Atzompa, Oaxaca, dado que vivió en concubinato muchos años con el finado JESUS ROLANDO RAMIREZ ZAVALETA hasta que falleció. Como se adelantó de las constancias de autos, se advierte que la quejosa no resiente un perjuicio real, actual, personal y directo a sus derechos subjetivos, por lo cual es improcedente el juicio de amparo que intenta. Es así, porque la amparista no presentó documento o constancia alguna que demuestre que era la beneficiaria del ahora fallecido y que debía recibir la documentación sobre la cancelación del crédito de mutuo con intereses y garantía hipotecaria, por previó pago o por muerte del contratante y la devolución de las escrituras originales de la propiedad del finado. En efecto, las documentales que anexó a su demanda, consistentes en copia de la credencial de elector expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral; constancia de origen y vecindad expedida a su favor por la Secretaría Municipal de Santa María Atzompa, Oaxaca, y original de su clave Curp; con dichos medios de prueba solo acredita su identidad y donde vive más no tener algún derecho sobre el bien inmueble ubicado en calle Magnolia Lote 5, Azucenas y Orquídeas odisea, Santa María Atzompa, Oaxaca. Asimismo, exhibe diversos documentos que están a nombre de JESÚS ROLANDO RAMIREZ ZAVALETA, con los cuales en su caso, demuestra que dicha persona es pensionado, pagaba luz eléctrica y que falleció; empero, no que tenga derecho sobre el bien inmueble, cuya escritura reclama le sea entregada por la autoridad responsable. Máxime que no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de amparo, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio constitucional, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 5 de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia de aquél (juicio), que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-2, enero- junio de 1989, página 923, que dice: "INTERES JURIDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso." De igual manera, por las razones jurídicas que la informan, es aplicable la jurisprudencia emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos diecinueve, Tomo VI, Parte SCJN, del apéndice del 1995, Octava Época, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o., de la Ley de Amparo en relación con la fracción V, del artículo 73, de este ordenamiento, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico del quejoso, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes, pero no basta para tenerse por acreditado el solo hecho de presentar la demanda respectiva, lo que implica únicamente la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que la ley o acto reclamado lesionan sus intereses jurídicos por lo que de no satisfacerse dichos requisitos, debe sobreseerse en el juicio de amparo." De esta manera, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el juicio de amparo, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la propia ley de la materia. QUINTO. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E UNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ... contra la autoridad señalada en el resultando primero de esta resolución. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Apoderado legal del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para que surta sus efectos legales correspondientes. Dése vista a las partes por el término de ocho días, a efecto de que se impongan de su contenido. Asimismo, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngasele señalando como delegados a las personas que menciona y téngasele precisando el domicilio de su oficina principal. Por otra parte, con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se le tiene señalando el correo electrónico que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. Por otra parte, en atención a su contenido, previo cotejo de la copia simple que exhibió con su ocurso de cuenta, devuélvasele la copia certificada del instrumento notarial a que hace referencia, dejándose la respectiva razón de entrega en autos; en el entendido de que dicha copia será entregada al ocursante, previa cita que solicite ante el órgano jurisdiccional, a fin de resguardar las medidas sanitarias y evitar la propagación del virus denominado COVID-19, entre el personal de este Juzgado y los justiciables. Cabe reiterar que, cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    MESA I "... Vistos los autos para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1086/2022. R(...) C O N S I D E R A N D O PRIMERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir su informe previo el Apoderado legal del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, negó la existencia del acto reclamado, argumentado lo siguiente: "Lo anterior, en virtud de que efectivamente con fecha uno de septiembre del presente año, fue recibida en la oficina de la Coordinación de Vivienda del FOVISSSTE en Oaxaca, fue recibido un escrito de la ciudadana Lorenza Miguel Regino, quien dijo haber vivido con el finado Jesús Rolando Ramírez Zavaleta, por lo que, solicitó la expedición de la escritura del inmueble ubicado en la Privada de Magnolia, lote 5, Azucena y Orquideas Santa María Atzompa, Oaxaca. En atención a dicha solicitud, con fecha seis de septiembre último, a través del oficio SP}/DVO/184/2022, suscrito por el Coordinador de Actividades en Materia de Vivienda del ISSSTE en Oaxaca, se dio respuesta a la solicitud realizada por la quejosa, en el sentido de negarle cualquier información relativa a su solicitud, pues no acredita su interés legítimo como beneficiaria del finado Jesús Rolando Ramírez Zavaleta, ya que, no basta la afirmación de la peticionaria en el sentido de que refiere haber vivido con el finado desde hace muchos años, sin que hubiere acreditado dicha circunstancia. Aunado a lo anterior, con fecha siete de septiembre del año actual, la peticionaria Lorenza Miguel Regino compareció a las oficinas de la Coordinación de Actividades de Vivienda, sito en la Avenida Ferrocarril 101, edificio B, Plaza Comercial Cinco Señores, Colonia José Vasconcelos, Oaxaca, en donde se le hizo saber el contenido del referido oficio, pero se negó a firmar de recibido y enterada del contenido del mismo por así habérsele indicado su abogado que la acompañaba;." Por tanto, de lo narrado en el informe previo se advierte no le fue expedida la escritura solicitada por los motivos señalados en los párrafos precedentes, lo cual es materia de estudio del juicio principal del cual deriva el presente juicio de amparo; por tanto, se tiene por cierto el acto que aquí reclama la parte quejosa. SE NIEGA LA MEDIDA CAUTELAR Ahora, para estar en condiciones de proveer sobre la suspensión definitiva del acto reclamado, es conveniente establecer que de la interpretación armónica de la fracción I, del artículo 128, en relación con el 138, ambos de la Ley de Amparo, la medida cautelar procede a petición de parte y el Juez de Distrito debe analizar los efectos y alcances de la medida cautelar. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 92/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 25/2017, publicada en la página trescientos ochenta y nueve, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, materia Común, con registro 2015701, correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA UN EFECTO DIVERSO AL SOLICITADO POR EL QUEJOSO." En el caso, la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado para que le sea expedida la escritura de la casa ubicada en Privada Magnolia Lote 5 Azucenas y Orquideas Odisea, Santa María Atzompa, Oaxaca. Ahora bien, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA por la quejosa; en virtud de que dicho acto es de naturaleza omisiva y, por ende, reviste el carácter de acto negativo, en contra del cual resulta improcedente la medida cautelar solicitada. Tiene aplicación al efecto, la jurisprudencia número 77, visible en la página ciento veintiséis de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, que a la letra dice: "ACTOS NEGATIVOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra ellos es improcedente conceder la suspensión". Asimismo, sirve de apoyo la tesis en materia común, de la Quinta Época, visible a página cinco mil doscientos treinta y ocho, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, con el rubro y textos siguientes: "ACTOS NEGATIVOS. Un acto tiene el carácter de negativo, cuando la autoridad se rehusa a hacer algo y la suspensión no puede tener el efecto de ordenar al Juez, que acceda a la petición del quejoso, y por lo mismo, no procede conceder la suspensión". NEGATIVA DE SUSPENSIÓN DEFINITIVA En ese contexto, se reitera, lo procedente es NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. VALORACIÓN DOCUMENTAL Con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la presente resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En mérito de lo expuesto y fundado legalmente, se R E S U E L V E : ÚNICO.- Se niega a ... la suspensión definitiva que solicitó del acto y la autoridad precisada en el considerando primero de esta interlocutoria. Notifíquese y regístrese.

  4. Incidental

    MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. FORMACIÓN DE CUADERNO INCIDENTAL Como está ordenado en el cuaderno principal en auto de esta fecha, con dos copias de la demanda de amparo presentada en este juzgado y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 139, 138 y 140 de la Ley de Amparo, fórmese por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1086/2022, promovido por LORENZA MIGUEL REGINO. AUTORIDAD RESPONSABLE Coordinador en Materia de Vivienda del Estado de Oaxaca I.S.S.S.T.E. ACTO RECLAMADO La negativa de expedirle la escritura de la casa ubicada en Privada Magnolia Lote 5 Azucenas y Orquideas Odisea, Santa María Atzompa, Oaxaca. SOLICITUD DE INFORME PREVIO Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable informe previo, que deberá rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Apercíbase a las autoridades que de no rendir su respectivo informe previo, con fundamento en el precepto 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se impondrá a quien incumpla como medio de apremio una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización vigente. Dígase a las autoridades responsables que podrán rendir su informe previo al correo electrónico oficial 8jdo13cto@correo.cjf.gob.mx; y que no es necesario rendirlo vía postal, salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado. Asimismo, debido a la contingencia sanitaria que impera en el país, se les solicita señalen un correo electrónico para realizarle las notificaciones que sean necesarias. AUDIENCIA INCIDENTAL Se señalan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que se celebre la audiencia incidental. SE NIEGA LA MEDIDA CAUTELAR Ahora, para estar en condiciones de proveer sobre la suspensión provisional del acto reclamado, es conveniente establecer que de la interpretación armónica de la fracción I, del artículo 128, en relación con el 138, ambos de la Ley de Amparo, la medida cautelar procede a petición de parte y el Juez de Distrito debe analizar los efectos y alcances de la medida cautelar. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 92/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 25/2017, publicada en la página trescientos ochenta y nueve, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, materia Común, con registro 2015701, correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA UN EFECTO DIVERSO AL SOLICITADO POR EL QUEJOSO." En el particular, la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados para que le sea expedida la escritura de la casa ubicada en Privada Magnolia Lote 5 Azucenas y Orquideas Odisea, Santa María Atzompa, Oaxaca. Ahora bien, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se niega la suspensión provisional solicitada por la quejosa; en virtud de que dichos actos son de naturaleza omisiva y, por ende, revisten el carácter de actos negativos, en contra de los cuales resulta improcedente la medida cautelar solicitada. Tiene aplicación al efecto, la jurisprudencia número 77, visible en la página ciento veintiséis de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, que a la letra dice: "ACTOS NEGATIVOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra ellos es improcedente conceder la suspensión". Asimismo, sirve de apoyo la tesis en materia común, de la Quinta Época, visible a página cinco mil doscientos treinta y ocho, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, con el rubro y textos siguientes: "ACTOS NEGATIVOS. Un acto tiene el carácter de negativo, cuando la autoridad se rehusa a hacer algo y la suspensión no puede tener el efecto de ordenar al Juez, que acceda a la petición del quejoso, y por lo mismo, no procede conceder la suspensión". NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE En la inteligencia, de que las notificaciones diversas al presente proveído deberán realizarse a las autoridades responsables por medio de lista electrónica, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo y 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 21/2022 del mismo Pleno, esto es, sin necesidad de que se envíen oficios para hacer del conocimiento determinaciones de mero trámite, como lo son los autos que agregan informes y difieren audiencia; a menos que, según el caso, sean trascendentales y necesaria su notificación por oficio, como si fuera de manera personal. Sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la autoridad responsable, dado que la fecha inicial señalada para la celebración de la audiencia constitucional, le será notificada en este auto inicial y, por lo tanto, de no celebrarse, estará en aptitud de consultar la nueva fecha a través de la lista de acuerdos que se publica en el local de este Juzgado o en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Téngase como domicilio de la parte promovente el que menciona, asimismo, como autorizado para recibir notificaciones a la personas que indica. NÚMERO TELEFÓNICO. Por otra parte, con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se le tiene señalando el número telefónico que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. JUICIO EN LÍNEA En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa para que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; a través del cual podrán presentar promociones y realizar la consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. FIRMA ELECTRÓNICA Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. AUTORIZACIÓN PARA FIRMA DE OFICIOS Por último, se autoriza a la Secretaria encargada del trámite del presente expediente para que firmen los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE.

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